Jaqueline Castañeda Perez

Expediente 1136/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1136/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Jaqueline Castañeda Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito del apoderado jurídico de la parte quejosa, mediante el cual formula alegatos Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que realiza el promovente; con ellos, se ordena dar nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de Gumesindo García Morelos, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual informa lo siguiente: (.) "2.-Para dar cumplimiento al acuerdo procesal de cinco de octubre de 2023, informo a usted: 2.1.-La quejosa no acudió a la cita programada para la fecha precisada. 2.2.-Considerando lo expuesto en el párrafo anterior, no se recibió recurso económico alguno, por lo cual no fue necesario solicitar facturas. 2.3.-Información para contacto del médico tratante de la menor quejosa: Nombre. Doctor Carlos García Hernández (cédula profesional IPN 1051704, y cédula AECEM INP 24971). Correo electrónico: carloscirped@hotmail.com. Domicilio: Viaducto Río Becerra 97-1º piso, consultorio 105, colonia Napolés, delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Teléfonos: (55)5687-4976, y (55)5084-5502. 2.4.-En el transcurso de la presente semana se realizará la solicitud del expediente clínico completo para presentarlo ante el órgano de control constitucional. 2.6.-La quejosa tuvo una severa crisis en su salud, lo cual ha impedido asistir a la citada médica programada, o a otra nueva; tan pronto se regularice la inestabilidad en su condición física se programarán las citas médicas, las cuales se harán del conocimiento de esta soberanía judicial constitucional, así como de las responsables de manera oportuna. 3.-Puntos petitorios. Por lo anteriormente expuesto, a usted atentamente pido: 3.1.-Me tenga cumpliendo requerimiento judicial de fecha cinco de octubre de 2023. 3.2.-Con fundamento en el artículo 88 del Código federal de procedimientos civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicito que se consideren los antecedentes del acto reclamado materia del Juicio de Amparo Indirecto 1200/2023 radicado ante su señoría, que sigue la quejosa directa en contra de las mismas autoridades responsables del presente proceso constitucional, como hechos notorios para efectos de conocimiento de la condición de salud de la menor quejosa. 3.3.-Considerando la importancia del expediente médico de la quejosa directa, solicito se requiera a las responsables remita el expediente en el cual consta la atención que le han brindado desde el año 2016 hasta la fecha. En atención que el derecho a la información en materia de salud es un derecho humano interdependiente e indivisible al derecho a la vida y el derecho a la integridad física." Por lo anterior, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, computado legalmente, en atención a lo anterior, exponga los argumentos que considere pertinentes. Finalmente, en relación con el punto 3.3, dígase al promovente que de acuerdo con el estado en que se encuentra el expediente en que se actúa, es decir, en cumplimiento de sentencia ejecutoria, de momento no se considera necesario requerir el expediente que menciona, ya que la atención médica otorgada a la menor quejosa consta en autos y se ha requerido de manera constante. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de Francisco Serrano Miranda, en cuanto peticionario para prestar los servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, (Grúas Tecolote) mediante el cual refiere que por escrito de diez de octubre del presente año, remitió su informe justificado; sin embargo, omitió señalar el número de expediente por lo cual este se acordó en el cuaderno de varios de amparo de este juzgado, por lo cual solicita se provea lo conducente a dicho informe en el presente juicio en que se actúa. Atento lo anterior, se ordena extraer del cuaderno de varios dicho escrito presentado el diez de octubre del presente año a efecto de que obren en el presente y se proveer lo conducente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días con el informe justificado que rinde Francisco Serrano Miranda, en cuanto peticionario para prestar los servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, (Grúas Tecolote). Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las documentales que remite la autoridad responsable en cita, por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1136/2023, sin la comparecencia de las partes. En seguida, con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. A continuación, dentro del periodo probatorio el secretario da cuenta con las pruebas que adjuntó a su demanda la parte quejosa. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza las pruebas que anexó la parte quejosa a su demanda. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez provee: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del Juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S : PRIMERA. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Propietario de Grúas Tecolote; y, 2. Representante y/o Encargado del Corralón de Grúas Tecolote. Ambas con residencia en Maravatio, Michoacán. Actos reclamados: - La omisión de realizar la cuantificación, respecto de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículo de la parte quejosa, así como la negativa de devolver el mismo. SEGUNDA. Ahora, del estado de autos se advierte que no obra el informe previo de las autoridades responsables Propietario de Grúas Tecolote y del Representante y/o Encargado del Corralón de Grúas Tecolote, ambas con residencia en Maravatio, Michoacán; atento lo anterior, de conformidad con el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las citadas autoridades responsables, toda vez que no rindieron su informe previo aun cuando fueron debidamente notificadas del auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se les requirió el mismo, tal como se advierte de la guía de estafeta en la que se advierte que fueron recibidos el veintidós de septiembre del presente año. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, consistente en la omisión de realizar la cuantificación, respecto de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículo de la parte quejosa, así como la negativa de devolver el mismo, por lo que para proveer sobre la misma se requiere que concurran los requisitos siguientes: a) La existencia del acto reclamado; b) Que la naturaleza del mismo permita su paralización; y, c) Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de la Materia. En relación con lo anterior, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Y que al proveer respecto de la medida cautelar solicitada, el juzgador atienda además, al contenido del siguiente precepto: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Luego, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio de amparo en lo principal. Es decir, esencialmente el objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume irreparablemente evitando se le causen a las partes perjuicios con motivo de la ejecución del acto; y de igual modo, que los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado en que se encuentren al otorgarse la providencia, por lo que la materia de la suspensión la constituye la ejecución y no el acto en sí mismo. Así, contra dichos actos y sus consecuencias jurídicas es improcedente conceder la medida cautelar que nos ocupa, al ser propio del estudio que se haga en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal de donde emanan el presente cuaderno incidental; y si bien, en la actualidad, la sola naturaleza del acto de autoridad no es suficiente para decidir sobre la suspensión del acto, pues existe la posibilidad de conceder una suspensión con efectos restitutorios provisionales, acorde al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de la Materia, ello está condicionado a que la materia de la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, por lo que se impone negar la suspensión solicitada. En ese sentido, no se aprecian efectos específicos del acto reclamado que sean susceptibles de ser paralizados por una suspensión. No obstante lo señalado, si lo que pretende la parte quejosa es que se diera efectos restitutorios para que se le restituya la afectación que refiere con motivo de la omisión excesiva por parte de las responsables respecto de la devolución del vehículo que por esta vía defiende, ello no sería posible jurídicamente. Lo anterior pues, en el caso, la materia de la suspensión implicaría que se le provea sobre la omisión que refiere, lo cual coincidiría totalmente con la materia de fondo del juicio de amparo, de modo que se corre el riesgo de dejarlo sin materia y, por ende, no procede la suspensión a que se refiere el segundo párrafo del precepto invocado. Apoya por analogía jurídica, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, Tomo I, Libro 73, Diciembre de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estatuye: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve Único. Se niega a Miguel Ángel Sánchez Salazar, apoderado de la quejosa Jaqueline Castañeda Pérez la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración primera de esta interlocutoria en términos de la segunda consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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