Jaime Alejandro Chávez Álvarez
Expediente 638/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime Alejandro Chávez Álvarez
- NORMA EDITH MENDOZA ÁLVAREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el ocho de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia dentro del presente expediente, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, Resolución que fue recurrida por la parte quejosa, por lo que previa integración del mismo y ordenada su remisión a la superioridad, por auto de tres de julio de dos mil veintitrés, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán de Ocampo, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, en la que se determinó confirmar la sentencia recurrida pero por distintas razones, para que ahora la autoridad responsable Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, se conduzca en los términos ahí previstos. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable, informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, asimismo, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por dicha autoridad, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE a) Deje sin efectos la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca penal XI-83/2022; b) Emita una nueva en la que determine en la alzada y sin necesidad de reenvío, que acorde con las reglas que rigen al sistema penal acusatorio en segunda instancia, en el caso debe presindicirse de considerar que, para estimar acreditado el hecho apariencia de delito de fraude especifico, debe acreditarse la existencia del engaño o del aprovechamiento del error como elemento del delito; y, c) Con libertad de jurisdicción, acorde con el recurso de apelación interpuesto, se pronuncie sobre la acreditación del hecho con apariencia del delito y, en su caso, de la probable participación de los investigados en la comisión o ejecución de ese hecho y sobre el resto de las consecuencias jurídicas conducentes al libramiento de una orden de aprehensión. a) Mediante oficio 541 firmado por el Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, informo que dejó insubsistente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal XI-83/2022. b) Asimismo, mediante comunicado 904, la citada autoridad responsable, hizo del conocimiento de éste órgano jurisdiccional, que el once de julio de dos mil veintitrés, dictó nueva resolución en el citado toca penal, en el que se presindió de considerar que para estimar acreditado el hecho apariencia del delito de fraude especifico, debe acreditarse la existencia del engaño o del aprovechamiento del error como elemento del delito-. c) Así con libertad de expresión, se pronunció respecto del recurso de apelación interpuesto, determinando revocar la resolución emitida durante la audiencia privada sobre solicitud de orden de aprehensión verificada. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de CONSERVACIÓN, en términos de los artículos 14 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, por cuanto hace al cuaderno único del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 20, fracción III, de la normativa invocada, procede su DESTRUCCIÓN. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 19, fracción II, del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de julio de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense los oficios suscritos por la Magistrada y el Secretario de Acuerdos ambos de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán, en atención a su contenido, agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda; lo anterior, en virtud de que el trece de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibido dicho comunicado y se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de julio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los correos electrónicos de cuenta, mismos que contiene los oficios signados por la Magistrada y el Secretario de Acuerdos adscritos a la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con residencia en la ciudad de Morelia, a través del cual informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de julio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE REVISIÓN. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, a través del cual adjunta los autos del juicio de amparo 638/2022, y testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de la revisión 100/2023, donde se resolvió confirmar la sentencia recurrida pero por distintas razones, para que ahora la autoridad responsable Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, se conduzca en los términos siguientes: "(.) a) Deje sin efectos la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca penal XI-83/2022; b) Emita una nueva en la que determine en la alzada y sin necesidad de reenvío, que acorde con las reglas que rigen al sistema penal acusatorio en segunda instancia, en el caso debe presindicirse de considerar que, para estimar acreditado el hecho apariencia de delito de fraude especiico, debe acreditarse la existencia del engaño o del aprovechamiento del error como elemento del delito; y, c) Con libertad de jurisdicción, acorde con el recurso de apelación interpuesto, se pronuncie sobre la acreditación del hecho con apariencia del delito y, en su caso, de la probable participación de los investigados en la comisión o ejecución de ese hecho y sobre el resto de las consecuencias jurídicas conducentes al libramiento de una orden de aprehensión. 31. Protección que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución, atribuidos al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo dependes del acto emitido por la autoridad ordenadora."(sic) En consecuencia, acúsese recibo; agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales y las demás resultan innecesarias; hágase esta circunstancia del conocimiento de las demás partes, para los efectos legales correspondientes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán, para que en el improrrogable plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas a la ejecutoria dictada por la superioridad el quince de junio de dos mil veintitrés. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se les conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 2007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como lo prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. DEVOLUCIÓN. Al resultar innecesaria su conservación, devuélvase el tomo de pruebas que la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, acompañó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
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