Javier Aguilar Fuentes
Expediente 600/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Aguilar Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
II. En doce de febrero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: a) La circunstancia de que ha concluido el plazo de diez días, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada recurriera el proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, sin que lo haya hecho; plazo que transcurrió del veintiséis de enero al nueve de febrero del año actual, sin computar los días veintisiete y veintiocho de enero, así como tres, cuatro y cinco de febrero, por ser inhábiles. b) De igual forma, se hace constar que no se recibió escrito alguno tendiente a combatir dicha determinación, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. c) Asimismo, el suscrito Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del juicio en que se actúa, se advierte que: 1. No se ordenó formar incidente de suspensión de los actos reclamados. 2. No se cuenta con documental original exhibida por la parte quejosa con la demanda de amparo. 3. No existe documental ofrecida por las autoridades responsables, cuya devolución haya que proveer. Doy fe.Uruapan, Michoacán, doce de febrero de dos mil dieciocho. Del estado procesal de autos se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el proveído de veintitrés de enero del año en curso, dictado en el presente juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído, del que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio de la demanda, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que éstos fuesen publicados y que decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que el respectivo proveído únicamente sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; por medio de oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado José Martín Narciso Pérez, secretario que autoriza y da fe. aul
- Principal
II. En veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con un telegrama registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 1106. Conste.Uruapan, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Agréguese al expediente sin mayor acuerdo substancial, el telegrama de cuenta remitido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, por el que informa sobre el egreso de ese centro penitenciario del quejoso para ser trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente"; toda vez que mediante proveído de veintitrés del presente mes y año, derivado de tal información, se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia.
- Principal
II. En veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 922. Conste.Uruapan, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, suscrito por la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, por medio del cual y en atención al requerimiento realizado en proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, hace del conocimiento que se ha actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, toda vez que el quejoso Javier Aguilar Fuentes, quien reclama de dicho funcionario: ".la omisión de brindarme la atención y el tratamiento médico especializado, adecuado y suficiente para la protección y restauración de mi salud de manera gratuita." ".la omisión de realizar las gestiones para que un médico especialista (otorrinolaringólogo) ingrese a este lugar para que me brinde la atención necesaria y/o para que pueda yo ser remitido a un centro de salud pública para que se me brinde atención y tratamiento adecuado y suficiente para la restauración de mi salud." Actualmente ya no forma parte de la población que alberga ese centro penitenciario, toda vez que, en cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/19586/2017, de siete de agosto de dos mil diecisiete, signado por el Coordinador General de Centros Federales, se autorizó su egreso para ser trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No.2 "Occidente", y al efecto remite copia certificada de las constancias correspondientes. En efecto, de las constancias remitidas por el referido Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", se advierte el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/19586/2017, de siete de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a través del cual, hizo del conocimiento de dicho funcionario haberse autorizado el egreso del quejoso Javier Aguilar Fuentes, de ese centro penitenciario, para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente"; lo anterior, en observancia a la resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, dentro del juicio de amparo 1628/2015-4, promovido por Cándido Ledezma Campos. Asimismo, obra el acta administrativa de egreso por traslado número 001/2018, en la que consta que el cuatro de enero del presente año, el peticionario de amparo fue externado y entregado al Oficial en Prevención Abel Rodríguez Rojas, adscrito a la Coordinación General de Centros Federales, para que bajo su más estricta responsabilidad se encargara de ejecutar su traslado, a quien además, se le hizo entrega del certificado médico, expediente médico y jurídico y ficha signaléctica correspondientes al propio agraviado (fojas 69 a 71); documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, Apoya a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Tesis: 226 Apéndice de 1995 Quinta Época 394182 1 de 1 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 153 Jurisprudencia(Común) DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, SE SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia. En efecto, el invocado precepto legal, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Cabe precisar, que la cesación de efectos significa que la autoridad que emitió el acto deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del presente juicio, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, lo que se traduce en la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Reparación que consiste en la restitución a la parte agraviada de la garantía constitucional violada, para restablecer las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que la propia norma legal exija. Sustenta lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 1 de 1 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pag. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se desprende que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en la omisión por parte del Director General y Médico Coordinador de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en brindar la atención y el tratamiento médico especializado, adecuado y suficiente para la protección y restauración de la salud del quejoso Javier Aguilar Fuentes, así como en realizar las gestiones para que un médico especialista en otorrinolaringología ingresara a ese centro penitenciario y brindara la atención médica que éste requería. Asimismo, como fue puntualizado, la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, con su comunicado de cuenta remitió copias certificadas de las constancias relacionadas con la autorización y egreso del quejoso de ese centro de reclusión, para ser trasladado e internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente". Entonces, es evidente que al haber sido trasladado el agraviado a un centro penitenciario diverso al en que se encontraba recluido, se destruyeron en forma total todos los efectos de tales actos de molestia; por lo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no tiene efectos. En tales condiciones, es inconcuso que los actos que reclama la parte quejosa y sus consecuencias legales, al quedar sin efectos, dejaron de afectar su esfera jurídica; de ahí que, se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, como fue anticipado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia. Sobre el particular, se invoca la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 10/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184572 18 de 27 Segunda Sala Tomo XVII, Marzo de 2003 Pag. 386 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Finalmente, déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con diez minutos del veinticinco de enero del presente año.
- Principal
II. En nueve de enero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con dos telegramas y tres oficios, registrados en el libro de correspondencia con los consecutivos 202, 200, 215, 216 y 221, así como con el estado de autos, en particular, con la circunstancia de que se encuentran programadas las once horas con veinte minutos del dieciséis de los actuales, para la celebración de la audiencia constitucional. Conste.Uruapan, Michoacán, nueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguense los oficios de cuenta; con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Director General y Médico Coordinador de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, así como por ofrecida la documental que remiten en su apoyo, consistente en copias certificadas de diversas constancias vinculadas con los actos reclamados. Con los informes y documental de referencia, dése vista a las partes por el término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En términos del artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como delegados de las referidas responsables, a las personas que en dichos informes de ley se precisan. Ahora, como se advierte de autos, en proveído de veinte de diciembre anterior, se programaron las once horas con veinte minutos del dieciséis del presente mes y año, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, atendiendo que en el presente proveído se otorga a las partes el término de ocho días para que se impongan del contenido de los informes justificados de referencia y puedan ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, es evidente que dicha audiencia no podrá llevarse a cabo al estar transcurriendo tal plazo. Por tanto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, la audiencia constitucional en cuestión se difiere anticipadamente, cuya fecha indicada queda sin efecto legal alguno, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Por otra parte, glósese el diverso oficio de cuenta, suscrito por la Jefa de Departamento de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Morelia, Michoacán, por medio del cual y en atención al requerimiento realizado en el referido auto de veinte de diciembre próximo anterior, se le tiene informando haberse designado al licenciado Jorge Alberto Vergara Talavera, Defensor Público Federal adscrito a este Juzgado, a efecto de que represente al quejoso en el presente juicio; lo que deberá hacerse del conocimiento de dicho funcionario mediante notificación personal, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE; personalmente al Defensor Público Federal Jorge Vergara Talavera. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado José Martín Narciso Pérez, secretario que autoriza y da fe.aul
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