Jaime Edgar Murillo Ramos
Expediente 1312/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1312/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime Edgar Murillo Ramos
Actuaciones
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1312/2023, promovido por Jaime Edgar Murillo Ramos, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al atribuida a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del incidente de liquidación, propuesto por la parte actora en el juicio ordinario laboral 5B-2026/2014, dentro de los términos legales. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva cuya demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado. Además, dicha omisión se acredita con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, del cual se obtiene que desde el once de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable ha sido omisa en emitir el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del incidente de liquidación, propuesto por la parte actora en el juicio laboral de origen. Circunstancia que además se corrobora con la documental que fue anexada a la demanda de amparo, de la que se obtiene que la parte quejosa presentó demanda laboral ante la autoridad responsable el dieciocho de julio de dos mil catorce, medio de convicción que adquiere pleno valor en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2o. CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este juzgador advierte la actualización de alguna; por tal motivo, procede analizar los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de fondo. Es fundado el único concepto de violación. Lo anterior es así, pues el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, garantiza el derecho a toda persona a que se administre en su favor justicia de forma gratuita, por conducto de los tribunales expeditos para hacerlo, los que deberán respetar los plazos y términos que fijen las leyes para tal efecto, así pues, que sus resoluciones deberán emitirse de forma completa e imparcial. Ahora, la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo que el diez de enero de dos mil veintidós, se presentó incidente de liquidación en el juicio ordinario laboral 5B-2026/2014, dándose trámite al mismo y que el once de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia respectiva, en el que las partes ofrecieron pruebas, reservándose emitir el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, sin que a la fecha la autoridad responsable haya emitido el mismo. De esta forma ante la presunción de certeza del acto reclamado respecto de la omisión reclamada, es evidente la paralización del proceso laboral de origen y una denegación al acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional. En efecto, el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al momento que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado, en lo medular dispone que cuando se promueva incidente, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Por ende se tiene que la omisión de la responsable es patente y transgresora de derechos fundamentales, puesto que, desde hace casi un año y cinco meses no ha proveído sobre la admisión o desechamiento de las pruebas dentro del incidente de liquidación propuesto por la parte actora en el juicio ordinario laboral de origen. Consecuentemente, el actuar de la responsable resulta contrario al principio de administración de justicia, además de soslayar los plazos que establece el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, para el desahogo de pruebas y dictado de la resolución correspondiente. Así, la inobservancia del dispositivo 17 de la Constitución Federal que establece que la impartición de justicia debe realizarse en los términos que fije la ley respectiva. Sirve de sustento la jurisprudencia con registro digital 172759, de epígrafe: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.". En esa tesitura, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jaime Edgar Murillo Ramos, contra la omisión reclamada a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SEXTO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, deberá: Emitir de inmediato el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas dentro del incidente de liquidación propuesto por la parte actora en el juicio ordinario laboral 5B-2026/2014, de acuerdo a lo establecido en los artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo. Sin que dicha concesión implique abarcar las subsecuentes etapas durante el desarrollo del procedimiento laboral, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función de las omisiones reclamadas y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Sin que sea el caso hacer manifestación alguna en cuanto a lo que concierne al pedimento presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dado que no forma parte de la litis. Apoya la consideración anterior, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA AL JUZGADOR CONSTITUCIONAL.- Al dictar sentencia, el juez de Distrito no está obligado a resolver en el sentido del pedimento del Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, cuenta habida de que ese documento tan sólo contiene la opinión de una de las partes del juicio y, por lo tanto, no obliga al juzgador constitucional a fallar necesariamente en tal sentido". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jaime Edgar Murillo Ramos, contra la omisión reclamada a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con el estado de autos, específicamente con la certificación secretarial que antecede, dentro del juicio de amparo 1150/2023. Conste. Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se fija fecha para audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba programada para las nueve horas con diez minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que con motivo del paro nacional de labores convocado en toda la República Mexicana en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad 11/03/24 11:22:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO con la Circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó declarar inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veinticuatro de octubre de la presente anualidad, con motivo del citado paro nacional y como consecuencia, suspender labores, términos y plazos durante el citado periodo. Así como que, en la diversa Circular 29/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno dicho Consejo, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, estableció que corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales preservar el principio de continuidad de la función; pero que, dadas las condiciones que prevalecen en algunas instalaciones de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, podrán declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la Federación. Es por ello que se declararon inhábiles los días que van del veinticinco al veintisiete de octubre del año actual; en consecuencia, a fin de reanudar el trámite del presente juicio de amparo se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Se recibe escrito, no ha lugar. Agréguese el escrito signado por Eduardo Ramírez Alcantar, mediante el cual refiere tener carácter reconocido en autos y pretende solicitar copias simples de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; en atención a su contenido, sin que haya lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que de un minucioso análisis a las constancias de autos, se advierte que el referido ocursante no tiene ningún carácter reconocido en el presente juicio de amparo y por ello no ha tenido intervención en el expediente en que se actúa. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad realiza manifestaciones. Agréguese el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído dos de octubre del presente año, remite constancia e informa que solicitó al departamento de abastecimiento del referido Instituto, particularmente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán, para que le informara el resultado de la licitación de los documentos que acrediten las acciones tendientes a la adquisición de la clave 010 000 5404 00 00 ALIMENTO MÉDICO PARA PACIENTES CON TRASTORNO DEL CICLO DE LA UREA, DE 8 AÑOS O MAYORES Y ADULTOS; al cual le dio respuesta el veintisiete de septiembre del año en curso, en el siguiente término: ".no tuvo cotizaciones, sin embargo por la vigencia de los (sic) autorizaciones el folio se venció, razón por lo (sic) cual gestionando ante nuestra nuevamente la autorización de compra local de la clave, para continuar con el proceso de adjudicación, esperando la participación de la proveeduría, por las 58 piezas que se cuenta con la autorización.". Asimismo, del correo electrónico que adjunta a su comunicado de cuenta se aprecia que el Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, de esta ciudad, informó al Delegado de las autoridades responsables que: ".la clave 010 000 5404 00 00 ALIMENTO MÉDICO PARA PACIENTES CON TRASTORNO DEL CICLO DE LA UREA, DE 8 AÑOS O MAYORES Y ADULTOS. POLVO. CADA 100 G CONTIENE (MINIMO-MAXIMO): ENERGIA 360.00- 440.OO KCAL, PROTEINA 8.20-25.OO G, HIDRATOS DE CARBONO 45.00-71.00 G, LIPIDOS 0.00-17.00 G, L se encuentran en el procedimiento de adjudicación número AA-50-GYR-050GYRR033-T-223-2023, el cual se apertura el martes 10 de octubre y en espera de la participación de la proveeduría.". 2. Se requiere. No obstante lo anterior, requiérase a las responsables para que en el plazo de tres días computado legalmente, realicen lo siguiente: Remitan constancias de la respuesta a la nueva gestión de autorización de compra local de la clave a que refiere en su oficio y en el correo electrónico de cuenta. Sigan realizando las gestiones necesarias para la adquisición de la clave "010 000 5404 00 00 ALIMENTO MÉDICO PARA PACIENTES CON TRASTORNO DEL CICLO DE LA UREA, DE 8 AÑOS O MAYORES Y ADULTOS. POLVO". Remita copia certificada de las constancias con las que acredite haber cumplido con los puntos indicados. Además, se reitera que de no tomar las medidas necesarias para otorgar el tratamiento pertinente al peticionario, podría implicar una merma en su integridad física y estado de salud, circunstancia que a toda costa debe evitarse con el fin de garantizar la vida e integridad de la parte quejosa, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de molestias, ocasionando graves afectaciones a su salud, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida. 2.1. Apercibimiento. Apercibida dicha autoridad que, de no cumplir, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
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