Janeth Elizabeth Plaza Marchan

Expediente 556/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
556/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Janeth Elizabeth Plaza Marchan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por la quejosa, por medio del cual desahoga la vista otorgada en proveído de veinte de junio anterior y al efecto manifiesta que el recaudador responsable realizó una transferencia bancaria a su favor, por lo que solicita se declare cumplida la ejecutoria de amparo emitida en autos; en consecuencia, se le tiene en tiempo y forma desahogando la vista aludida. Por tanto con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, este juzgado procede a analizar respecto del cumplimiento dado al fallo protector. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***Así, visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 116 y 117), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que, una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinte de junio del año que transcurre (foja 118), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo cual realizó en los términos precisados al incio de este auto. En esa línea, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el siete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 77 a 90), se determinó por una parte, sobreseer y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Secretario y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $15,230.55 pesos, que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de préstamo hipotecario, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a los solicitantes del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debían realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, son las siguientes: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, esto es, para que no se lo apliquen en el presente ni en el futuro. B) Devolverle a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), respecto de la cantidad de $15,230.55 (quince mil doscientos treinta pesos 55/100 moneda nacional), que pagó, por concepto de "INSCR. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO"; "INSCRI. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", cantidad que deberá estar debidamente actualizada. Luego, el treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 107 y 108), causó ejecutoria el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, a través del oficio presentado por la autoridad responsable (fojas 116 y 117), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, es decir, devolvió el catorce de junio de la presente anualidad a la parte quejosa, por medio de transferencia bancaria, (foja 117), la cantidad de $14,950.55 (catorce mil novecientos cincuenta pesos 55/100, moneda nacional), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y la cantidad debidamente actualizada; por lo que es evidente que con ello dio cumplimiento al fallo protector. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $15,230.55 (quince mil doscientos treinta pesos 55/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional); nos da como resultado la cantidad de $14,950.55 (catorce mil novecientos cincuenta pesos 55/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de marzo del presente año y el catorce de junio del año actual, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil dieciocho a mayo del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo del presente año entre el índice para el mes de febrero del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue 132.009; y, para el mes de mayo 131.773. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0017. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,975.96 (catorce mil novecientos setenta y cinco pesos 55/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $25.41 (veinticinco pesos 41/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $14,950.55 (catorce mil novecientos cincuenta pesos 55/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la autoridad responsable debía devolver a la quejosa era de ********************sin embargo, éste reintegró la diversa de ********************, es decir, omitió reintegrar la cantidad de ********************, pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte, sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual, nombra delegados, revoca los anteriores y señala domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; asimismo, refieren que la cuenta predial U038495, corresponde a un predio urbano y que el contribuyente (parte quejosa) debió pagar el impuesto predial en junio de dos mil dieciséis la cantidad de $104,198.46 (ciento cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 46/100); empero, debido a que no pagó en tiempo se le hicieron varios recargos por los años de dos mil diez a dos mil dieciocho, ascendiendo a la cantidad de $209,615.73 (doscientos nueve mil seiscientos quince pesos 73/100), por lo que al realizar un cálculo considera que no tiene nada que devolver. No obstante lo anterior, se insiste a las autoridades responsables que la sentencia emitida el tres de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 630 a 665 de autos del tomo II), se concedió para el efecto siguiente: "que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y Predios Urbanos y Rústicos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, devuelva la cantidad total que la quejosa pagó el trece de mayo de dos mil dieciséis, (correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince), por concepto de impuesto predial respecto del predio con cuenta predial U038495, con clave catastral 20-041-01-003-025-000, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por constituir el primer acto de aplicación en perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional, la que deberá ser debidamente actualizada como si se tratara del pago de lo indebido; a excepción, de las actualizaciones, actualizaciones de rezago, recargos, recargos de rezago o bien, por diversos impuestos no reclamados en el juicio que nos ocupa, en caso de existir. Por ende, los efectos de la protección constitucional abarcan en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo". Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, den cumplimiento cabal al fallo protector concedido en los términos indicados en la sentencia dictada en el presente juicio, o bien, informen el impedimento legal que tienen para ello. Máxime que, la sociedad está interesada en que se ejecuten las sentencias emitidas por los órgano jurisdiccionales por constituir una verdad legal. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, o bien, manifestar el impedimento legal que tengan al efecto, se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; de igual manera, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Finalmente, con fundamento en el arábigo 9, de la Ley en comento, se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, los que señala en su informe, de conformidad con los dispositivos 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su ordinal 2 y, por revocados los anteriores delegados.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio de cuenta a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, comunica que el dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Sara Iden Arjona Cambero, contra la resolución de seis de octubre de dos mil dieciséis, por la que, negó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos de la Secretaria de Estudio y cuenta en funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Sata María del Oro, Nayarit. Medio de impugnación que quedó registrado bajo el número 347/2018; en tal virtud, agréguese el comunicado de mérito, para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la delegada de las autoridades responsables denominadas Tesorero y Síndico Municipales, ambas del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con residencia en esta ciudad, esta última en representación del aludido Ayuntamiento y anexos, mediante los cuales informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.

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