Jair Zárate Márquez
Expediente 1196/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jair Zárate Márquez
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese el presente asunto como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental.... este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho. De la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a la parte quejosa ********************, el proveído de veintinueve de noviembre del presente año, por los motivos en ella expuestos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del proveído de mérito, por lista de acuerdos, que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso ********************.Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Jair Zarate Márquez, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 20 y 21 y 102 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1196/2018/II-B. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: ".la perdida y extravío de las carpetas de investigación 04/2015 y 07/2015 de iniciadas en el mes de enero de año dos mil quince en las cuales el suscrito se ostenta en la calidad de agraviada, mismas que desde hace tres años se desconoce su paradero." Expresiones las anteriores, que para la suscrita adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, es de advertirse que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, por los motivos que a continuación se expondrán. El referido precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo , establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Asimismo, del numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal , se aprecia la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. En ese sentido, el artículo 109 fracción XXI y 258 del Código de Nacional de Procedimientos Penales , prevén que la víctima u ofendido tiene como derecho la posibilidad de impugnar las negligencias que comenta el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, así como sus determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento, ello, a través del medio de defensa innominado. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Entonces, si en la especie la parte quejosa reclama la pérdida y extravío de las carpetas de investigación 04/2015 y 07/2015 iniciadas en el mes de enero del dos mil quince, por parte de la autoridad responsable, como consecuencia de su omisión o negligencia en el desempeño de sus funciones, debió interponer, antes de acudir al juicio de amparo, el medio de defensa, ante el juez de control correspondiente, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penal, ello, a fin de agotar el principio de definitividad, máxime si se toma en cuenta que no se actualiza algún caso de excepción al citado principio, esto es, no reclama algún acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; tampoco se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso ni se trata de persona extraña al procedimiento. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión, negligencia o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima acudiría al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Son aplicables al caso las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas a las diez horas con veinticinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, Décima Época, Ubicadas en la publicación semanal, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, y con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna. DOMICILIO Y AUTORIZADO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el precisado en el proemio de su demanda; y por autorizados de su parte, con las restricciones que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Carlos Cárdenas López, Roberto Antonio Martínez Hernández y Erick Vargas Carlín, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden a los actuarios adscritos a este juzgado, durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas.
- Principal
... el oficio signado por el Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, dado que mediante proveído de quince de noviembre pasado, se apersonó a juicio el tercero interesado a que hace referencia. Por otro lado, del estado de autos se advierte que transcurre el plazo otorgado al tercero interesado Rodrigo Fernández Chedraui a fin de que se imponga del contenido del informe justificado rendido por los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las diez horas con veintisiete minutos del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. En razón a lo expuesto, no ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado por la quejosa en escrito presentado el veintisiete de los corrientes, ya que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe otorgársele el plazo de ocho días previo a la audiencia para que se imponga de autos y no dejarlo en estado de indefensión; no hacerlo así, propiciaría una eventual reposición del procedimiento, en perjuicio de la propia quejosa.
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