Jaime y/o Jaime Eduardo Mexicano Mejía

Expediente 864/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
864/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Jaime y/o Jaime Eduardo Mexicano Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito de Jaime y/o Jaime Eduardo Mexicano Mejía, promovente del expediente en que se actúa, mediante el cual cumple con la prevención formulada en autos y al efecto manifiesta que los actos que le causan agravio son los siguientes: * El mandamiento de detención emitido dentro de la carpeta de investigación, la cual que originó la causa penal de origen; * El auto de vinculación a proceso; o bien, auto de formal prisión emitida dentro de la causa penal 28/2016; * Las determinaciones emitidas dentro de la causa penal antes anotada, que dieron como resultado la sentencia emitida en la misma; y, * La sentencia que resolvió el recurso de apelación 63/2018, del índice de la Quinta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán; y, * Las determinaciones emitas dentro de los juicios de amparo 220/2020, 252/2021, 546/2021 y 598/2021 del índice de este juzgado, expedientes en los que se controvirtieron diversos aspectos relacionados con la causa penal de origen. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que en el caso resulta improcedente el juicio de amparo respecto de los siguientes actos: a) El mandamiento de detención emitido dentro de la carpeta de investigación, la cual que originó la causa penal de origen; b) El auto de vinculación a proceso; o bien, auto de formal prisión emitida dentro de la causa penal 28/2016; y, c) Las determinaciones emitidas dentro de la causa penal antes anotada, que dieron como resultado la sentencia emitida en la misma. Lo anterior, porque se actualiza la hipótesis referida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en la que se instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la nueva situación jurídica. La citada causa de improcedencia se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando el acto emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, dentro del presente expediente el peticionario de amparo reclama, entre otras cosas lo siguiente: * El mandamiento de detención emitido dentro de la carpeta de investigación, la cual que originó la causa penal de origen; * El auto de vinculación a proceso; o bien, auto de formal prisión emitida dentro de la causa penal 28/2016; y, * Las determinaciones emitidas dentro de la causa penal antes anotada, que dieron como resultado la sentencia emitida en la misma. Ello, porque del análisis integral de la demanda y del ocurso de cuenta se advierte que el mandamiento de detención emitido dentro de la carpeta de investigación sufrió un cambio de situación jurídica desde el momento en que se ordenó el auto de vinculación a proceso o auto de formal prisión dentro de la causa penal 28/2016. En tanto que, las violaciones procesales que refiere se originaron dentro de la causa penal antes indicada y que trascendieron al resultado del fallo, también se originó un cambio de situación jurídica desde el momento en el juez de origen dictó sentencia dentro de dicho proceso penal. Por tanto, es claro que el cambio de etapas del proceso penal antes anotado originaron un cambio de situación jurídica diversas a aquellas en que se encontraba el quejoso al momento en que se originaron los actos que pretende reclamar, por lo que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer las diversas que surgieron a lo largo del procedimiento penal; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer en el acto reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. Lo anterior, es así porque la situación jurídica del quejoso ya no deriva de la orden de detención emitida dentro de la carpeta de investigación que originó la causa penal 28/2016, ni tampoco deriva de las diversas violaciones que refiere se generaron dentro de la causa penal referida, sino de la sentencia que precisamente el juez responsable emitió dentro de la causa penal antes referida, la cual generó diverso estatus jurídico, aunado a que dicha resolución guarda autonomía con el acto reclamado, ya que puede subsistir, con independencia de que el acto reclamado resultara o no inconstitucional. Ahora, respecto de la resolución emitida dentro de la causa penal antes anotada, se desprende que ésta también sufrió un cambio de situación jurídica pues la misma fue apelada por el peticionario de amparo, medio de impugnación que originó el recurso de apelación 63/2018, del índice de la Quinta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán. Órgano Colegiado que resolvió el citado recurso en el sentido de confirmar la resolución combatida; en ese tenor, es evidente que cesaron los efectos de dicho acto reclamado, pues la sentencia recurrida obtuvo ejecutividad y firmeza en cuanto se decidió el recurso de apelación; por lo que, la resolución que resolvió el recurso de apelación sustituyó la sentencia emitida dentro de la causa penal 28/2016. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la tesis I.3o.C.769 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, Registro 165869: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Por otro lado, respecto del acto reclamado que hace consistir en las determinaciones emitas dentro de los juicios de amparo 220/2020, 252/2021, 546/2021 y 598/2021 del índice de este juzgado, expedientes en los que se controvirtieron diversos aspectos relacionados con la causa penal de origen, también se advierte una causal de improcedencia. Se dice de esa forma, debido a que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo instituye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las misma, (.)" De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las diversas determinaciones emitidas dentro de diferentes juicios de amparo, pues los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase. Ello, porque uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo, pues estimar lo contrario traería como consecuencia la tramitación infinita de diversos juicios de amparo lo cual afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Por tanto, resulta claro que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de la misma. En consecuencia, dado que a la especie se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones IX y XVII, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo respecto de los actos indicados anteriormente por su notoria e indudable improcedencia. Lo anterior, en el entendido que quedan expeditos sus derechos para interponer los recursos o medios de impugnación que estime convenientes dentro de los diversos juicio de amparo 220/2020, 252/2021, 546/2021 y 598/2021 del índice de este juzgado. Por último, sobre el diverso acto que reclama consistente en la sentencia que resolvió el recurso de apelación 63/2018, del índice de la Quinta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, misma que confirmó la sentencia emitida dentro del proceso penal 28/2016, procede a realizar el siguiente análisis: En ese sentido, es preciso mencionar que el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el amparo directo procede, entre otras, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, salvo que la ley les permita la renuncia de los recursos. En tal virtud, se estima que los actos reclamados antes indicados (sentencia que resolvió el recurso de apelación 63/2018, del índice de la Quinta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, misma que confirmó la sentencia emitida dentro del proceso penal 28/2016) no son de la competencia legal de un Juzgado de Distrito en términos del artículo 47, primer párrafo y 170 fracción I de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una sentencia con la cual culmina el procedimiento de origen del que derivan los actos reclamados. Atento a lo anterior, se declina la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por Jaime y/o Jaime Eduardo Mexicano Mejía, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Remítase la demanda original de amparo y las copias de la misma al Tribunal Colegiado antes mencionado, solicitándole que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jaime y/o Jaime Eduardo Mexicano Mejía, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia esta ciudad, y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número II-864/2021-R. Ahora bien, de conformidad con los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación que se le realice del presente auto, bajo protesta de decir verdad y apercibida de que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario en caso de afirmar hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: 1. Señale cuál es la determinación o determinaciones en específico que reclama, así como la fecha en que haya sido notificado de éstas o tuvo conocimiento de las mismas; 2. Aclare si en contra de los actos reclamados promovió recursos ordinarios o medios de defensa y en su caso, el sentido en que se hayan resuelto los mismos; 3. Precise si existe juicio de amparo indirecto inmediato anterior al que ahora pretende promover, el cual se haya tramitado en esta ciudad y derive del mismo expediente de origen o toca de apelación, indicando ante qué Juzgado de Distrito se tramitó el mismo, las partes, el acto reclamado, el sentido en que se haya resuelto éste y el estado que actualmente guarda; y, 4. Exhiba copias de su escrito aclaratorio, para cada una de las partes. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, número de registro 2005636, de la página 1079, del tomo lI, jurisprudencia común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones aun en horas y días inhábiles. Asimismo, se precisa que el plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 27, de la Ley de Amparo, con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las determinaciones dictadas en el juicio, que en su caso, requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas de los días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la parte quejosa, que de conformidad con los artículos 5°, 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las sentencias ejecutorias son públicas y de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del propio reglamento, puede ejercer el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional, ello con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 43 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3506/2021 de veintiuno de septiembre del presente año, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano