Janeth Karina Viveros Aguilar
Expediente 1042/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Janeth Karina Viveros Aguilar
- Fiscal Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas , Xalapa, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, no interpuso el recurso de queja en contra del auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, ello con posterioridad al CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Janeth Karina Viveros Aguilar, contra el acto que reclama a la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1042/2019-IV-A. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que los actos reclamados por la quejosa a la autoridad señalada como responsable, es el siguiente: -La omisión por parte de la responsable Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad de investigar y ejercer acción penal en las actuaciones de la carpeta número UIPJ-1/DXI/SF6/249/2014 relativa al delito cometido en agravio de la parte quejosa. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Dicho lo anterior, se observa que los actos reclamados por la parte promovente, se hacen consistir en la omisión y falta de supervisión para la carpeta UIPJ-1/DXI/SF6/249/2014 del índice de la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad, formada con motivo del delito cometido en agravio de la parte quejosa, perseguir al probable responsable del hecho constitutivo del delito y la falta de consignación al no ejercitar la acción penal correspondiente. En relatadas circunstancias, quien este asunto provee considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño (.). De igual forma, los ordinales 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén: Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.). Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.). La interpretación de los artículos trascritos revela que el Juez de Control tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Asimismo, toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí, o por medio de su representante, ante la autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Acorde con el marco normativo citado, al estar reconocido a favor de las víctimas u ofendidos, el derecho de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar. En ese contexto, al constituir el acto reclamado la omisión de investigar el delito perseguido en la carpeta de investigación número UIPJ-1/DXI/SF6/249/2014 del índice de la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad, así como la falta de supervisión respecto de dicha carpeta, es inconcuso que tal actuar debe reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXI del artículo 109, en relación con el diverso 133, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que el artículo 107, fracción VII de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Publico en la investigación de los delitos; empero, conforme al principio de definitividad, se estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente cuando contra el acto reclamado se hayan agotado previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca. En ese orden, si el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, lo cual encuentra su explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, mismos que están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la preservación de los derechos fundamentales de la persona. De ahí que la quejosa tiene a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la dilación o abstención de investigar por parte de la autoridad responsable, por tanto, debe agotarlo previamente a la promoción del juicio de amparo, a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional. Así, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis 233/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pendiente de publicar, de rubro siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los citados numerales de la Constitución Federal; en consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo...
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