Jaime Guzman Batta
Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/05/2023
Partes del expediente
- Jaime Guzman Batta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuenta. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse negado el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años meses a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuadernos incidentales. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional y definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo 714/2022-VII Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 714/2022-VII; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós1 , a través del Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrada en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y recibida el seis siguiente, en este Juzgado de Distrito, Jaime Guzmán Batta por conducto de Manuel Alejandro Acosta Alexander, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por los actos y autoridades siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- EN CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA 1.- H. QUINTA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO,. ACTO RECLAMADO.- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN CARÁCTER DE ORDENADORAS Y EJECUTORAS RECLAMO 1.- De la autoridad señala como responsable reclamo la resolución de fecha 5 de julio de 2022 NOTIFICADA AL SUSCRITO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 emitida dentro del toca penal 284/2022 mediante el cual confirma la resolución de fecha 1 de abril de 2022 en la que se determinó de legal el traslado del quejoso a diverso centro de reinserción."2 Segundo. Trámite. El siete de octubre de dos mil veintidós3 , la demanda se radicó bajo número de expediente 714/2022-VII, se admitió y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Por tanto, una vez agotados los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, Considerando: Primero. Competencia. Por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación y competencia a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, modificación que no causa perjuicio a las partes, dado que este órgano jurisdiccional conserva su actual jurisdicción, tiene competencia mixta y la titular que resuelve el asunto es ante quien se tramitó el presente juicio de amparo. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. En virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia4 , toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto y autoridad que enseguida se precisan: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La resolución emitida el cinco de julio de dos mil veintidós en el toca penal 284/2022, en el que se confirmó la determinación de uno de abril de dos mil veintidós dictada en el cuaderno de ejecución 485/2022 que calificó de legal el traslado del quejoso a diverso centro de reinserción. Tercero. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable reseñada en el esquema anterior rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: Autoridad responsable Sentido del Informe Páginas Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Cierto 109 y 110 Como se ve, la autoridad responsable reconoció expresamente la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. A lo que se suma, las documentales que remitió la autoridad responsable, junto con su informe justificado, mismas que adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 226, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."5 Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. En razón que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Cobra aplicación, la jurisprudencia P.J. 22-916 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas Visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995. Página 60, tomo VII, junio de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205800. en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." Quinto. Reproducción de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, al resultar aplicable la jurisprudencia número 2a.J. 580107 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias", del título primero "Reglas generales, del libro primero "Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, es necesario tener en cuenta las actuaciones que dan origen al acto reclamado, a fin de establecer el marco fáctico en el que se desarrolló, y que son: a) Por oficio CESISPEBC/S-DGCPCPA/0410/2022, firmado por el Director del Centro Penitenciario de Tijuana, Página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618. 10/09/23 11:57:25 informó al Juez de Ejecución del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, que a la una de la mañana con treinta minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo el desplazamiento físico de diversas personas privadas de su libertad, entre los que se encontraba Jaime Guzmán Batta, hoy quejoso, del Centro Penitenciario Tijuana al complejo Penitenciario El Hongo, en Tecate, Baja California, en el que se asentaron las razones por las que la autoridad administrativa estimó que era necesario realizar su desplazamiento físico y solicitó que éste se calificara de legal por parte del juez de control8 b) El uno de abril de dos mil veintidós el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, tuvo por recibido el oficio mencionado en el inciso anterior y lo acordó en el cuaderno de ejecución 485/2022, calificando de legal la determinación de desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento que realizó la autoridad administrativa9 . c) Inconforme con lo anterior, Jaime Guzmán Batta, hoy quejoso, interpuso recurso de apelación,10 del que conoció la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien en resolución de cinco de julio de dos mil veintidós confirmó la determinación del juez de control relativa al desplazamiento físico del quejoso de un centro de reclusión a otro. Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Séptimo. Análisis de los conceptos de violación. Los argumentos de la parte quejosa plasmados en su único concepto de violación resultan infundados. El argumento de la parte quejosa, en los que asevera que la Sala responsable no dio respuesta a la totalidad de los agravios que se plantearon en el recurso de apelación, resulta infundado. Asevera lo anterior, ya que -según el promovente- en la apelación precisó que el juez de origen no consideró que la autoridad administrativa no especificó las circunstancias que se tomaron en cuenta para desplazar a Jaime Guzmán Batta del centro de reinserción de esta ciudad, al diverso en Tecate, Baja California. Del mismo modo, considera la parte quejosa que la Sala no tomó en consideración lo argüido relativo al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, relativas a las deficiencias estructurales de los centros de reclusión, puesto que, a su juicio, las recomendaciones son tendentes a que la autoridad sea la que reestructure, organice y actualice sus instalaciones a fin de estar en posibilidad de brindar una adecuada reinserción social, no así, que la solución sea desplazar a las personas. De igual forma, aduce el peticionario del amparo, que la Sala responsable suplió la determinación del Juez de Control, al incorporar hechos novedosos que no se contenían en la resolución recurrida, como lo era la capacidad de los centros de reinserción y la presencia de diversos grupos delictivos. Como se adelantó, los argumentos esgrimidos resultan infundados. Para demostrarlo, es necesario tener en cuenta que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal11 establece que sólo en los supuestos previstos en ese precepto, la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificarle al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; una vez hecho esto, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. Con eso en cuenta, es necesario conocer cuáles fueron los argumentos de la autoridad administrativa para justificar la necesidad del traslado de las personas sujetas a prisión. En el oficio CESISPEBC/S-DGCPCPA/0410/2022, firmado por el Director del Centro Penitenciario de Tijuana, informó al Juez de Ejecución del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, que el traslado de Jaime Guzmán Batta y 11 Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa otros se justificaba, a fin de continuar haciendo frente a la contingencia sanitaria generada por el virus Sars-CoV2 (Covid-19). Expuso también, que el citado Director, que el centro de reinserción en Tijuana, contaba con una capacidad de dos mil quinientos sesenta y dos espacios y en ese momento registraba cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco personas privadas de su libertad, lo que significaba una sobrepoblación de dos mil doscientos noventa y tres personas, lo que excedía de la capacidad de dicho lugar de reclusión. Del mismo modo, la autoridad administrativa expuso que estaba presente en el Centro Penitenciario de Tijuana, un treinta por ciento de población penitenciara con sentencias altas, consideradas de alto impacto y otro porcentaje de personas consideradas como "resistentes a la dinámica de disciplina interna que constante y sistemáticamente están realizando conductas negativas traducidas en faltas disciplinarias graves conforme lo estipula la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ponen en riesgo la gobernabilidad del Centro Penitenciario, de los que existen personas identificadas como líderes y con sentido de pertenencia a pandillas y grupos delictivos. Así como, que el Centro de Reinserción Social en Tijuana, es considerado con un nivel bajo de seguridad y cuenta con seis módulos, de los cuales sólo uno estaba destinado para albergar personas que pudieran estar relacionadas con grupos delictivos asociados a la delincuencia organizada; no obstante, con la sobrepoblación presente en el centro de reinserción se amplió a utilizar cinco de los seis edificios para albergar personas que se encuentran en esos supuestos, concatenado a ello, se presenta la insuficiencia de personal. Y, por el contrario, adujo la autoridad administrativa, el centro de reinserción en Tecate, Baja California, contaba con mayor capacidad para albergar personas, teniendo espacio para alrededor de cinco mil personas, lo que implicaba la posibilidad de mejor atención y espacio para los servicios de reinserción social, razón por la cual era viable el desplazamiento de las personas del centro de reinserción de Tijuana, al diverso en Tecate, Baja California. Ahora, el Juez de Control especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, al momento de calificar de legal el traslado, argumentó que la autoridad administrativa lo basó en salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad que se encontraban en el centro de reinserción social en Tijuana, debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-Co2 (Covid 19), ya que no se contaba con espacios adecuados para enfrentar la contingencia sanitaria, ni las condiciones físicas de internamiento digno, por lo que consideró necesario y procedente el desplazamiento físico que realizó la autoridad administrativa. Por otra parte, los principales razonamientos vertidos en la sentencia reclamada, emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, son los siguientes: a) Que la determinación del juez de control sí se encontraba debidamente fundada y motivada, ya que se basó en el análisis del derecho a la salud y a la vida de las personas en situación de reclusión, en conjunción con las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que si fueron tomadas en cuenta por la autoridad administrativa, ya que se establecieron los motivos del desplazamiento de las personas, entre las que se encontraba Jaime Guzmán Batta. b) Que la autoridad administrativa, para realizar el desplazamiento, partió de la premisa de que era necesario para salvaguardar la integridad de las personas privadas de su libertad, debido a la contingencia sanitaria generada por el virus Sars-Co2 Covid 19, así como la sobrepoblación y la existencia de diversos grupos de personas pertenecientes a varios cárteles, lo que ponía en riesgo la gobernabilidad y estabilidad de la Institución y la seguridad de la población penitenciaria en general, lo que no acontecía en el centro de reinserción social en Tecate, Baja California. c) Que la ponderación de la afectación de su derecho a estar recluido cerca de su lugar de residencia, no es absoluto, ya que por motivos imprevistos o ajenos a las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las penas, como lo es la sobrepoblación, puede ser modificado sin que se considere violatorio, al preservar el bien jurídico más importante que es la vida y salud del privado de la libertad. Con la narrativa que se realizó se advierte que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, la Sala responsable no suplió la determinación del Juez de Control, toda vez que no incorporó elementos novedosos. Se puede afirmar lo anterior, toda vez que de la síntesis que se hizo a lo expuesto por la autoridad administrativa, al informar el desplazamiento de las personas de un centro penitenciario a otro, se advierte que este se justificó por la cuestión de la contingencia sanitaria; la sobrepoblación; el nivel de seguridad del centro de reinserción; y, la presencia de personas relacionados con diversos grupos delictivos, información que si bien no se plasmó en la calificación de legalidad de desplazamiento que hizo el juez, lo cierto es que no fue novedosa toda vez que es la que expresó la autoridad administrativa e hizo del conocimiento de la autoridad judicial para que ésta la valorara al momento de calificar la legalidad del traslado involuntario del que fue sujeto Jaime Guzmán Batta. Esto es, la quejosa parte del supuesto de que el órgano jurisdiccional es el que debe justificar los motivos por los que se realizó el traslado, siendo que, el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución, establece que esa es obligación de la autoridad administrativa, hacerlo, ya que determinó realizar el traslado involuntario. Bajo esa perspectiva, el Juez de control al recibir la petición de convalidación, debe calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, esto es, analizar los supuestos que le hizo saber la autoridad y considerar si son o no suficientes para justificar el caso de excepción de traslado involuntario. En ese orden de ideas, atendiendo a la naturaleza específica de la convalidación del traslado involuntario, al tratarse de un caso de excepción y que la propia ley de ejecución considera como una situación urgente, no resulta violatorio de los derechos de la parte quejosa, la circunstancia de que la Sala responsable haya tomado en consideración -para resolver sobre el recurso-, los planteamientos brindados por la autoridad administrativa, ya que, como se dijo con antelación, es dicha autoridad la que debe proporcionar la información de por qué se presentó la necesidad apremiante de realizar el desplazamiento de las personas sujetas a la medida de prisión, como fue el caso de Jaime Guzmán Batta. Por tanto, no puede estimarse que la Sala haya perfeccionado o abonado información a la resolución del Juez de control, ya que la labor de éste último es calificar los motivos de la autoridad administrativa, misma que sí fundó y motivó las razones por las que realizó el traslado y que fueron retomados tanto por el juez primigenio, como por la Sala responsable. Del mismo modo, como se adelantó, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el que aduce que la Sala no dio respuesta a la totalidad de agravios que se le plantearon en el recurso de apelación. Es así, ya que la Sala responsable si tomó en cuenta cada uno de los planteamientos que se formularon, como fue que no se encontraba justificado de manera individualizada el traslado del hoy quejoso. Al respecto, la Sala tomó en cuenta los argumentos del Juez de Control, en concatenación con la determinación administrativa, y concluyó que las cuestiones de espacio en los centros de internamiento, la seguridad y capacidad, eran motivos suficientes para confirmar el desplazamiento del ahora quejoso, lo que denota que sí se atendieron los agravios plasmados en el escrito de apelación. En esa línea de pensamiento, la parte quejosa parte de una premisa equivocada al aducir que la Sala no dio respuesta a sus agravios, al exigir que, tanto la revisora como la autoridad administrativa, en el caso en particular, precisaran las circunstancias específicas que se tomaron en consideración para que Jaime Guzmán Batta fuera desplazado del centro de reinserción de esta ciudad, al diverso en Tecate, Baja California. Se asevera lo anterior, porque se debe tomar en cuenta que el traslado no fue una cuestión concreta y única a favor de Jaime Guzmán Batta, sino que, como se advierte del oficio CESISPEBC/S-DGCPCPA/0410/2022, firmado por el Director del Centro Penitenciario de Tijuana, éste informó al Juez de Ejecución del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, que se realizó el traslado de un grupo de personas, atendiendo a la contingencia sanitaria generada por el virus Sars-CoV2 (Covid-19) y sobrepoblación que está presente el citado centro de penitenciario, lo que constituye una justificación que aplica de forma general al grupo de personas que se desplazaron, sin que sea necesario especificarlo para cada una de ellas. En esa óptica, si bien no se asentó alguna circunstancia específica y concreta del porqué fue que Jaime Guzmán Batta, fue sujeto del desplazamiento, ello no conlleva a que la determinación administrativa de su traslado, así como su convalidación, y revisión en grado de apelación, sean ilegales, puesto que, sí se especificaron los motivos y razones apremiantes que consideró la autoridad para su traslado, puesto que se ponderó su derecho a la salud sobre cualquier otro, a fin de garantizar su integridad física evitando, conforme a las posibilidades de la autoridad penitenciaria, el riesgo en la salud por el virus Sars-CoV2 (Covid-19), la sobrepoblación y el mejoramiento en las cuestiones de seguridad del centro. Por tanto, como se dijo, contrario a lo aducido por la parte quejosa, la Sala responsable sí atendió al agravio que le formuló; ya que valoró las circunstancias que impulsaron a la autoridad a realizar el traslado, y que fueron convalidadas por el Juez de Control. De igual forma, es infundado el argumento consistente en que la sala no tomó en consideración que la autoridad administrativa podía optar por otras medidas a fin de lograr el equilibrio entre el número de personas recluidas entre ambos centros de reinserción social, como lo era la posibilidad de que se acogieran a traslados voluntarios, o destinando a las personas que tenían su residencia en Tecate y no como Jaime Guzmán Batta, quien toda su vida ha residido en Tijuana. Para demostrar lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 49 de la Ley Nacional de Ejecución12, establece que las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso y, por lo que hace a las persona que están sentenciadas, su reclusión deberá ser en el lugar más cercano a su domicilio, con la excepción de las personas condenadas por los hechos que constituyen el delito de delincuencia organizada y para aquellos que requieran medidas especiales de seguridad. En conjunción con lo anterior, la norma en comento establece casos específicos aplicables a las cuestiones de internamiento, que son los traslados voluntarios, previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución13, los cuales 12 Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. 13 Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En se externan por la persona que desea ser desplazada a diverso centro de reclusión, lo que hará en compañía de su defensa. No obstante, los traslados voluntarios tienen excepciones, las que se prevén en el diverso numeral 52 de la ley en comento14, que como ya quedó establecido en párrafos precedentes, en síntesis consisten en casos de delincuencia organizada; riesgo objetivo para la integridad y la salud y casos en que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro. En ese orden de ideas, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, la autoridad administrativa no debía agotar algún procedimiento específico previo al traslado del hoy quejoso, como es elevar una propuesta a la población general del centro de reclusión, para determinar si existen personas que quieran ser sujetas a un traslado o en su caso, verificar quienes tienen su domicilio cerca de Tecate, para, sobre eso determinar quiénes deben ser desplazados. Esto es así, porque los artículos, tanto del traslado voluntario como de sus excepciones, no establecen que eso estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. 14 Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. debe realizar algún tipo de procedimiento, sino que, sólo establecen que, en el caso de que sea un traslado involuntario, deberá solicitarse la convalidación de la autoridad judicial, circunstancia que en el caso sí sucedió, tan es así, que el hoy quejoso interpuso el recurso ordinario en contra de esa convalidación. Por tanto, conforme al procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución, la autoridad administrativa, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, no estaba obligada realizar una campaña para que los sujetos internos pudieran optar por su traslado voluntario o hacer una búsqueda en los antecedentes de las personas, para verificar quiénes tenían su domicilio en Tecate, Baja California, ya que, sólo se exige a la autoridad administrativa, en caso de traslados involuntarios, que lo justifique ante la autoridad judicial, lo que, como ya se dijo sí aconteció, de ahí lo infundado del argumento en estudio. Del mismo modo, es infundado el argumento de la parte quejosa en el que aduce que la Sala responsable no consideró la alusión que se hizo a las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, relativas a que la precisión de las deficiencias estructurales de los centros de reclusión realizada por dicha comisión, son tendentes a que la autoridad sea la que reestructure, organice y actualice sus instalaciones a fin de estar en posibilidad de brindar una adecuada reinserción social, no así, que la solución sólo sea desplazar a las personas que están sujetas a la medida de prisión. Al respecto cabe señalar que la Sala sí se pronunció en la determinación que se reclama, ya que mencionó que las citadas recomendaciones buscan salvaguardar la integridad de los internos a la salud y la vida digna relativa a la atención médica que deben de recibir las personas internas, así como que las condiciones físicas de los establecimientos con sobrepoblación hacen imposible un trato digno y humano necesario para la reinserción social. Razón por la cual, ponderando entre su derecho de encontrarse interno en el lugar más cercano a su domicilio y procurar las mejores condiciones de internamiento a fin de asegurar el acceso a la salud y la seguridad personal (relacionada tanto con la sobrepoblación del centro penitenciario, como para la existencia de grupos considerados de alto impacto y otro porcentaje de personas consideradas como "resistentes a la dinámica de disciplina interna"), la autoridad administrativa optó por realizar el desplazamiento de Jaime Guzmán Batta y otros, circunstancias que si bien, no es la que le permite el ejercicio pleno de sus derechos (como lo es cumplir su condena cerca del lugar de su domicilio), al momento resulta la más conveniente (para garantizar su derecho a la salud). Se puede afirmar lo anterior, pues, como lo concluyó la Sala responsable, el traslado de Jaime Guzmán Batta tuvo como objeto preservar el bien jurídico más importante, que es su vida y salud. En relación a lo anterior, de la consulta de las recomendaciones 1/2022, 2/2022 y 3/2022 emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al sistema penitenciario en Baja California, se advierte que en esencia consisten en: 1.) Que en un plazo no mayor a un mes, a partir de la aceptación de la recomendación, debía realizar un diagnóstico por escrito y detallado, de acuerdo con la plantilla actual de miembros de la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria por cada centro penitenciario, para establecer la cantidad de personal necesario para el buen funcionamiento de estos, en relación con la población privada de su libertad. 2.) En un término no mayor a dos meses, a partir de la aceptación de la recomendación, debían realizar las gestiones necesarias para que se calendarizara un curso teórico-práctico a todos los miembros de la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria que labora en los distintos centros penitenciarios del Estado sobre temas específicos relacionados con el tratamiento de personas recluidas. 3.) Expedir el reglamento de Centros Penitenciarios para el Estado de Baja California cuyo contenido se encuentre en armonía con la Constitución Política; la Ley Nacional de Ejecución Penal; los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4.) Publicar dentro de los quince días siguientes a la aceptación de la recomendación, a través del portal institucional de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, la recomendación. 5.) En un plazo no mayor a quince días, designar a una persona servidora pública para que fungiera como enlace con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación y se tuvieran reuniones sistémicas. Asimismo, en las recomendaciones que se analizan, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisó que tratándose de la seguridad dentro de un centro penitenciario, esta se subdivide en tres aspectos: la seguridad física, procedimental y dinámica. La seguridad física hace referencia a las condiciones geográficas, materiales y características que constituyen la construcción del centro penitenciario; la seguridad procedimental, atiende a la estandarización de un proceso para alcanzar determinada reglamentación, coherencia y legitimidad, con el objetivo de facilitar y regular las funciones del personal penitenciario y finalmente, la seguridad dinámica se integra por el personal de custodia penitenciaria. Ahora, en el análisis que realizó la citada comisión, se abordaron las deficiencias generales en cada uno de los centros penitenciarios del Estado de Baja California, en relación con la seguridad procedimental y dinámica, no así la seguridad física. Por tanto, la premisa de la que parte el quejoso, relativa a las deficiencias estructurales de los centros de reclusión, basándose en el aspecto físico de las instalaciones del centro de reinserción social, no fue materia específica de las recomendaciones que se citaron. En efecto, como quedó establecido, el análisis principal de dichas recomendaciones atendió a la capacitación del personal, que forma parte de la seguridad procedimiental y dinámica, como lo definió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no así a la seguridad física, por lo que, el análisis que hace la Sala relativo a la necesidad de traslado de parte de la población que se encuentra en situación de internamiento, se basa en cuestiones de salud, de sobrepoblación y seguridad, no se refiere a que las instalaciones físicas del lugar de reclusión se encuentren en malas condiciones. Por tanto, que el promovente pretenda que no se hubiera convalidado el traslado atendiendo a las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las autoridades penitenciarias, no debe verse desde la perspectiva de la adecuación de las instalaciones, sino de reestructurar la organización y capacitación del personal que integra el sistema de reclusión, situación que es gradual y que debe verse reflejada en cualquier centro de reinserción social en el Estado, por lo que, el traslado de un centro a otro, no debe afectar el desarrollo y progreso obtenido por la persona sujeta a prisión, sino que, debe continuarse. Lo que en el caso se justifica por la autoridad administrativa y que se convalidó por el Juez de Control, al verificar que las condiciones del traslado fueron viables, ya que las cuestiones de salud, seguridad y adecuado desarrollo, se ponderaron para la determinación de trasladar al hoy quejoso. Por ende, este órgano jurisdiccional estima que al haber existido razones como hacer frente a la contingencia sanitaria generada por el virus Sars-CoV2 (Covid-19), concatenado a la cuestión de sobrepoblación, que ponía en riesgo la salud del quejoso, así como la presencia de personas consideradas como "resistentes a la dinámica de disciplina interna que constante y sistemáticamente están realizando conductas negativas", lo que afecta la seguridad del promovente y la organización del propio centro de reclusión, hechos notar por la autoridad administrativa al momento de justificar el traslado del quejoso y otros, el acto reclamado no es violatoria de derechos fundamentales, pues existen motivos suficientes que permitían a la autoridad realizar el traslado de Jaime Guzmán Batta del Centro de Reinserción Social en Tijuana, al diverso en Tecate, Baja California. Decisión. En tales consideraciones, ante lo infundado de los argumentos plasmados en el concepto de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a Jaime Guzmán Batta, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, precisada en el considerando segundo por los motivos expuestos en el diverso considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con el secretario Aarón Abraham Rodríguez Agúndez hasta el día de hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
- Principal
Cuenta. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta con el pedimento registrado con el número 17131. Conste.Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Alegatos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el pedimento 148/2022 presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; en atención a su contenido, téngasele formulando alegatos de su parte en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de ser tomados en consideración en su momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, una vez que se dicte sentencia expídase copia certificada de la misma, previa su identificación con documento oficial vigente y recibo de estilo que se deje asentado en autos. Notifíquese.
- Principal
Resuelve: Único. SE NIEGA a Jaime Guzmán Batta, por conducto de su defensor, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.
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