Janeth Alejandra Tierrablanca Trenado
Expediente 142/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Janeth Alejandra Tierrablanca Trenado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Por recibido el oficio remitido por la encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede Celaya base Apaseo el Grande por medio del cual, remite la constancia de notificación a la agente del Ministerio Público adscrita a dicho Tribunal del auto por el que causó ejecutoria la sentencia pronunciada en este asunto; en tal virtud, se le tiene por notificada de dicho proveído.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal, asimismo, de conformidad con el artículo 18, inciso a) del citado acuerdo general, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, debiéndose conservar, la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído que ordena el archivo como asunto concluido y en el caso del incidente de suspensión las determinaciones relativas a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable los DVD que adjuntó a su informe justificado y oficio registrado con número 3045, toda vez que resulta innecesaria su retención.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 142/2021, promovido por David Hernández Mondragón en su calidad de defensor particular de ******, en contra de actos de la juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Guanajuato, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la primera demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, turnado ese día al Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, *****, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Guanajuato, que hizo consistir en: "III.- ACTO RECLAMADO. El auto de vinculación a proceso derivado de la causa penal *****. Mismo que se sigue en contra de ******* dictado en fecha 08 de febrero del 2021, por lo que en tiempo y forma se solicita la protección de la justicia federal por usted representada" (fojas 7 del cuaderno de amparo). En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La juez Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, mediante resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno y con fundamento en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remitió la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito por conocimiento previo, en razón de que los actos ahí reclamados se encuentran vinculados a diversos actos de los cuales este juzgador conoció previamente en el juicio de amparo 742/2020. En diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado recibió el oficio 2804/2021 a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 109/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato. Así, este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 142/2021; aceptó el conocimiento previo, y previno a la quejosa aclarara su demanda de amparo para que informara si se encuentra privada de su libertad, si decretó en su contra alguna medida cautelar y si señala como responsable a la autoridad que la ejecutó. Por escrito registrado con número 1628, ***** en su calidad de defensor particular de *****, desahogó la anterior prevención, en el que señaló que la quejosa se encuentra privada de la libertad personal, que se decretó en su contra medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que señala como autoridad ejecutora al Fiscal adscrito a la Fiscalía Regional en Celaya, Guanajuato; por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, el citado escrito se mandó ratificar al resultar la firma notoriamente diferente a la que obraba en autos. Mediante diligencia de cinco de abril de dos mil veintiuno, ***** en su calidad de defensor particular de ******, ratificó el anterior escrito y por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados ******* y **** , el primero fue emplazado en trece de abril de la presente anualidad (foja 59 de autos); y del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable que intervino en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por conducto de la responsable, lo cual así se realizó (fojas 98 del juicio de amparo); y por auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno se dejó de tener como tercera interesada a *********, al no figurar como víctima u ofendida (fojas 70 de autos). Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso, en contra de la quejosa, en un procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Guanajuato, donde este juzgado ejerce jurisdicción, aun cuando el lugar de reclusión (Valle de Santiago) de la quejosa se ubique en diversa ciudad. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen: a. El auto de vinculación a proceso dictado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal número *****, seguido en contra de la quejosa y otro, por los hechos que la ley señala como delito de robo calificado y homicidio simple en grado de tentativa, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre****. b. La ejecución de la resolución reclamada. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Guanajuato. 2. Fiscal Regional "C", con sede en esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Celaya (foja 28), y el Fiscal Regional "C" residente en esta ciudad, quien además señaló que la denominación correcta es el agente del Ministerio Público a la Agencia de Litigación de Trámite Común Región "C" (fojas 46 y 55), al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable, consistentes en los discos versátiles digitales, con archivos en formato .PDF y videograbaciones, encriptados electrónicamente, derivados de la causa penal ****; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en los discos versátiles digitales tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. En audiencia celebrada el dos de febrero de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de la aquí quejosa y otro, por aparecer como probable a título de autora del hecho que la ley considera como el delito de robo calificado previsto por los artículos 191 fracción II, en relación con el artículo 194 fracciones I y VI, en correlación con los numerales 13 y 20 párrafo primero, todos del Código Penal y tentativa de homicidio, cometidos en agravio de quien en vida respondió al nombre de *****, el primero previsto por los artículos 191 fracción II, en relación con el artículo 194 fracciones I y VI, en correlación con los numerales 13 y 20 párrafo primero, el segundo previsto en el artículo 138, sancionado por el artículo 139 en relación con los artículos 18, 13 y 20 párrafo primero, tercer supuesto, todos del Código Penal. Además, en dicha diligencia se concedió a los imputados el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, por lo que se señalaron las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno, para la continuación de dicha audiencia. 2. Así, el ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal número **** del índice del juzgado responsable, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados, entre ellos, de la ahora quejosa, por los aludidos hechos que la ley señala como el delito de robo calificado y homicidio simple en grado de tentativa, con base en las siguientes consideraciones: Que el cuatro de agosto de dos mil veinte ***** se encontraba lavando su vehículo a fuera de su domicilio ubicado en avenida ****, siendo el vehículo Seat, color negro, modelo ****, aproximadamente a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, cuando una persona del sexo masculino *****, se le acercó y le dijo no te muevas "hijo de tu puta madre o te carga la verga", dame las llaves del carro mientras sostenía un arma de fuego con ambas manos apuntándole en la cabeza al ofendido, siendo un arma tipo revolver color metálico, quien se encontraba acompañado de *****, quien le dijo que hiciera caso o en ese momento se iba a morir, señalando que se llevarían su carro viejo, mientras que ***** le dijo "dame las llaves me lo voy a llevar viejo pendejo" que la reacción del ofendido fue aventar su teléfono celular con las llaves adentro del vehículo por lo que ****** acciona el arma de fuego y dispara al aire y le dice que lo va a matar, mientras que ****** le dice: "ya chíngatelo al perro por pendejo", pero que el ofendido le da un manotazo a las manos de ****** y este le dispara y lo lesiona en el pie derecho, mientras *****, se acerca a J***** le revisa la bolsa del pantalón y le saca una cartera donde traía tres mil pesos, que el citado ofendido intenta defenderse y le da una patada con la pierna izquierda a ****** y el arma cae al suelo, momento que aprovecha el ofendido para intentar entrar a su casa, sin embargo, *****, señala a ***** mátalo que se te va a pelar y ****** le da un balazo a la altura de su hombro, por lo que el ofendido se tira al suelo y se queda inmóvil y a pesar de sentir un golpe en las costillas no se mueve para que pensaran que estaba muerto, señalado *****, que ya se murió y ****** dijo "ya le tocaba que se lo cargara la chingada", y el ofendido ve cuando se retiran estas personas, y también la esposa del ofendido ****** observó como acontecieron los hechos por la ventana, se llevan al ofendido a recibir atención médica. Que dicho juzgadora actúa por la posible comisión de los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, robo de vehículo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa y que se atribuye a la imputada aquí quejosa en su carácter de coautora, aunado a que esta última es mayor de edad. Que el artículo 316, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como requisito que se haya formulado imputación, en la especie se formuló imputación por la agente del Ministerio Público a la ahora quejosa y otro como autora material en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, robo de vehículo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa. Formulación que se hizo en términos del artículo 311 del citado código, con lo que se cumple con ese requisito. Como segundo requisito, el artículo 316, fracción II, establece que se otorgue al imputado la oportunidad de declarar. En el caso la imputada, apoyado de su defensor, manifestó que es su deseo declarar, señalando que no está de acuerdo con la imputación porque cuando ocurrieron los hechos ella se encontraba en otro lugar, ya que se encontraba laborando con ****, que se dedica vender cenas en las noches y en las mañanas vende tacos y que el cuatro de agosto de dos mil veinte, salió de trabajar aproximadamente a las doce la noche que entró a trabajar a las seis de la tarde y que las personas que estuvieron con ella son ******. Con lo que se cumple ese requisito. Como tercer requisito, el artículo 316, fracción III, establece que de los antecedentes se desprendan datos de prueba de la comisión del hecho que la ley señala como delito y la probable participación, con lo que se cumple este requisito, por lo siguiente: Al respecto, la agente del Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso a los imputados, en lo que interesa a la aquí quejosa en su calidad de carácter de coautora, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, robo de vehículo en grado de tentativa y de homicidio calificado en grado de tentativa cometidos en agravio de *****. Que los datos de prueba ofertados por la agente del Ministerio Público, el imputado y su defensa, fueron analizados en forma individual y en conjunto, en forma libre y de manera lógica, como lo establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se evidencia el siguiente cuadro fáctico: Que el cuatro de agosto de dos mil veinte ***** se encontraba lavando su vehículo a fuera de su domicilio ubicado en avenida *****, siendo el vehículo Seat, color negro, modelo 2006. Que aproximadamente a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, una persona del sexo masculino se le acercó y le dijo no te muevas "hijo de tu puta madre o te carga la verga", dame las llaves del carro mientras sostenía un arma de fuego con ambas manos apuntándole en la cabeza al ofendido, siendo un arma tipo revolver color metálico. Que dicha persona se encontraba acompañado de una persona del sexo femenino, quien le dijo que hiciera caso o en ese momento se iba a morir, señalando que se llevarían su carro viejo, mientras que el de sexo masculino le dijo "dame las llaves me lo voy a llevar viejo pendejo" que la reacción del ofendido fue aventar su teléfono celular con las llaves adentro del vehículo por lo que el sujeto de sexo masculino acciona el arma de fuego y dispara al aire y le dice que lo va a matar, mientras que la persona del sexo femenino le dice: "ya chíngatelo al perro por pendejo", pero que el ofendido le da un manotazo a las manos del sujeto de sexo masculino y este le dispara y lo lesiona en el pie derecho, mientras la mujer, se acerca al ofendido ***** le revisa la bolsa del pantalón y le saca una cartera donde traía tres mil pesos. Que el ofendido intenta defenderse y le da una patada con la pierna izquierda a la persona del sexo masculino y el arma cae al suelo, momento que aprovecha el ofendido para intentar entrar a su casa, sin embargo, la persona del sexo femenino señala al tipo de sexo masculino y le dice mátalo que se te va a pelar por lo que le da un balazo a la altura de su hombro, el ofendido se tira al suelo y se queda inmóvil y a pesar de sentir un golpe en las costillas no se mueve para que pensaran que estaba muerto, y así lo advierten tales personas retirándose, mientras que el ofendido ve cuando se retiran estas personas, y también la esposa del ofendido, observó como acontecieron los hechos por la ventana, se llevan al ofendido a recibir atención médica. Que arribó a esa conclusión después de analizar los siguientes datos pruebas: Declaración de *****, relativa a su denuncia presentada el cuatro de agosto de dos mil veinte, en la cual proporciona las características físicas que observó de sus agresores. Llamada telefónica del Hospital General de Celaya, donde se informa el ingreso de *****, por presentar heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la espalda y pie derecho. Ampliación de entrevista de *****, en la cual también proporciona las características físicas que observó de sus agresores y da noticia que salió voluntariamente del Hospital General. Entrevista de *****, esposa del ofendido, en la que da a conocer todo lo que apreció a través de una ventana de su casa. Oficios 4168/DAI/2020 y 4169/DAI/2020, ambos realizados por **** donde conforme a lo narrado por el ofendido y su esposa de *****, pudo hacer un retrato hablado de los imputados y agrega los mismos los que fueron descritos. Oficio 3289/AIC/2020 de fecha siete de octubre de dos mil veinte por ******, Agente de Investigación Criminal donde informa que de las características de los retratos hablados que se proporcionaron en esa investigación que le fue encomendada pudo localizar a las personas **** y **** Trenado quienes estaban detenidos en carpeta de investigación diversa ***** y que coincidían con las características proporcionadas con los ofendidos y con los retratos hablados. Se hizo señalamiento que para ello fue útil para poder realizar técnicas de reconocimiento de personas en fecha nueve de octubre de dos mil veinte, donde ***** fueron asistidos debidamente por su defensor *****, en cuya diligencia ****, reconoce a **** como la persona que le disparó en dos ocasiones y a ****, que la reconoce por su complexión y unas manchas en la cara y que era la persona que estaba con el joven que le había disparado y más porque esta persona era la que llevaba la pauta y que era la que más lo insulto. Declaración de *****, quien también hace un reconocimiento de *****, señalando que el primero fue la persona que le disparó a su esposo hiriéndolo y la segunda era persona que acompañaba al primero en mención, a la que también reconoció por su complexión delgada y manchas en su cara. Oficio 1321/2020, donde el doctor **** encargado del despacho del Hospital General hace llegar el expediente clínico de ****, de cuatro de agosto de dos mil veinte, donde se señala que en esa fecha, la citada persona ingresa a las 23:40 horas por presentar heridas producidas por arma de fuego. Ampliación de entrevista tanto del ofendido así como de la testigo ****, donde les fueron formuladas preguntas por parte de la defensa. Así como las entrevistas que surgen de los testigos señalados por la parte imputada, *****, quienes los dos primeros hacen los señalamientos de que **** de que el día de los hechos cuatro de agosto de dos mil veinte estuvo en el grupo A.A., y la última en cita refiere que *** el día cuatro de agosto de dos mil veinte, estaba con ella trabajando, ayudándole en los pedidos de la cena y en el puesto ambulante de tacos que tiene y estuvo de las 6 a las 8 de la noche en ese lugar. Que la defensa allegó impresiones de pantalla donde se hace mención a la existencia de una conversación por medio de WhastApps, y fotografías de los imputados haciendo referencia que fueron subidas a "redes sociales". Que la defensa solicita que se declare la invalidez de las diligencias de reconocimiento de los imputados ya que se encuentran controvertidas con las anteriores impresiones de pantalla. Al respecto la Fiscalía solicita que ese dato de prueba se declare ilícito porque transgrede derechos fundamentales de privacidad e intimidad. La juez de control considera válido tomar en cuenta el dato de prueba consistente en las fotografías aportadas, al haberse publicado en redes sociales y resuelve. Que esos hechos tienen una connotación jurídica, relativa a que los hechos que la ley señala como robo calificado, robo de vehículo en grado de tentativa y homicidio en grado de tentativa, previstos y sancionas por los artículos 191, fracción II, 194, fracción I y VI; 191, 192, 194 fracciones I, VI y VIII y 18, así como el 138, 140, en relación con el 153, fracción I, tercer supuesto y articulo 18, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, fue cometido con dolo y como coautores en términos del numeral 20 primer párrafo tercer supuesto del mismo ordenamiento legal. Que por lo que hace al delito de robo de vehículo en grado de tentativa, no se actualiza, ya que de lo narrado por el ofendido *****, quienes manifestaron que efectivamente que el día cuatro de agosto de dos mil veinte, arribaron a su domicilio ubicado en avenida ******, cuando el primero en cita se encontraba lavando su vehículo de motor, siendo un Seat, color negro, modelo 2006, y siendo aproximadamente a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, señalando que llega una persona del sexo masculino y se dirige a él y le señala no te muevas "hijo de tu puta madre o te carga la verga", dame las llaves del carro, cuando voltea es que observa que esa persona trae una pistola, incluso se señala que vestía una playera con manga color negra con pantalón de mezclilla azul y tenis negros e iba acompañado de otra persona del sexo femenino que vestía una sudadera negra un pantalón de mezclilla color azul y tenis blancos y que esta persona del sexo femenino le dijo "hazle caso al compa cabrón o aquí te mueres nos vamos a llevar tu pinche carro viejo", el masculino nuevamente le vuelve a decir "te estoy diciendo que me des las llaves del carro cabrón" "me lo voy a llevar viejo pendejo" y le seguía apuntando con el arma de fuego hacia la cabeza, que ante el miedo que le da a ******* su reacción fue aventar su teléfono celular y las llaves al interior del mismo vehículo, tenía la puerta abierta del conductor, posteriormente se escucha que se acciona la pistola al aire, ahí es cuando ya le anuncian "te voy a matar hijo de tu puta madre dame todo lo que traigas", la mujer le decía "chíngalo al perro por pendejo ya mátalo", ***** le da un manotazo al joven y este le dispara y lo lesiona en el pie derecho, que en ese momento la femenina se acerca y le toma del bolsillo del pantalón y le cartera con tres mil pesos, que en ese momento ***** le da una patada con la pierna izquierda al masculino que empuñaba el arma de fuego, este suelta el arma, cae al suelo y ***** trata de escapar metiéndose a su casa y es cuando la mujer le dice "ahora sí mátalo se va a pelar el cabrón" cuando en ese momento al voltear a verlos, es cuando el masculino se agacha, recoge la pistola y le dice "ya te cargo la verga hijo de tu puta madre muere" escucha otro disparo y ese le da en la espalda, el ofendido se hace el muerto, todavía lo golpean en las costillas, no se mueve y es cuando dice "ya se murió este pendejo" y el masculino responde "ya le tocaba que se lo cargara la chingada por pendejo vámonos ya" y comienzan a correr. La juez señala que no se llevan el vehículo, si bien es cierto que hubo un anuncio de que iban por el vehículo, incluso le ordenaron que le diera las llaves ****** aventó las llaves del carro al vehículo el cual tenía la portezuela abierta, no había nada que les impidiera a los activos llevarse el vehículo de motor; que aun cuando de todo lo que aconteció no se desprende alguna acción que les impidiere a los sujetos llevarse el vehículo de motor, y concluye que esa tentativa sobre el robo de un vehículo de motor no existe para ese órgano judicial (14:59:41). Que de igual forma, acorde a esa narrativa cuando el ofendido cae al piso y que la mujer se acerca para desapoderarlo de la cartera que traía en su pantalón y en la cual llevaba tres mil pesos, ello implica que se dio cuando ya está caído, incluso la esposa señala que vio que la femenina algo le saca el pantalón a su esposo y es ***** quien da noticia al Ministerio Público que era su cartera donde tenía esos tres mil pesos, lo que implica el apoderamiento de un bien mueble, esto es, la cartera con el numerario de tres mil pesos, por lo que no hubo un consentimiento por parte de ***** para entregar ese dinero. Que por lo que hace al señalamiento de que hubo varios disparos de los cuales el primero fue al aire, posteriormente un disparo en el pie derecho del ofendido y ya cuando intenta huir se suscita el diverso disparo en la espalda a la altura del hombro, con lo cual se advierte que desde entonces ya había la intención de privar de la vida a ****** desde un primer momento lo que se corrobora con las propias manifestaciones de los activos consistentes en "ahora sí mátalo se va a pelar el cabrón" y "ya te cargo la verga hijo de tu puta madre muere", entre otras en el sentido de que lo van a matar, por lo que la juez de control concluye que a todas luces existe un indicativo de la suerte que estaban deseando al realizar esos disparos. Que por tanto el delito de homicidio del cual solicita el Ministerio Público se vincule a proceso a los imputados, y en el caso concreto el disparar sobre una persona son actos idóneos que van dirigidos a una finalidad, la mínima es lesionarlo, pero en el caso concreto de lo narrado por el ofendido y *****, en todo momento hubo un anuncio de muerte, y las acciones despegas por los imputados denota la intención de matar al ofendido, pero el resultado no se concretó porque el ofendido se hizo el muerto y aquellos creyeron que ya estaba muerto pues a pesar de que lo patearon en un costado este ya no se movió, por lo cual se retiraron del lugar. La juez de control señala que no comparte el argumento de la defensa en torno a que no existe un dictamen médico con el cual se acredite la existencia de las lesiones provocadas al ofendido, sin embargo, la juez le señala que al respecto existe un expediente clínico expedido por una institución de salud del Estado, donde sí se estableció las lesiones del citado ofendido, lo que además se corrobora con lo manifestado por el ofendido y su esposa. Que en cuanto a que no existe fijación de placas del lugar, del vehículo para verificar la existencia del mismo, respecto de lo cual la juez de proceso le informa que hasta ese momento procesal lo allegado por el Ministerio Público, es suficiente para establecer la existencia de los hechos que la ley señala como delito de robo y homicidio en grado de tentativa, y en todo caso corresponde la carga a la representación social de comprobar tales elementos en etapas posteriores y en caso de allegar más elementos de pruebas. Que con esos datos se acreditaron 1. una conducta de desapoderamiento de un bien mueble (tres mil pesos), sin consentimiento de quien podía disponer de él; 2. Una conducta voluntaria por parte de terceras personas, consistente en cualquier acto que tienda a privar la vida de una diversa persona; 3. Que en la especie ese acto no se concretó por los motivos apuntados; 4. Que se encuentra evidenciada esa conducta con esos elementos subjetivos; 5. Que se acreditó la existencia de un sujeto pasivo; Que se afectaron los bienes jurídicos tutelados del patrimonio y de la vida; 5. Que quedó evidenciado el nexo causal; 6. Que no se acreditó la alevosía y ventaja, pues los activos no sabían si el ofendido repelería la agresión en las mismas circunstancias. Que la imputada tiene la calidad de coautora, en términos del artículo 20, párrafo segundo, y 21 del Código Penal para el estado de Guanajuato, por lo siguiente. Que en ese momento se ocupa de las manifestaciones de la defensa en torno a la información que diera ****, Agente de Investigación Criminal, mediante el oficio 3289/AIC/2020 de fecha siete de octubre de dos mil veinte, relativos a los reconocimientos realizados por *****, de nueve de octubre de dos mil veinte; ello derivado de que los antes nombrados señalaron las características de las personas que ellos observan que desapoderaron de los bienes a ***** y que de ahí se derivara que lo quisieran privar de la vida; señalando sus características, en lo que interesa de la femenina, de veintiún años de edad aproximadamente, delgada, de unos 1.73 metros de altura, morena, cabello al hombro, frente amplia, cara ovalada, cejas delineadas, nariz ancha, labios delgados, con marcas de acné; cuyas características que desde el cuatro de agosto de dos mil veinte se señaló ante la Agente de Investigación que si los volvían a ver, los podían identificar plenamente sin temor a equivocarse; y de ahí se derivaran los retratos hablados realizados por ***** y que fueron aportadas mediante oficios 4168/DAI/2020 y 4169/DAI/2020 el primero con las características que proporciona *** y el segundo oficio relativos a los retratos hablados con lo que menciona ****. Que la defensa señala que no deben ser considerados estos retratos hablados, porque no fueron realizados por un perito, aunado a que esos retratos hablados se derivan de las fotografías que aparecen en la carpeta de investigación diversa, afirmación que la fiscalía manifiesta que ello no ha sido así, y que en cuanto a la pericia que tenga **** esta debe ser desacreditada por parte de la defensa si hace ese tipo de señalamientos. Que los retratos hablados realizados por *****, quien señala que esos se derivan de las descripciones del ofendido y de la testigo, no así de una fotografía que la fiscalía le haya proporcionado y que de lo señalado por la defensa, con relación a las impresiones de pantalla que aportó y de lo manifestado que estas fueron en noviembre de dos mil veinte, así como la conversación que se hace en las redes sociales, lo que implica que los retratos hablados se realizan con antelación, es decir al día cinco de agosto de dos mil veinte, por lo que la juez de proceso determina que entonces ello no pudo ser a consecuencia de la aportación de fotografías diversas. Por lo que hace a la técnica de reconocimiento, donde ****, hizo manifestación de que en carpeta diversa 91184/2020, había dos personas detenidas y que corresponden a las características físicas proporcionadas por el ofendido y su esposa y por los retratos hablados, determina que la técnica de reconocimiento de personas no fue inducida como lo señala la defensa. Que ello lo estima así, porque no existe ningún indicio que lleve a considerar que ****, tuvo a la vista previamente fotografías para realizar su técnica de reconocimiento, como lo sostiene la defensa. Que para el órgano judicial no hay datos objetivos que le permitan esclarecer con efectividad de le hayan sido mostradas al ofendido fotografías de los imputados previamente al reconocimiento de personas, para que este haya logrado un reconocimiento positivo en las personas que señaló como lo son *****. Que el señalamiento que hace el ofendido ante el Ministerio Público el nueve de octubre de dos mil veinte, resulta suficiente para considerar hasta ese momento procesal que de manera probable *****, han sido esas personas que desapoderaron de la cartera y tres mil pesos a **** y que hayan realizado todo lo necesario para privarlo de la vida. Que ***** en el reconocimiento de persona, ante la noticia que ha dado el ministerio público, dijo que esa persona que estaba señalando era precisamente la persona que le disparó en dos ocasiones y que en cuanto a la mujer, dio que era la que llevaba el mando, la que más insultaba, y que le indicaba al otro agresor que lo matara, lo que implica que era esa persona la que estaba reconociendo, por su complexión, su estatura, y por esas marcas, manchas en la cara, por lo que da noticia de los motivos que tiene para efecto de poder reconocer a tales personas; misma razón se le da a ****, ya que son las personas que vio cuando ocurrieron los hechos. Que si bien existen las entrevistas de *****, quienes señalan que el cuatro de agosto de dos mil veinte, vieron a **** a en la junta de doble A, y que incluso subió a tribuna, se desestimó su testimonio en tanto que omitieron señalar todas y cada una de las actividades que **** realizó esa noche. En cuanto a la testigo ****, ella únicamente señala que *****, estuvo trabajando desde muy temprano con ella, incluso hace señalamiento de los horarios prolongados que tuvo ese cuatro de agosto de dos mil veinte, donde hubo una carga mayor a la normal y hace referencia a que su empleada ******, estuvo con ella desde la seis de la mañana hasta las once o doce de la noche, lo que se contrapone con lo declarado por esta última, quien mencionó que ese día entro a trabar con ******, a las seis de la tarde, por lo que el horario es distinto a lo que esta señala, pero no obstante ello, tomando en consideración el tiempo vespertino y nocturno que se mencionó ha permanecido en esa negociación de *****, de la que incluso no señalan una ubicación especifica donde se encontraba trabajando, no es posible, para ese órgano judicial hasta ese momento considerar la entrevista en comento, ya que no es suficiente para desvirtuar lo manifestado por el ofendido y la testigo, además de que no expuso en forma concreta las acciones que realizaba *****, en ese horario de las veinte horas con cuarenta y cinco minutos si es que estaba el lugar; más cuando también mencionó que *****, le estaba ayudando a llevar pedidos a domicilios, por lo que no se tiene una noticia de que *****, en el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba realizando la entrega en algún domicilio en específico; que por ello, hasta ese momento procesal no es posible un peso superior a lo expresado por el ofendido y la testigo presencial. Que por ello, existe la probabilidad de que *******, fueron las personas que el día cuatro de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos en las afueras del domicilio ubicado en avenida ****, se dirigieron hacia ***** y con pistola en mano el segundo en mención le exigió la entrega de las llaves de su vehículo, mientras que *****le dijo que hiciera caso o se iba a morir, reaccionando el ofendido en el sentido de aventar las llaves con su celular al interior del vehículo, y es cuando se acciona por primera vez el arma al aire, y es cuando **** le dice que lo va matar y **** le dice que lo mate, momento en el que ****** le da un manotazo a ****y este le dispara lesionándolo en el pie derecho, mientras que Janeth Alejandra se acerca al ofendido y le saca del fondo de su pantalón una cartera con tres mil pesos, por tanto son 34.53 veces a la Unidad de Medida y Actualización, de ahí es que la apreciación del Ministerio Público en cuanto a que se encuadre el robo de ese numerario, corresponde a la fracción II, del artículo 191 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Continuado con la mecánica de los hechos, la juez de control señala que el ofendido al tratar de defenderse y darle una patada a **** la pistola se cae al suelo y aprovecha **** a querer correr para entrar a su casa, momento en que **** le dice a **** que lo mate para que no se escape y es cuando al quererse meter a su casa recibe un disparo en la espalda a la altura del hombro, no sin antes haberle señalado al ofendido de que ya lo "cargó la verga hijo de tu puta madre muérete", cuando hace ese disparo, por lo que se concluye que los sujetos activos ya tenían la visión de obtener ese numerario, así como la intención de causarle la muerte al ofendido. Que por ello, se estima actualizado el robo calificado, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal del Estado de Guanajuato, dado que con lujo de violencia, al apuntarse con arma de fuego e incluso lesionarlo, que además fue cometido por dos personas, *****, por lo que se actualiza lo establecido en el artículo 194 fracciones I y VI del citado ordenamiento legal. Por lo que respecta al homicidio que ha señalado por el Ministerio Público en grado de tentativa y calificado, que encuadra en el tercer supuesto de alevosía, para ese órgano jurisdiccional no existe esa calificativa ni la de ventaja, ya que ha considerado que la ventaja en un momento determinado podría consistir en un arma de fuego o que fueron dos personas, pero que para ese órgano judicial no se actualizan, toda vez, que los sujetos activos no sabían si el ofendido ***** podía responderles con alguna situación diversa, de ello deriva que el citado ofendido también respondió al ataque de las agresiones señaladas, por lo que se considera que no corresponde a lo señalado por la fiscalía en cuanto a la calificativa que se ha referido, razón por la cual solo se considera un homicidio simple en grado de tentativa. Que otro requisito para vincular a proceso a una persona es el que establece la fracción IV, del artículo 316, el cual consiste en que no se actualice una causa de extinción penal o una excluyente del delito, en la especie no se actualiza ninguna de estas. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de vinculación a proceso en contra de *****y otro. De igual forma, emitió auto de no vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo calificado en grado de tentativa, que se había solicitado en contra de los imputados en agravio de *****. Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que este juzgador federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, es importante señalar que el acto reclamado se analizará de conformidad con el sistema penal acusatorio instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de la imputada en la causa penal **** del índice del juzgado responsable, donde se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado. Sin embargo, en la especie se advierte que no existe violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el caso, solo se estudiará el auto de vinculación a proceso reclamado a la luz de las consideraciones debatidas por la quejosa por conducto de su defensor particular, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, se advierte que el acto reclamado no viola algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resulta innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que se advierte que no existe violación a derechos humanos de la quejosa en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes". Precisado lo anterior, en el único concepto de violación la peticionaria alega, por conducto de su defensor particular que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales por lo siguiente: Que la juez responsable al restar eficacia probatoria a las entrevistas *********, se transgrede en su perjuicio el principio rector de presunción de inocencia, que además le da la razón al Fiscal que con la alteración y simulación de pruebas, pretende perjudicar a la imputada, aquí quejosa, con lo que se transgrede el debido proceso, contenido en el artículo 14 constitucional, ya que de la tercera en cita se desprende que ***** se encontraba en un lugar diverso, en donde ocurrieron los hechos. Que su defensa solicitó se dictara auto de no vinculación a proceso, debido a que no existe dato alguno con el cual se acredite de forma probable su intervención en los hechos. Que la resolución reclamada solo se funda en argumentos triviales y pruebas truqueadas para aparentar retratos hablados y fotografías que fueron obtenidas con transgresión al artículo 16 constitucional. Los motivos de disenso sintetizados dada su estrecha vinculación -valoración de los datos de pruebas- se analizarán de forma conjunta, según lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, los cuales son infundados, por las consideraciones siguientes: Ahora, a efecto de contar con un marco referencial que sirva para la solución del presente caso, es necesario destacar el contenido del primer párrafo del artículo 19 constitucional, el cual dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Este precepto constitucional establece cuáles son los requisitos para el dictado de un auto de vinculación a proceso, los cuales consisten en que se exprese: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y, Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Como se ve, el citado código nacional establece que el juez de Control para emitir un auto de vinculación a proceso debe cumplir con estos requisitos: I. Se haya formulado imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Sobre dichos requisitos es necesario destacar que para dictar un auto de vinculación a proceso es innecesario acreditar el delito y la responsabilidad penal, puesto que tales circunstancias son exclusivas de la sentencia; por ende, es dable concluir que para la emisión de este se exige un estándar probatorio mínimo, puesto que solamente se necesitan datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión en grado de suposición. En ese sentido, no es factible someter un dato de prueba a un estándar elevado porque se desnaturalizaría el nuevo sistema de justicia penal; sin embargo, sí deben existir indicios razonables que permitan suponer que se cometió un hecho tipificado como delito, y que es probable que el imputado lo haya realizado o participado en su comisión; por tanto, se presume la existencia de un hecho ilícito como la probabilidad de que el imputado participó, siempre y cuando el órgano técnico acusador aporte datos de prueba que sometidos a contradicción de la defensa y a un examen de razonamiento lógico que no deje dudas en el juzgador sobre su posible actualización, pues de lo contrario se deberá dictar auto de no vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Ahora bien, respecto a la valoración de los datos de prueba, los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación." "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." De este marco legal deriva que el dato de prueba es la referencia al contenido de un medio de convicción idóneo y pertinente (que no ha sido desahogado) para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, para lo cual el órgano jurisdiccional deberá realizar una valoración razonable de los datos de prueba relatados ante su presencia, considerando en favor del imputado la presunción de inocencia, por lo que cualquier insuficiencia o duda deberá dar a lugar a la no vinculación a proceso. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor." Ahora bien, en la resolución reclamada, se sostuvo lo siguiente: En uso de la voz, la defensa expone que no se debe vincular a proceso a los imputados, por lo siguiente. Que de las entrevistas recabadas ante el Ministerio Público en la duplicidad del término, se desprende que los testigos ****, fueron coincidentes en manifestar que el día cuatro de agosto de dos mil veinte **** estuvo presente en el grupo A.A., al que asiste en forma regular, ubicado en el domicilio sito en ***** de esta ciudad de Celaya, en un horario aproximado de las ocho de la noche hasta la diez u once de la noche (20:00 veinte horas a las 23:00 veintidós treinta horas), con lo cual se demuestra que el imputado se encontraba a la vista de múltiples personas por lo cual no pudo estar presente en el lugar de los hechos que refiere el ofendido. Que por lo que hace a la entrevista de *****, ella manifestó que el día cuatro de agosto de dos mil veinte, la aquí quejosa *****, estuvo trabajando con ella a cubrir los pedidos de carne ya que ella vende barbacoa y productos derivados de la carne, ya que tiene un puesto de tacos en un carro ambulante, el cual no es grande, y al respecto paga al municipio derecho de piso, ante lo cual el Agente del Ministerio Púbico le preguntó si tenía dado de alta a su personal ante el IMSS y si el negocio estaba dado de alta en el SAT, Secretaría de Hacienda, siendo que la testigo refirió que no, pero sí dejó patente las actividades realizadas a la imputada, aquí quejosa, que el día cuatro de agosto de dos mil veinte, incluso refirió que desde las seis y media de la noche estuvo con ella trabajando hasta casi las doce de la noche porque tenían que entregar un pedido al día siguiente, con lo que se demuestra que estaba en un lugar distinto a donde el ofendido **** está acusando fueron los que lo habían asaltado. Que tales entrevistas al ser recabadas ante el Ministerio Público, en todo momento se impuso de las declaraciones e incluso les pregunto ampliamente sobre los hechos que depusieron. Enseguida la juez le otorga el uso de la voz para que exponga lo concerniente a la formulación de la imputación (12:13:39 archivo de audio y video Telmex_0). El defensor en uso del voz señala que en cuanto a la solicitud del Ministerio Público de que se vincule a los imputados ****, solo está tomando como datos imprecisos que obran dentro de la carpeta de investigación de la que deriva la causa penal ****, ya que de los hechos que narra el ofendido ****, se permitió que se borrara toda evidencia de lo que sucedió el cuatro de agosto de dos mil veinte a las nueve cuarenta y cinco de la noche, toda vez que ni siquiera existe una fijación de los hechos ni fotográfica ni croquis que indique en donde acontecieron los hechos y menos existe una fijación del vehículo, ya que solo se dice que se pretendía robar al ofendido, incluso después de seis meses, no existe ni siquiera la acreditación de la propiedad por parte de ofendido ***** respecto del citado vehículo que refiere se le pretendía robar, ni una fotografía del mismo o tarjeta de circulación o informes en REPUVE para poder entender que existe al menos el vehículo por el cual se le pretende vincular a proceso a los imputados. Que cuando existe un hecho violento, como el disparo de un arma de fuego deben acudir servicios periciales, atendiendo al protocolo de investigación, pero que ni quiera la policía municipal intervino ni fue llamada. Que el señor ***** manifiesta en sus entrevistas que llegó una ambulancia posiblemente llamada por vecino -el cual tampoco ha sido entrevistado por la Fiscalía a más de medio año-, que lo llevaron al Hospital General herido del hombro y de un pie, pero como tenía miedo al coronavirus se salió del nosocomio sin autorización del fiscal, herido de bala y se fue a atender al Hospital MAC; pero que por informe rendido ante la representación social el nueve de noviembre de dos mil veinte el Hospital MAC informó que ni antes del cuatro de agosto de dos mil veinte ni después de esa fecha, se atendió al paciente con nombre *****, incluso a más de seis meses de los hechos acontecidos el cuatro de agosto de dos mil veinte, no existe un dictamen médico de lesiones, ya que cuando se trató de hacer, el citado ofendido ya había abandonado el hospital. Que no se tiene hasta ese momento procesal ni una fotografía de las lesiones que ofendido señaló tiene en su cuerpo, producidas por las balas que refiere recibió en su cuerpo. Que resulta inverosímil los hechos narrados por el ofendido ***** pues refiere que fue herido de bala en el hombro y en una pierna, pero que hasta ese momento, no existe un dictamen médico que confirme tal aseveración. Que en diversas ocasiones se ha pedido al ofendido, las radiografías con las cuales se pueda verificar que se encuentra lesionado, las cuales refirió que las entregaría al Ministerio Público. Que la radiografía que exhibió ante el Ministerio Público, pero que no la dejó, fue realizada por una institución denominada Salud Digna, y en sus entrevistas nunca refirió que se realizó esa radiografía. Que no existe ningún dato del vehículo, ningún dato de lesiones, por lo resulta incomprensible que el Ministerio Público, pretende vincular a los imputados con datos tan endebles y falsos. Que incluso la vez pasada que el Ministerio Público realizó su exposición omitió informar que el Hospital MAC no atendió al ofendido. Que en la forma en que los imputados son señalados, se debe a una diligencia de identificación por Cámara de Gesel, realizada cuando ya estaban detenidos por una diversa causa; sin embargo, el ofendido ***** en redes sociales manifestó que las fotografías que precisamente corresponden a los imputados, el mismo Ministerio Público se las había proporcionado, que estaban dentro de la carpeta de investigación y que de ahí las había tomado, y ese es un dato totalmente falso, porque esas fotografías no tenían porque estar dentro de esa carpeta de investigación porque se recabaron en un diversa carpeta de investigación. Que ante ello, el ofendido ***** hizo la identificación de los imputados, no porque los haya visto, sino porque son las personas que el Ministerio Público le indicó por medio de esas fotografías, fue lo que él manifestó precisamente en redes sociales y quedó asentado en la ampliación de entrevista que se le hizo, en la que aceptó que estaba publicando esas fotografías, porque las había visto en la carpeta de investigación llevada por Gabriel Camacho. Que por ello, la identificación de persona que se realizó, está manipulada y contaminada por parte del mismo personal de la Fiscalía. Que lo mismo ocurre con el retrato hablado que obra en la carpeta de investigación de los imputados, el cual fue realizado por un perito analista de sistemas, no en un perito retratista, toda vez que en su dictamen que emite, se desprende la especialización de perito de retrato hablado. Que hay una conversión de las fotografías a un retrato hablado, pero es tomado de las fotografías y con ello se considera que se está faltando a la verdad, se está abusando de la buena fe, al solicitar la vinculación a proceso de los imputados, por delitos que se ha comprobado que hayan sido cometidos. Que al respecto abunda, que el nueve de octubre de dos mil veinte, precisamente por la licenciada Guadalupe Laguna, en ese momento presente, solicitó orden de aprehensión em contra de los imputados, donde se le hizo saber como defensa, que estaban enfrentado una investigación y el día doce de octubre siguiente, en la que solicitó fecha para la suspensión condicional del proceso de la otra carpeta, la defensa con consentimiento de los imputados se desistió de la solicitud, para que enfrentarán la investigación, atendiendo al principio de lealtad y buena fe, pero que sin embargo, desde el día doce de octubre de dos mil veinte, la ministerio Público sabía que no se había llevado a cabo esa audiencia, entonces, ¿por qué no detonaron esta audiencia inicial?, ya que esta se llevó a cabo a petición del Juzgado Octavo de Distrito por acuerdo de siete de enero de la presente anualidad, en razón de que se solicitó el amparo y protección de la justicia federal por la orden de aprehensión que se había librado, de la cual se conoció por el propio personal de la Fiscalía que manifestó que ya había causa penal y orden de aprehensión en contra de los imputados. Pero que destaca dos hechos de suma importancia, tales como que a más de seis meses, no se tiene lugar de los hechos, no se tiene dictamen médico, no se tienen periciales de la ropa, no hay cadena de custodia de la ropa ensangrentada del ofendido. Que además, se sale del hospital hace más de cuatro meses, los imputados están en investigación, y la Fiscalía omitió solicitar esta audiencia para que se respetarán la derechos humanos de sus representados y se llevara a cabo la audiencia inicial, donde se les formulara imputación y se les vinculara a proceso si fuera procedente, con lo cual considera que se han vulnerado los derechos humanos de sus representados, toda vez que desde el día doce de octubre de dos mil veinte, tácitamente han estado a disposición de la Fiscalía y esta no lo ha puesto a disposición del juez de control, ya que si bien no se cumplimentó la orden de aprehensión, los imputados si estaban a disposición del Ministerio Público, por lo que se transgrede en su perjuicio el artículo 16 párrafo tercero, que dispone que deben ser puestos a disposición del juez de control, en forma inmediata. (12:26:51archivo de audio y video Telmex_0). La juez pide aclaración a la defensa (12:27:34 archivo de audio y video Telmex_0), en lo relativo a que hay una ampliación del ofendido ***** donde da a conocer que por la carpeta de investigación diversa que llevaba el fiscal donde había fotografías, le fueron mostradas por el fiscal para hacer un reconocimiento, que si eso fue lo que señaló el ofendido en esa declaración. El defensor (12:28:14 archivo de audio y video Telmex_0) manifiesta que él lo señala en las redes sociales; en la ampliación de entrevista manifiesta que efectivamente estuvo publicando las fotografías de los imputados y a parte hace comentarios en los que informa que esa fotografía la vio en la carpeta de investigación que llevaba el licenciado **** de la Agencia 5, por lo que tuvo acceso previo a esas fotografías y con ello fue que realizó la identificación no de las personas que lo agredieron sino de las personas que le mostraron en las fotografías. La juez pregunta si ello fue previo a la diligencia de reconocimiento (12:29:07 archivo de audio y video Telmex_0). El defensor contesta que sí y en forma personal les hizo saber, que se escucha mal, pero dijo que él no podía llevar a cabo una mediación por menos de ochenta mil pesos, ya que le tenía que dar dinero a la gente de la Fiscalía, lo que resulta absurdo (12:29:41 archivo de audio y video Telmex_0). Enseguida, la juez otorga el uso de la voz a la Fiscalía, quien manifiesta (12:29:51 archivo de audio y video Telmex_0) y en forma esencial por lo que importa al punto debate de las diligencias de reconocimiento señala: Que el defensor presentó un escrito recibido el cinco de febrero de dos mil veintiuno a las 12:15 horas, del cual da cuenta la fiscal atendiendo al principio de lealtad, en el cual solicita que se tengan por exhibidas fotografías de los imputados haciendo referencia que fueron subidas a redes sociales como el WhatsApp, señalando que fueron subidas a un grupo denominado "Celaya al momento". Dice en el escrito (lo que destaca), que son del día dos de noviembre de dos mil veinte, a las 04:28 horas, que hay comentarios a las 05:08 horas, e informa que se obtuvieron a través de captura de pantalla, haciendo referencia a que las exhibe para el momento en que se requiera acreditar la identificación de sus representados se tenga en cuenta la técnica de reconocimiento por la cámara de gesel porque refiere fue viciada de origen, informando en ese escrito, que las fotografías sirvieron para el reconocimiento fuera inducir, que el Ministerio Público entregó esas fotografías nuevamente, señalando que se viola el debido proceso, y anexa en esa promoción dos imágenes fotográficas, de la cuales le da cuenta a la juez de proceso y señala que es una captura de pantalla a color en donde esta tachado el número telefónico de quien envía, por la uso de la experiencia en el uso del WhatsApp, pero sí está la imagen de la hoy imputada, se presume, bajo apreciación física que se haga, en donde esta una leyenda que dice: "les comparto tal vez recuerden que me hicieron favor de ingresarme hace un par de meses, pues me asaltaron y como no lo permití, me balearon, a un conservo una bala en mi espalda, estos dos sujetos encantadores, por si alguien los reconoce ya los agarraron y están en la cárcel, pero si a ustedes ellos les intentaron robar, lo está viendo el ministerio público número 5 lic***** carpeta -que es la que hoy nos ocupa- 71332/2020 Agencia 3". De igual forma, le da cuenta a la juez de proceso que la siguiente hoja que se anexa, también es a color, está nuevamente la imagen que aparece en la primera hoja, esta otra imagen de apreciación física que hago, se presumen corresponde al imputado y está una respuesta a ese mensaje del que ya le dio conocimiento, una respuesta que dice: "una pregunta porque tienes tu estas fotos, están dentro de barandilla, recuerda que nadie es culpable hasta que se demuestre, eres policía? o quien te las pasó?". Que ya para finalizar respecto de este tema, dice que el último mensaje que obra agregado a estas imágenes, contesta, la persona que envió el mensaje: "el afectado fui yo y tengo acceso al expediente, pero están juntando más denuncias, por eso las puse aquí, confiando en gente prudente como ustedes, por si alguien más hubiesen afectado y los puedan reconocer, de no ser así, pueden ignorarlas y no tomar en cuenta mi intención, mi intención es ayudar, gracias". Por tanto, en su derecho de contradicción señala que las dos imágenes antes señaladas, tienen hora, siendo las 04:28, 04:31 y 05:08 pm todos, pero no tienen fecha, que en ningún lado se puede observar la fecha, y en ese momento se hace cargo de lo manifestado en torno a que el hoy ofendido ya había visto las fotografías previo al reconocimiento que se llevaría a cabo, porque el licenciado **** se la había mostrado, de lo que se le ha informado a la juez de control, en ningún lado dice tal cosa, y si se toma en cuenta lo vertido por la defensa el ofendido dice hace un par de meses, él nunca dijo cuando tuvo acceso a la carpeta, solo dice "hace un par de meses", no dice ni ayer, ni antier, nada, que no se deben argumentar cosas que no están agregadas a la carpeta, porque se convierten en meras cuestiones subjetivas. Que en ese momento la Fiscalía informa (12:43:07 archivo de audio y video Telmex_0), lo anexado en ese escrito por el profesionista presente que se están violando derechos fundamentales, para hablar de un derecho fundamental habría que hacerse cargo de ciertos requisitos, no puede decirse solo que se violó, por lo que se hace cargo en el sentido de que el artículo 252 en su párrafo tercero dice claramente que los actos de investigación que requieren autorización previa de un juez de control lo son precisamente fracción tercera en el caso que nos ocupa, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, lo que relaciona con el artículo 276 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ambos, donde dice aportación de comunicaciones entre particulares, y aquí señala que se detienen porque no es la primera vez que el abogado presente, exhibe esas imágenes, en la carpeta de investigación ya antes las había anexado, por lo que se está ante presencia de comunicaciones privadas las cuales se pretenden incorporar sin que obre autorización del juez de control, violando el derecho fundamental de las partes intervinientes en esas conversaciones, que es el derecho a la privacidad. Que por lo que hace a las entrevistas, señala que se está en presencia de testigos de coartada, que la tesis que en su título refiere "TESTIGOS DE COARTADA, SUS DECLARACIONES DEBEN DE REFERIR MOMENTO A MOMENTO LA CONDUCTA DEL IMPUTADO", señala que para poder ser tomadas en cuenta las declaraciones de coartada se deberá manifestar de momento a momento de la conducta desplegada de la persona a quien se le imputa ese derecho delictivo, pues de no ser así es susceptible de que al que se le hace la imputación aprovechara el momento no cubierto por los testimonios para cometer el ilícito, es del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 532/88, 160/88, 179/88, 344/88 y 355/88. Que de las entrevistas de ******, no se desprende que los entrevistados hayan detallado momento a momento la conducta desplegada por los imputados, por lo que deben ser desestimados. Enseguida, la juez declara cerrado el debate (13:41:49 archivo de audio y video Telmex_0), y dispone de un receso de quince minutos, al término del mismo expuso, que siendo las catorce horas con diecinueve minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno mediante videoconferencia que se lleva a cabo en la sede de Celaya Guanajuato, del Juzgado Único de Oralidad de la Región III en el Estado, ante esa autoridad juez de control, en esa sede y base, para resolver sobre la petición de la Fiscalía en relación a la vinculación a proceso en la causa penal *****, misma que se instruye en contra de ******, y señala. Que en el caso concreto se encuentran satisfechas las exigencias constitucionales de las cuales se ha manifestado el Ministerio Público y también de ello, lo ha controvertido la defensa. Que de los datos de prueba de los cuales se ha pronunciado en esa audiencia, son suficientes en ese momento procesal para resolver favorable la petición del Ministerio Público. Al respecto la juez de proceso determinó, que las entrevistas de ******, si las debía tomar en cuenta, pero las desestimó porque los entrevistados no narraron de momento a momento la conducta desplegada por los imputados. Con relación a lo manifestado por la defensa, en torno a la información que diera *****, Agente de Investigación Criminal, mediante el oficio 3289/AIC/2020 de fecha siete de octubre de dos mil veinte, relativos a los reconocimientos realizados por ******, de nueve de octubre de dos mil veinte; ello derivado de que los antes nombrados señalaron las características de las personas que ellos observan que desapoderaron de los bienes a ***** y que de ahí se derivara que lo quisieran privar de la vida; señalando sus características, en lo que interesa de la femenina, de veintiún años de edad aproximadamente, delgada, de unos 1.73 metros de altura, morena, cabello al hombro, frente amplia, cara ovalada, cejas delineadas, nariz ancha, labios delgados, con marcas de acné; cuyas características que desde el cuatro de agosto de dos mil veinte se señaló ante la Agente de Investigación que si los volvían a ver, los podían identificar plenamente sin temor a equivocarse; y de ahí se derivaran los retratos hablados realizados por *****y que fueron aportadas mediante oficios 4168/DAI/2020 y 4169/DAI/2020 el primero con las características que proporciona **** y el segundo oficio relativos a los retratos hablados con lo que menciona *****. Refiere la juez de control que la defensa señala que no deben ser considerados estos retratos hablados, porque no fueron realizados por un perito, aunado a que esos retratos hablados se derivan de las fotografías que aparecen en la carpeta de investigación diversa, afirmación que la fiscalía manifiesta que ello no ha sido así, y que en cuanto a la pericia que tenga ****** esta debe ser desacreditada por parte de la defensa si hace ese tipo de señalamientos. Que los retratos hablados realizados por *****, quien señala que esos se derivan de las descripciones del ofendido y de la testigo, no así de una fotografía que la fiscalía le haya proporcionado y que de lo señalado por la defensa, con relación a las impresiones de pantalla que aportó y de lo manifestado que estas fueron en noviembre de dos mil veinte, así como la conversación que se hace en las redes sociales, lo que implica que los retratos hablados se realizan con antelación, es decir al día cinco de agosto de dos mil veinte, por lo que la juez de proceso determina que entonces ello no pudo ser a consecuencia de la aportación de fotografías diversas. Por lo que hace a la técnica de reconocimiento, donde****, hizo manifestación de que en carpeta diversa *****, había dos personas detenidas y que corresponden a las características físicas proporcionadas por el ofendido y su esposa y por los retratos hablados, determina que la técnica de reconocimiento de personas no fue inducida como lo señala la defensa. Que ello lo estima así, porque no existe ningún indicio que lleve a considerar que *****, tuvo a la vista previamente fotografías para realizar su técnica de reconocimiento, como lo sostiene la defensa. Que para el órgano judicial no hay datos objetivos que le permitan esclarecer con efectividad de le hayan sido mostradas al ofendido fotografías de los imputados previamente al reconocimiento de personas, para que este haya logrado un reconocimiento positivo en las personas que señaló como lo son ******. Que el señalamiento que hace el ofendido ante el Ministerio Público el nueve de octubre de dos mil veinte, resulta suficiente para considerar hasta ese momento procesal que de manera probable *****, han sido esas personas que desapoderaron de la cartera y tres mil pesos a **** y que hayan realizado todo lo necesario para privarlo de la vida. Que ****** en el reconocimiento de persona, ante la noticia que ha dado el ministerio público, dijo que esa persona que estaba señalando era precisamente la persona que le disparó en dos ocasiones y que en cuanto a la mujer, dio que era la que llevaba el mando, la que más insultaba, y que le indicaba al otro agresor que lo matara, lo que implica que era esa persona la que estaba reconociendo, por su complexión, su estatura, y por esas marcas, manchas en la cara, por lo que da noticia de los motivos que tiene para efecto de poder reconocer a tales personas; misma razón se le da a *****, ya que son las personas que vio cuando ocurrieron los hechos. Bajo este contexto, se reitera, los conceptos de violación en estudio son infundados. Se explica. Es así, porque, a consideración del suscrito, sí se valoraron adecuadamente los datos de prueba que integran la carpeta de investigación y, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, estos resultaron suficientes, hasta ese momento procesal, para tener por acreditada su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de robo calificado y homicidio en grado de tentativa, en calidad de coautora. En efecto, en la resolución reclamada se precisó que con los datos de prueba expuestos por la fiscalía y por la defensa es posible establecer que los hechos acontecidos se apegan a lo previsto y sancionado por los artículos 191, fracción II, 194, fracciones I y VI 138, 140 y 153 del Código Penal para el estado de Guanajuato, numerales que contienen la descripción típica de los hechos que la ley considera como el delito robo y el de homicidio en grado de tentativa y sus sanciones, así como la calificativa correspondientes. Además, en relación con la valoración de la prueba, se indicó en forma precisa las razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para dictar el auto de vinculación a proceso en contra de la imputada y para ello se explicó de manera suficiente por qué con base en los datos de prueba expuestos se puede concluir que, se acreditó, los hechos que la ley señala como delito de robo calificado y homicidio en grado de tentativa, así como que la imputado actuó como coautora. Así, contrario a lo que señala el promovente del amparo, no solo se tomó en consideración las técnicas de reconocimiento que refiere la parte quejosa, sino que en la resolución reclamada se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la ahora quejosa por su probable participación, como coautora, del hecho que la ley señala como delito de robo calificado y homicidio simple en grado de tentativa, puesto que así se advertía del análisis conjunto e integral los datos de prueba siguientes: Declaraciones de *****. Llamada telefónica del Hospital General de Celaya, donde se informa el ingreso de *****, por presentar heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la espalda y pie derecho. Oficios 4168/DAI/2020 y 4169/DAI/2020, ambos realizados por *****. Oficio 3289/AIC/2020 de fecha siete de octubre de dos mil veinte. Técnicas de reconocimiento de personas en fecha nueve de octubre de dos mil veinte. Oficio 1321/2020, del doctor **** encargado del despacho del Hospital General hace llegar el expediente clínico de ****. Ampliación de entrevista tanto del ofendido así como de la testigo ****, donde les fueron formuladas preguntas por parte de la defensa. Entrevistas que surgen de los testigos señalados por la parte imputada, *******. Impresiones de pantalla donde se hace mención a la existencia de una conversación por medio de WhastApps, y fotografías de los imputados haciendo referencia que fueron subidas a redes sociales". En tal virtud, se estima, correcto que en la resolución reclamada se concluyera que de los datos prueba apreciados en su conjunto se puede sostener el siguiente escenario: Que el cuatro de agosto de dos mil veinte ***** se encontraba lavando su vehículo a fuera de su domicilio ubicado en avenida ********, siendo el vehículo Seat, color negro, modelo 2006, aproximadamente a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, cuando una persona del sexo masculino (******), se le acercó y le dijo no te muevas "hijo de tu puta madre o te carga la verga", dame las llaves del carro mientras sostenía un arma de fuego con ambas manos apuntándole en la cabeza al ofendido, siendo un arma tipo revolver color metálico, quien se encontraba acompañado de *****, quien le dijo que hiciera caso o en ese momento se iba a morir, señalando que se llevarían su carro viejo, mientras que **** le dijo "dame las llaves me lo voy a llevar viejo pendejo" que la reacción del ofendido fue aventar su teléfono celular con las llaves adentro del vehículo por lo que **** acciona el arma de fuego y dispara al aire y le dice que lo va a matar, mientras que **** le dice: "ya chíngatelo al perro por pendejo", pero que el ofendido le da un manotazo a las manos de ***** y este le dispara y lo lesiona en el pie derecho, mientras ****, se acerca a ****** le revisa la bolsa del pantalón y le saca una cartera donde traía tres mil pesos, que el citado ofendido intenta defenderse y le da una patada con la pierna izquierda a ****** y el arma cae al suelo, momento que aprovecha el ofendido para intentar entrar a su casa, sin embargo, ******, señala a ***** mátalo que se te va a pelar y***** le da un balazo a la altura de su hombro, por lo que el ofendido se tira al suelo y se queda inmóvil y a pesar de sentir un golpe en las costillas no se mueve para que pensaran que estaba muerto, señalado ****, que ya se murió y ****** dijo "ya le tocaba que se lo cargara la chingada", y el ofendido ve cuando se retiran estas personas, y también la esposa del ofendido ****** observó como acontecieron los hechos por la ventana, se llevan al ofendido a recibir atención médica. Así, este juzgado federal considera ajustado a un marco de razonabilidad la determinación alcanzada en la resolución reclamada en cuanto a que ******, es la persona que desapoderó a ***** de su cartera y la cantidad de tres mil pesos y le pidió a ***** privara de la vida a *****. En ese sentido, contrario a lo alegado por la quejosa, la resolución reclamada no es violatoria de sus derechos fundamentales, pues tal como se destacó, se relacionaron cada uno de los datos de prueba con la que se determinó razonablemente que en la especie la quejosa actuó como coautora. Además, en la resolución reclamada, se expusieron los razonamientos para desestimar los argumentos en los que su defensa sostuvo que son ilícitas las pruebas de reconocimiento realizadas por el ofendido y su esposa, argumentos que, a consideración de quien hoy resuelve, son acertados, toda vez que el juez responsable señaló que, en esa etapa procesal, dichos argumentos carecían de eficacia jurídica para restarles valor probatorio y desvirtuar el contenido de los diversos datos de prueba en los que se soporta el auto de vinculación a proceso. Esta consideración encuentra sustento en la contradicción de tesis 87/2016 resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes transcrita, en la que se precisó que la diferencia entre la conformación del artículo 19 constitucional antes y después de la reforma estriba en que, en el anterior sistema resultaba necesario "acreditar" el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para que una persona pudiera ser sometida a un proceso penal. En contraposición, en el nuevo sistema, para vincular a una persona y someterla a una investigación formalizada, se debe "establecer", a partir de los datos referidos por el Ministerio Público (de acuerdo con el código nacional serán datos de prueba) que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Respecto del ejercicio que deberá llevar a cabo para establecer si un hecho o serie de hechos encuadra en un tipo penal y que le permita, en su caso, vincular a una persona a una investigación formalizada. Cabe hacer alusión que antes, para el dictado del auto de formal prisión se requería el "acreditamiento" del cuerpo del delito, ello implicaba, por un lado, identificar el ilícito o ilícitos (desde luego precisando los elementos típicos que la conforman) por los que se seguiría el proceso, así como su plena acreditación. En cambio, en el nuevo sistema, la disposición constitucional contempla un ejercicio distinto, a partir del cual se deberá "establecer", a partir de los datos, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito. En la resolución reclamada se cumplió con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada contradicción de tesis, debido a que, se reitera, ahí se estableció que los argumentos en los que la defensa se sostiene la ilicitud de las pruebas de reconocimiento de los imputados son insuficientes -hasta ese momento procesal- para desvirtuar el cuadró fáctico que se estableció a partir de los datos de prueba y que soportan el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso. Además, en la resolución reclamada, se expusieron los razonamientos para desestimar los argumentos en los que la defensa se sostiene la ilicitud de las pruebas de reconocimiento de los imputados, argumentos que, a consideración de quien hoy resuelve, son acertados, toda vez que la juez responsable señaló que, en esa etapa procesal, dichos argumentos carecían de eficacia jurídica para restarles valor probatorio y desvirtuar el contenido de los diversos datos de prueba en los que se soporta el auto de vinculación a proceso. Por ende, es ajustado a derecho el juicio de razonabilidad utilizado en la resolución reclamada para analizar los datos de prueba expuestos, desvirtuar las argumentos expuestos por la defensa y dictar auto de vinculación dictado en contra de *******. Además, es pertinente precisar que una de las características del sistema de justicia penal de corte acusatorio es que el juzgador no tiene acceso directo a la carpeta de investigación, ello con la finalidad de evitar un prejuicio sobre la conducta del imputado; de ahí que no resulte factible analizar las pruebas documentales allegadas, por el defensor de la quejosa en su escrito registrado 2705; por tanto, el análisis de los datos de prueba que realicen en el asunto, en primera o segunda instancia, será ponderando con base en los argumentos orales esgrimidos por las partes a fin de respetar los principios de igualdad procesal y contradicción; por tanto, devienen infundados los conceptos de violación en estudio. Conforme a las consideraciones expuestas a lo largo de este considerando y al ser infundados los conceptos de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a Fiscal Regional "C" residente en esta ciudad, cuya denominación correcta es agente del Ministerio Público a la Agencia de Litigación de Trámite Común Región "C", ya que no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a ******, en contra de los actos que reclamó del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya y del Fiscal Regional "C" residente en esta ciudad, cuya denominación correcta es agente del Ministerio Público a la Agencia de Litigación de Trámite Común Región "C", por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
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Visto el estado de autos, se advierte que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra ausente por licencia concedida por el Consejo de la Judicatura Federal, sin que el secretario encargado del Despacho por Ministerio de Ley, haya sido autorizado por el Pleno de dicho Órgano Colegiado, para resolver cuestiones de fondo, por lo que con fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la audiencia prevista para el día de hoy se difiere para las catorce horas con veinte minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno.
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