Jaime GutièRrez Luna

Expediente 1431/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1431/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Lidia ChàVez Garibo
  • JAIME GUTIÈRREZ LUNA y Otros.
  • Jaime GutièRrez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Expedición de copias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-4 Apatzingán Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Lázaro Cárdenas, y en atención a su contenido, gíresele atento oficio, anexando copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, toda vez que el presente asunto, se encuentra estrechamente relacionado a la carpeta de investigación FED/MICH/APAT/0001298/2022, por lo que resultan necesarias para la debida integración y agotar líneas de investigación que en su caso resulten. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponían las partes quejosa, tercera interesada y representante social adscrita, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en autos, que sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a éstas. 1.2. Devolución de documentos. En atención a que resulta innecesario conservar los cuadernos de pruebas que las autoridades responsables, adjuntaron como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución. 1.3. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.4. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.5. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y no es de relevancia documental. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del mencionada Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 1.6. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 2. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de marzo de dos mil veintitrés. 1. Expedición de copias. Vista la solicitud contenida en el oficio presentado por el apoderado legal de la tercera interesada Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto a que se le proporcione copia certificada de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; en atención a ello, y conforme a los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a su costa la expedición de la misma para los efectos legales conducentes; autorizando para recibirlas a la persona que nombra para ese efecto. 2. Autoridad auxiliar devuelve comunicación. Ahora, agréguese a los autos el oficio enviado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 310/2022 (orden 817/2022), debido a que los quejosos ********************, no fueron localizados en el domicilio que señalaron en su escrito inicial de demanda para recibir notificaciones; lo que acredita con las constancias que para tal efecto acompaña. Háganse las anotaciones que corresponden y dése de baja la comunicación de que se trata. 2.1. Notificaciones a la parte quejosa por lista. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones que deban realizarse de manera personal, deberán practicarse por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1431/2022, promovido por Jaime Gutiérrez Luna y Lidia Chávez Garibo, por alegada violación de los artículos 5, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman del: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia; y, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula IV-4 Apatzingán, en el Estado de Michoacán de Ocampo: La resolución dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la Técnica de Investigación 286/2022, que concedió el cateo única y exclusivamente por el domicilio descrito como: "Terreno rústico cercado con malla ciclónica, situado en el polígono F4, en la parte sur del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, junto al brazo izquierdo del Rio Balsas, ubicado sobre coordenadas latitud 17.963263 Y Longitud -102.141361, con una extensión superficial 9752.371 metros cuadrados", solicitado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula IV-4 Apatzingán, en el Estado de Michoacán de Ocampo, actuando dentro de la carpeta de investigación FED/MICH/APAT/0001298/2022; su ejecución; y, las consecuencias que derivan como la desposesión del bien inmueble y su respectivo aseguramiento. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 de la Ley de Amparo, virtud a que la demanda fue enviada por incompetencia legal, en términos del artículo 38 de la citada legislación. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que además se corrobora con el original del expediente administrativo relativo a la Técnica de Investigación 286/2022, y las relativas a la carpeta de investigación FED/MICH/APAT/0001298/2022; las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTA. Procedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula IV-4 Apatzingán, en el Estado de Michoacán de Ocampo y los terceros interesados, refieren que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos de los quejosos. Lo anterior es fundado. En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61, relacionado con los diversos 5o. y 6o., todos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad que no produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del particular, ya sea porque éste cuente con un derecho subjetivo protegido (interés jurídico), o bien, posea un interés legítimo individual o colectivo. Al respecto, es importante precisar que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Así las cosas, la parte quejosa está obligada a demostrar la titularidad del derecho que estima violado, esto es, que las prerrogativas que en su caso pudieran verse afectadas a través de los actos reclamados, le corresponden. En esa medida, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se concibe como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la Constitución o por la ley; y, la existencia de un acto de autoridad que lo vulnere o restrinja. Ahora bien, para demostrar la afectación a la esfera jurídica del quejoso, cuando se reclaman actos como el precisado por este, se requiere que del juicio de amparo se despendan elementos que acrediten plenamente el interés jurídico (ser titular del derecho subjetivo alegado) y no inferirse éste a base de presunciones; por tanto, corresponde a los impetrantes demostrar la afectación de los derechos que estimen conculcados en su perjuicio. Precisado lo anterior, se tiene que en el presente juicio de amparo los quejosos no acreditaron tener un derecho legítimo sobre el bien respecto del que la autoridad ordenadora y ejecutora aceptaron haber ordenado el cateo y aseguramiento, respectivamente; lo que se estima así virtud a las siguientes consideraciones. Así, de conformidad con las premisas vertidas en párrafos precedentes, los impetrantes debían acreditar fehacientemente (en términos de la ley de la materia) ser titulares de un derecho real de posesión o propiedad o alguno otro de carácter sustantivo que se hubiera infringido con el cateo y aseguramiento reclamados. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que los promoventes tengan una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título, la causa generadora de esa posesión. Destacado lo anterior, en este juicio de amparo, para acreditar la legítima posesión que ostentan los quejosos respecto del bien inmueble cateado y asegurado exhibieron: Copias simples de sus credenciales para votar. Copia simple de la documental que hace constar que el quejoso Jaime Gutiérrez Luna, es avecindado miembro activo del Ejido Melchor Ocampo, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán y que se le prestó una superficie aproximadamente de 2 ½ (dos y media) hectáreas de tierras ubicadas en la Isla de Cayacal. Copias simples de escalas gráficas de las que se aprecia como ejidatarios a los quejosos de las parcelas 33 y 41; asimismo, copia simple de otra diversa escala gráfica genérica. Oficio 628 de cuatro de octubre de dos mil veintidós, de cuyo contenido se advierte se acepta como ejidataria a la quejosa. Acta destacada número 1425, celebrada ante el Notario Público Número Sesenta y Tres en el Estado, en ejercicio dentro del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la que bajo protesta de decir verdad el quejoso compareció a exponer los hechos que estimó pertinente narrar respecto a la ejecución del cateo. Impresiones fotográficas. No obstante, dichas documentales resultan ineficaces para demostrar que los actos combatidos afectan la titularidad del derecho que los quejosos defienden en esta instancia constitucional, pues además de tratarse de copias simples, tampoco de ellas se desprende la identidad que existe con el inmueble que fue objeto del cateo y aseguramiento, en razón a que la autoridad responsable autorizó la orden reclamada respecto del "Terreno rústico cercado con malla ciclónica, situado en el polígono F4, en la parte sur del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, junto al brazo izquierdo del Rio Balsas, ubicado sobre coordenadas latitud 17.963263 Y Longitud -102.141361, con una extensión superficial 9752.371 metros cuadrados"; y, ellos refieren tener en posesión de buena fe, de manera pacífica, pública y continúa el predio rústico, situado en la parte sur del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, junto al brazo izquierdo del Rio Balsas, con una extensión superficial de 59-27-27.126 hectáreas. Asimismo, que de manera individual poseen las parcelas 33 y 41, en las cuales realizan actos de plantación frutal; y, que en el predio rústico antes referido instalaron un portón para controlar el ingreso del personal, colocando un candado del que todos los poseedores tenían llave para ingresar; sin embargo, que con motivo del cateo fueron privados de su derecho de posesión, sufriendo además daños sus parcelas, a sabiendas de que éstas se encuentran a 5.88 kilómetros del área investigada, pues se insiste, sus argumentos son insuficientes para acreditar el derecho de posesión que aducen tener. De ahí que, dichas documentales no son útiles para los fines que persiguen los quejosos. Máxime, es a los quejosos a quienes correspondía la carga de probar la posesión que refieren tener sobre los bienes que defienden y la identidad que existe con el que fue motivo del cateo y aseguramiento, ya que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, circunstancia que en el presente asunto no sucede. Tampoco es obstáculo que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por los quejosos, lo hayan hecho "bajo protesta de decir verdad", pues esta afirmación, por sí sola, no acredita el interés jurídico que tienen para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés; lo que como se ha visto, no ocurre en el presente caso. Resulta aplicable la siguiente tesis aislada, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, CUANDO UN TERCERO RECLAMA EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN INMUEBLE, UNA PARTE DEL CUAL DICE SER DE SU PROPIEDAD. Aun cuando el quejoso, como tercero extraño, para demostrar la afectación de su interés jurídico, ofrezca la instrumental pública para acreditar el extremo que una parte del bien embargado es de su propiedad, y además de advertirse que la denominación del predio y los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad son los mismos de uno y otro; si de autos no consta la superficie total del inmueble controvertido, es menester que el interesado ofrezca la pericial para demostrar la identidad de los bienes, es decir, para acreditar de esa manera que su terreno se encuentra dentro del bien secuestrado, porque puede darse el caso de que la superficie total del bien sea mucho mayor a la superficie de terreno embargado, y así que el inmueble propiedad del quejoso no haya sido afectado por el embargo." Tampoco sirve para tener por acreditado el referido interés jurídico, la sola aceptación de existencia del acto reclamado por parte de las autoridades responsables, al no probarse ni advertirse de las constancias que integran el expediente de origen que los peticionarios tengan algún derecho de posesión jurídicamente tutelado respecto del predio en cuestión. Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO LO ACREDITA LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTE SE HACE CONSISTIR EN EL LANZAMIENTO DECRETADO EN LA CAUSA DE ORIGEN RESPECTO DE LA CUAL EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO. El hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado acepte la existencia del acto reclamado, cuando éste se hace consistir en el lanzamiento decretado en la causa de origen, respecto de la cual el quejoso es tercero extraño, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, ya que tal reconocimiento no demuestra su interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues aun con esa aceptación no se acredita que dicho inconforme efectivamente esté en posesión del inmueble objeto de la referida desocupación." Luego, si los promoventes de este juicio no demostraron la propiedad ni posesión del predio aludido, puesto que no aportaron pruebas idóneas que así lo acreditara, es evidente que tampoco justificaron que los actos reclamados vulneraron su esfera jurídica, puesto que correspondía a la parte quejosa acreditar la procedencia de la acción constitucional, y que los actos reclamados afectaron los derechos que estimaron conculcados, de ahí que se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que hace procedente sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No pasan inadvertidos los alegatos formulados por las partes; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, mayormente que ya fueron atendidos al sustentar el sentido de la determinación adoptada. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Gutiérrez Luna y Lidia Chávez Garibo, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

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