Jaime Ríos Morales

Expediente 3/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/01/2018

Partes del expediente

  • Jaime Ríos Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario encargado del Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, mediante el cual trascribe el proveído de diez de enero de dos mil dieciocho, del que se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve *********, por su propio derecho, contra actos del Jefe de Grupo de la célula de Investigación Criminal de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 3/2018-II. En ese sentido, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Ahora bien, cabe destacar que en el caso concreto el quejoso reclama: - Las ordenes de aprehensión o detención dictadas en su contra y su ejecución. Señala como autoridades responsables a las siguientes: Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad de Atención Integral a la Mujer, número 1 de Salvatierra, Guanajuato. Juez de Control en Oralidad Penal de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Unidad Integral de Atención a la Mujer Región C y sus elementos, con sede en Salvatierra, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Unidad Integral de Atención a la Mujer Región C y sus elementos a cargo de la Unidad Integral de Atención a la Mujer Región C, con sede en Celaya, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Célula de Investigación Criminal de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Especializado en la Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, Región C, con sede en Celaya, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Especializado en la Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, Región B, residente en Irapuato, Guanajuato. En ese orden, de los antecedentes del escrito de demanda se advierte que el quejoso manifiesta que en virtud de la causa penal ********* de la estadística del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, actualmente se encuentra recluido en el CERESO MIL, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato; atendiendo a ello, el Juez de Distrito que le corresponde conocer de la presente demanda es al Juzgado de Distrito en Turno de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. Lo anterior es así, en virtud de que el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, donde se encuentra recluido el aquí quejoso, ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo de la fracción XVI del punto cuarto del aludido Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito,; por lo que, es evidente que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, toda vez que la orden de aprehensión reclamada tendrá ejecución fuera de la jurisdicción que ejerce este tribunal. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia, por lo que se declina la competencia al Juez de Distrito en Turno de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, para los efectos del numeral 37 de la Ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir a la autoridad aludida el expediente original 3/2018-II, para lo que a bien tenga ordenar, con las diez copias de demanda respectivas. Solicitarle informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios artículo 12 de la Ley de Amparo, a*********, en virtud de obrar su cedula profesional número ********* registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado a Luis Martín López Guevara y Joaquín Pérez Trigueros, por no obrar su cedula profesional registrada en el sistema computarizado citado, y a las demás personas que menciona por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo que promueve *********, por su propio derecho, contra actos del Jefe de Grupo de la célula de Investigación Criminal de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 3/2018-II. En ese sentido, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Ahora bien, cabe destacar que en el caso concreto el quejoso reclama: - Las ordenes de aprehensión o detención dictadas en su contra y su ejecución. Señala como autoridades responsables a las siguientes: Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad de Atención Integral a la Mujer, número 1 de Salvatierra, Guanajuato. Juez de Control en Oralidad Penal de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Unidad Integral de Atención a la Mujer Región C y sus elementos, con sede en Salvatierra, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Unidad Integral de Atención a la Mujer Región C y sus elementos a cargo de la Unidad Integral de Atención a la Mujer Región C, con sede en Celaya, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Célula de Investigación Criminal de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Especializado en la Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, Región C, con sede en Celaya, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Especializado en la Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, Región B, residente en Irapuato, Guanajuato. En ese orden, de los antecedentes del escrito de demanda se advierte que el quejoso manifiesta que en virtud de la causa penal ********* de la estadística del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, actualmente se encuentra recluido en el CERESO MIL, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato; atendiendo a ello, el Juez de Distrito que le corresponde conocer de la presente demanda es al Juzgado de Distrito en Turno de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. Lo anterior es así, en virtud de que el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, donde se encuentra recluido el aquí quejoso, ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo de la fracción XVI del punto cuarto del aludido Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito,; por lo que, es evidente que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, toda vez que la orden de aprehensión reclamada tendrá ejecución fuera de la jurisdicción que ejerce este tribunal. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia, por lo que se declina la competencia al Juez de Distrito en Turno de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, para los efectos del numeral 37 de la Ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir a la autoridad aludida el expediente original 3/2018-II, para lo que a bien tenga ordenar, con las diez copias de demanda respectivas. Solicitarle informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios artículo 12 de la Ley de Amparo, a*********, en virtud de obrar su cedula profesional número ********* registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado a Luis Martín López Guevara y Joaquín Pérez Trigueros, por no obrar su cedula profesional registrada en el sistema computarizado citado, y a las demás personas que menciona por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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