Jaime Correa Velazquez

Expediente 439/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
439/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Jaime Correa Velazquez
  • Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado de autos - devolución pieza postal. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que de una consulta al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, específicamente del apartado de notificaciones judiciales, que no obran los acuses de los oficios siguientes: 30163/2021 DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARÍA Y DE VALORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 30164/2021 TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "D" DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) A través de los cuales se les notifica la sentencia dictada en el presente juicio el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por este órgano jurisdiccional. Lo anterior, no obstante que los citados comunicados fueron enviados por la vía postal desde el seis y catorce de diciembre de dos mil veintiuno, como se corrobora con las facturas de correspondencia respectivas. En seguimiento de lo anterior, téngase al Servicio Postal Mexicano, devolviendo la pieza postal que contiene al oficio 30164/2021, derivado de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad responsable Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Ciudad de México, de la que se desprende que no fue posible su entrega, pues obra en ella la leyenda "CERRADO POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19". Se ordena reenvío de oficios. En esas condiciones, y toda vez que constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, que las citadas autoridades responsables son representadas en el presente juicio por los Directores Contenciosos licenciados Francisco Javier García Estrada y Tania Midori del Villar Aranda, quienes al rendir su respectivo informe señalaron como domicilio para recibir notificaciones las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ubicadas en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Plaza Inn, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, Álvaro Obregón en la Ciudad de México y únicamente para recibir notificaciones debido al periodo de contingencia sanitaria por el virus COVID 19, el correo electrónico contencioso@cnbv.gob.mx. Comisiónese a los actuarios adscritos a este juzgado para que de inmediato realicen el envío de los oficios 30163/2021 y 30164/2021 a las autoridades responsables por medio de correo electrónico, previo cercioramiento de que corresponde a éstas, debiendo dejar constancia de su envío y confirmación, o en su defecto levantar la razón correspondiente, en cuyo caso deberá remitir los comunicados vía mensajería acelerada ESTAFETA, a fin de que sean notificadas del fallo constitucional. Se requiere a correos. No obstante lo anterior, requiérase al Administrador de Correos de esta ciudad, para que en el plazo de tres días remita el original o copia certificada del acuse de recibo de la pieza postal que a continuación se señala: 30163/2021 DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARÍA Y DE VALORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) O bien manifieste la imposibilidad que tenga para ello (para tal efecto se le anexa copia simple de la referida factura); apercibido que en caso de ser omiso, con fundamento en el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    por este medio se notifica a la parte quejosa el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que dice: Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 439/2021, promovido por Jaime Correa Velázquez; por los razonamientos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables.

  3. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Jaime Correa Velázquez -a través de su apoderado Guillermo Manuel Aponte- presentó demanda de amparo contra actos de autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 5, 14, 16, 25, 31 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por razón de turno correspondió a este juzgado el conocimiento de la demanda, por lo que, por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, registrándose con el número 439/2021. Así las cosas, previo los trámites de ley, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que las cuentas bancarias sobre las cuales la parte quejosa reclama el bloqueo fueron aperturadas en lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público: - La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria del quejoso, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta de número 4061146023, lo que provoca que no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones económicas previstas -entre otras-, el pago de sus tarjetas de crédito y débito, así como de proveer sustento a su familia, ya que de dicha cuenta se desprende el capital disponible para dar sustento a lo señalado. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: - La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria del quejoso, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta de número 4061146023, lo que provoca que no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones económicas previstas -entre otras-, el pago de sus tarjetas de crédito y débito, así como de proveer sustento a su familia, ya que de dicha cuenta se desprende el capital disponible para dar sustento a lo señalado. -La orden verbal o escrita para impedir que el quejoso apertura o realice cualquier gestión en su cuenta bancaria 4061146023. -La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en contra del quejoso, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar su cuenta bancaria, así como para poder aperturar o realizar cualquier movimiento dentro de la misma. Del Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: -La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria del quejoso, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta de número 4061146023, lo que provoca que no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones económicas previstas -entre otras-, el pago de sus tarjetas de crédito y débito, así como de proveer sustento a su familia, ya que de dicha cuenta se desprende el capital disponible para dar sustento a lo señalado. -La orden verbal o escrita para impedir que el quejoso apertura o realice cualquier gestión en su cuenta bancaria 4061146023. -La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en contra del quejoso, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar su cuenta bancaria, así como para poder aperturar o realizar cualquier movimiento dentro de la misma. -Toda orden verbal o escrita dirigida a la institución bancaria HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINNCIERO HSBC, para que bloque, cancele, suspenda o revoque la totalidad de la cuenta bancaria del quejoso, e impida disponer de los recursos que existen en la cuenta 4061146023. De HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC: -El bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de la cuenta bancaria 4061146023 del quejoso así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. TERCERO. Actos inexistentes. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, esta última sólo por lo que respecta a la omisión de notificar el inicio y tramitación del procedimiento administrativo en contra del quejoso, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar su cuenta bancaria. Lo anterior en razón de que al rendir sus respectivos informes justificados negaron su existencia y el impetrante de amparo no desvirtuó dichas negativas, pues no allegó medio de convicción idóneo para acreditar su certeza. Sobre todo, si tomamos en consideración que la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, ya que quien presenta una demanda de amparo está obligado a acreditar directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas que dicho acto es inconstitucional. Al respecto, tiene aplicación la tesis de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, por lo que ve a la negativa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, obra en autos copia digitalizada certificada del acuerdo 105/2021 así como del oficio 110/F/B/4469/2021 con folio SIARA UIFB/2021/000106 emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, de las que se advierte que fue la referida Unidad de Inteligencia Financiera quien emitió la orden respectiva y no así, la citada Secretaría. Por tanto, el medio de convicción señalado en el párrafo que antecede robustece la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la participación de los actos que se le reclaman; consecuentemente, por los razonamientos expuestos y al actualizarse la causa de improcedencia, procede sobreseer en el juicio, acorde a lo que dispone el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, únicamente por lo que respecta a los actos reclamados a las citadas autoridades. CUARTO. Acto reclamado existente. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Director de Procesos Legales B, de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, al rendir sus respectivos informes con justificación aceptaron los actos que se les reclaman, por lo que se tienen por ciertos. Lo que se corrobora además con las constancias que las autoridades responsables Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Director de Procesos Legales B, de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria, acompañaron a sus respectivos informes justificados, las cuales adquieren valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado hace valer la referente a la inexistencia del acto reclamado que se establece en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Causal que únicamente se actualiza por las autoridades responsables Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, esta última sólo por lo que respecta a la omisión de notificar el inicio y tramitación del procedimiento administrativo en contra del quejoso, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar su cuenta bancaria, mismas por las que ya se decretó el sobreseimiento. Sin embargo, no se actualiza por lo que hace a las autoridades Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Director de Procesos Legales B, de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, dado que ha quedado evidenciada la existencia del acto a ellas reclamado, como se precisó en el considerando anterior, de ahí que se desestime la causal invocada por la representante social. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por sí y en representación de la Dirección de Procesos legales B de la Dirección General de Procesos Legales al rendir su informe justificado invocó causal de improcedencia, bajo el argumento de que la parte quejosa promovió el medio ordinario de defensa previsto en la disposición 73 de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues solicitó garantía de audiencia mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de la presente anualidad, por lo que aduce, no puede estarse tramitado dicho medio ordinario y el presente juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que refiere que al día en que rindió su informe justificado, el procedimiento administrativo iniciado en términos de la disposición general antes citada, se encuentra en proceso de integración y sustanciación, lo cual consiste en la etapa previa al dictado de la resolución administrativa que en derecho corresponde. Resolución que -afirma- puede ser en el sentido de modificar, revocar o confirmar la inclusión del aquí quejoso a la lista de personas bloqueadas. Asiste la razón a la autoridad responsable, ya que en efecto, se actualiza la citada causa prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." En efecto, el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, prevé el principio de no simultaneidad, según el cual no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda lograrla revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad que esté siendo reclamado en el juicio de amparo, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias, así como que se resuelva sobre el mismo aspecto en dos medios de defensa, que puedan dejar sin efectos el mismo acto, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de su dictado, orden, emisión o ejecución. De ahí que ante dicho supuesto se debe sobreseer el juicio de amparo que se promueva contra un acto que ya ha sido impugnado a través de otro medio de defensa, siempre que se demuestre, por la parte interesada, que dicho medio se encuentra en trámite. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha referido que para tener por actualizada la causa de improcedencia de mérito, es necesario que se actualicen las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones se encuentran previstas en la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida al resolver la contradicción de tesis 31/96, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa e en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamadose esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Bajo esas premisas, de las constancias remitidas por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se desprende que el treinta de abril de dos mil veintiuno, emitió el acuerdo 105/2021, por medio del cual incluyó en la "lista de personas bloqueadas", entre otras al aquí quejoso Jaime Correa Velázquez, solicitando a las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero Nacional, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que suspendieran de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con clientes o usuarios incluidos en dicha lista, haciendo de su conocimiento a dichos usuarios entre ellos, al quejoso que en términos de la 73° Disposición General, a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenía la posibilidad de acudir ante esa autoridad a hacer valer sus derechos. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso presentó escrito a través del cual realizó diversas manifestaciones y ofreció pruebas para desvirtuar las razones que se tomaron en consideración para incluirlo a la lista de personas bloqueadas. En respuesta a dicho escrito, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la Directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, notificó al peticionario de amparo, el contenido del oficio 110/F/B/5027/2021, a través del cual, le requirió diversas constancias, previo al señalamiento de una fecha para comparecer ante esa autoridad administrativa, a efecto de que le notifiquen las causas, razones y fundamentos de su inclusión a la lista de personas bloqueadas mediante el citado acuerdo 105/2021, manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso presentó un escrito en el que atendía el requerimiento efectuado, por lo que a la fecha en que emitió su informe justificado, el expediente administrativo se encuentra en proceso de substanciación, lo cual consiste en la etapa previa al dictado de la resolución administrativa correspondiente. Con lo anterior se acredita que el quejoso se sometió al medio ordinario de defensa previsto en la disposición 73 de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Bajo este contexto, para demostrar la idoneidad del medio ordinario de defensa instado por el aquí quejoso, es necesario referir que el procedimiento de audiencia previsto en la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece: "73 ª. Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría conforme a lo siguiente: I. Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que tenga conocimiento de la suspensión a que se refiere la Disposición 72 ª anterior, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso. II. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma." De lo inserto se deduce que las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas pueden someterse a un procedimiento ante sede administrativa en el que: 1. Podrán hacer valer sus derechos ante el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la citada Secretaría. 2. Se le otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que tenga conocimiento de la inclusión en la lista mencionada, expresen por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. 3. Que dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos del apartado I, se emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la lista referida y si procede o no su eliminación. En la especie, como ya se adelantó, mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso ejerció ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su derecho de audiencia previsto en la 73 de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, solicitando fuera proporcionada la documentación que tuviera las razones por las cuales fue incluido a la lista de personas bloqueadas. En respuesta, la Directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera emitió el oficio número 110/F/B/5027/2021, a través del cual, le requirió diversas constancias, previo al señalamiento de una fecha para comparecer ante esa autoridad administrativa, a efecto de que le notifiquen las causas, razones y fundamentos de su inclusión a la lista de personas bloqueadas mediante el citado acuerdo 105/2021, manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. Por tal razón, fue el propio quejoso quien solicitó se le citará a comparecer a fin de conocer las razones por las que estaba siendo investigado y, hacer valer su derecho de acceso a la justicia, en razón de lo cual, la autoridad demandada le concedió el derecho de audiencia previsto por la Disposición de Carácter General 73ª a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. En tales condiciones, es evidente que, de las constancias del juicio de amparo se advierte que, la solicitud presentada por el quejoso se encuentra en trámite ante la autoridad competente y la resolución con que culminara la misma puede tener por objeto modificar o revocar el acto reclamado, por lo que, se debe estimar que dicho medio ordinario de defensa, es el idóneo para revocar la orden de bloqueo de la cuenta bancaria que defiende el quejoso. Bajo este contexto, es dable concluir que con su escrito presentado el dieciocho y posteriormente el treinta y uno de mayo del año en curso, ante la autoridad responsable: a) el quejoso se sujetó al procedimiento previsto en la norma ordinaria; b) dicho medio de defensa se encuentra en trámite (pues así lo refirió la autoridad responsable, al señalar que se encuentra en etapa previa al dictado de la resolución administrativa correspondiente); y, c) es la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XIX, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 439/2021, promovido por Jaime Correa Velázquez; por los razonamientos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Diferimiento. Vista la certificación de cuenta, toda vez que de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; en tales condiciones, la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Autorizados. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso, atento a su contenido, tomando en consideración que de una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no se localizó cedula profesional a nombre de Rodrigo Calderón Lobato y Francisco Isaí Medina Peña, por tanto, quedan autorizados en términos restringidos hasta en tanto acrediten fehacientemente encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Copias simples. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que las labores de este juzgado federal lo permitan, expídasele a su costa copia simple de las constancias que solicita, previo recibo que se deje en autos, y a través de las personas que señala en su escrito de cuenta para recibirlas. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de dichas constancias, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, para la obtención de las copias que requiere, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Asimismo, se hace saber a la promovente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Víctor Hugo Alonso Cendejas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/2033/2021, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

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