Jaime Vázquez Medina

Expediente 1277/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1277/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Jaime Vázquez Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la comunicación de la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por medio del cual, comunica que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo, radicándolo bajo el número 1256/2018 de su estadística. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez de Control y Tribunales de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas. 2. Director de la Policía Especializada de Investigación en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. 3. Comandante Regional Istmo- Costa, de la Policía Especializada de la fiscalía General del Estado, destacamentado en Tonalá, Chiapas. 4. Comandante de la Policía Especializado en Delito de Abigeato, en Tonalá, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1277/2018-IV. INCOMPETENCIA Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se advierte específicamente en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el diecisiete de octubre del año en curso, se presentaron Agentes de la Policía Especializada en Delito de Abigeato de Tonalá, Chiapas, en su domicilio ubicado en***, aduciendo que tenían una orden de aprehensión en contra del quejoso. Tomando en consideración que la ejecución del acto reclamado por el quejoso se llevaría fuera de la jurisdicción en la que este juzgado tiene su competencia; por lo que, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , este juzgador considera que es legalmente incompetente para conocer de este asunto. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i) Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii) Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii) Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. Luego, precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer que conforme a las características y naturaleza de lo aquí reclamado, la hipótesis de competencia es aplicable a la señalada en el inciso a), específicamente en lo relativo a que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto impugnado. Lo anterior se considera así, porque en la especie, el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: De las Ordenadoras reclamo la orden de búsqueda, presentación y aprehensión girada en mi contra por las primeras autoridades señaladas como responsables ordenadoras, sin que exista razón o motivo legal para ello. De las ejecutoras: Reclamo el cumplimiento que pretende darle a la orden de búsqueda, presentación y aprehensión que se ha dictado en mi contra; dado que en virtud de esos actos pretenden privarme de mi libertad personal. De lo anterior se colige que la ejecución del acto reclamado consistente en las órdenes de búsqueda, localización, presentación y aprehensión, sin lugar a dudas se llevaría a cabo en el lugar en el que el quejoso ***reside, pues al reclamarse una orden privativa de la libertad su ejecución se constriñe a la persona del quejoso, quien tiene su domicilio ubicado en el poblado de Tres Picos, del municipio de Tonalá, Chiapas, tal como lo manifestó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo. En tal virtud, si de las propias manifestaciones del quejoso, se tiene que la ejecución de la orden privativa de libertad se trató de ejecutar en su domicilio sito en el poblado de Tres Picos, del municipio de Tonalá, Chiapas; por tanto, la competencia declinada por cuestión de territorio para conocer de un juicio de amparo indirecto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique dicho municipio. Máxime que no existe indicio alguno de ejecución del citado acto reclamado, en el ámbito territorial de competencia asignado a este órgano de control constitucional. De ahí que, como la ejecución de la orden de aprehensión reclamada se ejecutara fuera de la jurisdicción en la que ejerce este Órgano de Control Constitucional; se estima que es competente el Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, para conocer de la demanda de amparo, ya que es dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción tal órgano de control constitucional donde tendrá ejecución el acto reclamado. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para resolver de este asunto, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado se ejecutará. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno; a quien se considera competente para conocer del asunto. Sin que pase desapercibido para este juzgador que la parte quejosa haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital; así como que haya señalado como responsable a una autoridad que reside en la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene jurisdicción, pues como se expuso en parágrafos precedentes en el caso que nos ocupa la ejecución de la orden de aprehensión reclamada tendrá ejecución en el poblado de Tres Picos, del municipio de Tonalá, Chiapas, pues el domicilio para oír y recibir notificaciones no finca la competencia. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Lo anterior, sin proveer sobre la suspensión del acto reclamado, dado que el mismo se hace consistir en la orden de aprehensión y su ejecución en contra de la parte quejosa; motivo por el cual, no se ajusta a las hipótesis establecidas en el numeral 48 de la Ley de Amparo, para resolver en este momento sobre la concesión de la medida cautelar, atento a que, por su naturaleza, la orden de aprehensión constituye un acto dictado dentro procedimiento que afecta la libertad personal. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS De conformidad con lo establecido en el artículo 64, primer párrafo del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas interesadas: 1) Cuenten con firma electrónica ya sea emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad, en términos del numeral 59 del referido Acuerdo General; 2) Deben estar registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con lo que se genera su nombre de usuario. Ahora, en el escrito recibido en línea, el promovente no menciona cuál es su nombre de usuario a fin de poder otorgarle el permiso en el "Sistema Integral de Seguimiento de Expediente", pues sin el nombre de usuario no es posible agregarlo para consultar el expediente electrónico. Por tanto, no ha lugar a notificársele vía electrónica, en tanto cumpla con lo anterior, en términos del referido acuerdo general. En consecuencia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad; y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José ***HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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