Janet Ilenne Onnen
Expediente 871/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Janet Ilenne Onnen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio del actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que contiene inserto el acuerdo de ocho de marzo actual, emitido en el recurso de queja 4/2022 de la estadística de la superioridad, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de reclamación en contra del auto por el que desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto en el presente asunto. Acúsese recibo vía interconexión. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención al punto vigésimo, fracciones I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del consejo de la Judicatura Federal, respecto al legajo de copias certificadas del presente cuaderno que remite la oficiante deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude dicho punto; mientras transcurre tal término, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por la parte quejosa.
- Principal
Por recibido el oficio del actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que contiene inserta la determinación de dieciocho de enero actual, dictada en el recurso de queja *********** de la estadística de la superioridad, de la que se advierte que se desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto en que se desechó su demanda amparo.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto en el que se desechó su demanda, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme dicho proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Vista la comparecencia que antecede, se advierte que la apoderada legal de la quejosa, ratificó las firmas y contenido del escrito de demanda y del diverso aclaratorio que presentó el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Al respecto, se tiene a la promovente cumpliendo con la prevención que se le formuló en auto de diecinueve del mismo mes y año y se provee: Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En ese tenor, se advierte que se actualizan de forma notoria e indudable las causales de improcedencia relacionadas con la extemporaneidad en la presentación de la demanda que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV , en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que la quejosa tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento de los actos que reclama, sin que se encuentre en alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el propio numeral y la otra prevista en el mismo dispositivo, pero en su fracción XI, dado que fue materia de análisis en diverso proceso de amparo y constituye cosa juzgada. Para justificar lo anterior, se enunciarán los antecedentes necesarios que se obtienen de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, tanto de la demanda como del escrito aclaratorio, adminiculados con las constancias exhibidas por la propia promovente. Al respecto, son: El veintinueve de septiembre de dos mil quince, la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua practicó una visita de inspección en la zona de protección de la presa de Jalpa, ubicada en el Municipio de San Miguel de Allende, colindante con el inmueble cuya titularidad ostenta la quejosa. El uno de agosto de dos mil dieciséis, la misma dependencia verificadora, emitió el oficio *********** en el que ordena a la quejosa derrumbar una barda que ocupa una parte de la zona de protección federal en la Presa de Jalpa, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato; además, impuso una multa a la quejosa. Inconforme con lo anterior, la peticionaria interpuso recurso de revisión, que fue resuelto el ocho de junio de dos mil diecisiete, por el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, mediante oficio **********. En el fallo se confirmó la anterior determinación y se impuso una multa a la quejosa. La resolución fue controvertida ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Dicho órgano resolutor, el nueve de febrero de dos mil dieciocho reconoció la validez de aquélla. La peticionaria promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del XVI Circuito bajo el número *********. El dieciocho de junio de dos mil dieciocho emitió ejecutoria en la que negó la protección federal. El nueve de mayo de dos mil diecinueve, la aquí autorizada de la quejosa presentó un escrito a la Directora General de la Comisión Nacional del Agua, en el que le hace saber que el muro que está obligada a derrumbar, forma parte de un monumento histórico y su conservación o restauración son competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que solicitó que se le "abstenga de la demolición y/o remoción de la obra civil histórica" y "se anule la sanción impuesta". A dicha petición recayó el oficio **********, de seis de junio de dos mil diecinueve, signado por el director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, por conducto del subdirector de Administración del Agua. En dicha misiva, se le respondió que "no es posible atender la solicitud de referencia en los términos solicitados", puesto que existe sentencia firme de nueve de febrero de dos mil dieciocho -y amparo directo- que negó la invalidación de la resolución que le ordena la demolición del muro; esto es, que la obligación fue impuesta en resolución firme. La anterior determinación fue notificada a la promovente, el trece de junio de dos mil diecinueve, tal como se asentó en el mismo oficio "recibí original. ************(una firma ilegible***** sin que obre constancia que evidencie una situación fáctica distinta. El trece de octubre de dos mil veinte, el director del Centro Guanajuato, del Instituto Nacional de Antropología, emitió el oficio *********, dirigido a la quejosa, en el que "no se autoriza" la demolición del inmueble denominado "barda que va del casco de la hacienda de Jalpa al vaso de la presa del mismo nombre" al tratarse de un monumento histórico." Ante esta circunstancia, es decir, que existe una resolución firme que la obliga a actuar y, según su dicho, se opone a lo estipulado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, comparece a esta instancia constitucional, reclamando del director Local Guanajuato y director general, ambos de la Comisión Nacional del Agua, así como al director general del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de forma expresa: "De todas las autoridades la omisión de llevar a cabo un investigación previa a la visita de inspección que llevó a cabo el día 29 de septiembre de 2015 con base en la cual se dio por sentado de una manera a priori que la suscrita, que vivo contigua a una barda que entra a la Presa de Jalpa fue quien la construyó y están obligándome a demoler dicha barda y al pago de una sanción de $*********sin haber siquiera investigado que dicha barda es parte de un monumento histórico que compete al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). De la Directora General de la Comisión Nacional del Agua, que sin atender mi petición simplemente la remitió nuevamente al Director Local Guanajuato y no atendió el hallazgo de que la barda que me obligan a tirar es del Siglo XIX y cuya competencia corresponde al INAH. Dicha petición la llevé a cabo el día 09 de mayo de 2019 ingresándola en la Secretaría Particular de la Dirección General. Del Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, y del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, no solamente la omisión de analizar el fondo de mi asunto, al determinar un hallazgo novedoso después de emitida la sentencia sino además el de no haber intervenido para su solución y haber dejado que este asunto continuar al arbitrio del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua con las correspondientes responsabilidades de los servidores públicos involucrados, permitiendo que se cometan ilegalidades y se desconozcan los hechos con tal de obtener el monto de la multa y permitiendo que se siga obstaculizando la justicia, por dicha omisión." Ahora bien, de la lectura anterior, en consonancia con la integralidad de la demanda entendida como un todo, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 55/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", es factible obtener como conductas tildadas de inconstitucionales: De la directora general de la Comisión Nacional del Agua, la remisión al director Local Guanajuato de su petición formulada el nueve de mayo de dos mil diecinueve (inciso f), alegando como vicio que fue omisa en atender la problemática que relató en su escrito, esto es, la aparente contradicción entre la obligación firme que se le impuso, de tirar la barda enunciada en antecedentes. Del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, la resolución que se dio a su petición (referida en el inciso que antecede), visible en el oficio *********, de seis de junio de dos mil diecinueve alegando, a su vez, como vicio que han permitido que "se cometan ilegalidades y se desconozcan los hechos." De la totalidad de las autoridades responsables, la inspección practicada el veintinueve de septiembre de dos mil quince, (que formó parte del procedimiento por el que se impuso a la quejosa la obligación de tirar la barda) atribuyéndole el vicio de haberse efectuado omitiéndose una previa investigación, la cual resultaba necesaria para conocer que se trata de un monumento histórico. Sin que pase inadvertido que dicha conducta también se la atribuya al director general del Organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico; sin embargo, de las constancias obrantes en autos no se advierte su participación. Ahora bien, en lo que concierne a los actos identificados con los incisos 1) y 2), se obtiene a partir de los antecedentes, que la peticionaria conoció, al menos, desde el trece de junio de dos mil diecinueve en que se notificó el oficio mencionado, el cual, se insiste, fue emitido en respuesta a la petición de ser eximida de la obligación y sanción impuestas. Luego, si la demanda de que se trata fue presentada hasta el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, según se desprende de la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común, es indudable que transcurrieron en exceso los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso estemos ante alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Es aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 115/2010, Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXIII, enero de dos mil once, página 5, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." En cuanto a la tercera conducta reclamada, consistente en la inspección practicada el veintinueve de septiembre de dos mil quince, que a la postre motivó el procedimiento y resolución que le generó la obligación de derrumbarla y le impuso una multa, ya fue materia de análisis en sendos procesos y constituye cosa juzgada, por lo que no puede traerse a cuenta nuevamente en el presente. En efecto, de las constancias exhibidas por la responsable, concretamente las que generaron sendas resoluciones en el proceso impugnativo por el que transitó la quejosa, se desprende que en el juicio de nulidad ante la Sala Regional del Centro III, ésta ofreció la documental de informes a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que determinara si la barda de mampostería detectada por la autoridad administrativa tiene el carácter de bien protegido, si puede ser demolido y su antigüedad; sin embargo, fue desechada por el magistrado instructor. A su vez, la actora-quejosa interpuso recurso de reclamación que se resolvió confirmando el desechamiento del medio de convicción y esa cuestión fue también materia de impugnación en el amparo directo como violación procesal; empero, el Tribunal Colegiado que conoció del juicio declaró inoperante su causa de pedir. Lo anterior evidencia que la quejosa estuvo en posibilidad de controvertir, desde aquel momento, el tópico relacionado con la naturaleza histórica del muro, pero su actuar fue insuficiente para ello. De ahí que su pretensión de traer a esta instancia constitucional ese tema, no obstante haberse tenido oportunidad de hacerse valer y resolverse en el juicio de amparo directo, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual la instancia constitucional es improcedente en contra de normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Ello, en el entendido de que, si bien dicho precepto establece a la letra la improcedencia si ciertas conductas fueron materia de otro juicio de amparo; sin embargo, no debe interpretarse en su literalidad, sino que es factible comprender que la intención del legislador es evitar que se analicen nuevamente tópicos que ya constituyen cosa juzgada. Estimar una interpretación diversa, implicaría la posibilidad de estudiar cuestiones ad infinitum, cuya oportunidad impugnativa precluyó precisamente por la dinámica procedimental, contraviniendo inclusive la seguridad jurídica reconocida como derecho fundamental. Sirve únicamente como criterio orientador, la jurisprudencia 1a./J. 21/2003, visible en la página trescientos catorce en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, abril de dos mil dos de rubro y texto: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo.
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