Jaime Portillo Araujo
Expediente 1264/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1264/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Jaime Portillo Araujo
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Informe. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que envía el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, a través del cual remite las constancias requeridas en proveído de diez de noviembre del año en curso. Admisión de pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental que anexa a su informe, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Por tanto, al ser parte integral del informe justificado rendido en autos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación secretarial. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, el expediente no está integrado para emitir sentencia. Lo anterior, dado que a la presente data no se cuenta con el acuse de recibo del oficio 22548 por el cual se requirió a la responsable Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, a fin de que remitiera en original o copia certificada la totalidad de las documentales que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, toda vez que se encuentra en vías de ser entregada la mencionada misiva. Diferimiento de audiencia. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de enero de dos mil veinticuatro, para su verificativo, la cual se señala hasta esa fecha atendiendo a las altas cargas de trabajo, aunado a que este juzgado gozará del periodo vacacional de invierno, en la segunda quincena de diciembre del presente año. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Se ordena glosar a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Documentales ilegibles. Por otra parte, vistas las documentales exhibidas por la autoridad responsable, se advierte que las mismas se encuentran ilegibles; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 75 de la Ley de Amparo, en concordancia con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere al Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional, en original o copia certificada, la totalidad de las documentales que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, de manera cronológica, completas y legibles, dado que las que remitió en apoyo a su informe justificado se encuentran ilegibles. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de que no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1264/2023-I. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por el promovente se hacen consistir, esencialmente, en: - Incomunicación De lo que dice es y puede ser objeto el directo quejoso ********************, por parte del Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", en Tecate, Baja California y otra autoridad. Suspensión de plano. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano para que cese de inmediato el acto consistente en la incomunicación, así como cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, de los que el promovente refiere es objeto ********************. Consecuentemente, se requiere a las autoridades responsables para que den cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 32 del Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California, y respeten en todo momento los derechos ahí contenidos a favor del agraviado ********************, independientemente si el aislamiento o incomunicación del interno deriva de alguna de las sanciones a que se refiere el diverso numeral 102 del citado ordenamiento, pues ello no trae como consecuencia la supresión total de sus derechos ni la vulneración a recibir un trato respetuoso, justo y humano, exento de cualquier coacción física o psicológica. Sin embargo, se precisa que la reincorporación del interno ******************** a su celda original, o bien a una diversa con motivo de la suspensión de plano decretada, en caso de encontrarse aislado o incomunicado, la medida suspensional se otorga condicionada a que con motivo de ello y a criterio de las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad estimen que no se pone en riesgo la seguridad e integridad del agraviado, así como del resto de la población del centro penitenciario en que se encuentran, o bien, del personal que labora en esa institución, pues en ese supuesto el peticionario del amparo deberá permanecer en el módulo que se le haya asignado para tal efecto, con todas las prerrogativas de respeto a sus derechos humanos ya precisadas, ello a fin de salvaguardar el orden y la disciplina dentro del centro de reclusión en mención. Quedando obligadas las autoridades responsables a justificar de inmediato con la documentación correspondiente, en su caso, los motivos por los cuales no sea posible la reincorporación del agraviado. Además, se precisa que la suspensión de plano aquí decretada en ningún caso surtirá efectos tratándose de la ejecución de una medida disciplinaria que haya sido controvertida a través de un juicio de amparo anterior y que actualmente cuente con sentencia ejecutoria, en que se le haya negado la protección constitucional. De igual manera, las autoridades responsables deberán permitir al directo quejoso entrevistarse con sus abogados defensores, independientemente de las visitas que reciba de familiares en los horarios determinados para tales efectos. Finalmente, se indica a las autoridades que deberán ordenar de forma inmediata el cese de cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como aquellos que pongan en peligro la integridad física, psicológica y que atenten contra la vida del quejoso. Además de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la integridad física y salud del quejoso queda bajo su más estricta responsabilidad. Asimismo, es importante destacar que tal circunstancia también se previene en términos del artículo 5 referente al Derecho a la Integridad Personal, puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No suspensión de plano. En lo concerniente al acto que se hace consistir en el traslado o reubicación del directo quejoso a diverso centro penitenciario, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que tal acto reclamado, no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. El artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama el traslado o reubicación del directo quejoso a diverso centro penitenciario, estos no son actos que ameriten la concesión de la suspensión de plano. Ello, ya que tales actos no encuadran en una privación de la libertad "fuera de procedimiento", en razón de que del escrito que se atiende, se aprecia que al parecer ********************, se encuentra vinculado a un proceso penal. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el promovente señale que el traslado sea consecuencia directa del diverso acto que fue señalado como prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo, dado que se trata de actos autónomos e independientes. Sin perjuicio, que una vez que el quejoso ratifique la demanda de amparo, en su caso, se proveerá en relación a dichos actos en el incidente de suspensión que al efecto se aperture. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Informe suspensión de plano. En otro orden de ideas, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda; apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se trasladen a las instalaciones del Centro de Reinserción Social "El Hongo I" en Tecate, Baja California, a fin de que notifiquen personalmente el presente acuerdo directamente a ******************** y lo requiera para que en el momento de la notificación manifieste si ratifica o no la demanda interpuesta a su favor. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en los términos indicados con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias decretadas. Requerimiento a autoridades. Prevéngase a las autoridades responsables que tengan a su disposición al agraviado, para que otorguen las facilidades necesarias al actuario a quien corresponda efectuar las diligencias encomendadas en este proveído, para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a las mismas. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior o no informe el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, esto es -$5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional-, cantidad que resulta de multiplicar el valor de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos) por cincuenta, del valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía vigente, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Señalamiento de autorizados. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona señalada en el escrito inicial, hasta en tanto el quejoso ratifique la demanda promovida a su favor y manifieste estar de acuerdo con el nombramiento conferido. Asimismo, se reserva a tener como domicilio procesal el que señala en su escrito inicial de demanda, hasta en tanto se ratifique la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese y personalmente al quejoso
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