Jaime Aguilar Álvarez

Expediente 41/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
41/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
25/05/2018

Partes del expediente

  • Jaime Aguilar Álvarez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    IV.-Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Tanhuato, Michoacán, por medio del cual, acusa recibo del comunicado 4119 derivado del proveído de cuatro de abril del año en curso, así como de la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en el juicio sucesorio intestamentario 308/2016, a bienes de José María Álvarez Ortega. Circunstancia de que este Juzgado de Distrito toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    IV.-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: De la cuenta secretarial se advierte que a la fecha el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de cinco de marzo del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías promovida por Jaime Aguilar Álvarez, por conducto de su apoderado legal José Trinidad Dávila Farías, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tanhuato, Michoacán. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación "diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, por resultar innecesaria su retención, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tanhuato, Michoacán, la documental que remitió consistente en el juicio sucesorio intestamentario 308/2016, a bienes de José María Álvarez Ortega, con el cual se ordenó formar cuaderno de pruebas por separado, identificado como tomo I, a quien se solicita ordene a quien corresponda se sirva acusar recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a la autoridad que se indica.

  3. Principal

    IV.-De la razón precisada en la cuenta secretarial se advierte que al Actuario de la adscripción, no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de cinco de marzo del presente año; lo anterior, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, ubicado en calle González Ortega, número 410, colonia La Magdalena, de esta ciudad, fue atendido por una persona de sexo femenino, quien manifestó: "que en dicho domicilio no vive la persona buscada ni sus apoderados e ignora quienes sean". Por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el numeral 29, ambos de la Ley de Amparo, la notificación del acuerdo de referencia, así como las subsecuentes que resulten, aun las de carácter personal, practíquense al peticionario de garantías, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto designe nuevo domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    IV.-Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por José Trinidad Dávila Farías, apoderado jurídico de Jaime Aguilar Álvarez, carácter que se le reconoce en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, por así acreditar con las constancias que integran el juicio sucesorio intestamentario 308/2016, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Tanhuato, Michoacán, de donde derivan los actos reclamados, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintinueve de enero del año en curso, toda vez que al efecto, manifiesta que el acto reclamado en el presente juicio de garantías, es únicamente la sentencia interlocutoria de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la primera sección del citado juicio sucesorio intestamentario. Ahora, apreciado íntegramente la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jaime Aguilar Álvarez, por conducto de su apoderado legal José Trinidad Dávila Farías, habida cuenta que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV y 17, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley en comento, establece como causa de improcedencia, cuando no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17, del propio ordenamiento legal, mismo que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la legislación en consulta, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: 1. Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XXI.2°.P.A. J/32, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Enero de 2010, página 1931, Novena Época, Materia Común, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Entonces, la parte que se siente agraviada de determinado acto de autoridad, tendrá quince días hábiles para presentar su demanda de garantías, una vez que haya comenzado a contar ese lapso, desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Ahora, del contenido del escrito de cuenta, por medio del cual, aclara su demanda de garantías, se advierte que el quejoso Jaime Aguilar Álvarez, por conducto de su apoderado legal José Trinidad Dávila Farías, reclama lo siguiente: Del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tanhuato, Michoacán: ".el acto reclamado es únicamente la sentencia interlocutoria de fecha 23 de Octubre del año 2017, dos mil diecisiete, dictada en la primera sección del Juicio Sucesorio Intestamentaria número 308/2016, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán, que declaró como único y universal heredero al Fisco del Estado" Asimismo, en su demanda de garantías, en específico en el capítulo relativo a los actos reclamados, se advierte que bajo protesta de decir verdad precisó que la citada resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, que constituye el acto reclamado, le fue notificada a su poderdante el veintitrés del mismo mes y año, al tener señalado los estrados de ese Juzgado para recibir notificaciones (foja 9). Apoya lo anterior, la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 2613 tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, aplicable en lo conducente, del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Circunstancia que se corrobora con las constancias que integran el citado juicio sucesorio intestamentario 308/2016, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia, residente en Tanhuato, Michoacán, en las que se advierte que efectivamente la resolución interlocutoria que tilda de inconstitucional, le fue notificada a la parte quejosa, el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (foja 56 del tomo de pruebas). En ese sentido, se estima que al día seis de diciembre de dos mil diecisiete, fecha en que fue presentada la demanda de garantías ante la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tanhuato, Michoacán, habían transcurrido en exceso más de los quince días, toda vez que como ya se indicó, la resolución que tilda de inconstitucional, le fue notificada por medio de lista, el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, tomando en consideración que la citada notificación surtió efectos el veinticuatro de ese mismo mes y año, que fue el día hábil inmediato posterior a aquél en que se le notificó la mencionada resolución. Por tanto, el plazo para la interposición de la demanda de amparo, transcurrió del veinticinco de octubre al diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, sin contar los días veintiocho y veintinueve de octubre, así como uno, dos, tres, cuatro, cinco, once y doce de noviembre del año próximo pasado, por haber sido inhábiles; es así, dado que la parte quejosa fue notificado del acto reclamado el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, según manifiesta bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda y se computó a partir del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, feneciendo el diecisiete de noviembre de ese año, como se indica en el siguiente cuadro ilustrativo: FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO: SURTE EFECTOS: TRANSCURRE: DÍAS INHÁBILES: 23 de Octubre de 2017 24 de Octubre de 2017 Del 25 de Octubre al 17 de Noviembre de 2017 28 y 29 de Octubre, así como 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 12 de Noviembre de 2017. Motivo por el cual, deviene improcedente el juicio de amparo por la causal que se analiza, al haber transcurrido en exceso el término que concede el artículo 17 de la Ley de Amparo, para combatir el referido acto reclamado, pues como ya se indicó, ha transcurrido en exceso el término que concede la ley para su presentación, máxime que el acto reclamado no se encuentra en la hipótesis de la salvedad del referido artículo 17 de la ley reglamentaria en cita. Es aplicable al caso concreto, en lo conducente, la tesis visible en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Jaime Aguilar Álvarez, por conducto de su apoderado legal José Trinidad Dávila Farías, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XIV y 17, todos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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