Jaime García García

Expediente 839/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
839/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Jaime García García

Actuaciones

  1. Incidental

    En veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con copia de la demanda de amparo y anexos, para formar el incidente de suspensión. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado con esta fecha, en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, con una copia simple del escrito inicial de demanda y anexos, tramítese incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 839/2023, promovido por Jaime García García, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. 1.2. INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140, de la ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándole al efecto copia simple del escrito inicial de demanda. 1.3. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia incidental. 1.4. PRECISIÓN DE LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN RECLAMADA. Del libelo constitucional se advierte, que el quejoso reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: El auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio especial oral familiar sobre custodia y otras prestaciones número 155/2023, acumulado al 156/2023, en el que se le requiere del pronto y efectivo pago de la cantidad de $ 51,653.00 (cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y tres pesos), correspondiente al monto total del pago de alimentos provisionales que fue fijado a favor de la infante de iniciales A.G.A, o bien acredite estar al corriente; además, se le apercibe que de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de lo adeudado. 1.5. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL PETICIONADA. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, Las previsiones que el Juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia de los actos reclamados. La naturaleza de los actos reclamados. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por el Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, XXVII.3o.J/2., de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". Siguiendo el orden lógico y secuencial, antes enunciado, se procede al análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión provisional: El primer requisito se encuentra colmado, toda vez que en el escrito inicial de demanda, el quejoso solicitó la suspensión de los actos reclamados, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que, al tratarse de la suspensión provisional, se presume la existencia del acto, con base en las manifestaciones que la parte quejosa formuló bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo, y anexos. No obstante la acreditación de los elementos anteriores, al realizar un análisis de la naturaleza de los actos reclamados, la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juzgador considera que el otorgamiento de la suspensión provisional se seguiría en perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. En efecto, el artículo 147, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Asimismo, el arábigo 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión: VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico". De los dispositivos transcritos, se aprecia que de conceder la medida suspensional solicitada por la parte quejosa, se atentaría contra las disposiciones del derecho de familia que tienen la categoría de orden público; como lo son las que regulan las obligaciones y derechos de orden familiar, como acontece en la controversia que se plantea a este órgano jurisdiccional. Por tanto, resulta improcedente conceder la suspensión respecto de los efectos o consecuencias de los referidos actos reclamados por la parte incidentista, puesto que equivaldría a dejar sin efectos la medida cautelar decretada por el juez natural y los perjuicios que se le ocasionarían a la infante implicada dentro del juicio especial oral familiar sobre custodia y otras prestaciones número 156/2023, y su acumulado 155/2023, serían irreparables. Es necesario resaltar que, la sociedad se encuentra altamente interesada en el bienestar y sano desarrollo de los menores, cuyo interés superior debe ser protegido por este órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por el artículo 4°, constitucional, que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que estatuye que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, en los juicios en los que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, como en el caso sucede. En efecto, el acto reclamado emana de una controversia de orden familiar, y es inexacto conceder la suspensión con efectos restitutorios conforme al numeral 147 de la Ley de Amparo, pues se produciría perjuicio al interés social, porque la sociedad tiene interés en que los menores tengan un adecuado desarrollo lo que solo se logra a través de la alimentación, que también incluye casa habitación. Además de que, será materia de prueba oportuna determinar si esa determinación de que se duele la parte quejosa, es inconstitucional o no. En atención a lo anterior, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL respecto de los efectos o consecuencias de los referidos actos reclamados, pues, en la especie, no se satisface la condición a que se contrae el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 1.6. EXPEDICIÓN DE COPIAS. De conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la presente determinación, previa razón de recibo que se deje en autos para debida constancia. 1.7. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. La actuación del personal judicial y de las partes dentro del presente incidente, así como la integración del expediente físico, deberán llevarse a cabo en los términos y condiciones establecidos en el juicio principal de donde deriva el presente cuaderno.

  2. Principal

    El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que Diana Karely Vargas Sánchez y Joel Munguía Munguía, no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Conste. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con una demanda de amparo, presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional, registrada con el folio 15123; y, con la certificación secretarial que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por Jaime García García, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 839/2023. 1.2 Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jaime García García, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial, con sede en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. 1.3. Suspensión. En cuerda separada tramítese el incidente de suspensión. 1.4. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. 1.5. Informe con justificación. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo con la anticipación necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional y remitir copia certificada legible y completa de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida de actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 1.6. Tercero interesado. Resérvese emplazar a la tercera interesada, hasta en tanto obre en autos el informe con justificación que rinda la autoridad responsable. 1.7. Ministerio Público. Dese a la Fiscal de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 1.8. Causas de sobreseimiento. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas unidades de medida de actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 1.9. Autorizados y uso de medios electrónicos. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en los términos restringidos que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, a Diana Karely Vargas Sánchez y Joel Munguía Munguía, dado que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que les acredita como licenciados en derecho. Asimismo, y toda vez que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo se autoriza al quejoso y a sus autorizados, el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente asunto, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran en el presente juicio, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. De igual forma, en dado caso de necesitar alguna copia digital del juicio de que se trata, las mismas deberán ser solicitas por escrito. 1.10. Usuario. Téngase a la parte quejosa proporcionando el usuario "omarmorenomunguía", para oír y recibir todo tipo de notificaciones; así como, para consultar el expediente electrónico, como lo señala en el escrito de cuenta; por tanto, se instruye a la actuaría de la adscripción, habilitar dicho usuario, para los fines indicados. 1.11. Pruebas. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba la documental, consistente en las constancias que anexa, en dos tomos, misma que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

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