Jaime Alvarado Ortega

Expediente 510/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 35 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
510/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Jaime Alvarado Ortega
  • Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    En diecisiete de julio de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 9018. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de julio de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial Tanhuato, Michoacán de Ocampo, mediante el cual, acusa de recibo del oficio 10134/2023, de diecinueve de junio del año en curso, mediante el cual, le fueron devueltas las constancias que conforman el juicio de origen 789/2021, de su índice.********************De lo anterior, se toma para conocimiento para los efectos legales que haya lugar.********************CÚMPLASE.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

  2. Principal

    En diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el suscrito Alejandro Luna de los Santos, Secretario del Juzgado del Sexto de Distrito del Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, sin que lo hubiere hecho, transcurrió del once al veinticuatro de mayo del año en curso, toda vez que fue notificado por medio de lista el nueve de mayo pasado. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. Con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor el ocho de junio del mismo año, el presente asunto es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental es conservable, acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el citado artículo 17, una vez transcurrido el término de tres años, transfiérase el presente juicio y el cuaderno original del incidente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. CONSTANCIA. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE TOMOS DE PRUEBA. Finalmente, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, el tomo de pruebas, consistente en el juicio de jurisdicción voluntaria ******************** de su índice; y solicítese el acuse de recibo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En ocho de mayo de dos mil veintitrés, el suscrito Alejandro Luna de los Santos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que el plazo de tres días de que disponía la parte quejosa para recoger los edictos ordenados en autos, transcurrió del veintiuno al veinticinco de abril de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere realizado. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. Con lo anterior y con el estado procesal que guardan los presentes autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que previas investigaciones de domicilio, se ordenó en auto de dieciocho de abril del año en curso, el emplazamiento a juicio del tercero interesado José Luis Alvarado Cárdenas mediante edictos; sin que la parte quejosa haya comparecido a este juzgado, a recoger tales edictos, dentro del plazo que se le otorgó, ni acreditó su publicación. Así, ante la imposibilidad de lograr el emplazamiento a esta contienda constitucional, mediante los mecanismos establecidos por la ley, y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa, a fin de que compareciera a recoger los edictos para emplazar a juicio al tercero interesado de mérito, transcurrió del veintiuno al veinticinco de abril de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere realizado. De modo que, lo expuesto evidencia que la parte quejosa, incumplió con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial en el procedimiento, ya que demostró su desinterés en realizar la publicación de los edictos pues no compareció a este tribunal a recogerlos, no obstante estar debidamente requerido y notificado para ello, con lo cual quedó paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, ya que entorpece la administración de la justicia por retardar la solución del conflicto, situación que no es atribuible a este órgano jurisdiccional sino a la parte promovente, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público; circunstancia ante la cual este juzgador no puede pronunciarse sobre el fondo planteado. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.2º. C. J/27, visible en la página 1868, del Tomo XXXII, de Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados." En mérito a lo anterior, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), y 5º fracción III de la misma codificación, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción II, de la citada legislación. Al efecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial 2a./J.10/2003, que derivó de la contradicción de tesis 26/200-PL, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causas de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho fundamental al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales relativos. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de título y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, que a la letra dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Además, resulta oportuno precisar que no se viola el derecho de acceso a la justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento constitucional, se impartió aquel derecho, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo. En apoyo a lo anterior se cita, por las razones de su integración, la tesis CCCLXXI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 981, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." También sirve de sustento, por las razones que la integran, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Es de señalarse, que algunas de las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de esta resolución, aun cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a esta última. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 705, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de abril de dos mil veintitrés.********************ESTADO DE AUTOS. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que, a la fecha, se agotó la búsqueda del tercero interesado José Luis Alvarado Cárdenas, en diversos domicilios proporcionados por diversas instituciones.********************EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. Ahora bien, tomando en consideración que de autos consta que, este Juzgado agotó en demasía los medios de localización al alcance para obtener algún domicilio donde pudiera ser localizado el tercero interesado mencionado en el párrafo que antecede, con fundamento en artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se ordena emplazar a juicio al referido tercero interesado José Luis Alvarado Cárdenas, mediante edictos, a costa del quejoso, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana.********************En los mencionados edictos se le hará saber al tercero interesado José Luis Alvarado Cárdenas, que debe presentarse ante este Órgano Jurisdiccional, dentro del término de treinta días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la última publicación; en la inteligencia que, fenecido el aludido término sin que lo haya hecho, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.********************Asimismo, se ordena al Secretario actuante proceda a fijar una copia del edicto en la puerta de este Juzgado, por todo el tiempo del emplazamiento.********************REQUERIMIENTO. Requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, comparezca ante este Juzgado Federal a recoger los edictos correspondientes y dentro de los cinco siguientes deberá acreditar que realizó los trámites para su publicación, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello, apercibida que de no hacerlo así, se entenderá que no tiene interés en la prosecución de este juicio y se decretará el sobreseimiento del mismo.********************A lo anterior sirve de apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 64/2002, de rubro siguiente:********************"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso".********************Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la tesis de jurisprudencia 2a./J 108/2010, de rubro siguiente:********************"EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO".********************También sustenta lo expuesto, por las razones que informa, la tesis XX.2o.15 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 1803, del Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de julio de dos mil cuatro, que informa:********************"REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO O SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. Contra el auto que ordena emplazar a juicio al tercero perjudicado por edictos, dictado con base en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja, porque si bien se trata de un proveído dictado durante la tramitación del juicio de amparo que no admite expresamente el recurso de revisión, por sí mismo no causa un daño o perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida que el quejoso está en posibilidad de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirlos dentro del plazo que se le conceda pues, en todo caso, el perjuicio irreparable sólo se producirá si el Juez de Distrito sobresee en el juicio de garantías, por estimar que el quejoso incumplió con la prevención que se le señaló. Ahora bien, si contra el auto que ordenó el emplazamiento indicado no procede el recurso de queja, y es el auto o sentencia que sobresee en el juicio el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra de los cuales procede el recurso de revisión, según lo previsto en las fracciones III y IV del artículo 83 de la citada ley, es dable concluir que en el recurso de revisión interpuesto contra el auto o la sentencia constitucional que sobreseyó en el juicio de garantías sí pueden plantearse motivos de disenso para combatir el auto que decretó el emplazamiento a juicio de la tercera perjudicada por medio de edictos a costa del quejoso. Estimar lo contrario, esto es, que la revisión se limite a analizar la legalidad o ilegalidad de la determinación de sobreseimiento, sin examinar el auto que ordenó el emplazamiento de mérito, implicaría dejar al peticionario de garantías en estado de indefensión."********************DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.********************Lo anterior, captúrese en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE).********************Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

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