Jaime Enriquez Alvarado

Expediente 706/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
706/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Jaime Enriquez Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    En veintiséis de enero de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta a al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Del estado que guardan los autos, se desprende que en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio y anexos, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, al que adjuntó el cuaderno de incompetencia 667/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Jaime Enríquez Alvarado, contra actos del contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades, en razón a que estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma, por razón de grado. Por auto de esa misma data, este órgano de control constitucional, se avocó al conocimiento de la declinatoria planteada, y desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal. Asimismo, se advierte que por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la citada determinación de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, toda vez que resulta innecesaria la retención de los anexos remitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, esto es, el juicio ordinario civil número 395/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, remítanse a esta última autoridad, para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  2. Principal

    En treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para recurrir el auto que desechó la demanda de amparo, transcurrió del veinte al veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente vía correo electrónico, el dieciséis del mismo mes y año; sin que lo haya hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del índice del este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con ello se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ORDEN DE ARCHIVO Y SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4764/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria María Teresa Torres Espinoza

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1.1 Registro. Por recibido el oficio número suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, al que adjunta el cuaderno de incompetencia 667/2021, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Jaime Enríquez Alvarado, contra actos del contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Los Reyes, Michoacán de Ocampo y otras, en razón a que estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma, por razón de grado. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada. Hágase saber tal determinación a la citada autoridad declinante, mediante oficio que al efecto se gire. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 706/2021. 1.2. Causa de improcedencia. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.3. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil número 395/2019, sobre acción de nulidad de escrituras y otras prestaciones, en que se negó a la quejosa su petición relativa a girar nuevo oficio a las autoridades registrales, a fin de cumplir con la sentencia definitiva de veintiuno de octubre del año en curso, esto es, para que se cancele la inscripción hecha en dichas dependencias, de los títulos de propiedad presentados por Elvia Enríquez Alvarado. Del anterior desprende que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. 1.4. Improcedencia. Este juzgado advierte que en el caso en concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal. En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido. Sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución de sentencia, a la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de ese procedimiento. Ahora, en el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no tienen el carácter de definitivo en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que se continúe con dicho trámite de ejecución, respecto de lo ordenado en sentencia definitiva dictada en el referido juicio 395/2019. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. De ahí que, no puede estimarse que el acto reclamado satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Entonces, el presente juicio de amparo es improcedente respecto de los actos reclamados, porque conforme a lo previsto en la citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, sólo se actualizará cuando se controvierta la última resolución dictada en dicho procedimiento, y en el caso, como se explicó, no ha acontecido. Por tanto, se concluye que el reclamo constituye solamente una actuación intermedia dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Sirve de apoyo la tesis P./J.32/2001, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." No es óbice a lo anotado, el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia firme estableció, que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Dicho criterio lo sostuvo el más Alto Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Pues tal criterio no es aplicable al caso, ya que el referido acto reclamado, no es de aquéllos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, contra los cuales sí es procedente el juicio de amparo en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso, el acto reclamado sí está relacionado con la cosa juzgada, es decir, con la sentencia ejecutoriada que resolvió el juicio del que deriva el acto reclamado, pues la parte quejosa es la ejecutora en el supra citado juicio número 395/2019, y además, en él se advierte, que compareció al mismo, en su calidad de actora, por lo que, es evidente que no es ajeno a la cosa juzgada, de ahí la improcedencia de la demanda de amparo. 1.5. Autorizados. Téngase señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como por autorizados en términos amplios a Jessica Márquez Chávez, Miguel Ángel Oseguera Herrera y Julio Gómez Martínez, cuentan con cédula Profesional Registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación; y, únicamente para recibir notificaciones a Malinalli Xochiquetzal García Nolasco, por así haberlo solicitado expresamente. 1.6. Datos de contacto. Asimismo, se le tiene proporcionando el teléfono y correo electrónico que refiere, por tanto, manténganse bajo resguardo este dato, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico del juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. d) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera del siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a través de los medios de contacto proporcionados.

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