Jaime Ulises García Solís
Expediente 250/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jaime Ulises García Solís
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
....se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, archívese este asunto como concluido.
- Principal
----sin mayor acuerdo el oficio signado electrónicamente por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en virtud de que mediante proveído de treinta de abril de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Ulises García Solís.
- Principal
...se advierte que Carlos Enrique Puigserver Palomo, en su carácter de Defensor Público Federal de Jaime Ulises García Solís, reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: La falta de contestación al escrito de diez de diciembre de dos mil veinte, a través del cual solicitó la devolución del billete de depósito N 861900 válido por la cantidad de $6,100.00 (seis mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), autorizando para que sea entregado a Guadalupe Solís Luna, así como la ausencia de notificación del acuerdo o auto que recaiga al mismo. Sin embargo, de las actuaciones que integran el presente juicio se advierte que a la fecha se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, toda vez que del informe justificado y documentales remitidas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente SIPE 265/2018 de su índice, la autoridad responsable dio contestación al ocurso de petición que le formulara el quejoso el diez de diciembre de dos mil veinte, autorizando la devolución del billete de depósito N 861900 válido por la cantidad de $6,100.00 (seis mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), a Guadalupe Solís Luna, ordenando la notificación de dicho acuerdo al directo quejoso. Ahora, advirtiéndose que dicha petición le fue acordada favorablemente al aquí impetrante del amparo el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en autos del citado expediente SIPE 265/2018 del índice de la responsable, mismo que le fuera notificado de manera personal al impetrante del amparo el diecisiete de abril último, tal y como se advierte del anexo al oficio 35/2021-XI con que se dio cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, que se recibiera en esta misma fecha, pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto combatido por el citado Jaime Ulises García Solís, consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable, a dar contestación a su ocurso de petición de diez de diciembre de dos mil veinte, en autos del expediente SIPE 265/2018 de su índice, se produce la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no está surtiendo efectos sobre la esfera jurídica del quejoso, por lo que, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la misma ley. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.; así como, la diversa jurisprudencia número 2a./J. 59/99 de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Finalmente, fundamenta este sobreseimiento fuera de audiencia la jurisprudencia 10/2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO PROCEDENTE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cinco minutos del once de mayo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente al quejoso y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Bernardo Arbea Pérez, que autoriza y da fe.
- Principal
....se advierte que a la fecha transcurre la vista otorgada a las partes, con motivo de la llegada del informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio actuando como Juez de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; asimismo, que por diverso auto de veintisiete de abril último, se requirió a la citada responsable remitiera copia certificada de diversas constancias, las cuales no han sido allegadas al presente asunto. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las diez horas con cinco minutos del once de mayo de dos mil veintiuno.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
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