Javier Alfonso Merino Mejía

Expediente 1057/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1057/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Javier Alfonso Merino Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por José Juan Bernal Melgarejo, en su carácter de autorizado del quejoso Javier Alfonso Merino Mejia, mediante el cual exhibe escrito de agravios por el que interpone recurso de revisión en contra del auto de diez de diciembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Atento a lo anterior, se tiene por interpuesto el recurso de revisión, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 81, fracción I, inciso d), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes, agréguese a éste una copia del escrito de cuenta; y, en su oportunidad, una vez que se encuentren debidamente recabadas las constancias de notificación relativas al citado medio de impugnación, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en Turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en esta ciudad, al que se acompaña el escrito original de agravios y la copia correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese por lista de acuerdos, personalmente a la Agente del Ministerio Publico de la Federación y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Notifíquese por lista de acuerdos, personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ambos con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en esta vía constituye:  La omisión de emitir la resolución del incidente de liquidación, dentro de los autos del juicio laboral 480/I/2010-III-V, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable consistente en las copias certificadas de la resolución de veintiséis de noviembre del año en curso, dictada dentro de los autos del juicio laboral 480/I/2010-III-V, del índice de la autoridad responsable, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2, se advierte que se resolvió el incidente de liquidación dentro de los autos del juicio laboral antes citado, mismo que fue resuelto en los términos siguientes: "RESUEVE: PRIMERO:- El Instituto demandado y el tercero interesado no justificaron sus planillas de liquidación, en consecuencia; SEGUNDO:- Se dejan de aprobar las planillas de liquidación aportadas por la Institución demandada y tercero interesado, teniéndose como cantidad que debe cubrir el INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ, al C. JAVIER ALFONSO MERINO MEJÍA, con la cual se le cubren todas y cada una de las prestaciones a las que fuera condenada dicha Institución mediante laudo de fecha 15 de junio de 2017, dictado en cumplimiento de ejecutoria, en la forma y términos ahí señalados y que se especifican en el considerando quinto y resolutivo tercero de dicho laudo, la de $311,151.00 (TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N). TERCERO:- Notifíquese a las partes, entregándoles copia de la presente resolución para los efectos legales correspondientes.-" En efecto, con las copias certificadas que exhibe la autoridad responsable, correspondientes a la resolución del incidente de liquidación del veintiséis de noviembre del año en curso, dictado en los autos del juicio laboral 480/I/2010-III-V, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y de las constancias de notificación de las partes de la resolución en cita, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso; por lo que, resulta innecesario la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo anteriormente expuesto se concluye que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia es la omisión de resolver el incidente de liquidación dentro del juicio laboral 480/I/2010-III-V, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y obra en autos copia certificada de la determinación tomada por la responsable el veintiséis de noviembre del año en curso, a través del cual resolvió el incidente de liquidación y las constancias de notificación de que las partes fueron notificadas de dicha resolución, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415 , cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, destruyéndose en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante de amparo, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo resaltado es propio) En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual si se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el término de quince días, concedido a los quejosos mediante proveído de once de octubre de dos mil diecinueve (foja 172-174), a fin de que ampliaran su demanda y manifestaran si deseaban señalar como nueva autoridad responsable al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Cosamaloapan y como nuevo acto reclamado la falta de inscripción de los títulos 1009552, 1009548, 1009547, 1009429, 1009561, 1009559, 1009556, 1009558, 1009562, 1009554, 1009345, 1009544, 1009551, 1009549, 1009550, 1009555, 1009445, 1009439, 1009436, 1009560, 1009557, 1009363, 1009516, 1009553, 1009357, 1009545, 1009391, 1009480, 1009352, 1009344, 1009546, 1016545, 1017998 y 1084159 de nueve de julio, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, veinticuatro de julio, doce y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, con los que se otorgó la propiedad de origen parcelario a los aquí quejosos, transcurrió del veintiuno de octubre al once de noviembre de dos mil diecinueve, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó en acuerdo de once de octubre de la anualidad, y se seguirá la secuela del presente juicio, conforme al acto y la autoridad señalada en su demanda de garantías. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que el acto que en esta vía reclaman los quejosos lo es: ". la omisión e incumplimiento de la expedición de 30 Títulos de Propiedad con número de solicitudes de Trámites las siguientes: Todos del Ejido Laguna de Lagarto (DOT), Municipio de Chacaltianguis, Veracruz, los cuales ingresaron entre el mes de junio y julio del año 2018 y hasta la fecha ya han transcurrido en exceso los 60 días naturales estipulados por el REGISTRO AGRARIO NACIONAL para su expedición, transgrediendo y vulnerando con sus omisiones e incumplimientos, las garantías constitucionales que nos son reconocidas." Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en relación al acto ya mencionado y en justificación del mismo, se advierten los siguientes datos: Que el quince de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio DEV/ST/0925/2019, la responsable remitió los títulos 1009552, 1009548, 1009547, 1009429, 1009561, 1009559, 1009556, 1009558, 1009562, 1009554, 1009345, 1009544, 1009551, 1009549, 1009550, 1009555, 1009445, 1009439, 1009436, 1009560, 1009557, 1009363, 1009516, 1009553, 1009357, 1009545, 1009391, 1009480, 1009352, 1009344, 1009546, 1016545, 1017998 y 1084159, con los que se otorgó la propiedad de origen parcelario a los aquí quejosos del Ejido Laguna del Lagarto, Municipio de Chacaltianguis, Veracruz, de fechas nueve de julio, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, veinticuatro de julio, doce y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, a la autoridad Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Cosamaloapan, para su inscripción en atención a las solicitudes 30180020402, 30180020404, 30180016297, 30180015396, 30180015394, 30180019134, 30180020400, 30180019807, 30180019805, 30180019803, 30180018352, 30180018666, 30180019806, 30180017739, 30180017744, 30180017750, 30180017757, 30180019131, 30180019133, 30180019129, 30180016292, 30180016288, 30180015399, 30180019224, 30180015392, 30180017132, 30180017135, 30180017127, 30180017144 y 30180020401, de junio y julio de dos mil dieciocho, realizadas por los quejosos Fulgencio Delgado Rodríguez, Lino Limón Delgado, Clemente Delgado Reyes, Gilberto Delgado Zarate, Wenseslao Guillermo Cruz, Juan Limón Delgado, Andrés Delgado Rodríguez, Raymundo Delgado Herrera, Carolina Grana Medina, Casimiro Delgado Guillermo, Gonzalo Carbajal Lili, Ricardo Delgado Hacho, Bartolo Urbano González Félix Zarate, José Solano Zamudio, Daniel Delgado Márquez, Santiago Delgado Ruiz, Esteban Poxtan Poxtan y Eustacio Casarin Delgado. *Acto reclamado Por tanto es menester de este juzgado reiterar que mediante oficio DEV/ST/0925/2019, la responsable remitió los títulos 1009552, 1009548, 1009547, 1009429, 1009561, 1009559, 1009556, 1009558, 1009562, 1009554, 1009345, 1009544, 1009551, 1009549, 1009550, 1009555, 1009445, 1009439, 1009436, 1009560, 1009557, 1009363, 1009516, 1009553, 1009357, 1009545, 1009391, 1009480, 1009352, 1009344, 1009546, 1016545, 1017998 y 1084159, con los que se otorgó la propiedad de origen parcelario a los aquí quejosos del Ejido Laguna del Lagarto, Municipio de Chacaltianguis, Veracruz, de fechas nueve de julio, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, veinticuatro de julio, doce y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, a la autoridad Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Cosamaloapan, para su inscripción en atención a las solitudes realizadas por los quejosos 30180020402, 30180020404, 30180016297, 30180015396, 30180015394, 30180019134, 30180020400, 30180019807, 30180019805, 30180019803, 30180018352, 30180018666, 30180019806, 30180017739, 30180017744, 30180017750, 30180017757, 30180019131, 30180019133, 30180019129, 30180016292, 30180016288, 30180015399, 30180019224, 30180015392, 30180017132, 30180017135, 30180017127, 30180017144 y 30180020401, de junio y julio de dos mil dieciocho, trámite con la fundamentación que la autoridad creyó pertinente, notificado a los quejosos por este juzgado el tres de octubre de dos mil diecinueve tal y como consta de autos del que pudo tener acceso al consultar los presentes autos. Contestación a la solicitud de las que se duelen en este juicio. Constancias que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no objetadas por las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo antes narrado, se evidencia que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Esto porque han cesado los efectos del acto reclamado por los quejosos, debido a que en lo preciso los quejosos se duelen de la omisión e incumplimiento de la expedición de treinta títulos de propiedad por parte de la responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en atención a las solicitudes que realizaron mediante escritos de junio y julio de dos mil dieciocho, para que se les expidiera sus certificados parcelarios, sin embargo, la autoridad de referencia ya se pronunció al respecto; es decir, dio contestación a los quejosos y expidió los títulos 1009552, 1009548, 1009547, 1009429, 1009561, 1009559, 1009556, 1009558, 1009562, 1009554, 1009345, 1009544, 1009551, 1009549, 1009550, 1009555, 1009445, 1009439, 1009436, 1009560, 1009557, 1009363, 1009516, 1009553, 1009357, 1009545, 1009391, 1009480, 1009352, 1009344, 1009546, 1016545, 1017998 y 1084159, con los que se otorgó la propiedad de origen parcelario a los aquí quejosos del Ejido Laguna del Lagarto, Municipio de Chacaltianguis, Veracruz, de fechas nueve de julio, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, veinticuatro de julio, doce y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta claro que con anterioridad y posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -seis de junio de dos mil diecinueve- la autoridad responsable acordó lo relativo a la petición de los quejosos, y hasta el quince de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio DEV/ST/0925/2019, la responsable remitió los títulos 1009552, 1009548, 1009547, 1009429, 1009561, 1009559, 1009556, 1009558, 1009562, 1009554, 1009345, 1009544, 1009551, 1009549, 1009550, 1009555, 1009445, 1009439, 1009436, 1009560, 1009557, 1009363, 1009516, 1009553, 1009357, 1009545, 1009391, 1009480, 1009352, 1009344, 1009546, 1016545, 1017998 y 1084159, a la autoridad Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Cosamaloapan, para su inscripción; por tanto, se itera que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se ha dejado de afectar los derechos de los solicitantes de amparo por habérsele acordado su petición. Cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que acontece en los presentes autos, ya que se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo a los quejosos, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL " Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que, lo determinado por la autoridad responsable no haya sido conforme a los intereses de los quejosos, puesto que conforme al artículo 17 Constitucional el Juzgador debe actuar con apego a la norma aplicable y no a las pretensiones de las partes, pues de hacerlo así su determinación sería parcial contraviniendo el principio de impartición de justicia imparcial, además, de que al encontrarse integrados los quejosos a la relación procesal se encontró en la posibilidad de combatir la contestación si no fuera favorable a sus intereses, y es factible sostener que la falta de inscripción de los títulos 1009552, 1009548, 1009547, 1009429, 1009561, 1009559, 1009556, 1009558, 1009562, 1009554, 1009345, 1009544, 1009551, 1009549, 1009550, 1009555, 1009445, 1009439, 1009436, 1009560, 1009557, 1009363, 1009516, 1009553, 1009357, 1009545, 1009391, 1009480, 1009352, 1009344, 1009546, 1016545, 1017998 y 1084159 de nueve de julio, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, veinticuatro de julio, doce y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve por parte de la autoridad responsable Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Cosamaloapan, pudo haber sido señalado como acto reclamado por los quejosos, en el presente controvertido no obstante que tuvo la oportunidad de señalarlo y no lo hicieron, en términos del artículo 111 en relación con el 117 de la Ley de Amparo. En efecto, de autos se advierte que mediante proveído de once de octubre de dos mil diecinueve, se le requirió a los quejosos para que en el término de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efecto la notificación de dicho acuerdo, manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la falta de inscripción de los títulos 1009552, 1009548, 1009547, 1009429, 1009561, 1009559, 1009556, 1009558, 1009562, 1009554, 1009345, 1009544, 1009551, 1009549, 1009550, 1009555, 1009445, 1009439, 1009436, 1009560, 1009557, 1009363, 1009516, 1009553, 1009357, 1009545, 1009391, 1009480, 1009352, 1009344, 1009546, 1016545, 1017998 y 1084159 de nueve de julio, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, veinticuatro de julio, doce y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve y como autoridad responsable al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Cosamaloapan, apercibidos que en caso de no desahogar dicho requerimiento, se seguiría la secuela procesal del presente juicio, únicamente conforme al acto que señaló en su escrito inicial de demanda. Ahora, tras ser notificados el diecisiete de octubre del presente año de dicho auto, hasta la fecha no expresaron su voluntad para ampliar la demanda de amparo, por lo que en este auto se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó. Por lo expuesto, se concluye que en la especie actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido.

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