Jaqueline Cervantes Moreno
Expediente 262/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaqueline Cervantes Moreno
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de junio de dos mil veintidós. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese copia del escrito firmado por Luis Morales Villanueva, en atención a su contenido y tomando en consideración que en auto de uno de junio de dos mil veintidós, se tuvo informando al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, que se avocaba al conocimiento del presente asunto, en virtud de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; en tales condiciones, mediante oficio que derive del presente auto, remítase el ocurso de que se trata al referido Juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de junio de dos mil veintidós. INFORMA ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio 17140/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; en atención a su contenido, téngase acusando recibo del diverso oficio número 8621/2022, derivado del auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 262/2022, de donde deriva el presente cuaderno; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese el oficio con firma electrónica suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por medio del cual, se le tiene devolviendo diligenciado, en los términos solicitados, el exhorto 344/2022 (orden 1023/2022), girado para que en auxilio de la Justicia Federal, notificara a la quejosa directa Jaquelinne Cervantes Moreno, quien se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", ubicado en Coatlán del Río, Morelos, el proveído de nueve de mayo del presente año, lo que aconteció el diez de los actuales, como se advierte de las constancias adjuntadas a dicho comunicado. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el libro de gobierno la referida comunicación oficial. Sin que se estime necesario que se acuse recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema, se tendrá como tal por parte del Juzgado de Distrito exhortado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de mayo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Morales Villanueva, a nombre de la quejosa directa Jaquelinne Cervantes Moreno, quien se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, contra actos de la Directora de dicho centro penitenciario y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en su oportunidad fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 262/2022-I; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 921 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado lo siguiente: Tortura mediante actos infringidos intencionalmente para causar sufrimiento, castigo, tratos crueles y degradantes (por falta de atención médica, restricción motriz, cambio de celda a un módulo de castigo con segregación), incomunicación por medio de bloqueo, interceptar correspondencia y censura a acceder a información escrita. (sic). Actos que atribuye a las autoridades responsables siguientes: Directora del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS-Femenil Morelos. Titular de la Dirección de Seguridad. Titular de la Dirección Técnica. Titular de la Dirección de Administración. Titular de la Oficina de Oficialía de Partes. Titular del Departamento de Servicios Médicos. Titular del Área de Apoyo Técnico. Todas pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. Encargado de la denominada OSD Cefereso 16 del Servicio Postal Mexicano, con residencia en Michapa, Morelos. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Los actos reclamados precisados anteriormente, específicamente el sufrimiento, castigo, tratos crueles y degradantes, falta de atención médica, así como el cambio de celda a un módulo de castigo con segregación en la persona de la quejosa directa Jaquelinne Cervantes Moreno, constituyen omisiones relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza implican un peligro para la vida de dicha agraviada, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional; ello en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en consideración que en el caso se señalan como actos reclamados el sufrimiento, castigo, tratos crueles y degradantes, así como el cambio de celda a un módulo de castigo con segregación, los que están prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE TALES ACTOS, LOS QUE DEBERÁN CESAR DE INMEDIATO; asimismo, para el efecto de que las autoridades responsables penitenciarias DE MANERA INMEDIATA PRESTEN A LA QUEJOSA DIRECTA LA ATENCIÓN MÉDICA QUE REQUIERA, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS NECESARIOS Y LO QUE SE ESTIME NECESARIO PARA SU POSTERIOR TRATAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA ADECUADA SALUD; determinación que desde luego deberá de hacerse del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. En efecto, es procedente decretar la suspensión de plano en la forma en que ha quedado precisada, pues de lo contrario se corre el riesgo de violentar los derechos humanos de la quejosa que podrían ocasionar en su persona la pérdida de la vida, que es uno de los derechos fundamentales más valiosos para el ser humano. Lo anterior, debiendo las autoridades responsables tomar las medidas adecuadas para que cesen de inmediato dichos actos de molestia; todo ello bajo su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente la salud de la quejosa directa, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia necesaria para ello. Orden que deberán obedecer las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la violación a este mandato podría generarles las siguientes consecuencias: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada a la parte quejosa, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que deben vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata, considerando que se trata del bienestar y la salud de la peticionaria del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión que ahora se concede; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; reiterándoles, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. En el entendido de que dichos informes podrán ser rendidos vía correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262, fracción III y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se les reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. De igual manera, indíquese a las responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir el o los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, so pretexto de una imprecisión en su denominación que no sea substancial, por lo que no origine duda, resultando evidente la existencia de la autoridad, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el o los propios oficios contengan. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación e incluso al domicilio correcto al rendir sus respectivos informes, o en su defecto mediante oficio. VIGENCIA DE LA MEDIDA. Así las cosas, la suspensión de plano concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que, en su caso, se dicte en el presente asunto; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006797, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE." ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Ahora, cabe destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, por lo que este Juzgado de Distrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer y resolver sobre la presente demanda de amparo. La competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII del artículo 107 Constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se ve del precepto constitucional transcrito, es el criterio de la ejecución del acto reclamado el que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dispone: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia con claridad que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, no es competente por razón de territorio para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa, pues se estima que ello, conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, pues el promovente del amparo refiere que la quejosa directa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, por lo que la ejecución de los actos reclamados tiene lugar en aquella localidad, sin tenerse noticia de que sea en uno distinto donde se continúe ejecutando; por lo que, se estima que actualmente en el lugar de su reclusión es donde se lleva a cabo la ejecución de tales actos reclamados. En ese tenor, es inconcuso que este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, carece de competencia legal para conocer y tramita el presente juicio de amparo. Cobra aplicación al caso, la tesis visible en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, Materia Común (registro 805490), sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, con rubro: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Además, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los Jueces de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, ejercen jurisdicción territorial en Coatlán del Río, Morelos; consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías en estudio, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Punto Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto del citado Acuerdo General; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, se ordena remitir el expediente creado al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, con sede en Cuernavaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se encuentre en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo; previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse las actuaciones que integran el presente juicio al homólogo federal de la aludida ciudad de Cuernavaca, Morelos, para que determine lo conducente, solicitando el acuse de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promoverte el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA. Ahora, tomando en consideración que la quejosa directa Jaquelinne Cervantes Moreno, se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto, vía interconexión, al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, residente en Cuernavaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, realice lo siguiente: a) Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", ubicado en Coatlán del Río, Morelos, y solicite le sea puesta a la vista la interna de referencia. b) Hecho lo anterior y previamente su identificación a través de los medios administrativos correspondientes, le notifique personalmente el contenido del presente proveído, haciéndole entrega de una copia del mismo. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación del exhorto. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PROMOVENTE DEL AMPARO. Con independencia de lo anterior y tomando en cuenta que el promovente del amparo Luis Morales Villanueva, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya personalmente en dicho centro penitenciario y le notifique personalmente la presente determinación. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE EL USO DE SU FIREL e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada por el Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la quejosa por medio de exhorto, así como al promovente del amparo en el lugar de su reclusión y por oficio a las autoridades responsables.
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