Jaime Perez Escalante

Expediente 255/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 24 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
255/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Jaime Perez Escalante
  • Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio En Tijuana Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintitrés. Notificación por estrados. Visto el contenido de la constancia actuarial que antecede, se advierte que la imposibilidad que le asistió a la actuaria de la adscripción a fin de notificar a M.B.G.B., por conducto de Erwin González Huerta la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de la presente anualidad; ahora, toda vez que del estado de autos no se advierte algún domicilio en esta ciudad donde pueda ser notificada la parte tercero interesada; en consecuencia, de conformidad con el artículo 27 fracción lll, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la sentencia dictada en el presente asunto, así como el presente auto y las subsecuentes notificaciones de carácter personal por lista de estrados, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar, que en esta fecha notifiqué a la tercero M.B.G.B., por conducto de *** la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este Juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo: S E N T E N C I A VISTOS, los autos del expediente número 255/2023-VII, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por J*****, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con domicilio en Tijuana, Baja California y otras autoridades; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés1, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, *****, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo de la siguiente manera: [...] TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. Por cuestión de técnica en el presente considerando se abordará el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión o captura girada en contra del quejoso y su ejecución, en ese contexto, las autoridades responsables, en su denominación correcta, rindieron su informe justificado en los siguientes términos: Autoridad responsable Sentido del informe Fojas [...] Como se aprecia del recuadro que antecede, las autoridades responsables al rendir su informe justificado fueron consistentes en negar dicho acto, ya que en el caso, si bien es cierto que el juez de control señalado como autoridad responsable aceptó que en la causa penal ******, al haberse dictado al quejoso un auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual a menor de catorce años, impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y notificó al impetrante que debía internarse voluntariamente a las doce horas del día diez de marzo de dos mil veintitrés, en el Centro Penitenciario de Tijuana, a la fecha de la emisión de su informe no tenía conocimiento de que el ahora quejoso hubiese dado cumplimiento al requerimiento referente a su internación, por lo que sus manifestaciones evidencian que a esa fecha no había emitido mandamiento de captura alguno y por ende, este tampoco podría ser ejecutado por las autoridades señaladas con tal carácter. Entonces, lo anterior implica, necesariamente, que no sea cierto que las autoridades hayan actuado en la forma en que se les atribuyó; y por tanto, el acto reclamado consistente en la emisión de una orde de aprehensión o captura y su ejecución son inexistentes. Por tanto, ante el hecho de que los actos reclamados son de naturaleza positiva, aunado a la carga procesal que impone a la parte accionante el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se concluye que corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia de los actos precisados y sus consecuencias, en razón de que estos fueron negados por las autoridades responsables citadas; sin que así lo haya hecho, pues no aportó, hasta el día en que se celebró la audiencia respectiva, prueba idónea que desvirtúe tal negativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2848 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI.2o.A.4 K9 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las 8 Sexta Época; Registro: 917818; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN; Materia(s): Común; Tesis: 284; Página: 236. 9 Novena Época; Registro: 187728; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Febrero de 2002; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o.A.4 K; página: 903. razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, al no existir prueba que desvirtúe dichas negativas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto al acto y autoridades relacionadas en el presente considerando. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por otro lado, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se advierte que aceptó expresamente que el nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictó auto de vinculación a proceso a Jaime Pérez Escalante dentro de la causa penal ******, por la posible comisión de hechos calificados como delito de abuso sexual a menor de catorce años y que derivado de esta determinación impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por ende, al reconocer expresamente su existencia, éstos se tienen por ciertos y plenamente probados. Certeza que se corrobora con la videograbacion de la audiencia celebrada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal 02096/2022, que remitió el juez responsable como apoyo a su informe justificado, de las que se advierte la emisión de las resoluciones a través de las cuales se dictó auto de vinculación a proceso y se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa al aquí quejoso. Constancia contenida en un disco versátil digital y que adquiere el carácter de prueba documental pública, a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo.10 QUINTO. Causas de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia P.J. 22/9111 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de 10 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013, (con número de registro electrónico 2004362) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". 11Octava Época; Registro: 205800; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo VII, Junio de 1991; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 22/91; Página: 60. improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." SEXTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán los conceptos de violación que se enderecen en contra del acto reclamado, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su transcripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, toda vez que se dará respuesta integral a sus inconformidades. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,12 de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 12 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de dos mil diez; materia común; página ochocientos treinta. atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio y resolución del asunto. Los conceptos de violación hechos valer son, por un lado, infundados respecto al auto de vinculación a proceso y, en diverso aspecto, fundado, por cuanto hace a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tal y como se demostrará en el desarrollo de este considerando. Estructura y estudio de la sentencia. Para justificar la conclusión apuntada, el desarrollo del estudio de esta sentencia se estructurará de la siguiente manera: I. El estudio relacionado con el auto de vinculación a proceso, para ello, se expondrá lo siguiente: I.I. Se expondrán los requisitos que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso. I.II. Se analizarán las implicaciones de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I.III. Se justificará la decisión adoptada, a partir del análisis de los requisitos de forma y fondo requeridos. I.IV. Se dará contestación a los conceptos de violación formulados en contra del auto de vinculación a proceso. II. El estudio respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y la contestación a los conceptos de violación en que se controvierta ésta. I. Estudio del auto de vinculación a proceso. I.I. Requisitos que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso. El artículo 19, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". De la interpretación literal del precepto constitucional en cita, se advierte que para el dictado de un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. Los requisitos de forma consisten en que debe dictarse dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas (en caso de solicitarse la ampliación del término constitucional), contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; asimismo, deberá expresarse el delito imputado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo consisten en que deben concurrir datos que establezcan la realización de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, el auto de vinculación se emite después de que al imputado se le formuló la imputación y su objeto consiste en que el Juez de Control intervenga en la etapa de investigación para examinar si existe causa probable que justifique la continuación de la investigación en su segunda fase denominada investigación complementaria, esto es, si se cuenta con indicios razonables para suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; lo anterior, tal y como se desprende del contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales13. Una vez identificadas las exigencias constitucionales que se requieren colmar para emitir un auto de vinculación a proceso, se estima necesario indicar algunas notas distintivas del Nuevo Sistema de Justicia Penal en torno al dictado del auto de vinculación a proceso. I.II. Implicaciones de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal y como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en 13 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". revisión 7546/201714, la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, generada a raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil ocho, representa uno de los cambios más relevantes en los ámbitos legislativo e institucional de la historia de México. Lo anterior, ya que se trata de la transición de un esquema procesal mixto, de carácter predominantemente inquisitivo -heredado de la época colonial- a otro modelo de corte acusatorio y oral, respetuoso del debido proceso y de los principios constitucionales que lo orientan, con lo cual se aspira a que la justicia penal evolucione de una concepción monolítica del proceso (que entendió al castigo como la única finalidad, al juicio como el único camino de solución, al Estado como el único decisor y que le dio tratamiento único a todas las conductas consideradas como delito) hacia una racionalidad motivada por la incorporación de la justicia restaurativa, que privilegia la reparación de daño causado a la víctima. Desde ese enfoque, la reforma constituye un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administra justicia en esta materia: desde las cuestiones relativas a la infraestructura y gestión, hasta los aspectos normativos y de capacitación que exigen los sistemas procesales cuya metodología de trabajo se desarrolla a través de audiencias orales, concentradas, dirigidas por un juez y con puertas abiertas al público. Para conseguirlo, la reforma modernizó el procedimiento penal en el artículo 20 Constitucional, al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, 14 Correspondiente a la sesión de seis de marzo de dos mil diecinueve contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con la clara intención de "dar cabida a los principios del debido proceso". Así, el referido precepto concentra el mayor número de componentes que diseñan la estructura del proceso penal acusatorio, adversarial y oral; sin embargo, no es el único, ya que dentro del sistema constitucional concurren otros preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contribuyen al mismo propósito, como el artículo 19, párrafo primero, que indica que el auto de vinculación a proceso se emitirá cuando concurran "datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Particularmente sobre el cambio de paradigma del estándar probatorio que ahora se requiere para emitir un auto de vinculación a proceso, debe atenderse a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 87/201615. En efecto, en la referida contradicción de tesis la Sala mencionada consideró que el texto constitucional vigente contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en 15 Contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (con número de registro electrónico 2014800) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 360 del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. En ese sentido, la Primera Sala de la Corte enfatizó, que ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que, con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese contexto, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia -puntualizó el Máximo Tribunal Constitucional del país- es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de una sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. I.III. Justificación de la decisión adoptada. Análisis de requisitos de forma y fondo. Establecido el marco normativo y jurisprudencial aplicable, como se adelantó, se estima que los conceptos de violación formulados son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, pues a través de ellos la parte quejosa pretende demeritar las consideraciones sustentadas por el juez responsable en el auto de vinculación a proceso, a partir de sostener diversas deficiencias que, a su consideración, le restan valor a los datos de prueba a que hizo alusión la fiscalía, aquí tercera interesada. Sin embargo, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, para el dictado de un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que exista causa probable que justifique la continuación de la investigación en su segunda fase denominada investigación complementaria, esto es, que se cuentan con indicios razonables para suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, sin que esta etapa del procedimiento sea la correspondiente a realizar un ejercicio de valoración y contradicción entre los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía y los de la defensa, ya que ello es propio de la etapa de juicio oral. Pues bien, una vez establecido el estándar de prueba requerido para dictar el auto de vinculación a proceso, enseguida se examinará el acto reclamado para justificar que no contiene vicios de forma o fondo y, por ende, que resultan infundados los motivos de inconformidad planteados. Requisitos de forma 1. La persona imputada debe contar con un defensor con la calidad de licenciado en derecho. Este requisito se encuentra colmado, en razón de que no obstante que el juez de control en audiencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal 0*****, no corroboró en audiencia que el compareciente Ricardo Tirado Paez, quien dijo encontrarse registrado como defensor en la administración de ese tribunal, en efecto contaba con registro de cédula profesional; no se estima que al quejoso se le coartó el derecho sustantivo de defensa adecuada, dado que como se aprecia de la certificación obrante en la audiencia constitucional, Ricardo Tirado Paez, sí cuenta con cédula profesional ***ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y por tanto, se tiene acreditada su calidad de licenciado en derecho; aunado a que el juez de control hizo saber al imputado su derecho a contar con un defensor, a lo que el ahora quejoso, manifestó su deseo de ser asistido por su defensor particular licenciado Ricardo Tirado Paez, quien en la propia audiencia manifestó aceptar y protestar el cargo que se le confirió. 16 Por tanto, se estima que el aquí quejoso sí contó con un defensor que tuviera la calidad de licenciado en derecho. Lo que colma la primera de las exigencias analizadas. 2. Debe pronunciarse por autoridad judicial dentro del plazo que haya elegido el imputado o imputados, esto es, en la misma audiencia, en setenta y dos horas o en ciento cuarenta y cuatro horas. En el caso, no existe duda que tal exigencia se satisfizo, porque el auto de vinculación a proceso fue emitido por el juez responsable dentro del plazo que al efecto establece la constitución, esto es, en la misma audiencia inicial de nueve de marzo de dos mil veintitrés, conforme a la solicitud que realizó el imputado17. En efecto, una vez expuesta la solicitud de vinculación a proceso por parte de la fiscalía en la referida audiencia inicial, el juez de control responsable le hizo saber al imputado, aquí quejoso, J*****, su derecho constitucional a que su situación jurídica se resolviera en esa misma audiencia, dentro de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas. Con base en ello, el imputado, una vez que lo consultó con su defensor, manifestó que era su intención que se resolviera en ese momento. 16 Tiempo de la audiencia: 14:40:50 horas de la audiencia inicial. 17 Tiempo de la audiencia: 15:55:02 horas de la audiencia inicial. De ahí que, este requisito de forma se encuentre colmado. 3. Que la representación social haya formulado imputación en su contra. Esta exigencia constitucional se encuentra igualmente colmada, ya que en la audiencia inicial de nueve de marzo de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal *******, la fiscalía formuló imputación18 en contra del aquí quejoso, por su probable participación en el hecho delictuoso de abuso sexual a menor de catorce años, previsto y sancionado en el artículo 180 bis del Código Penal para el Estado de Baja California. Ilícito que la fiscalía consideró fue realizado por el imputado en su carácter de autor material y de manera dolosa. Asimismo, la fiscalía estimó que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión, con base en las circunstancias siguientes: "Como hecho 1, el día treinta de enero y tres de febrero de dos mil veintidós, a las diecisiete horas aproximadamente, en el área de la cocina del domicilio ubicado en c******* de esta ciudad, usted Jaime Pérez Escalante besó en la boca a la víctima menor de edad. Como hecho 2, el día diez de febrero de dos mil veintidós, alrededor de las diecisiete horas aproximadamente, en el área de la cocina del mismo domicilio, usted J******, besó en la boca, le introdujo su mano entre sus piernas y le sobó su vagina a la víctima menor de edad. Señor Jaime, éstas conductas que llevó a cabo usted se clasifican como el delito de abuso sexual a menor de catorce años, este delito se encuentra previsto y sancionado en el artículo 180 bis del Código Penal vigente en el Estado; se le atribuye al tener una participación a título de autor directo, esto quiere decir que realizó 18 Tiempo de la audiencia: 14:42:48 horas de la audiencia inicial. dichas conductas por usted mismo y no por conducto de otras personas, y de manera dolosa, pues al saber que se trata de delito lo que estaba haciendo, esto es tener un conocimiento que se encuentra prohibido por la ley el ejecutar actos sexuales en contra de una menor de edad, pues aún así lo realizó; esto se encuentra previsto y sancionado en los artículos 14 y 16, ambos en su fracción I del Código Penal vigente en el Estado; por último le informo que hasta este momento las personas que han depuesto en su contra son el representante legal, el señor ****, asimismo la menor víctima con iniciales *****; igualmente las testigos las señoras *****; igualmente la representante legal y madre de la menor víctima la señora *****, así como la testigo *******; asimismo la perito psicóloga de servicios periciales Liliana Morales Núñez y agentes estatales de investigación." 4. Que se hubiese dado oportunidad a la persona imputada de declarar o manifestado su deseo de no hacerlo. Esta exigencia se encuentra colmada, ya que en la audiencia inicial, el juez de control informó a Jaime Pérez Pacheco, su derecho constitucional de declarar o de no hacerlo, quien enterado de su derecho, manifestó que deseaba rendir declaración,19 lo cual hizo en los términos siguientes: ? Señaló que era mentira que hubiese tocado a la menor, por dos sencillas razones, la primera por el trabajo y la segunda por el estudio, indicó que se levanta a las cinco de la mañana y sale a las doce de la tarde de trabajar, de ahí entra a la escuela de una a cinco de la tarde, saliendo de la escuela, entra a las seis a trabajar y de ahí sale hasta las nueve; que trabaja durante la semana y los lunes, martes y el miércoles descansa, pero la escuela es de lunes a viernes; y que por esas razones no coinciden los horarios de lo que dicen pasó el treinta de enero, tres y diez de febrero, ya que en ese momento estaba en la escuela y estaba trabajando, por lo que afirmó todo 19 Tiempo de la audiencia: 15:01:35 horas de la audiencia inicial. era mentira y tenía testigos de que estaba trabajando en esos momentos. A los cuestionamientos que le hizo su defensor sustancialmente señaló: ? Que sí vive al lado de la tienda, ya que ahí tiene su departamento pero sólo es para llegar a dormir porque trabaja todo el día. ? Que en los días que señaló la fiscal no había tenido contacto físico con la menor, ya que sólo había visto de lejos cuando estaba por irse a la escuela y que en sí, todo lo que pasó fue solamente por redes sociales como facebook e instagram, que solo hablaron por redes sociales pero jamas fisicamente. ? Que la menor le mandó mensaje por esas redes sociales y le insistió y que sí, tal vez "se pasaron de tono", pero que solamente era como una plática de jóvenes, que nunca llegaron a nada. ? Insistió que no tuvo ningun contacto físico con la menor los días treinta de enero, tres de febrero o diez de febrero de dos mil veintidós a las cinco de la la tarde. 5. Que se hubiese expresado que se ha cometido un hecho considerado como delito. De igual forma, se estima que este requisito constitucional se encuentra satisfecho, en razón de qué de la exposición realizada por la fiscalía en la audiencia inicial de nueve de marzo de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ******, imputó a *******, la comisión de los hechos delictuosos precisados en el numeral 3 indicado en párrafos que anteceden. 6. Que se hubiese indicado el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. En lo referente a esta exigencia, se considera colmada, en la medida en que como se precisó en el número 3 de este apartado, la representación social al momento de formular imputación en contra del aquí quejoso, precisó las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, las cuales fueron reiteradas por el juez de control al emitir el auto de vinculación a proceso; mismas que se dan por reproducidas para evitar reproducciones innecesarias. Requisitos de fondo 7. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado o imputados lo cometieran o participaron en su comisión. a) La existencia de hechos determinados que la ley señala como delito. Con relación a este requisito constitucional de fondo, se considera que de los datos de prueba ofertados por la fiscalía en la audiencia inicial de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se puede arribar a la conclusión, como lo sostuvo el juez de control, de la existencia de un hecho determinado que la ley señala como delito y la probabilidad de que la persona imputada lo cometiera o participara en su comisión. Es decir, la existencia del ilícito de abuso sexual a menor de catorce años, previsto y sancionado en el artículo 180 bis del Código Penal para el Estado de Baja California. En efecto, al momento de justificar su solicitud de vinculación a proceso, la fiscalía invocó como datos de prueba los siguientes: [...] Con lo anterior, se concluye, tal y como resolvió el juez responsable, que existen datos de prueba útiles para presumir la existencia del hecho que se califica como delito de abuso sexual a menor de catorce años, previsto y sancionado en el artículo 180 bis del Código Penal para el Estado de Baja California, cuya descripción típica es la siguiente: "Artículo 180 bis. Sub tipo y punibilidad. Al que con o sin el consentimiento de una persona menor de catorce años, o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier cosa no tenga la capacidad de resistirlo, ejecute en ella o lo haga ejecutar un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula, se le aplicarán de cuatro a ocho años de prisión y hasta doscientos días multa. Si se hiciere uso de la violencia física o moral o se realice la conducta a que se refiere este artículo de manera reiterada, la pena se aumentará de dos a cuatro años." Lo anterior principalmente con la declaración de la menor víctima emitida ante la autoridad ministerial en la que detalló circunstanciadamente, cómo conoció al ahora imputado, de qué ****** forma fueron entablando una amistad, en primer término de manera virtual a través de mensajes por la red social "Messenger", para posteriormente tener contacto de manera personal cuando ella acudía a un curso de uñas que impartía la mamá de su amiga Sofia. Asimismo se aprecia fue concisa en señalar las conductas sexuales que el imputado tuvo hacía ella los días treinta de enero, así como tres y diez de febrero de dos mil veintidós, alrededor de las quince horas, en el área de la cocina del inmueble que se ubica en calle 15 de Septiembre número 15512 de la colonia 3 de Octubre en esta ciudad, esto es, que la besó en la boca y que además le tocó y sobó su vagina por encima de su pantalón. Declaración que se entrelaza de manera directa, con la denuncia de los hechos que *******, como padre de la menor víctima presentó ante la Agencia del Ministerio Público, y en la cual relató, cómo fue que descubrió la amistad que tenía su hija con un hombre mayor de edad, así como los mensajes impropios y de contenido sexual que su hija de trece años intercambiaba con Jaime Pérez Escalante, quien al momento de los hechos denunciados contaba con veintiún años de edad y que por las propias manifestaciones de su hija, tuvo conocimiento que el ahora quejoso, la besó en la boca, así como que le tocó su vagina por encima de su ropa. Lo anterior se corrobora también con la entrevista que le fue practicada a este último, así como a la madre de la menor víctima Diana Brizuela Silva, por el agente estatal de investigación, en la que la madre expresó que fue el padre de su hija de nombre **** quien descubrió en primer término que su hija***** intercambiaba mensajes impropios con una persona mayor de edad, los cuales le mostró, y que su menor hija ante su presencia les dijo que el de nombre Jaime Pérez Escalante le había tocado su vagina pero que no había tenido relaciones sexuales con él; y el padre de la menor durante la entrevista proporcionó copia fotostática de las conversaciones entre su hija y el ahora quejoso. Declaraciones que se ven concatenadas de manera circunstancial con las entrevistas que se le practicaron a María Isabel Pérez Pacheco y María Isabel González Pérez, a quienes si bien no les constan los hechos de manera directa, sí arrojan convicción respecto de la existencia del domicilio ubicado en calle 15 de Septiembre número 15512 de la colonia 3 de Octubre de esta ciudad, propiedad de la primera en mención, quien agregó que en ese inmueble existe una tienda de abarrotes y una estética, y que también hay unos cuartos que se rentan para vivienda y que en uno de ellos habitaba el ahora imputado, quien además era su sobrino. Por su parte la de nombre María Isabel González Pérez indicó que ella era la propietaria de la estética y que fue quien impartió el curso de uñas que también la menor quejosa declaró haber tomado y que en ese lugar era donde al parecer había tenido contacto con el imputado Jaime Pérez Escalante quien vivía en uno de los cuartos que estaban arriba de la tienda. Todas estas referencias se vieron confirmadas con la inspección ocular que se practicó en el inmueble relacionado, esto es, el ubicado en calle 15 de Septiembre, número 15512 de la colonia 3 de Octubre de esta ciudad. Aunado a lo anterior también se cuenta con el dato de prueba consistente en el dictamen pericial que emitió la experta adscrita a los servicios periciales de la fiscalía, Liliana Morales Núñez, quien con base en las entrevistas respecto a los hechos vividos por la menor M.B.G.B. precisó que ésta los narró de manera coincidente a la declaración que rindió ante el ministerio público investigador, concluyendo la perito que aun y cuando la menor no presentó afectacion psicológica, a ésta se le apreciaban sentimientos de culpa y sugirió orientación psicológica para restablecer su autoestima, emociones y sentimientos. b) La existencia de la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión. Por otro lado, respecto al segundo de los requisitos de fondo, de igual forma, se considera adecuada la argumentación realizada por el juez responsable, al estimar que, con los datos de prueba aportados por la fiscalía existía la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, sea la persona que en las relatadas circunstancias de tiempo, lugar y modo participó en calidad de autor material en la comisión de los hechos calificados como abuso sexual a menor de catorce años en perjuicio de la menor ****. Todo lo anterior, lleva a concluir a esta autoridad que el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con las exigencias constitucionales requeridas para su emisión, por lo que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa no se estima que sea inconstitucional. I.IV. Conceptos de violación contra el auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte serán estudiados en su conjunto y en un orden diverso al planteado, por así permitirlo lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo.20 Asimismo cabe precisar que no se pasa por alto que la parte quejosa adjuntó a su demanda copia simple de la carpeta de investigación *******; sin embargo, para realizar el análisis de constitucionalidad de los actos reclamados, sólo se tomará en consideración lo desahogado en la audiencia de nueve de marzo de dos mil veintidós, pues es la videograbación en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el acto que se emita, lo que lo constituye precisamente la resolución oral dictada por propia voz del órgano jurisdiccional respectivo, máxime que el juez responsable para emitir su resolución lo hizo en base a los datos de prueba y argumentos aportados por la partes en la audiencia y no tuvo a su vista la carpeta de investigación; por tanto en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe ser aprecia tal y como aparezca probado.21 Lo anterior, se sustenta también en la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.)22, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la 20 Artículo 76. El órgano jurisdiccional deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. 21 Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. 22Décima Época; Registro: 2015127; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I; Materia(s): Constitucional, Penal, Penal; Tesis: 1a./J. 34/2017 (10a.); Página: 125. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Datos recabados de manera ilegal. La parte quejosa expresa que los datos aportados por la fiscalía fueron ilegalmente recabados ya que señala que el testigo de cargo tiene el mismo domicilio de él, por lo que para recabar sus entrevistas debió hacerles saber el derecho a negarse a declarar. Tal argumento es infundado, dado que en primer término el quejoso no es claro en sus afirmaciones, en primera porque no precisa cuál de las declaraciones y entrevistas señaladas por la fiscalía atribuye -a su parecer- un testimonio de cargo; sin embargo, con independencia de ello, de lo desahogado en audiencia, el juez de control al apreciar los datos de prueba deja en evidencia que en el caso las imputaciones de cargo fueron hechas de manera directa por la víctima menor de edad M.B.G.B., y de manera circunstancial por parte de sus progenitores E******, los que derivados de los hechos narrados, es incuestionable que no habitaban en el mismo domicilio. El quejoso señala también que las actas de entrevistas e inspecciones que conforman el informe de investigación a cargo del agente estatal de investigación, fueron hechas en un solo día y en un horario más que extraordinario, además de que el agente realizó toda su investigación sin advertir el contenido de lo que establece el artículo 251, fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal argumento es inoperante, dado que el quejoso lo funda en manifestaciones subjetivas, respecto a lo que puede o no realizar un tercero; sin que se omita señalar que de conformidad con lo establecido en la fracción X, del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los agentes de policía bajo el mando del Agente del Ministerio Público, se encuentran facultados para recabar entrevistas de personas que puedan aportar algún dato a la investigación, por lo que, según lo apreciado en audiencia, el agente estatal de la policía José Guadalupe Macedo Soto, fue instruido por la fiscalía para llevar a cabo una investigación de los hechos lo cual cumplió y, por ende, el resultado de investigación fue oportunamente aportado como dato de prueba por la representación social, sin que exista evidencia de ilicitud alguna en sus indagaciones. Señala también el impetrante del amparo que la solicitud de la fiscalía a la Dirección de Servicios Periciales del Centro Estatal de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Baja California, para que la psicóloga Liliana Morales Núñez practicara su dictamen, se hizo el catorce de febrero de mil veintidós, cuando todavía no existía denuncia alguna, pues el propio denunciante declaró que los hechos los conoció alrededor de las once de la noche del día quince de febrero de dos mil veintidós y por ello, afirma el quejoso, es ilegal que el fiscal ya hubiese estado haciendo actos de investigación, cuando aún no existía denuncia. El planteamiento de inconformidad no favorece a los intereses del quejoso, lo anterior es así ya que, como se precisó en párrafos previos, la constitucionalidad de los actos del juzgador responsable se analiza con base en lo alegado en audiencia, y, de su desahogo no se aprecia que la defensa hubiese expuesto argumento alguno, particularmente respecto al punto del que ahora se duele, máxime que -como se mencionó-, el juez no tuvo ante su vista las constancias que integran la carpeta de investigación, por lo que su resolución la emitió con lo que fue aportado y alegado por las partes en audiencia, razón por la cual esta juzgadora se encuentra impedida para estudiar la inconformidad que el quejoso plantea hasta esta vía constitucional. Indebida valoración de los datos de prueba. Por otra parte, el quejoso afirma que el juez de control otorgó un valor parcial de cargo a la denuncia de E***** aun cuando la declaración de la menor víctima la contradice, asimismo destaca que la víctima al declarar, textualmente señaló: "me dijo mi papá **** que vengo a declarar que estuve con un mayor". Su motivo de disenso es infundado. Lo anterior es así ya que éste órgano de control constitucional, estima correcta la argumentación dada por el juez responsable en relación a los datos de prueba expuestos por la Agente del Ministerio Público. En efecto, como se precisó en párrafos que anteceden, para el dictado del auto de vinculación a proceso debe atenderse a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 87/2016 que dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (con número de registro electrónico 2014800) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 360 del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)", a la que se hizo alusión en este considerando. Por ello, la etapa de la audiencia inicial en la que se discute la vinculación o no a proceso de una persona, no es el momento procesal oportuno para determinar el alcance probatorio de uno o varios datos de pruebas, pues la parte quejosa pretende que se lleve a cabo una valoración de los datos de prueba relacionados por la fiscalía como si fueran pruebas desahogadas ante el propio juzgador; y por ende, que se demerite su valor. Es decir, que el juez de control se decante por una versión de los hechos, que en el caso se pretende sea la del aquí quejoso. Sin embargo, no debe perderse de vista que los datos de prueba (entrevistas, declaraciones, inspecciones, periciales, etcétera) no constituyen las pruebas en sí mismas, sino únicamente tienen la información que los suscriptores proporcionan a las partes con el fin de que éstas estén en condiciones de realizar las preguntas que estimen pertinentes en la audiencia de juicio oral respectiva, en la que precisamente se llevará a cabo la valoración de los testimonios y los diferentes medios de prueba desahogadas; y no de los documentos que contienen la información proporcionada. Circunstancia que adquiere sentido en términos del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresa al proceso como medio de prueba, en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, y que sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. De ahí que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, no resulte admisible que en la audiencia inicial el juez de control demerite, a través de un ejercicio de valoración de la prueba, los datos de prueba a que hizo alusión la fiscal, con base en la versión defensiva del imputado. Pues se insiste, ello no es posible llevarse a cabo en el momento procesal relativo a la audiencia inicial, ya que la obligación de valoración contenida en el artículo 26523 del Código Nacional de Procedimientos Penales, versa únicamente 23 Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. sobre la idoneidad y pertinencia de los datos de prueba, no respecto de su alcance probatorio, el cual sólo es procedente hasta el dictado de la sentencia correspondiente; esto es, una vez que fue desahogado el medio de prueba. Lo anterior, queda mayormente evidenciado, al vincular el contenido de los aludidos preceptos con la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales24, que fija los requisitos para el dictado de la vinculación a proceso, donde destaca que es la razonabilidad de los datos de prueba que permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y el imputado lo cometió o participó en su comisión. De manera que no existe base legal para que el juez de control, en esa audiencia, se pronuncie sobre el alcance probatorio de los datos de prueba, sino sobre la idoneidad y en todo caso, si existía, como lo consideró en su determinación, probablemente el hecho investigado, esto es, que una persona mayor de edad, abusó sexualmente de una menor de catorce años. Por tanto, el hecho estaba delimitado a que una persona probablemente abusó sexualmente de una menor de catorce años. Por lo que, en caso de que exista duda sobre la veracidad de lo narrado en los datos de prueba ofertados por la fiscalía, en cuanto las circunstancias en que acontecieron los 24 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. II. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, [.]". hechos (como lo sostiene la parte quejosa), podrá ser, en todo caso, materia de debate de la audiencia de juicio correspondiente. Consecuentemente, si en la resolución reclamada el juez de control señaló que los hechos en cuanto al abuso sexual de una menor de catorce años, pudo haber sucedido así y, por ende, consideró como indicios razonables los datos de prueba ofertados por la fiscalía para demostrar a manera de probabilidad ello, se estima adecuada la decisión a la que arribó la autoridad responsable. Así, el estándar probatorio característico de la etapa procesal en que se emitió el auto de vinculación a proceso, es a nivel indicios razonables, como lo prevé el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual difiere en grado del estándar que se requiere para el juicio oral, que es más exigente, conocido como duda razonable. En ese sentido, una vez que la fiscalía acusadora cumple con su carga de expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desenvolvió el hecho que la ley señala como delito, la contra argumentación debe revelar la imposibilidad fáctica de que hubiese ocurrido lo que pretende acreditar el acusador con los datos de prueba. Esto es así, considerando la etapa procedimental en que se determina vincular o no a proceso, y que para su emisión sólo se exige, conforme a las reglas procesales datos de prueba. Por tanto, la contra argumentación que se realice debe ser tal, que en un balance de razones, se evidencie que los datos aportados por la fiscalía para sustentar un auto de vinculación a proceso, en su conjunto, resulten no razonables, o de tal magnitud, que se descarte la posibilidad de que hubiese ocurrido el evento que se le atribuye al imputado. Sin embargo, en el caso, la fiscalía precisó esas circunstancias (modo, tiempo y lugar), que señaló encontraban su origen en lo expuesto en la denuncia presentada por el progenitor de la víctima y por la propia declaración de ésta última; sin que se hubiese demostrado la imposibilidad de que ello ocurriera de esa manera. Esto es, si la fiscalía cumplió la carga de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las cuales se deben examinar de tal manera que posibiliten la defensa de la parte acusada, con el propósito de que conozca las razones que llevaron a su imputación de manera completa, para que esté en aptitud de cuestionar su fiabilidad o veracidad, corresponde al juez de control examinar la razonabilidad de esos hechos y no un escenario de duda, como pretende la parte quejosa. Pues, como se establece en el concepto de violación que se analiza, la parte quejosa lo que pretende es que se le hubiese dado un valor preponderante a su versión defensiva, esto es, que no era posible que él hubiese participado en la comisión de los hechos que le atribuían, ya que en los días y horas que supuestamente acontecieron los hechos, esto alrededor de las diecisiete horas de los días treinta de enero, tres y diez de febrero, todos de dos mil veintidós, él no se encontraba en casa, sino que estaba en su trabajo. Sin embargo, todo ello únicamente se trata de una versión defensiva que requiere un ejercicio de valoración de los elementos de juicio que no es propio de esta etapa del procedimiento, pues, se insiste, la fiscalía no ha desahogado pruebas, sino únicamente datos que se desprenden de los actos de investigación realizados. Por ende, únicamente el ejercicio de valoración de la prueba a efecto de determinar la culpabilidad o inocencia de una persona puede ser llevado a cabo en la etapa de juicio oral y no en una audiencia temprana del procedimiento, como lo es la inicial. En ese sentido, al no haberse destruido de manera total e incondicional la razonabilidad de los indicios aportados por la fiscalía, no era dable demeritar su formulación y solicitud de vinculación a proceso, al cumplir con la carga de señalar, a través de indicios razonables, las circunstancias que rodearon la ejecución de los hechos señalados por la ley como delito y la probable comisión por parte de la persona imputada. Por ello, todo lo relacionado a la versión defensiva de la parte quejosa, esto es, que en los días y horas que supuestamente acontecieron los hechos, esto alrededor de las diecisiete horas de los días treinta de enero, tres y diez de febrero, todos de dos mil veintidós, él no se encontraba en casa, sino que estaba en su trabajo, podrá ser acreditado en la audiencia de juicio correspondiente. Lo anterior, pues, se insiste, lo único que la defensa podría haber realizado era demeritar de manera total e incondicional la razonabilidad de los indicios, lo que claramente no aconteció, ya que solamente se planteó un escenario de duda, que es totalmente permisible en esta etapa del procedimiento. Asimismo resulta infundado el argumento del impetrante en el sentido de que el juez de origen pasó por alto que en los juicios del orden criminal está prohibido imponer pena alguna por analogía o mayoría de razón puesto que la ley sustantiva penal describe de manera clara cada uno de los elementos que integran las conductas antisociales y frente a ellas deberá regir su función el ministerio público; ya que afirma que en el caso concreto los hechos en que se sustenta la imputación no tienen la apariencia de delito en términos de los artículos 259 y 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior ya que, -como se ha dicho- en la etapa en la que se encuentra el procedimiento el juez de control no ha impuesto pena alguna, y tampoco emitió su resolución por analogía o mayoría de razón, sino que su determinación se basó de manera fundada y motivada en estimar que los datos de prueba aportados por la fiscalía a la luz de la valoración libre y lógica y de acuerdo a las máximas de la experiencia, son razonables y suficientes para tener por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de hechos posiblemente constitutivos del delito de abuso sexual a menor de catorce años y la posibilidad de que el imputado Jaime Pérez Escalante los cometió o participó en su comisión, por lo que se estima adecuada la decisión a la que arribó la autoridad responsable. Finalmente, en cuanto a las argumentaciones que hace la defensa respecto al principio de presunción de inocencia que impera en su favor, este se encuentra implícito en nuestra Carta Magna, además de estar contenido en el Pacto Internacional del Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y consistente en el derecho de toda persona, acusada de la comisión de un hecho delictivo a ser considerada como inocente en tanto no existan pruebas suficientes que destruyan dicha presunción; lo que da lugar a que el acusado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia sino que es al Ministerio Público a quien incumbe probar dichos los elementos. Ahora, en el caso que se analiza, como se desprende de la parte considerativa de este apartado, los datos de prueba que fueron aportados hasta el momento por la representación social fueron considerados suficientes y pertinentes para vincular a proceso al implicado; los que no fueron desvirtuados con las solas argumentaciones defensivas del imputado. Lo que disminuye, la carga de la prueba de la fiscalía para que en su momento, luego de una investigación complementaria, justifique una sentencia de condena y, por su parte, el derecho de defensa del implicado para desvirtuar las pruebas de cargo y demostrar una versión distinta conforme a su teoría del caso, esto debido a que el ejercicio de valoración de la prueba a efecto de determinar la culpabilidad o inocencia de una persona puede ser llevado a cabo en la etapa de juicio oral y no en una audiencia temprana del procedimiento, como lo es la inicial. En ese sentido, al no haberse destruido de manera total e incondicional la razonabilidad de los indicios aportados por la fiscalía, no era dable demeritar su formulación y solicitud de vinculación a proceso, al cumplir con la carga de señalar, a través de indicios razonables, las circunstancias que rodearon la ejecución de los hechos señalados por la ley como delito y la probable comisión por parte de la persona imputada. En consecuencia, como quedó demostrado en esta resolución, el acto aquí reclamado se encuentra justificado y fue emitido bajo los estándares constitucionales y legales, de ahí que no se contravinieron en perjuicio del quejoso los preceptos de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos a que alude en su demanda. Decisión. Consecuentemente, al no advertir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo y resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer en contra del auto de vinculación a proceso lo procedente es negar el amparo solicitado en lo relativo al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. II. Estudio de la imposición de la medida cautelar. En la audiencia celebrada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, ante la solicitud de la fiscalía y no obstante la oposición de la defensa, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, esto ya que el delito de abuso sexual a menor de catorce años, se encuentra dentro del catálogo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la parte quejosa aduce, esencialmente, que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le impuso es injustificada, y con ella se le intenta reprimir su libertad y libre tránsito violentando sus derechos humanos. Calificativa. Los argumentos indicados son esencialmente fundados, aunque suplidos en queja deficiente conforme lo previsto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Estructura del estudio. Para justificar la conclusión apuntada, el desarrollo del estudio de esta sentencia se estructurará de la siguiente manera: I. Primeramente, se expondrá el marco constitucional que rige el control de convencionalidad y el principio pro persona (artículo 1), así como la prisión preventiva oficiosa (artículo 19). II. Posteriormente, se analizará la interpretación aislada que actualmente existe en torno a la prisión preventiva oficiosa derivado de lo dispuesto por el artículo 19 constitucional. III. Se justificará por qué se considera que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional atendiendo al principio pro persona y a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otro vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México; además del porqué lo decidido en la contradicción de tesis 293/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es impedimento para arribar a tal conclusión. IV. Finalmente, se analizará el caso concreto y se reforzará la argumentación con relación al impedimento que contiene la contradicción de tesis 293/2011 aludida. I. Marco constitucional. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, dispone lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. [.]". Por su parte, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados [...] R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Pérez Escalante, respecto al acto y autoridades precisadas y por lo motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a J******, contra el auto de vinculación a proceso que se dictó dictado por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en audiencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal 0*******, conforme a lo expuesto en el considerando séptimo, apartado I, de este fallo. TERCERO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a J*****, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, consistente en la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa determinada en audiencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal 0*****, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando séptimo apartado II; así como para los efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta se advierte que no obra en autos la notificación personal realizada al Agente del Ministerio Público Adscrito, del proveído de catorce de marzo del dos mil veintitrés, en el cual se admitió la demanda de amparo. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial encargado del presente asunto para que a la brevedad realice la notificación personal al Agente del Ministerio Público Adscrito, de acuerdo al proveído antes mencionado. Diferimiento. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de julio de dos mil veintitrés. Certificación secretarial. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra pendiente de transcurrir el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercero interesada ********************, se imponga del contenido de los presente autos, toda vez que se le notificó el doce del presente mes y año. Diferimiento. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/20122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

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