Jaime Guzman Batta

Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
347/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Jaime Guzman Batta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta, dado que se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó el secretario de juzgado al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el antepenúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Devolución de constancias a la autoridad. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el disco compacto que remitió a este Juzgado. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintitrés. Ofrecimiento de prueba. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, atento a su contenido con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza el registro de audio y video, contenido en un disco compacto que anexa debidamente certificado, sin necesidad de desahogar diligencia especial para su reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objeto. Por tanto, a fin de evitar el daño del disco compacto, guárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse de ellos, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Estado de autos. Ahora, del escrito de cuenta y del disco compacto que remite la responsable se advierte que en audiencia celebrada en el cuaderno de ejecución ******************** el diez de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la defensora y al quejoso ******************** desistiéndose de la solicitud denominada beneficio de la remisión parcial de la pena y el abono de prisión preventiva, y con tal circunstancias se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Derivado de lo anterior y toda vez que toda vez que las causales de improcedencia, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio; el suscrito estima que en el presente juicio deviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis número II.1o.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En primer término, conviene destacar que el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por su parte, la fracción V, del artículo 63, sitúa lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del texto de los artículos reproducidos, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho constitucional. En ese tenor, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo o bien, en otras palabras, cuando lo revoca, deroga o lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Por ello, se precisa que para que sea aplicable esta causal de improcedencia, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad, apareciendo una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido; de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado, lo que en el caso ocurrió, como se expondrá enseguida. En el caso concreto, de autos se tiene que en la demanda de amparo el quejoso ********************, reclama del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California en Tecate, la omisión de fijar fecha de audiencia para resolver la solicitud de la Pena "Quantum" y abono de Prisión Preventiva. Así, respecto de ello, la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California en Tecate, manifiesta que en audiencia celebrada en el cuaderno de ejecución ******************** el diez de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la defensora y al quejoso ******************** desistiéndose de la solicitud denominada beneficio de la remisión parcial de la pena y el abono de prisión preventiva, lo cual acreditó con el disco compacto que remitió. Consecuentemente, al haber quedado plenamente demostrado en autos la cesación de los efectos del acto que se reclamó, no es dable analizar jurídicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, ya que a la fecha ya no está surtiendo sus efectos; por ende, como se dijo, ha sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia en comento, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustentan la anterior determinación, las jurisprudencias números 2a./J 59/99 y 2a./J. 9/98, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Sin que sea óbice que en este momento se sobresea en el presente juicio, pues no se requiere esperar hasta la audiencia constitucional debido a que, como se indicó, sobrevino una causa de improcedencia notoria y manifiesta, que con ningún elemento de prueba se desvirtuaría, máxime que la propia parte quejosa hizo patente el motivo de sobreseimiento en el juicio. En apoyo, se cita la jurisprudencia número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para este asunto. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, mediante el cual informa que en audiencia celebrada en el cuaderno de ejecución 1601/2022 el diez de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la defensora y al quejoso Jaime Guzmán Batta desistiéndose de la solicitud denominada beneficio de la remisión parcial de la pena y el abono de prisión preventiva, de lo que se toma nota, para los efectos legales conducentes. Asimismo, informa que remite de manera física un disco compacto relativo a dicha audiencia; por tanto, estese a la espera del mismo a fin de estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de mayo de dos mil veintitrés. Designa asesor jurídico. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Coordinadora Penal Zona Costa Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Jaime Guzmán Batta. Atento a lo anterior, se tienen como defensores públicos del quejoso a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto el funcionario oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Autorizados. Ahora, por lo que hace a la diversa solicitud, téngaseles como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona para tales efectos, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso y a sus defensores públicos.

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