Jaime Miranda Domínguez
Expediente 10/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Miranda Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se declaró firme el auto de sobreseimiento fuera de audiencia emitido en el presente juicio; asimismo, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido y fue clasificado como destruible. Sin embargo, en acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, se proveyó respecto de la suspensión de plano solicitada, la cual fue concedida. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que refiere: "[.] 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables"." Se modifica el destino del presente expediente y se determina que el mismo es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ***************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguense en autos el oficio y anexo que remite el Director Médico del Hospital General de Zona 4, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante los cuales oferta como pruebas de su intención las documentales que acompaña; en ese sentido, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de dichas constancias, y de las allegadas por el oficiante al rendir su informe justificado, mismas a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) El gestionante del amparo acudió al presente juicio señalando como acto reclamado, en esencia: La falta de atención médica especializada y acorde a sus padecimientos derivados del cáncer de vejiga. B) Ahora bien, de acuerdo con las constancias que remitió el Director del Hospital General Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta localidad, en apoyo a su informe justificado y al oficio de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: Derivado de su padecimiento de cáncer de vejiga, el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, fue atendido en el área de urgencias del Hospital General Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se le diagnostico sangrado de tubo digestivo más hematuria, por lo que, se le realizaron estudios de laboratorio de control, se le coloco sonda Foley de tres vías, se le dio tratamiento intravenoso a base de medicamentos, se le retiro la sonda por no drenaje de orina, se ordenó tac de cráneo, ultrasonido renal y prostático, así como se solicitó valoración por parte de urología. Que el veinticinco de enero pasado, se llevó a cabo su ingreso en el área de hospitalización, en donde se ordenaron diversos estudios para su valoración médica, tales como: tac simple de cráneo y abdomen con foco urinario y prostático, tele de tórax, además de realizársele estudios de laboratorio y prescribírsele trasfusión de concentrados eritrocitarios. Que una vez que se llevó acabo su valoración por parte de urología, se le transfundió a efecto de corregir su anemia, y el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se ordenó una tele de tórax EKG y valoración preoperatoria para la realización de nefrostomias abiertas. Que en virtud de la valoración preoperatoria, el veintiocho de enero del año en curso, se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico denominado nefrostomia derecha abierta, con la finalidad de desobstruir el riñón derecho, la cual se realizó sin ninguna complicación. Que en los días subsecuentes, esto es, del veintinueve de enero al siete de febrero del presenta año, se continuo con su atención médica, suministrándosele los medicamentos necesarios, estudios de laboratorio y visitas médicas de control; así como, se valoró para la realización de la cirugía de nefrostomia izquierda, la cual se llevó acabo el ocho de febrero pasado. Que en virtud de su evolución clínica, el diecinueve de febrero de la presente anualidad, fue dado de alta del mencionado nosocomio, con cita abierta en el área de urgencias; asimismo, toda vez que presenta cáncer vesical de musculo invasor y tener el tumor de gran tamaño, se le consideró como candidato a cistectomía radical vs radioterapia/quimioterapia, con manejo final de patología en base en tercer nivel; por lo que, el Hospital General Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, gestionó una cita en la especialidad de oncología de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 1, Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, cita que quedó programada para el dos de marzo del año en curso, y que hizo del conocimiento al quejoso vía electrónica al correo ********************; lo anterior, por ser el ente que cuenta con la capacidad tecnológica, terapéutica y especialidad adecuada para tratar su patología. En relatadas condiciones, es incuestionable que el acto reclamado por el quejoso y que tildaba de inconstitucional, cesó en sus efectos, ya que al haber recibido el tratamiento y la atención médica relativa a sus padecimientos, por parte de la autoridad responsable y su evidente egreso del nosocomio en el cual se encontraba internado, además de la gestión que se realizó a efecto de que continuara con su atención médica en un centro especializado para ello, ya no hace posible el resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, ya que con la atención medica recibida, su egreso del Hospital y gestión de atención especializada, desaparecieron los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza de la siguiente manera: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense en autos el oficio y anexo que remite el Director Médico del Hospital General de Zona 4, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante los cuales oferta como pruebas de su intención las documentales que acompaña; en ese sentido, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de dichas constancias, y de las allegadas por el oficiante al rendir su informe justificado, mismas a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) El gestionante del amparo acudió al presente juicio señalando como acto reclamado, en esencia: La falta de atención médica especializada y acorde a sus padecimientos derivados del cáncer de vejiga. B) Ahora bien, de acuerdo con las constancias que remitió el Director del Hospital General Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta localidad, en apoyo a su informe justificado y al oficio de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: Derivado de su padecimiento de cáncer de vejiga, el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, fue atendido en el área de urgencias del Hospital General Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se le diagnostico sangrado de tubo digestivo más hematuria, por lo que, se le realizaron estudios de laboratorio de control, se le coloco sonda Foley de tres vías, se le dio tratamiento intravenoso a base de medicamentos, se le retiro la sonda por no drenaje de orina, se ordenó tac de cráneo, ultrasonido renal y prostático, así como se solicitó valoración por parte de urología. Que el veinticinco de enero pasado, se llevó a cabo su ingreso en el área de hospitalización, en donde se ordenaron diversos estudios para su valoración médica, tales como: tac simple de cráneo y abdomen con foco urinario y prostático, tele de tórax, además de realizársele estudios de laboratorio y prescribírsele trasfusión de concentrados eritrocitarios. Que una vez que se llevó acabo su valoración por parte de urología, se le transfundió a efecto de corregir su anemia, y el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se ordenó una tele de tórax EKG y valoración preoperatoria para la realización de nefrostomias abiertas. Que en virtud de la valoración preoperatoria, el veintiocho de enero del año en curso, se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico denominado nefrostomia derecha abierta, con la finalidad de desobstruir el riñón derecho, la cual se realizó sin ninguna complicación. Que en los días subsecuentes, esto es, del veintinueve de enero al siete de febrero del presenta año, se continuo con su atención médica, suministrándosele los medicamentos necesarios, estudios de laboratorio y visitas médicas de control; así como, se valoró para la realización de la cirugía de nefrostomia izquierda, la cual se llevó acabo el ocho de febrero pasado. Que en virtud de su evolución clínica, el diecinueve de febrero de la presente anualidad, fue dado de alta del mencionado nosocomio, con cita abierta en el área de urgencias; asimismo, toda vez que presenta cáncer vesical de musculo invasor y tener el tumor de gran tamaño, se le consideró como candidato a cistectomía radical vs radioterapia/quimioterapia, con manejo final de patología en base en tercer nivel; por lo que, el Hospital General Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, gestionó una cita en la especialidad de oncología de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 1, Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, cita que quedó programada para el dos de marzo del año en curso, y que hizo del conocimiento al quejoso vía electrónica al correo ********************; lo anterior, por ser el ente que cuenta con la capacidad tecnológica, terapéutica y especialidad adecuada para tratar su patología. En relatadas condiciones, es incuestionable que el acto reclamado por el quejoso y que tildaba de inconstitucional, cesó en sus efectos, ya que al haber recibido el tratamiento y la atención médica relativa a sus padecimientos, por parte de la autoridad responsable y su evidente egreso del nosocomio en el cual se encontraba internado, además de la gestión que se realizó a efecto de que continuara con su atención médica en un centro especializado para ello, ya no hace posible el resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, ya que con la atención medica recibida, su egreso del Hospital y gestión de atención especializada, desaparecieron los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza de la siguiente manera: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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