Janet Mercado Castillo

Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
551/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Janet Mercado Castillo
  • U.A.V.M. y D.M.V.M.
  • JANET MERCADO CASTILLO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, un tomo de pruebas. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan por su importancia: escrito de demanda de amparo; auto de trece de septiembre pasado, donde se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete en esa fecha; informes justificados rendidos por las autoridades responsables y por acuerdo de dieciocho de octubre pasado, se tuvo al tercero interesado Oscar Ulises Valencia Ceja, apersonándose al presente sumario. A lo anterior la Jueza acuerda: Téngase por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes de las autoridades responsables y por emplazado al mencionado tercero con interés. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar, que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda ofertó como medio de prueba las documentales que al efecto exhibió. Asimismo, la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, por autos de veintiuno de septiembre y veintiséis de octubre de dos mil veintidós, presentó diversas documentales. Asimismo, la diversa autoridad Jueza Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe de ley en auto de siete de octubre pasado, se le tuvo ofertando como medio probatorio los autos en copia certificada de la medida cautelar de restitución de menores 444/2022, integrado en un tomo de pruebas, de donde deriva el acto que se reclama. A lo que la Jueza provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por exhibidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales con las que se ha dado cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. Al no existir prueba pendiente de admitir o desahogar, se da por concluido el presente periodo. En la etapa de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó escrito que los contenga ni el Fiscal Federal de la adscripción presentó pedimento; con lo que se declara cerrada la fase de alegatos. Por último, al no obrar en autos más probanzas que desahogar, se da por terminada la presente audiencia; se levanta para constancia esta acta que fue firmada por los que en ella intervinieron y se pasan los autos para el dictado de la resolución correspondiente. Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 551/2022-I, promovido por Janet Mercado Castillo, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales U.A.V.M. y D.M.V.M., contra actos de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante oficio 27283/2022, recibido el trece de septiembre del año que transcurre, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, turnado en esa fecha a este Juzgado, la Actuaria Adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, informó que su titular declaró carecer de competencia legal para conocer la demanda de amparo promovida por la quejosa Janet Mercado Castillo, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales U.A.V.M. y D.M.V.M., dentro de la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto siguientes: Autoridades responsables: Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan. Jueza Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo. Actos reclamados: "1.- LA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE SALVAGUARDA DEL INTERES SUPERIOR DE LOS MENORES, a no ser afectados sicológicamente que pueda resultar en un daño de difícil o de imposible reparación, al pretender separarla de la suscrita progenitora, sin causa que lo justifique y sin que previamente haya sido oído y vencido en juicio y previamente escuchados los menores involucrados. A). De la Autoridad Ordenadora. Se reclama lo anterior a través de la orden de restitución de mis menores hijos ya referidos, orden de cateo y localización de los menores, que sin motivo ni fundamento legal alguno ha ordenado cumplir fuera de todo procedimiento legal, en virtud de que no he sido oída ni vencida en un procedimiento de orden público, debidamente seguido ante autoridad competente y bajo las normas pre establecidas en las que se prevea la legalidad, la equidad y justicia acorde del interés superior de la infancia, siendo que la suscrita no he perdido la patria potestad de mis hijos, y que actualmente tengo la guardia y custodia de los mismos, dada la medida cautelar otorgada por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar con residencia en Uruapan, Michoacán, dentro del juicio ordinario oral familiar con número de expediente 335/2022, de manera tal que no he sustraído a mis hijos de manera ilícita; y, en el entendido que desconozco el alcance de la supuesta orden de restitución que al parecer existe en el índice del juzgado señalado como ordenadora. B). De la autoridad Ejecutora. Se reclama la ejecución de la orden de cateo, localización y restitución de los menores involucrados.". La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 3, 4, 14, 16, 29 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. En proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo, la que se registró con el número 551/2022-I, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, además en su momento se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Oscar Ulises Valencia Ceja, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de haberse diferido, tuvo verificativo a las diez horas con treinta y un minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 17, 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado consiste medularmente en la orden de restitución de sus hijos menores a favor del tercero interesado, quien aduce que existen en su contra violaciones a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; además, la ejecución del acto reclamado tendrá verificativo en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción (Paracho, Michoacán). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se destaca que del contexto de la demanda y de las constancias exhibidas por la quejosa y las remitidas por la responsable los actos reclamados son los siguientes: La orden de cateo, localización y restitución de menores, derivada de la medida cautelar 444/2022, sobre restitución de menores, del índice del Juzgado Octavo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, así como su ejecución por parte de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juezas Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar y Octava de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad y en Morelia, Michoacán de Ocampo, respectivamente, admitieron los actos reclamados, los cuales se corroboran con diversas constancias que exhibieron en sustento de su informe de ley, las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Narrado lo anterior y previamente al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio las causales de improcedencia, por ser de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Registro 222780, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, la suscrita juzgadora advierte que en la especie y respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de cateo, localización y de restitución de menores, derivada de la medida cautelar 444/2022, sobre restitución de menores, así como su ejecución, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; dicho numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, expresó la promovente en la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio de donde emana el acto reclamado; siendo los siguientes: 1. Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio ordinario oral familiar 335/2022, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por Janet Mercado Castillo, frente a Oscar Ulises Valencia Ceja, dentro del cual en proveído de diez de junio pasado, se decretó la custodia provisional de los menores de edad de iniciales U.A.V.M. y D.M.V.M., en favor de la progenitora. 2. Por otro lado, en el diverso Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, Oscar Ulises Valencia Ceja, promovió la Medida Cautelar de Restitución de los referidos menores de edad de iniciales U.A.V.M. y D.M.V.M., el cual se registró bajo el número 444/2022, de su estadística, dentro del que se ordenó girar despacho 1246/2022, librado para ejecutar la orden de cateo, localización y restitución de menores en el domicilio de la quejosa (acto reclamado). 3. En auto de ocho de septiembre del año en curso, la autoridad responsable Jueza Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la medida cautelar en mención y decretó remitir los autos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, para acumularse al juicio ordinario oral familiar 335/2022. Del contenido del informe de ley, rendido por la autoridad responsable Jueza Octavo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, se advierte que manifestó textualmente lo siguiente: "Es cierto el acto reclamado por la hoy quejosa. En este órgano jurisdiccional a mi cargo se encuentra registrado el expediente número 444/2022 relativo a la Medida Cautelar de Restitución de los menores de edad de nombres U.A.V.M. y D.M.V.M., trámite que por auto del ocho de septiembre del año en curso, fue admitida dicha medida cautelar, y se ordenó girar exhorto al Juez de Primera instancia en materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán para su cumplimentación. Cabe señalar que con fecha 5-cinco de septiembre del año en curso, la Juez Segundo de Primera Instancia en materia Oral Familiar de este distrito judicial, remitió el diverso comunicado procesal número 1246/2022 de fecha diez de agosto del año en curso, signado por el secretario de acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Oral Familiar del distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en el que entre otros, informó que en ese órgano de justicia se encuentra radicado el expediente número 335/2022 relativo al juicio ordinario oral familiar de este distrito judicial, de divorcio sin expresión de causa, promovido por Janet Mercado Castillo, trámite en el cual por auto del diez de junio del año que transcurre se decretó la custodia provisional de los precitados menores de edad: juicio, en el que es parte Oscar Ulises Valencia Ceja quien dio contestación a la demanda interpuesta en su contra el quince de julio de la presente anualidad. Por lo anterior, esta juzgadora por del auto ocho del mismo mes de septiembre del año que transcurre, se declaró incompetente para seguir conociendo de la medida cautelar de mérito y se decretó remitir el citado expediente a la Juez Segundo Oral Familiar del distrito judicial que conoce del juicio de divorcio antes referido.". Por otro lado, la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en su informe justificado, precisó lo siguiente: "Que si es cierto el acto reclamado, únicamente por lo que ve la ejecución de la orden de cateo, localización y restitución de los infantes, puesto a que ante este Tribunal por razón de turno le correspondió conocer el exhorto 126/2022, remitido por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, registrado ante este juzgado Segundo Familiar bajo el número 82/2020, derivado de la medida cautelar número 444/2022 sobre Restitución de Menor, promovido por Oscar Ulises Valencia Ceja frente a la ahora quejosa. Señalado lo anterior, se admitió dicho medio de comunicación procesal con fecha 5 cinco de agosto del año 2022 dos mil veintidós, en el cual se señaló día y hora para el efecto de llevar acabo la diligencia encomendada y se dispuso dar vista e intervención a la tutora y agente del ministerio público de la adscripción. Así las cosas, con fecha 12 doce de agosto del año 2022 dos mil veintidós, virtud a la incapacidad medica otorgada a la titular de este Tribunal, se señaló nueva fecha para llevar a cabo la diligencia encomendada. Posteriormente, el día 25 veinticinco de agosto del año 2022 dos mil veintidós, se llevó acabo la diligencia, encomendada en la cual no fue posible la localización y restitución de los Infantes, sin hacer realizado la orden de cateo, virtud a que en los inmuebles que se practicó la diligencia se permitió el acceso de manera voluntaria por parte de las personas con quien se entendió la misma. Finalmente resulta necesario hace del conocimiento que ante este juzgado se encuentra en trámite bajo el número de expediente 335/2022 correspondiente del juicio Ordinario Oral Familiar relativo al divorcio sin expresión de causa promovido por Janet Mercado Castillo en contra de Oscar Ulises Valencia Ceja, en donde por auto de fecha 10 diez de junio del año en curso se decretó la custodia provisional en favor de la progenitora, ahora bien, precisando que con fecha 15 quince de julio del año en curso el señor Oscar Ulises Valencia Ceja dio contestación a la demanda entablada en su contra, sin que este haya realizado alguna manifestación respecto la restitución ya tramitada, para lo cual y con la finalidad de acreditar lo anterior, le remito copias certificadas del citado expediente para su conocimiento. Siendo todo de lo que se tiene conocimiento hasta este momento en este juzgado.". Mediante proveído de veintiséis de octubre pasado, se tuvo a la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, exhibiendo diversas documentales, de las que se observa, en específico los autos de diecisiete y veintiuno de octubre pasado, en los que se acordó lo siguiente: "Uruapan, Michoacán a 21-veintiuno de octubre del año 2022 dos mil veintidós- Por recibido el oficio número 20618/2022 de fecha 17 diecisiete de octubre del año en curso, y presentado en este juzgado el día 20 veinte de octubre del año en curso, que remite el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, atento a su contenido se le tiene solicitando a esta juzgadora informe el estado procesal que guarda la Medida Cautelar de Restitución de Menores número 444/2022. Enterada se ordena agregar a los autos, para que obre como corresponda e informar al juez Federal mediante oficio que el cuadernillo remitido por la Juez Octavo de Primera Instancia en materia oral Familiar del Distrito Judicial de Morella, Michoacán, se encuentra en el estado en que se encontraba al momento de presentarse el presente amparo, es decir, los menores se encuentran bajo la custodia de su progenitora Janet Mercado Castillo. No obstante lo anterior, también le informo que en el expediente principal 335/2022 relativo al juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa que promueve Janet Mercado Castillo, frente a Oscar Ulises Valencia Ceja, el día 17 diecisiete de octubre del año en curso, se llevó a cabo el desahogo de la escucha de los menores hijos de los contendientes y de quienes se solicita su restitución. Derivado de lo informado por los menores se ordenó recabar pruebas de oficio a efecto de estar en condiciones de resolver lo que en derecho proceda en el momento procesal oportuno, para dichos efectos, trascríbase el auto que ordenó el desahogo de las pruebas de oficio que a la letra dice: ".Exp. 335/2022 Razón de cuenta: La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, Licenciada Claudia Lucila Murguía Chagolla, hago constar y certifico que con esta fecha le di cuenta a la titular del juzgado con el estado procesal que guarda el presente asunto. Doy fe Uruapan, Michoacán, a 17 diecisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós. Uruapan, Michoacán, a 17 diecisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, en especial la escucha de los menores de los contendientes, levadas a cabo con esta misma fecha, una vez analizada, se ordena lo siguiente: Toda vez que en el presente asunto, se encuentran controvertidos derechos de dos menores de edad y se ha informado que la actora viaja de manera constante a los Estados Unidos de Norteamérica y actualmente se encuentra en trámite el presente asunto, en tal sentido con la finalidad de asegurar la permanencia de la actora y sus menores en el lugar del juicio y evitar una sustracción de dichos menores, de momento se decreta como medida el arraigo de personas con el efecto de prevenir a la actora Janet Mercado Castillo, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL para que no se ausente ni mucho menos traslade a sus menores hijos U.A. y D.M. de apellidos Valencia Castillo, fuera de esta ciudad, en el caso de la actora no podrá ausentarse sin dejar representante legítimo, solvente y suficientemente instruido y expensado para responder de los resultados del mismo, en el caso de los menores tiene estrictamente prohibido su salida fuera del lugar del juicio, salvo causa de fuerza mayor y con autorización de esta Juzgadora, bajo apercibimiento de que en caso de desacato, se procederá en su contra en términos que prevé el Código Penal, sin perjuicio de ser compelido, por los medios de apremio, a volver al lugar del juicio, lo que se hará saber el momento del emplazamiento. Girar atento oficio al Encargado del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, de Paracho, Michoacán (por lo que respecta a los menores de edad y actora) a efecto de que dentro del término de 3 tres días se sirva nombrar un psicólogo adscrito a dicha dependencia, a efecto de que realice a los menores hijos de los contendientes, así como a la parte actora Janet Castillo y al demandado Oscar Ulises Valencia Ceja, una valoración psicológica, mediante pruebas proyectivas y psicométricas a efecto de determinar si alguno de los padres es alienador y si los menores son alienados, de igual manera se les brinde terapia familiar sistémica con la finalidad de lograr una crianza saludable y positiva, así como establecer un acercamiento entre los miembros de la familia, por lo que solicito informe a esta juzgadora el nombre del psicólogo y los horarios en los que la actora y sus hijos a realizar los trámites respectivos para realizar lo antes ordenado. En el entendido de que la valoración psicológica para investigar alienación de los padres, a ambos deberá ser practicada por el psicólogo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familiar de Paracho Michoacán. Valoración psicológica que deberá rendirse dentro del término de 25 veinticinco días; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se aplicará una multa de 25 veinticinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia. En el entendido de que tanto la terapia como la valoración psicológica es obligatoria para las partes y sus hijos. También se ordena una valoración psicológica general a la parte actora Janet Mercado Castillo, para lo cual se debe girar atento oficio al Encargado del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, de Paracho, Michoacán, valoración psicológica que deberá rendirse dentro del término de 25 veinticinco días; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se aplicará una multa de 25 veinticinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia. Por lo que ve al demandado Oscar Ulises Valencia Ceja, deberá girar atento oficio al Departamento de Psicología del Poder Judicial de la Ciudad de Morelia, Michoacán, atendiendo a que el demandado tiene su domicilio en aquella ciudad de Morelia Michoacán, a efecto de que dentro del término de 3 tres días se sirva nombrar un psicólogo adscrito a dicha dependencia, a efecto de que realice al demandado Oscar Ulises Valencia Ceja, una valoración psicológica, por lo que solicito informe a esta juzgadora el nombre del psicólogo y los horarios en los que el demandado deberá realizar los trámites respectivos para realizar lo antes ordenado, valoración psicológica que deberá rendirse dentro del término de 25 veinticinco días; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se aplicará una multa de 25 veinticinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia, incluso será responsable solidario de los daños y perjuicios que se le ocasionen a la acreedora alimentista. (.) Así, con apoyo en los artículos 1, 2, 5, 430, 434, 435, 712, 748 fracción V, y 982 del Código Familiar del Estado, lo acordó y firma Ernestina Pimentel Pineda, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, actuando en funciones de Juez oral, que actúa con la Secretaria de Acuerdos que autoriza, Licenciada Claudia Lucila Murguía Chagolla. Doy fe, Listado en su fecha, Conste, Cimch." Así y con apoyo en el artículo 712, 718, 719 del Código.". Concatenado con lo anterior, es de precisar que la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, tuvo por recibidos los autos de la medida cautelar sobre restitución de menores 444/2022, haciendo del conocimiento que dicha medida cautelar se encuentra en el estado que se encontraba al presentar la demanda de amparo, esto es, los menores se encuentran bajo la custodia de la quejosa Janet Mercado Castillo. Asimismo, de lo narrado con antelación se advierte que dentro del juicio ordinario oral familiar 335/2022, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por la quejosa Janet Mercado Castillo, frente a Oscar Ulises Valencia Ceja, el diecisiete de octubre pasado, la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, decretó arraigo en contra de la actora Janet Mercado Castillo, a efecto de asegurar su permanencia y evitar la sustracción de los menores U.A. y D.M., ambos de apellidos Valencia Castillo, a efecto de que no se ausente ella ni traslade a los mencionados menores fuera de esta ciudad; asimismo, ordenó realizar valoración psicológica a la quejosa, al tercero interesado y los menores, así como terapia familiar de manera obligatoria. En ese sentido, es dable arribar a la convicción de que los actos reclamados, referentes a la orden de cateo, localización y de restitución de menores, derivada de la medida cautelar 444/2022, sobre restitución de menores, así como su ejecución, por parte de las autoridades responsables señaladas aun cuando subsistan, no podrán surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia de los mismos, al haber dictado la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, las determinaciones de diecisiete y veintidós de octubre pasado, al seguir la guarda y custodia de los menores U.A. y D.M., ambos de apellidos Valencia Castillo, seguirá a favor de la quejosa, decretando su arraigo a efecto de que no sustraiga a los menores fuera de la ciudad, así como valoración psicológica y terapia familiar obligatoria; de modo que la protección de la Justicia que en su caso se concediera carecería de efecto, ya que los menores se encuentran bajo la tutela de la quejosa. Por lo que es inconcuso que aun subsistiendo los actos reclamados estos no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretaran, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitieron los mismos. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala, Novena Época, Registro: 173858, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, Página: 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por similitud de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". QUINTO. Se requiere acuse de recibo a la autoridad responsable foránea. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable foránea para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. SEXTO. Versión pública de la sentencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudiera contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. SÉPTIMO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Janet Mercado Castillo, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales U.A.V.M. y D.M.V.M., respecto de los actos y autoridades que se precisan en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el cuarto considerando de la misma. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria la presente, elabórese versión pública en términos del penúltimo considerando del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de noviembre de dos mil veintidós. DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos el oficio 31616/2022, signado por la Actuaria Judicial del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 597/2022 (orden 1808/2022), librado con la finalidad de emplazar al tercero con interés Oscar Ulises Valencia Ceja, en términos del proveído de siete de octubre pasado. En razón de lo anterior, téngase al mencionado tercero interesado por debidamente emplazado al juicio de garantías en que se actúa, al tenor de las constancias remitidas por el Juzgado exhortado, de las que se advierte la constancia de notificación por lista de veintiuno de octubre del año actual. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno la comunicación oficial de mérito; sin que haya lugar a acusar de recibo dicho oficio, toda vez que el sistema lo genera automáticamente. PRECISIÓN. Sin que resulte necesario proveer en torno al domicilio del mencionado tercero con interés, toda vez que mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se le tuvo por apersonándose al presente sumario. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a sus autos el oficio signado por la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, mediante el cual en atención al oficio de notificación 20618/2022, remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de octubre del año en curso, dictado en el juicio ordinario familiar sobre divorcio sin expresión de causa 335/2022, promovido por Janet Mercado Castillo, frente a Oscar Ulises Valencia Ceja, dentro del cual se encuentra glosada la medida cautelar de restitución de menores 444/2022 (del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo), de donde derivan los actos reclamados, por lo que, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la citada autoridad responsable, la documental que se hace mención, misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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