Jairo Ramírez Covarrubias
Expediente 1085/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/11/2018
Partes del expediente
- Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit
- Jairo Ramírez Covarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el veintiuno de septiembre del año en curso (fojas 69 a 71), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinticuatro de septiembre del presente año (foja 72), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el veintiocho siguiente (fojas 73 a 75); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del dos al cuatro de octubre del año actual. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el tres de agosto de dos mil dieciocho (fojas 37 a 59), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, con número de referencia 00097000928A16103291 y la constancia de pago exhibida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de esa Secretaría, con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el treinta de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. (.)" Resolución que causó ejecutoria el treinta de agosto del año en curso (foja 66). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en el precepto 23, fracción XII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuvieran de aplicarlos en contra del solicitante de amparo, tanto en el presente como en el futuro. Se le devolviera al amparista la suma de $5,428.79 (Cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 79/100 Moneda Nacional), por concepto de revalidación de permiso de minisúper, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas alcohólicas, asimismo lo relativo a los impuestos especiales adicionados. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiuno de septiembre del actual año (fojas 69 a 71), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, exhibió copia con firma original de recibo del cheque número 0000868 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $5,480.32 (Cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional) por concepto de la suma que en su momento erogó el solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente; documento mercantil que le fue entregado al quejoso el veinte de septiembre del año en curso. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $5,428.79 (Cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 79/100 Moneda Nacional) por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 11 y 35) y el once de septiembre del referido año, la autoridad responsable expidió al aquí quejoso el cheque antes indicado (foja 70); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de este año entre el índice para el mes de agosto de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de agosto de esta anualidad fue de 100.492 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.758; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1, de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $5,428.79 (Cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 79/100 Moneda Nacional), menos la cantidad que no es objeto de devolución, a saber: $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional) por comisión bancaria se obtiene $5,425.79 (Cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió al quejoso la cantidad de $5,480.32 (Cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable sólo debía devolver al agraviado era de $5,425.79 (Cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 79/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $5,480.32 (Cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional), es decir, entregó un excedente de $54.53 (Cincuenta y cuatro pesos 53/100 Moneda Nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir al quejoso, en razón de que los gastos administrativos que realizaría la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio del numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por ***, a través del cual señala autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con base en lo establecido por el arábigo en mención, se tiene como autorizado en términos amplios a Sixto Duarte Álvarez. Por otra parte, solicita se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de garantías con nombre de usuario "sixto.duarte", en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente a Sixto Duarte Álvarez, con nombre de usuario "sixto.duarte", ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor. Por último, pide se le autorice la toma de registros fotográficos o imágenes a través de cualquier medio electrónico; por lo tanto, con sustento en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, y toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes previa autorización del Juzgado, pueden obtener copia de cualquier constancia o documento que obre en autos y por economía procesal, se faculta al promovente, así como a los autorizados que se indican el uso de medios electrónicos, para obtener reproducción de las constancias que obren en este juicio de garantías, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro indica: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA".
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por *, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia con firma original del quejoso Jairo Ramírez Covarrubias, de la entrega del cheque valioso por la cantidad de $ *, en cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la ley de amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la resolución terminada de engrosar el tres de agosto del presente año (fojas 37 a 59); en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, visto el sentido de dicha sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de amparo, requiérase a la Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual ley de amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevén los artículos 193 y 269 de la ley citada.
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