Jair Covarrubias Navarro

Expediente 1959/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1959/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
02/03/2016

Partes del expediente

  • Jair Covarrubias Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    ... se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere, respecto del quejoso Jair Covarrubias Navarro; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención a lo dispuesto por el diverso 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, a tres de febrero de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora, de autos se advierte que por sentencia terminada de engrosar el treinta de enero de dos mil quince (fojas 154 a 204), el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este órgano jurisdiccional, por una parte sobreseyó en el juicio, por otra negó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por 1) María Esther Reyes Pérez y 2) Martiniano Azamar Hernández, en los siguientes términos: ".Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 y 78 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la concesión del amparo es para el efecto de que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz: Únicamente respecto a la citada parte quejosa, no aplique en lo presente y futuro las disposiciones declaradas inconstitucionales, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas; En relación a los artículos 3º, fracción XIV y quinto transitorio de la ley impugnada, la concesión del amparo implica que la cuantía de las pensiones que eventualmente se concedan a la parte quejosa por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, se calcule considerando el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja (sueldo regulador); y, Por cuanto hace a los artículos 19 y tercero transitorio, implica que, en el eventual supuesto de que se otorgue a la parte quejosa una pensión por JUBILACIÓN, VEJEZ Y PENSIÓN ANTICIPADA, no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse a la reserva técnica que dirige." (foja 202). Inconforme con el fallo constitucional emitido, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el trece de febrero de dos mil quince, el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión (fojas 275 a 288), el cual se tramitó por auto de dieciséis de febrero siguiente (fojas 290 a 291), y mediante proveído de tres de marzo de dos mil quince, se remitieron los autos originales del juicio en que se actúa a la superioridad para la substanciación del medio defensivo hecho valer (foja 305). Mediante oficio 9975/2015-C, la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió el testimonio de la resolución dictada en el Amparo en Revisión de Trabajo número 127/2015 de su índice (fojas 449 a 503), de la que se desprende que la superioridad resolvió: ".PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a María Esther Pérez Reyes y Martiniano Azamar Hernández, en relación a los artículos 3, fracción XIV, 19, Y transitorios tercero y quinto de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por las razones, motivos y para el efecto puntualizado por el Juez de Distrito en los considerandos noveno y décimo de ese fallo.". Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil quince, se recibió el testimonio de la superioridad y, en términos de la ejecutoria de mérito, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado tal acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 505 a 506). Mediante oficio número SJ/061/2016 el Director General del Instituto señalado como responsable, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (fojas 516 a 520); por lo anterior, mediante acuerdo de catorce de enero de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 521 a 522), quien fue debidamente notificada mediante lista de acuerdos publicada el veintiuno de enero del año en curso, en virtud de que así fue ordenado en proveído de veinte de enero último (foja 528). Ahora, debe precisarse que el amparo concedido a María Esther Pérez Reyes y Martiniano Azamar Hernández, fue para el efecto de que la autoridad responsable encargada de operar la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prescindiera de la aplicación presente y futura a la quejosa de los artículos 3, fracción XIV, 19, tercero y quinto transitorios de la citada ley y, en consecuencia, que al momento de calcular la cuantía de la pensión que eventualmente le sea concedida, se considere el promedio del sueldo de cotización percibido en el año anterior a la fecha de baja (sueldo regulador), así como que en el caso de que le sea otorgada una pensión por jubilación, vejez y pensión anticipada, no se le realicen los descuentos por aportaciones a la reserva técnica del citado Instituto de Pensiones. Sobre el particular, el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad -autoridad encargada de operar la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-, en el oficio SJ/061/2016 de doce de enero pasado, expuso su imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, por cuanto hace a los artículos 19 y tercero transitorio de la citada ley; en razón de que la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en cumplimiento a lo decidido por el Más Alto Tribunal de este país, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 101/2014, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de diversos artículos de la multicitada Ley 287,-en la parte que interesa-, derogó los preceptos 19 y tercero transitorio, lo que se desprende de las manifestaciones que hizo la autoridad oficiante, así como de la publicación de doce de noviembre de dos mil quince, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 452, en la que aparece el Decreto número 598, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que respecto de dichos artículos, tal como lo sostiene la autoridad responsable, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento del fallo protector emitido en este juicio, pues a la fecha ya no es jurídicamente posible cumplirlo al haberse eliminado, del texto vigente aquellas disposiciones que incidían en la esfera jurídica de los quejosos. Es aplicable al caso por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia número 2/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 431, del Tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Por otra parte, tocante a los artículos 3°, fracción XIV, y quinto transitorio de la multicitada Ley de Pensiones, hecho un análisis a las constancias mediante las cuales el Director General del Instituto señalado como responsable, informó el cumplimiento a la sentencia amparadora, se desprende que giró las instrucciones correspondientes, mediante Memorándum número SJ/062/2016 dirigido a la Subdirectora de Prestaciones Institucionales de dicha dependencia, a fin que tomara las medidas necesarias y se abstuviera de la aplicación presente y futura a los quejosos de tales artículos, particularmente al indicar: "a).En relación a los artículos 3°, fracción XIV y quinto transitorio de la ley impugnada, la concesión del amparo implica que la cuantía de las pensiones que eventualmente se concedan a la parte quejosa por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, se calcule considerando el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja en lugar del sueldo regulador."; es más, se advierte instruyó para que en el expediente personal de los quejosos se insertara copia del Memorándum de que se trata. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable encargada del cumplimiento, acató en sus términos la sentencia; por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que en términos del artículo 77 de la Nueva Ley de Amparo, se restituyó a María Esther Pérez Reyes y Martiniano Azamar Hernández, el goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en el tercer punto resolutivo de la sentencia dictada en el presente asunto se concedió la protección federal solicitada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto al original del incidente de suspensión toda vez que se negó la suspensión provisional y la definitiva, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede su destrucción. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese mediante lista de acuerdos a la parte quejosa, por así estar ordenado en auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento, y cúmplase. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    ... se desprende que el quejoso Mauricio López Reyes, al ser notificado de la sentencia emitida en el presente asunto manifestó al actuario Judicial "YA NO QUIERO NINGUNA NOTIFICACIÓN DE ESTE AMPARO". Por otra parte, del estado que guarda el presente asunto se advierte que en la referida sentencia se omitió poner a disposición del quejoso copia de la misma por conducto del Director Jurídico del Centro en el que se encuentra privado de su libertad, no obstante, resultado innecesario ordenarlo, dada la manifestación vertida en la diligencia de cuenta. Asimismo, atento a la petición de la parte quejosa, las subsecuentes notificaciones, hágansele por lista de acuerdos...

  4. Principal

    ... el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta los autos del juicio de amparo indirecto 1170/2014 y tres tomos de pruebas. Acúsese recibo. Asimismo, dicho órgano colegiado remite testimonio en copia certificada de la resolución de diecinueve de noviembre de la presente anualidad, dictada en los autos del toca 158/2015 de su índice, de la que se desprende que la Superioridad resolvió: "ÚNICO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida de veintiséis de marzo de dos mil quince, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, que sobreseyó en el juicio de amparo 1170/2014, promovido por Filiberto Medina Domínguez contra los actos de las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, así como la imposición de la multa." Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, agréguese el cuaderno de antecedentes, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, se decreta que este expediente, así como el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de destrucción, y por cuanto hace al original del incidente de suspensión toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su destrucción. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el juicio principal y el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción...

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