Jairo López Jiménez

Expediente 194/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
194/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado
  • Jairo López Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se ordena destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado los actos reclamados del citato incidente. 3. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se ordena destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado los actos reclamados del citato incidente. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos los informes justificados de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Presidente de su adscripción; téngase a la segunda de las autoridades remitiendo copia certificada de los autos de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en los que la citada responsable se pronunció en relación a las peticiones del actor aquí quejoso, contenidas en los escritos de diecinueve de abril y cinco de julio de dos mil dieciocho, recibidos por la responsable el veinte de abril y nueve de julio del mismo año, respectivamente, dirigidas al expediente laboral ********* del índice de la responsable. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se desprende que el acto reclamado hecho valer el quejoso lo constituye: "ACTO RECLAMADO: La Omisión hecha por la Autoridad Responsable a mis peticiones realizadas con antelación y que dichos escritos obran en autos dentro del expediente el cual nos ocupa, y hasta la presente fecha la HOY RESPONSABLE no ha dictado acuerdo alguno, ya que en uno de los dichos escritos para especificar en el primer escrito, de fecha 20 de Abril de 2018 nombre apoderados legales y al mismo tiempo exhibí carta poder y en el segundo de los escritos solicite el cumplimiento a la sentencia a la que fue condenado la empresa denominada ******** S. A. de C. V. y otros, y es hasta la presente fecha dicha autoridad del Trabajo ha hecho caso Omiso a mis peticiones, violentando mi DERECHO DE PETICIÓN consagrado en el Artículo 08 Octavo de Nuestra Constitución General de la Republica, toda vez que hasta la fecha no hadado respuesta alguna de mis peticiones." (foja 2). En escrito de desahogo de prevención, el quejoso señaló: "mis peticiones fueron hechas directamente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Autoridad Responsable señalada toda vez que con fecha 20 de abril de 2018 y fecha 09 de Julio de 2019 presente escritos los cuales hasta la presente fecha no han sido acordaos ósea no me han dado una respuesta conforme a derecho vulnerando mis garantías consagradas en nuestra carta magna." (foja 15). Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del quejoso y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo y de los elementos que obran en este sumario, se evidencia que el quejoso reclama en esta vía constitucional lo siguiente: - La omisión de acordar los escritos de diecinueve de abril y cinco de julio de dos mil dieciocho, recibidos por la responsable el veinte de abril y nueve de julio del mismo año, respectivamente; en el expediente laboral *********** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de acordar los escritos de diecinueve de abril y cinco de julio de dos mil dieciocho, recibidos por la responsable el veinte de abril y nueve de julio del mismo año, respectivamente; en el expediente laboral ********* por los que solicitó, en el primero, nombra apoderado, solicita la revocación de los anteriores autorizados y solicita copias certificadas; y en el segundo, solicita se requiera el cumplimiento del laudo (fojas 5 a 7 y 25 a 27). Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en proveídos de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, acordó lo relativo a los escritos de diecinueve de abril y cinco de julio de dos mil dieciocho, recibidos por la responsable el veinte de abril y nueve de julio del mismo año, respectivamente, en el expediente laboral *********** pues se advierte que proveyó tener a la parte actora aquí quejoso, señalado su nuevo apoderado legal, por revocada la personalidad de los anteriores y autorizó que se otorgaran las copias solicitadas; asimismo, en relación con la petición contenida en el segundo de los ocursos, previa certificación del secretario de amparos, le dijo al quejoso que no había lugar acordar lo solicitado, toda vez que el laudo de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, en su considerando tercero ordena la apertura del incidente de liquidación, por lo que una vez que desahogara dicho incidente se continuaría con el procedimiento de ejecución (fojas 28 a 31). Así se advierte que en fecha posterior a la presentación de la demanda, la junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistentes en la omisión por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de acordar las peticiones formuladas mediante escritos de diecinueve de abril y cinco de julio de dos mil dieciocho, recibidos por la responsable el veinte de abril y nueve de julio del mismo año, dentro de los autos del expediente laboral********** han cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se estén agregando los informes justificados y la constancia remitida por el Presidente de la junta responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a las autoridades responsables

  4. Incidental

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 138 y 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicitó *********** contra los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuarto considerando. SEGUNDO. El duplicado del cuaderno incidental resulta destruible en los términos del considerando quinto de esta interlocutoria. Notifíquese.

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