Jaime Vázquez Gómez

Expediente 1817/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1817/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
02/09/2016

Partes del expediente

  • Jaime Vázquez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, glósense a los autos los oficios de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad y testimonios de ejecutoria dictados dentro de los recursos de quejas 127/2016 y 134/2016, respectivamente. Acúsese recibo. Por cuanto dicho tribunal declaro respectivamente INFUNDADOS los recursos de quejas interpuestos por los autorizados de la parte quejosa y confirmó los autos de cuatro y doce de mayo del año en curso, dictados en el juicio de amparo indirecto 741/2016 (antes 359/2016), del índice del ahora Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Respecto de las copias certificadas de este expediente que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, procédase a su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias, tomando en consideración que derivan del presente asunto; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que se ha ordenado el archivo del presente expediente y obran agregados documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido junto con el expediente."

  3. Principal

    CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue hecha en proveído de doce del mes en curso, respecto a la aclaración de la demanda de amparo promovida contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Respecto al domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones, así como los autorizados que designa, hágase de su conocimiento que en proveído de doce del mes en curso se acordó lo conducente. Cabe precisar que el quejoso **************, se ostenta en el presente juicio como tercero extraño; sin embargo, tal carácter se desvirtúa, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda que promueve y específicamente de sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se advierte que el referido quejoso promovió ante el Juzgado Segundo de Distrito el juicio de amparo 894/2014, en el que se le concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que se levantara el embargo, respecto del cincuenta por ciento de la propiedad que le pertenece por ser copropietario de dicho bien, mismo que fue ventilado en el juicio ejecutivo mercantil 159/2016, de donde derivan los actos que ahora reclama. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En el caso, se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario (contrario sensu), se deduce que el juicio de amparo será improcedente: 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. 2. Contra actos dictados en procedimientos de remate, que no constituyan la resolución en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se retrasen los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución de remate, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio contra el ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento mencionado; en la especie, la determinación que ordena otorgar la escritura de adjudicación o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. Tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencial , de rubro y texto siguientes: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En el caso, el acto reclamado lo constituyen los acuerdos de cinco y veintisiete de enero del año en curso, mediante los cuales se aprobó la diligencia de remate en el juicio ejecutivo mercantil 159/2016. Asimismo, en la demanda de amparo refiere el quejoso que promovió ante el Juzgado Segundo de Distrito el juicio de amparo 894/2014, en el que se le concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que se levantara el embargo de su propiedad por el cincuenta por ciento que le pertenece, esto es, que no le asiste el carácter de tercero extraña al procedimiento respectivo; pues ha tenido intervención en el procedimiento natural con conocimiento de los actos del procedimiento realizados. La anterior expresión hace prueba plena en contra del solicitante de amparo, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2 de la ley de la materia. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII, del artículo 61, en comento, vinculada en el caso con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción VI, interpretada a contario sensu, y 217, de la Ley de Amparo, este último en cuanto que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia, por lo que con base en él la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios obligatorios como la jurisprudencia P./J.39/2001 del Pleno de Pleno del Máximo Tribunal que indica: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. Además, ya ha sido definido por jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; situación que en la especie no existe, pues se insiste; en contra de diverso acto dentro del procedimiento natural, ha promovido diverso juicio de amparo, de ahí que tenga conocimiento material de las actuaciones. De ahí que, no pueda tenerse con ese carácter a quien promueve el presente juicio de amparo por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de las constancias o de la demanda de amparo y en su caso de sus manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad se desprende que ya compareció al mismo y tuvo la oportunidad de ser oído y vencido. Al respecto, resulta aplicable por la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente, pues el acto reclamado lo constituyen los acuerdos de cinco y veintisiete de enero del año en curso, con motivo del procedimiento de ejecución de remate relativo al juicio de origen, el fin que busca es lograr el cumplimiento de lo sentenciado; toda vez que dichos acuerdos no constituyen el último acto de ejecución para efecto de la procedencia del presente medio de control constitucional, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, y a su vez, no constituye la última resolución pronunciada en dicha etapa, pues aquélla será la que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En síntesis tratándose de procedimientos de remate, el último acto será aquella resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; siendo ese el momento en que pueden controvertirse todas aquellas violaciones procesales que se estimen se suscitaron en tal etapa, para que sean analizadas en el amparo indirecto que en su oportunidad se promueva. En ese orden, debe afirmarse que si el acto reclamado se dictó en la fase intermedia de la etapa de remate, como en la especie ocurre, evidentemente éste no constituye, de manera alguna, la última resolución en dicha etapa de ejecución de sentencia; lo cual hace improcedente la acción constitucional intentada. De lo expuesto, se insiste, que la resolución que por esta vía se combate no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues resulta evidente que en el caso el acto reclamado fue dictado en esa etapa, inclusive es el acto mediante el cual se inicia la misma. Con base a lo anterior, se afirma que el acto reclamado en la demanda que se analiza no es de los previstos por el artículo 107, fracción IV, tercero párrafo de la Ley de Amparo, pues el numeral de mérito acota la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente. Así, cuando se reclama un acto dictado en etapa de ejecución, como sucede en la especie, no procede la acción constitucional en su contra, ya que la intención del legislador, contenida en el citado numeral, es que las sentencias y los laudos firmes sean cumplidos sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Supuesto normativo que no se actualiza en relación con el acto reclamado en el presente juicio, en virtud de que la resolución que se reclama, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Además, el acto reclamado no guarda autonomía propia y destacada en relación al procedimiento de ejecución, para que sea procedente el amparo biinstancial, en virtud de que está vinculado con el procedimiento de ejecución de la sentencia cuyo cumplimiento se pretende, que no es ajeno a la cosa juzgada. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en el artículo 113, de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 13093 (fojas 295-331), la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal de Delitos Graves de los Distrito Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez Segundo del Ramo Penal de Delitos Graves de los Distrito Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: "[.] A) De las ejecutoras lo constituye la ilegal orden de localización, búsqueda, presentación, cateo, detención, arraigo y/o aprehensión librada en mi contra por las autoridades señaladas como ordenadoras en la fracción que antecede [.]". Ahora bien, mediante resolución de doce de julio de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el tres de agosto del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa, Chiapas: a) Deje sin efectos la orden de aprehensión de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, librada en la causa penal 233/2015, exclusivamente por cuanto hace al quejoso Lenin Gamaliel Sánchez López; y, b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público; determinación que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, destacados en el presente fallo, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas [.]." ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 13093 (fojas 295-331), la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal de Delitos Graves de los Distrito Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de ocho de agosto de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la causa penal 233/2015, de su registro; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Juez Segundo del Ramo Penal de Delitos Graves de los Distrito Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante resolución de ocho de agosto de dos mil dieciséis, emitida en los autos de la causa penal 233/2015, de su índice, realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente el auto de incoación de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, dictada única y exclusivamente en contra de LENIN GAMALIEL SÁNCHEZ LÓPEZ, como probable responsable de los delitos de robo ejecutado con violencia y agravado, previsto y sancionado en el artículo 270, primer párrafo, fracción III, 274, párrafo segundo, 275, fracción II y IV, 276, fracción XV, en relación a los numerales 14, fracción I, 15, párrafo segundo y 19, fracción III, todos del Código Penal del Estado, así como, del diverso ilícito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, previsto y sancionado en el artículo 369, en relación a los numerales 14, fracción I, 15, párrafo segundo y 19, fracción III, todos del citado código adjetivo penal, el primero cometido en agravio de las personas morales denominadas sociedad cooperativa denominada tercer milenio sociedad cooperativa de capital variable y unión regional de transporte jícara de grillos sociedad cooperativa y el segundo, cometido en agravio de la sociedad; y b) Con libertad de jurisdicción, determinó negar la orden de aprehensión a favor de LENIN GAMALIEL SÁNCHEZ LÓPEZ, como probable responsable en la comisión de los delitos de robo ejecutado con violencia y agravado, así como, el diverso de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. Lo anterior, al considerar la autoridad responsable que las pruebas que obran en autos de la causa penal 233/2015, de su registro, no son aptas ni suficientes para acreditar el cuerpo de los delitos mencionados en el párrafo que antecede, menos aún la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Ahora, a fin de establecer el cumplimiento del fallo protector, se precisa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, el efecto jurídico de la sentencia que otorgue el amparo a la parte quejosa es el de restituirla en el uso o goce de derecho fundamental que le fue transgredido, es decir, volver la situación al estado que tenía antes de la violación cometida por la responsable, cuando se trata de actos positivos, como en el caso. De ahí que al haber dejado la autoridad responsable insubsistente el auto de incoación de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, dictado única y exclusivamente en contra de LENIN GAMALIEL SÁNCHEZ LÓPEZ, como probable responsable en la comisión de los delitos de robo ejecutado con violencia y agravado, así como, el diverso de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, determinando negar la orden de aprehensión a favor de LENIN GAMALIEL SÁNCHEZ LÓPEZ, al considerar que las pruebas que obran en autos de la causa penal 233/2015, de su registro, no son aptas ni suficientes para acreditar el cuerpo de los delitos mencionados en líneas precedentes, menos aún la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

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