Jaime Vázquez González
Expediente 216/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Vázquez González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de quince de abril de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por *****; sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se desechó la demanda presentada y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el juez Único Civil de Partido en Uriangato, Guanajuato, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 157/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, dese de baja en la estadística de este juzgado el despacho de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de comunicaciones oficiales enviadas, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Recepción del oficio y anexos. Visto el oficio signado por el juez Único Civil de Partido en Uriangato, Guanajuato, a través del cual remite un escrito de presentación de demanda y la propia demanda de amparo presentada por *****, en contra de actos del juez Único Civil de Partido en Uriangato, Guanajuato, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 216/2021-IV. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, se obtiene que la parte quejosa reclama la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dentro del incidente de liquidación de pago de gastos y costas procesales, derivado del juicio **** del índice del Juzgado Único Civil de Partido en Uriangato, Guanajuato. En dicha resolución se revocó parcialmente el auto recurrido para negar la prórroga de diez días que solicitó el perito ofrecido por la parte demandada incidental para presentar su dictamen. De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable. Ahora, de los elementos objetivos que derivan del escrito de demanda, vertidos por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes: En el juicio **** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido en Uriangato, Guanajuato, se dictó sentencia en la cual se condenó al aquí quejoso al pago de gastos y costas procesales en favor de ******. En ejercicio y ejecución de la sentencia el actor promovió incidente de liquidación de pago de gastos y costas procesales en el cual ambas partes aportaron pruebas, dentro de las cuales destaca la pericial en materia de avalúo fiscal. El perito propuesto por el ahora quejoso solicitó una prórroga para rendir su dictamen por el término de diez días hábiles; la que le fue concedida en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno. Inconforme con la determinación anterior, la parte actora promovió recurso de revocación, el cual fue resuelto el diecinueve de marzo de la presente anualidad, en el sentido de revocar parcialmente el auto recurrido y se señaló al perito de la parte demandada que no ha lugar a conceder la prórroga de diez días que solicitó. Esta determinación es el acto reclamado. De lo anterior se desprende que el incidente en el cual se dictó la resolución reclamada se encuentra en trámite, puesto que el auto revocado se trata de uno que tuvo por ampliado el plazo para que el perito en comento presentara su dictamen, es decir, está en etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas. En tal virtud, el quejoso se encuentra en aptitud de acudir ante la autoridad responsable -pues es la parte demandada incidental- y hacer valer los medios de defensa ordinarios que tenga a su alcance en contra de los actos que le causen perjuicio, antes de acudir al juicio de amparo; es decir, el acto reclamado no es uno cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la ley fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con la tramitación del incidente formulado por la contraparte del aquí quejoso y, que pueden restituirse si el peticionario del amparo obtiene una resolución favorable a sus intereses en ese incidente; lo cual implicaría que dicha violación no haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica y en caso contrario, podría hacerlo valer como una violación procesal en amparo indirecto en contra de la resolución interlocutoria. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse en este momento mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause al quejoso un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, en los términos requeridos por la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis con número de registro 220175, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 216, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE UN INCIDENTE, POR NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION. Como el auto admisorio de un incidente, por su naturaleza jurídica procesal no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de garantías que se promueve en su contra es improcedente, de conformidad con el artículo 114, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, del mismo ordenamiento, pues la determinación judicial combatida no tiende a privar al quejoso de un derecho, bien o posesión, ya que sería hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado cuando podría darse el perjuicio derivado por su admisión." En efecto, como se dijo, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso, habida cuenta que se traduce, en su caso, en una violación intraprocesal, la que puede resarcirse al momento del dictado de la interlocutoria que se llegue a emitir en el incidente de liquidación de gastos y costas procesales del que deriva el acto reclamado, o bien, de no ser así, ésta es susceptible de reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto que, en su caso, se promueva en términos de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Esto se considera así, atendiendo a que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deberá formularlos a través de los conceptos de violación que se expresen en la demanda de amparo indirecto que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación de gastos y costas procesales derivado del juicio *****, lo que quiere decir que, no puede reclamarse en forma autónoma; razonamiento anterior que cobra fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no al resultado de la resolución interlocutoria. Es aplicable, por los motivos que en ella se exponen, la jurisprudencia I.6o.C. J/28 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil uno, Novena Época, materia civil, común, visible en la página 1696, que establece lo siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SON IMPUGNABLES, JUNTO CON LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, EN AMPARO INDIRECTO. Si en ejecución de sentencia, en la tramitación de un incidente que culmina con una interlocutoria, susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, el afectado puede reclamar éstas, junto con dicha interlocutoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pudiéndose aplicar por analogía los principios que rigen el juicio de amparo directo, contenidos en los numerales 158, 159, 160 y 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Ley Fundamental." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu; consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio. Ahora, la parte promovente señala para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en ****, número 21, colonia Linda ****; en tal virtud, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la ley de la materia, en relación con los numerales artículos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente auto al quejoso, en el domicilio indicado y lo requiera para que dentro del término de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Una vez realizada la diligencia de que se trata la autoridad despachada deberá remitir las constancias respectivas, apercibida la autoridad despachada que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Autorizados. Así mismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se le autorice en los términos amplios a que alude el mencionado precepto legal. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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