Jaime Darío Oseguera Méndez

Expediente 706/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
706/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Jaime Darío Oseguera Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    .Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, diez de octubre de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, ******************** y ********************, en representación de ********************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro electrónico correspondiente bajo el juicio de amparo número 706/2023. DESECHAMIENTO. A efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. En el caso, el peticionario de amparo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que enseguida se transcriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE DOMICILIO OFICIAL ACTO RECLAMADO Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Uruapan del Poder Judicial de la Federación . 1. El auto de 18 de septiembre de 2023 por medio del cual negó el trámite del recurso de apelación en contra del auto de 4 de septiembre de 2023, respecto del juicio ******************** de su índice 2. La omisión de ejercitar sus atribuciones oficiosas para regularizar el procedimiento ante evidentes violaciones procesales, respecto del juicio ******************** de su índice 3. La negativa a ejecutar sus facultades y atribuciones para regularizar el procedimiento ante evidentes violaciones procesales, respecto del juicio ******************** de su índice". CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Una vez examinada la demanda, se considera que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contemplada en el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de dicho ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues los actos reclamados en modo alguno afecta derechos sustantivos protegidos de la parte quejosa en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de dicho ordenamiento. Lo anterior, implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Ahora, el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". El precepto citado prevé la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de un juicio cuando éstos sean de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de un procedimiento de esa naturaleza tengan una ejecución reparable con el dictado de la resolución definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales obtiene resolución favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara que fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del juicio deben ser combatidas al momento de impugnar la sentencia definitiva dictada en dicho sumario, siempre y cuando por virtud de ésta quede sin defensa el quejoso, trascendiendo tal violación al resultado de la resolución, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Lo anterior, significa que las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impidan o afecten, en forma actual, el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. De esa interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, derivados del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. Mientras que la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados dentro de un juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, no serán impugnables vía amparo indirecto. Igualmente, es ilustrativa la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 1902, del libro 29, abril de 2016, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". En resumen, los actos dictados dentro de un juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos sustantivos de las personas que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al impugnarse la resolución definitiva. En el caso, se estima que los actos reclamados son de naturaleza puramente procesal, sin que afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Para mayor claridad, resulta oportuno mencionar algunos de los antecedentes de los actos reclamados, que la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad. a) El treinta de abril de dos mil veintiuno, la Jueza Tercero Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, radicó con el número de expediente ********************, la demanda promovida por ******************** en la vía ordinaria civil en ejercicio de la acción real sobre inexistencia y nulidad absoluta de tres instrumentales públicas, contra el quejoso ******************** y otros. b) El once de agosto del mismo año, la Jueza de origen tuvo al ahora quejoso, dando contestación a la demanda instaurada en su contra. c) El nueve de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó abrir a prueba el juicio por el término de veinticinco días. d) El veintiocho de junio de ese año, la Jueza natural tuvo al aquí quejoso aportando los medios de prueba siguientes: - Pericial en grafoscopía y documentoscopía - Inspección ocular a los volúmenes del apéndice de la notaría pública ******************** de Morelia, Michoacán. - Instrumental pública relativa a la copia simple del acto notarial contenido en la certificación ********************. - Pericial de sello oficial de notario publico. - Confesionales judiciales. - Instrumentales públicas en vía de informe, consistentes en oficios que se enviaran a Secetaría de Gobierno, Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías. e) No obstante, se reservó acordar fecha para la toma de muestras caligráficas de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía, hasta en tanto la prueba se encontrara debidamente preparada; por otro lado, se admitió la inspección judicial pero no se señaló fecha para su desahogo en virtud de que hacía falta precisar los puntos en los que se basaría dicha probanza y, se determinó que no había lugar a despachar las instrumentales en vía de informe, dado que se encontraban ordenados para girar a dependencias de gobierno y que a su criterio, el ahora impetrante no le señaló el impedimento legal que tuvo para obtenerlo por él mismo y que dada la naturaleza de las funciones que desempeñaba, este debía tener en su poder los sellos de la notaría así como las constancias inherentes a la recepción y solicitud de dichos sellos. f) El diez de Julio de dos mil veintitrés, la Jueza de origen señaló fecha para la toma de muestras caligráfricas de la parte actora y, señaló que la prueba de inspección judicial se había desestimado por auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés. g) Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintitrés, el demandado ********************, ahora quejoso, solicitó la regularización del procedimiento, ello con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles. h) El cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la Jueza de origen determinó que debía estarse a lo acordado en auto de veintiocho de junio de dicho año. i) Inconforme con dicha determinación, el trece de septiembre de dos mil veintitrés el demandado ********************, interpuso recurso de apelación y, por auto de dieciocho de septiembre del mismo año, la Jueza de conocimiento determinó que no había lugar a tener por interpuesto dicho recurso. De lo anterior, se observa que los actos reclamados consistentes en un acuerdo en donde se determinó que no había lugar a admitir el recurso de apelación interpuesto en contra de un auto en el que se señaló que debía estarse a lo acordado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés (relacionado con la admission de pruebas), la omisión de ejercitar sus atribuciones oficiosas para regularizar el procedimiento; y, la negativa a ejecutar sus facultades y atribuciones para regularizar el procedimiento, ante las violaciones procesales, fueron emitidos en la etapa de pruebas del juicio de origen, por tanto, se trata de cuestiones procesales que no afectan derechos sustantivos de la parte impetrante, por lo que de ninguna manera constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, pues podrán subsanarse al dictarse la sentencia definitiva; o bien, se podrá reclamar como violación procesal en el juicio de amparo directo que, en su caso se promueva contra dicho fallo definitivo. Es así, pues sólo producen efectos procesales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal a través del recurso ordinario, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que ésta también le sea desfavorable. Sin que se pase por alto lo señalado por la parte quejosa en su demanda en el sentido de que a nada práctico conduciría el permitir que las violaciones procesales subsistan hasta el dictado de la sentencia definitiva, pues ello sólo generaría artificialmente el alargamiento del proceso principal; empero, lo señalado no es suficiente para dejar de observar los supuestos de procedencia del juicio de amparo, en específico, el previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo solo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, lo cual, como se dijo, no ocurre en el caso. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ********************, ******************** y ********************, en atención a las cédulas profesionales que adjuntaron al escrito de demanda; además se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones personales e imponerse de los autos a ********************, ******************** y ********************, por así haberlo solicitado expresamente. DOMICILIO Y USUARIOS. De igual manera, téngase a la parte quejosa proporcionando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda y, como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre los usuarios "********************", "********************" y "********************" a efecto de que tenga acceso al expediente electrónico y se le practiquen notificaciones en la misma forma. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número de telefónico que indica, a efecto de entablar comunicación no procesal y únicamente en casos excepcionales. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con fundamento en los artículos aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

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