Javier Castillo Viveros
Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 38 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Castillo Viveros
- María Griselda Mora Fernández
- JAVIER CASTILLO VIVEROS y Otros.
- MARÍA GRISELDA MORA FERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del DIECISIETE DE FEBRERO DOS MIL VEINTICINCO y pasados noventa días de la citada fecha. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá depurarse con posterioridad al DIECISIETE DE FEBRERO DOS MIL VEINTICINCO y pasados noventa días de la citada fecha. Por otro lado, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos Habilitado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se efectuó a la Magistrada Presidenta de ese tribunal por oficio 910/2022 de once de enero del presente año, remite copia certificada del auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente laboral 818/2011-II, de su índice. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento realizado a la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el oficio 910/20222 antes anotado, por ende, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo. Por otra parte, vistos los presentes autos se advierte que el acto aquí reclamado se trata de la orden de arresto emitida el cinco de julio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 818/2011-II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Asimismo, obra en el sumario el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, agregado por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que aceptó el acto que se le atribuye, manifestando que mediante acuerdo dictado en el expediente laboral 818/2011-II, de ese índice, el cinco de julio de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el tres de febrero de ese mismo año, consistente en el arresto por una hora, de cada uno de los ediles del Ayuntamiento Constitucional de Alto Lucero, Veracruz, a fin de estar en condiciones de ejecutar el laudo emitido en dicho asunto. De igual forma, de las constancias que la autoridad responsable adjunta al oficio de cuenta, se advierte que el diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictó un auto en el expediente laboral 818/2011-II, de su índice, documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, de la lectura efectuada al auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 818/2011-II, del índice del tribunal responsable, se advierte que el arresto ordenado el cinco de julio de dos mil veintiuno, quedó sin efectos, debido a que las personas a las que se le aplicó dicha medida de apremio ya no integran actualmente el cabildo del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, pues a partir del uno de enero de dos mil veintidós hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, funge una nueva administración municipal. De lo anterior, el suscrito advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la orden de arresto emitida el cinco de julio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 818/2011/II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en contra de Javier Castillo Viveros, María Griselda Mora Fernández, Eustorgio Morales Duran y Cristina Viveros Montero, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Síndica Única, Regidor Primero y Regidora Segunda, todos del Municipio de Alto Lucero, Veracruz; sin embargo, de autos se aprecia que la autoridad responsable ya dejó sin efectos dicha medida de apremio mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós. Por lo tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al representante común de los quejosos y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos Habilitado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se efectuó a la Magistrada Presidenta de ese tribunal por oficio 910/2022 de once de enero del presente año, remite copia certificada del auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente laboral 818/2011-II, de su índice. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento realizado a la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el oficio 910/20222 antes anotado, por ende, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo. Por otra parte, vistos los presentes autos se advierte que el acto aquí reclamado se trata de la orden de arresto emitida el cinco de julio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 818/2011-II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Asimismo, obra en el sumario el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, agregado por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que aceptó el acto que se le atribuye, manifestando que mediante acuerdo dictado en el expediente laboral 818/2011-II, de ese índice, el cinco de julio de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el tres de febrero de ese mismo año, consistente en el arresto por una hora, de cada uno de los ediles del Ayuntamiento Constitucional de Alto Lucero, Veracruz, a fin de estar en condiciones de ejecutar el laudo emitido en dicho asunto. De igual forma, de las constancias que la autoridad responsable adjunta al oficio de cuenta, se advierte que el diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictó un auto en el expediente laboral 818/2011-II, de su índice, documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, de la lectura efectuada al auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 818/2011-II, del índice del tribunal responsable, se advierte que el arresto ordenado el cinco de julio de dos mil veintiuno, quedó sin efectos, debido a que las personas a las que se le aplicó dicha medida de apremio ya no integran actualmente el cabildo del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, pues a partir del uno de enero de dos mil veintidós hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, funge una nueva administración municipal. De lo anterior, el suscrito advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la orden de arresto emitida el cinco de julio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 818/2011/II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en contra de Javier Castillo Viveros, María Griselda Mora Fernández, Eustorgio Morales Duran y Cristina Viveros Montero, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Síndica Única, Regidor Primero y Regidora Segunda, todos del Municipio de Alto Lucero, Veracruz; sin embargo, de autos se aprecia que la autoridad responsable ya dejó sin efectos dicha medida de apremio mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós. Por lo tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al representante común de los quejosos y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que los quejosos Javier Castillo Viveros, María Griselda Mora Fernández, Eustorgio Morales Duran y Cristina Viveros Montero, promovieron la demanda de amparo por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Síndica Única, Regidor Primero, Regidora Segunda, del Municipio de Alto Lucero, Veracruz, respectivamente. Ahora bien, es un hecho notorio para la suscrita juzgadora en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que conforme a lo publicado en la página web del ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz http://www.altolucero.gob.mx/municipio/directorio-2/es, se desprende que ya concluyó el periodo del Presidente Municipal, Síndica Única, Regidor Primero, Regidora Segunda, del Municipio de Alto Lucero, Veracruz. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la conforman, la Tesis: I.3o.C.35 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1373, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, con número de registro 2004949, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Por tanto, fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe si con motivo de la finalización del encargo que desempeñaban los aquí quejosos Javier Castillo Viveros, María Griselda Mora Fernández, Eustorgio Morales Duran y Cristina Viveros Montero, quienes se desempeñaban como Presidente Municipal, Síndica Única, Regidor Primero y Regidora Segunda, del Municipio de Alto Lucero, Veracruz, la orden de arresto emitida en el juicio laboral 818/2011/II, continúa vigente o si en su caso, tal mandamiento ha quedado sin efectos legales, o en su caso, informe la imposibilidad legal que tenga para ello, toda vez que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de allegarse de las constancias necesarias para resolver el presente controvertido; apercibida que en caso de no cumplir con lo solicitado se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 108 del tomo V, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Febrero de 1997, Materia Común, registro 199454, de rubro "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable requerida.
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