Jaime Miguel López Andrade
Expediente 178/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Miguel López Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Magistrada de la Sexta Sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre; mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 3924/2021, por el que se le notificó el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno y de las constancias que se le adjuntaron relativas al toca 425/2020 (un tomo), expediente C-51/2018 (doce tomos); dos cuadernillos que dicen tercera y cuarta sección, así como de un sobre cerrado con documentos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al toca 425/2020 (un tomo), expediente C-51/2018 (doce tomos); dos cuadernillos relativos a la tercera y cuarta sección, así como un sobre cerrado con documentos, que remitió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, con motivo de su legal incompetencia; se ordena, devolverlas a la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre; mediante el cual, remite el expediente ************* en doce tomos; lo anterior, en virtud de que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la de la demanda de amparo promovida por **************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad. Acúsese recibo. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, se ordena formar doce tomos de prueba, para mejor manejo del expediente.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio recibido vía interconexión, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual remite sin diligenciar el exhorto número 99/2021 del índice de este juzgado, que se envió a efecto de que se notificará al quejoso *************, el proveído de treinta de marzo del año en curso. Dese de baja la citada comunicación y hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de las constancias que remite el oficiante se desprende que no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada por las razones expuestas por la actuaria adscrita a dicho juzgado; en consecuencia, se ordena realizar la citada notificación y las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de los actuales, en el que la Magistrada Presidenta del órgano de su adscripción declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ****************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre y otra autoridad, remite: original y tres copias de la demanda; copia certificada del oficio 152 suscrito por la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; informe justificado de la Juez Suplente Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato; constancias del emplazamiento del tercero interesado; tomo XII del expediente del juicio C 51/2018 del índice del Juzgado Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, y el toca original 425/2020 de la estadística de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en un tomo; al respecto, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 178/2021-II. b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, el suscrito se avoca del conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento de la superioridad, a través del acuse de recibo correspondiente. c) Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que el quejoso reclama de la autoridad responsable, es: La resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, que declaró sin materia la recusación planteada en contra de **************, Jueza suplente Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, al haberse incorporado a sus funciones el titular de dicho juzgado, por lo que será éste quien deberá seguir conociendo del expediente**********, relativo al juicio ordinario civil sobre inexistencia con tratamiento de nulidad absoluta de donación iniciado por ************** como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de *************, continuado por ************, con el mismo carácter. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede:" ". Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, como previamente se estableció el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, emitida en el toca **************, que se formó con motivo de la recusación interpuesta por *************, en contra de la Juez interina Civil de Uriangato, Guanajuato, licenciada ***********, dentro del expediente ***********, en la que se determinó declarar sin materia la recusación promovida, al haberse incorporado a sus funciones el titular de dicho juzgado, por lo que corresponderá a éste último seguir conociendo del juicio en mención. Por tanto, debe decirse que la determinación que reclama el quejoso, no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, con lo cual sus efectos son meramente procesales, porque no se extienden a derechos sustantivos del afectado al exterior del mismo, como a la propiedad, papeles o posesiones. En efecto, el acto combatido que se atribuye a la Magistrada responsable, no trastoca derechos subjetivos que permitan la procedencia del juicio de amparo biinstancial, virtud a que no causan perjuicios de imposible reparación sobre las personas o las cosas; de ahí que los actos que pretende impugnar a través de su demanda de amparo, en todo caso, transgreden derechos adjetivos, los cuales producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que por sus características se refieren a aspectos propios de un proceso, y no una violación directa a la Constitución; pues, en realidad no ocasionan de manera cierta e inmediata una afectación a sus derechos fundamentales, cuenta habida que el hecho de que se declaró sin materia la recusación hecha valer en contra de la Jueza interina del Juzgado Único Civil de Uriangato, Guanajuato, en los autos del juicio C-51/2018, no deja al aquí quejoso en estado de indefensión, pues queda intacta su capacidad de defensa. Ciertamente, el único efecto que producirá la resolución reclamada es que el titular del Juzgado de origen continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, la cual en el caso, es una violación procesal prevista por disposición expresa en la Ley de Amparo en el artículo 172, fracción X, reclamable en amparo directo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****************; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene notificar al quejoso el presente proveído en el indicado domicilio, y lo requiera para que dentro del plazo de tres días señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, al contar con cédula profesional ************** inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.
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