Janeth Berenice González López

Expediente 982/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 39 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
982/2019
Año
2019
Actuaciones
39
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Janeth Berenice González López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente devuélvanse al Agente del Ministerio Público responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 29 de abril de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 982/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegaron al juicio las autoridades agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por las autoridades responsables. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la representante especial de los menores de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G., y hace constar que las demás partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos de la representante especial y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Janette Berenice González López, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y de otra autoridad. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 4º y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite del juicio. En auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, por lo que se registró bajo el número 982/2019, y se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; asimismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. De igual modo, como en su demanda de amparo la quejosa adujo incomunicación de los citados infantes, en el propio auto se concedió la suspensión de plano para que las autoridades responsables, o bien, cualquier otra autoridad que jerárquicamente en grado ascendente o descendente tuviere relación con los actos reclamados, ante la cual se encontraran a disposición los menores quejosos, realizara lo siguiente: "1. Ordene de forma inmediata el cese de cualquier acto de incomunicación, azotes, tormentos y torturas físicas o psicológicas, tratos crueles e inhumanos, así como todos aquellos actos que pongan en peligro la integridad física, psicológica y emocional de los menores peticionarios de amparo, o bien, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, de manera enunciativa y no limitativa. 2. Informe a este juzgado de manera detallada y específica la causa o motivo por el cual los menores quejosos permanecen en el lugar en que se encuentran físicamente separados de su progenitora y la autoridad que los tiene a disposición. En el entendido de que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad ante la cual se encuentren a disposición los menores quejosos, su integridad física, psicológica, emocional y la salud de los mismos (en el entendido de que deberá proporcionar cualquier atención o trato especial que requiera la menor de la que se refiere tiene parálisis cerebral y requiere cuidados especiales), a fin de que no sufran algún atentado contra su salud, su vida, su integridad física, psicológica y emocional, ni tratos crueles o inhumanos, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Ello, al tratarse de actos reclamados que importan ataques a la libertad personal que pueden poner en peligro la vida e integridad física de los menores quejosos, incluso de manera indirecta, los cuales aparentemente ocurren fuera de procedimiento o por orden emitida por autoridades de carácter administrativo, no obstante el posible señalamiento de autoridades judiciales responsables." Así también, en términos del numeral 8º, de la Ley de Amparo, se designó como representante especial de los menores de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G., a Olivia Benítez Reyes, Asesora Jurídica Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscrita a la Delegación en Michoacán, quien mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, aceptó el cargo conferido. Seguido el trámite respectivo, mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, este juzgado sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al estimar que cesaron los efectos del acto reclamado. Inconforme con la anterior determinación, la representante especial de los menores quejosos interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y por resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, dentro del amparo en revisión civil 8/2020, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que de nueva cuenta se señalara día y hora para la celebración de la audiencia de vista y las partes estuvieran en aptitud, en su caso, de rendir las pruebas que estimaran pertinentes y formular sus alegatos. De igual forma, este Juzgado de Distrito requirió diversas constancias e información a las autoridades responsables y finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se verificó en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y su ampliación, se advierte que Janette Berenice González López, reclamó del agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y del Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán, lo siguiente: La privación de la guarda y custodia, así como el resguardo y retención de los menores hijos de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G., ante el Sistema DIF Michoacán, sin que se le permitiera comunicación con ellos. Tercera. Existencia de los actos reclamados. El agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, al rendir sus respectivos informes aceptaron la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que acompañó el agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación MOR/053/32896/2019 que por el delito de omisión de cuidado se inició contra la aquí quejosa. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, señala que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al advertirse que ha cambiado la situación jurídica de los menores y por ello, han cesado los efectos del acto reclamado. Resulta fundada la causal invocada por el Fiscal responsable. En efecto, el precepto y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Lo anterior, revela que al momento de promover la demanda de amparo [nueve de septiembre de dos mil diecinueve], existía el acto reclamado precisado en esta consideración, consistente en la privación y retención de los menores de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G.; sin embargo, en este punto conviene traer a contexto el contenido de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, de las que se destacan las siguientes actuaciones: Mediante oficio PPNN/CJRPS/1129/2020, el Jefe de Departamento de la Coordinación Jurídica de Restitución, Protección y Supervisión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, informó al agente del Ministerio Público responsable, que el veintidós de julio de dos mil veinte, los niños de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G., fueron reunificados a su núcleo familiar, con su abuela materna de nombre Hilda López Castillo, con domicilio en la calle Granada número 13, fraccionamiento Punta Floresta, en esta ciudad de Morelia, en términos del Acuerdo de Medida de Protección Especial Número 20/2020. En dicho acuerdo de medida de protección, el Procurador responsable en los puntos resolutivos determinó la reunificación de los menores con su abuela materna Hilda López Castillo, a quien instruyó a efecto de que inscribiera a los infantes en una institución educativa, continuar asistiendo al Sistema DIF Michoacán, al departamento de psicología y realizara todas las gestiones necesarias para que sus nietos tengan acceso a los servicios de salud y/o seguridad social en cualquiera de las dependencias que los proporcionan; de igual forma, requirió al área de trabajo social a fin de que diera el seguimiento mensual correspondiente para comprobar que los menores se encuentren en buenas condiciones. Luego, a través del oficio PPNNA/CJRPS/628/2020 de veintidós de julio de dos mil veinte, el Jefe del Departamento de la Coordinación Jurídica de Restitución, Protección y Supervisión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, realizó a Hilda López Castillo la entrega física de los menores, con el propósito de que los niños se desarrollen dentro de un núcleo familiar, sin que ello implique derechos respecto a una custodia definitiva, ni derechos sobre el ejercicio de la patria potestad, cuya tramitación queda a salvo de hacerla valer ante las autoridades jurisdiccionales competentes; de esa actuación se advierte que recibió de conformidad Hilda López Castillo. También obra el seguimiento de reintegración con número de oficio PPNNA/CJRPS/639/2020 de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que la Trabajadora Social adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF Michoacán, hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Granada número 13, fraccionamiento Punta Floresta de Morelia, Michoacán, donde viven los menores de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G.; lugar donde se entrevistó con Hilda López Castillo, quien manifestó que su nieto A.E.G., no se adaptó al ambiente familiar, por lo que se encontraba viviendo con su padre biológico Juan Ignacio Estrada Melgarejo; que respecto de las dos niñas M.G.E.G., y E.J.E.G., se encuentran adaptadas al ambiente familiar, gozan de buena salud y son derechohabientes del IMSS por parte de su padre y realizan cotidianamente tres comidas al día, más dos colaciones en las cuales se incluye variedad de alimentos. Posteriormente, en el seguimiento de reintegración con número de oficio PPNNA/CAI/35/2021 de once de enero de dos mil veintiuno, la Trabajadora Social adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF Michoacán, refirió que al llevar a cabo la entrevista con Hilda López Castillo, le informó que sus nietas ya no vivían con ella, que tenían un mes viviendo con su mamá Janette Berenice González López, en el domicilio ubicado en la calle Granada número 25, fraccionamiento Punta Floresta, en esta ciudad de Morelia. También hizo constar en esa entrevista que Hilda López Castillo le refirió que aunque sus nietas viven con su mamá, ella está pendiente de cubrir sus necesidades, de que realicen sus tres alimentos, de su salud, vestido y educación, además de pagar la renta de la casa donde viven las niñas con su madre, quien no tiene trabajo fijo pero le ayudaba en su local de comida. Por otro lado, respecto de su nieto, la entrevistada refirió que se encontraba con su padre quien lo internó en un anexo denominado Centro de Asistencia Social (CAS) denominado "Centro Especializado en la Atención de las Adicciones Cristo Rey", debido a que dicho adolescente de trece años presentaba conductas violentas con sus abuelos y lo encontraron fumando marihuana. Finalmente, la trabajadora social se constituyó en compañía de Hilda López Castillo en el domicilio en el que actualmente habitan las menores con su madre, lugar que observó cuenta con los servicios básicos infraestructurales de agua potable, luz eléctrica y drenaje, por lo que concluyó que las menores se encuentran en un proceso de adaptación debido al cambio de vivienda con su madre, pero percibió que sus necesidades básicas están cubiertas y atendidas. Atento lo anterior, en auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, este juzgador requirió a las autoridades responsables para que remitieran las constancias que sirvieron de base para emitir la medida de protección 20/2020, así como la determinación tomada acerca de la información proporcionada por la trabajadora social del DIF, en el acta de supervisión señalada. Por lo anterior, mediante oficio PPNNA/280/2021, de doce de marzo de dos mil veintiuno, el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, remitió copia certificada del acta de comparecencia de fecha veintiuno de julio de dos mil veinte, en la que se hizo saber a la quejosa Janette Berenice González López, que sus menores hijos serían reunificados con su progenitora Hilda López Castillo, virtud a la solicitud que ésta realizó en cuanto abuela materna de los infantes, a lo que la quejosa manifestó: "Yo Janette Berenice González López, cuento con domicilio ubicado en cerrada de Paraguay número 69, colonia Metrópolis 2 y número de teléfono para mi localización: 4436410421. Quiero decir que estoy de acuerdo en que mis hijos Mitzari Guadalupe, Emmili Jaretzi y Alonso, todos de apellidos Estrada González, sean reintegrados con mi mamá, y en base a lo que mi mamá les comentó a ustedes sobre la ayuda económica que yo daré a mi mamá, puedo apoyarla con $700 setecientos pesos a la quincena, debido a que a mi me pagan $1400 mil cuatrocientos pesos de forma quincenal en una empresa de limpieza que se encuentra ubicada en Avenida Periodismo en la colonia Valladolid, trabajando de lunes a sábado con horarios de 8:00am a 6:00pm, descansando los días domingos. También es mi deseo convivir con mis hijos y quisiera saber si puedo llevarlos a pasear cada quince días y entregárselos a mi mama en un determinado horario, manifestando igualmente que no tengo ningún inconveniente de ayudarle a mi mamá con los gastos, sin embargo, quisiera también que el papá de mis hijos apoye con los gastos de los niños a mi mamá con dinero." De igual forma, las constancias que acreditan que el Procurador responsable mediante auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, solicitó a las coordinaciones de Atención Integral y de Enlace Interinstitucional y Capacitación de esa dependencia, continuaran dando seguimiento en materia de trabajo social posterior a la reunificación, y al efecto, realizaran visita al Centro de Asistencia Social (CAS) denominado "Centro Especializado en la Atención de las Adicciones Cristo Rey", con un equipo formado por un asesor jurídico, psicólogo y trabajadora social, con la finalidad de verificar las condiciones físicas y psicológicas del adolescente Alonso Estrada González, además de verificar que se encuentra recibiendo tratamiento adecuado para su mejor adaptación a su núcleo familiar. Luego, a través del oficio PPNNA/324/2021, la propia autoridad remitió el oficio de seguimiento PPNNA/CAI/292/2021, en el que la Trabajadora Social adscrita a dicha Procuraduría asentó que se constituyó en el local de comida propiedad de Hilda López Castillo, quien le informó que en esa fecha su nieto A.G.E. ya vivía con su mamá y sus dos hermanas en el domicilio de calle Granada número 25, fraccionamiento Punta Floresta, en esta ciudad de Morelia, que ya se encuentra más tranquilo y adaptado al ambiente familiar; que por el momento no estudia pero ya hicieron los trámites para su inscripción al sexto grado en la escuela primaria "15 de Mayo"; mientras que las menores de iniciales M.G.E.G., y E.J.E.G., se encuentran bien, no han enfermado y diariamente realizan sus tres alimentos. Que respecto de Janette Berenice, madre de los infantes en cita, refirió que tiene aproximadamente quince días laborando en un cultivo de fresa en la comunidad de Acuitzio del Canje, por lo que se trasladó al domicilio de la quejosa donde fue recibida por los menores de edad referidos, los cuales se encontraban realizando algunos quehaceres en la vivienda y el adolescente A.E.G., le dijo que estaba contento de estar con su familia, mientras que la menor E.J.E.G., le refirió que apoyan con las labores del hogar porque su mamá llega cansada, que continúa tomando clases en línea y ella y su hermano están pendientes de su hermana M.G.E.G., y juegan con ella. Por lo anterior, concluyó la trabajadora social que la red de apoyo de Hilda López Castillo continúa siendo su hija Janette Berenice, y aunque los menores de edad ya viven con su mamá, su abuela cubre sus necesidades básicas y está pendiente de que realicen sus tres alimentos, así como de su educación y su salud. Finalmente, el agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, remitió copia certificada de los actos de investigación realizados dentro de la carpeta de investigación MOR/053/32896/2019 que por el delito de omisión de cuidado se inició contra la aquí quejosa, entre los que se encuentra la información rendida por el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, relativa a la medida de protección 20/2020 antes reseñada, así como el oficio PPNNA/CJRPS/386/2021, de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, donde le informó a dicha Fiscalía que la medida de protección en cita, emitida el veintidós de julio del año en curso fue emitida de manera provisional, pero continúa vigente. En ese estado de cosas, resulta claro que en oposición a lo que argumenta la representante especial de los menores, con la determinación del Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, de reunificar a los menores de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G., -en un primer momento con su abuela materna, lo cual la quejosa aceptó expresamente ante dicho Procurador mediante comparecencia de veintiuno de julio de dos mil veinte- cesó en sus efectos la orden emitida por el Agente del Ministerio Público de la Federación Especializado para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, respecto de la privación de la guarda y custodia, así como el resguardo y retención de los menores ante el Sistema DIF Michoacán, con motivo de la integración de la carpeta de investigación MOR/053/32896/2019, que por el delito de omisión de cuidado se inició contra la aquí quejosa, debido a que dicha determinación trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye un cambio de situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Se afirma lo anterior, si se atiende a que la quejosa hizo consistir el acto reclamado en la privación de la guarda y custodia y retención de sus menores hijos de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G., por lo que con las actuaciones que quedaron reseñadas, mismas que fueron allegadas en copia certificada por las autoridades responsables, queda demostrado que se llevó a cabo la reunificación de dichos infantes quienes actualmente viven con su madre en el domicilio ubicado en calle Granada número 25, fraccionamiento Punta Floresta, en esta ciudad de Morelia, y en seguimiento a esa determinación se realizan visitas de inspección y entrevistas a la progenitora y abuela materna de los infantes, por parte del personal adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, a fin de constatar las condiciones en que habitan y se desarrollan los menores involucrados, por lo que en ese sentido, las consecuencias del acto reclamado quedaron destruidas de manera absoluta, completa e incondicional. Esto es, en el caso en estudio, no sólo se revocó la determinación de privación de la guarda y custodia de los menores y su retención ante el sistema DIF Michoacán, que aquí reclamó la impetrante del amparo, sino que al ser reunificados con su abuela materna y posteriormente con su progenitora sus efectos quedaron destruidos de manera absoluta como si se hubiere restituido a la quejosa en el pleno goce de su derecho violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 882 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, registro 190021, del epígrafe y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Janette Berenice González López, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales A.E.G., M.G.E.G., y E.J.E.G., en términos de lo expuesto en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, como complemento de su informe justificado, con el que se dio vista en auto de seis de abril del presente año. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas del veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54-2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo - el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado-- sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto -Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen-; por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes -principalmente el quejoso- se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6 transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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