Jaime Raúl Chávez García
Expediente 1240/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1240/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2021
Partes del expediente
- Jaime Raúl Chávez García
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que por auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda promovida por Jaime Raúl Chávez García; sin que se hubiese interpuesto recurso alguno contra el mismo, dentro del término previsto por el numeral 98 de la Ley de Amparo, como se aprecia de la certificación que antecede; luego, con fundamento en los arábigos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su precepto 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existen diligencias que desahogar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 21, inciso b), prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvase al Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, dos tomos de constancias remitidos vía informe justificado, toda vez que en el presente juicio de amparo biinstancial se ordenó el archivo definitivo del mismo, como se precisó. VISTA CAMBIO DE TITULAR. Comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual remite testimonio de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, número de SISE (211/2021) en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado dentro del juicio de amparo directo 246/2020, de su índice, del cual se desprende que dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda promovida por Jaime Raúl Chávez García, contra actos reclamados del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por lo que adjunta el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la citada demanda del que se desprende lo siguiente: Informe justificado rendido por el Magistrado Presiente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y dos tomos de constancias. Notificación de veintisiete de febrero de dos mil vente, a Jaime Raúl Chávez García, respecto la interposición de la demanda de amparo directo; y, Emplazamiento realizado el diez de marzo de dos mil veinte, al tercero interesado Jacob Rodríguez Verduzco. Luego, con apoyo en el numeral 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, se avoca al conocimiento de la demanda de referencia y acepta la competencia declinada; acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1240/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad, lo siguiente; a) La resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, número de SISE (211/2021) en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado dentro del juicio de amparo directo 246/2020, de su índice, a través de la cual, se declaró incompetente para conocer en la vía directa de la demanda promovida por Jaime Raúl Chávez García, contra la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el propio quejoso en contra de la sentencia definitiva condenatoria de primera instancia en donde resolvió dejar insubsistente la resolución definitiva de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve emitida por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santiago Ixcuintla, Nayarit y reponer el procedimiento. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso a, del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el último aplicado en sentido contrario que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que, por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De acuerdo con el anterior precepto, el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio, siempre que causen perjuicio de imposible reparación. Al respecto, el propio arábigo establece que debe entenderse que se causa un perjuicio de imposible reparación cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de acuerdo con la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la acción constitucional es procedente contra resoluciones intraprocesales dictadas dentro del procedimiento jurisdiccional, cuando causan daño de imposible reparación. En ese orden de ideas, tal disposición, entendida en sentido contrario, establece que la vía de amparo indirecto es improcedente contra actos dictados durante la substanciación de un juicio, si estos pueden ser reparables con el dictado de la sentencia definitiva dictada en dicho procedimiento. La razón fundamental del requisito anterior es que, si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que se le pudo ocasionar desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que, de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. En efecto, producen "ejecución irreparable" los actos dentro de juicio sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. De ahí que el juicio de amparo es improcedente contra los actos dictados en el trámite del juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso. En el caso, cabe recordar que el quejoso reclama de la responsable, la resolución emitida el treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad, dentro del toca civil 347/2019 de su índice, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el propio quejoso en contra de la sentencia definitiva condenatoria de primera instancia en donde resolvió dejar insubsistente la resolución definitiva de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve emitida por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santiago Ixcuintla, Nayarit, dentro del juicio civil número 295/2018 y en su lugar, ordenó reponer el procedimiento, para efecto de que sean notificadas las partes del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve y en su oportunidad emita la resolución que en derecho proceda, considerando con ello, que se transgredió en su perjuicio las garantías consagradas en los dispositivos 1, 14 y 16 Constitucionales. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación; no es un acto de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, puesto que el único efecto que produce tal acto que reclama, es subsanar la omisión en que incurrió el Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia, con sede en Santiago Ixcuintla, Nayarit, dentro de los autos del juicio civil ordinario 295/2018, de su índice; esto es, ordena se notifique a las partes del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, proveído en el cual el juez de instancia declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada Jaime Raúl Chávez García (aquí quejoso), y al no haber diligencia pendiente por desahogar, ordenó turnar los autos para la emisión de la resolución correspondiente; por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados. Máxime, que dicho auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en el cual el juez de instancia declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada Jaime Raúl Chávez García, y que el tribunal de alzada ordena notificar no constituye una resolución que de imposible reparación para la procedencia del presente juicio de amparo indirecto, pues cuando se desechen pruebas legalmente ofrecidas, o como ocurre en el caso, se declare desierta, está contemplada como una violación procesal que debe hacerse valer en amparo directo, al tenor del ordinal 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Hechos: En la causa tramitada bajo las disposiciones del sistema procesal penal mixto, la defensa del inculpado -quejoso- ofreció como prueba el informe a cargo de diversas instituciones financieras ante el Juez de instrucción, quien la desechó por considerarla extemporánea; decisión que fue confirmada por el ad quem al resolver el recurso de apelación, y contra dicha determinación el quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que se desechó de plano la demanda por considerar que se actualizaba una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que no constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, el hecho de que la autoridad de segunda instancia confirme el auto que desecha las pruebas ofrecidas por el inculpado ante el Juez de origen, al actualizarse una excepción a la regla derivada del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio en la vía indirecta es improcedente contra actos en juicio que no sean de imposible reparación. Justificación: Conforme al artículo 107, fracción V, citado, el juicio en la vía indirecta procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos; así, la no admisión de pruebas, por regla general, no es un acto dentro de juicio de ejecución irreparable, pues no tiene por efecto agraviar materialmente derechos sustantivos del imputado, como el de defensa, sino que se trata de una actuación procesal susceptible de apelarse y de invocarse como violación procesal en amparo directo, siempre que esa no admisión trascienda al resultado del fallo, momento procesal en que podría verse la afectación al derecho sustantivo de defensa adecuada. Sin embargo, se estima que una excepción a esa regla general se actualiza cuando la autoridad jurisdiccional de segunda instancia confirma el auto que desecha pruebas ofrecidas por el procesado, ya que causa un daño irreparable al inculpado que le produce indefensión, pues de no obtener resolución favorable al impugnar en amparo directo esa determinación, de otorgarse la protección constitucional por considerar que el desechamiento constituye una violación procesal, esa concesión no tendría el alcance -al ordenarse la reposición del procedimiento- de compeler al Juez de la causa a que procediera a la admisión y desahogo de las pruebas desechadas, vía confirmación, por decisión de la Sala, ya que al tratarse de diversa instancia, subsistiría la resolución de alzada." Lo anterior es así, porque la determinación de que se trata no implica afectación en sus derechos sustantivos, puesto que el único efecto que produce tal acto que reclama, es subsanar la omisión en que incurrió el Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia, con sede en Santiago Ixcuintla, Nayarit, dentro de los autos del juicio civil ordinario 295/2018, de su índice, con la finalidad de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento; empero, la trascendencia de tal decisión se reflejará en el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, la cual puede ser favorable a sus intereses, por lo que se reitera, que entonces no habrá trascendido el acto reclamado en la esfera jurídica de la parte agraviada; pues lo así determinado, no obstruye la continuación del procedimiento para que se emita sentencia en su oportunidad, la que puede ser, como ya se dijo, favorable a los intereses de la parte quejosa, supuesto en el que desaparecería la posible afectación a su esfera jurídica; razones por las que se insiste, el acto impugnado constituye una violación intraprocesal, que no amerita desde luego su análisis en el amparo indirecto, por lo que se advierte que dicho acto no resulta ser de imposible reparación, toda vez que éste no produce una afectación material a derechos sustantivos, ya que solo ocasiona una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegará a trascender en el resultado del fallo de donde emana el acto que aquí se reclama. En efecto, en el presente caso a estudio, el acto que se reclama no satisface el requisito de ser de imposible reparación, pues como se expuso, el único efecto que produce es que el juez natural realice la notificación a las partes del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio civil 1240/2021; asimismo, agote el procedimiento y con posterioridad con plenitud de jurisdicción dicte el fallo definitivo, quedando firmes todas las actuaciones realizadas dentro del juicio natural; sin que ello violente lo dispuesto el dispositivo 17 de la Carta Magna; por tal motivo, lo reclamado en la presente instancia constitucional, no constituye un acto de imposible reparación, contra el cual proceda el amparo en la vía indirecta. Ello es así, toda vez que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia, no se encuentra previsto en la hipótesis de extrema gravedad cuyo estudio sea preponderante y no pueda reservarse al análisis constitucional en contra de dicha determinación, ya que dicho acto no es definitivo para efectos del amparo biinstancial, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, pues como se indicó, el tribunal de alzada al ordenar notificar el auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por medio del cual se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada dentro del juicio de origen, no constituye una resolución que de imposible reparación para la procedencia del presente juicio de amparo indirecto, ues constituye una violación procesal que debe hacerse valer en amparo directo, al tenor del ordinal 172 de la Ley de Amparo. Máxime, que como se estableció, la resolución de segunda instancia que revoca el determinación dictada por el Juez de primer grado a efecto de que notifique a las partes del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que se menciona en la resolución de mérito. Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el dispositivo 107, fracción V de la ley en comento, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y en esas condiciones SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jaime Raúl Chávez García, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de Amparo, en relación al acto reclamado consistente en la resolución de fecha resolución de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad dentro del toca civil número 347/2019. En otro aspecto, con sustento en lo establecido por el dispositivo 108, fracción I, en relación con el precepto 27, fracción I de la Legislación en cita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que indica y como autorizados en términos amplios del arábigo 12 de la ley en comento a Jorge Javier Vargas López, Juan Carlos Mendoza Sánchez, Salvador Omar Cordero López, Claudia Janeth Vargas Solano y Dimna Kebzai Méndez Ortega, ya que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En tanto que, en términos restringidos del numeral previamente referido a Alicia del Carmen Galaviz Morales, por no contar con dicho registro. En términos del artículo 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que procuren la continuación del presente expediente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. Con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social y coadyuvar a frenar la propagación del COVID-19. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia. Finalmente, en obvio de dilaciones innecesarias, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que se ordenan en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad para practicarlas en día y horas hábiles, de conformidad con el ordinal 21 de la Ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Jaime Gil Villanueva513/2019
- Jaime López García2153/2023
- Jaime Luis González Castro1612/2023
- Jaime Machuca Alcalá1908/2017
- Jaime Martínez Núñez1061/2023
- Jaime Ortega Flores1693/2017
- Jaime Raúl Chávez García655/2019
- Jaime Raul Chavez Oviedo1705/2019
- Jaime Salvador Sojo García2199/2015
- Jaime Topete Uribe207/2018
- Jairo Ramírez Covarrubias2327/2017
- Jairo Ramírez Covarrubias1085/2018