Jacoba Gallardo de la Cruz

Expediente 232/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
232/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Jacoba Gallardo de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ME-De la cuenta secretarial se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de catorce de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por Jacoba Gallardo de la Cruz. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción transcurridos más de cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    II-RECEPCIÓN DE ESCRITO DE ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Agréguese el escrito de cuenta, signado por la promovente Jacoba Gallardo de la Cruz, por medio del cual desahoga la prevención de la demanda de amparo, realizada en proveído de seis de mayo del presente año; esto es, bajo protesta de decir verdad, redacta de manera concreta y cronológica los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, asimismo, exhibe dos copias más del libelo constitucional requeridas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, así como el escrito de aclaración de la misma, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Así, debe precisarse que los Tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto, se invoca la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso, mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y la parte quejosa debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, sólo el primero, relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pág. 39 Jurisprudencia(Común) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pag. 1902 Jurisprudencia(Común) ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, la promovente del amparo señala como acto reclamado el proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio 87/2016, que sobre declaración de sucesores de derechos agrarios promovió la quejosa Jacoba Gallardo de la Cruz, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, frente a Pascuala Gallardo de la Cruz, que impuso a la actora la carga procesal de proporcionar el nombre del sucesor de la referida Jacoba Gallardo de la Cruz y lo acreditara con documento idóneo para su emplazamiento a juicio; asimismo, negó a la agraviada la medida cautelar solicitada, en el sentido de que dentro del diverso juicio agrario 84/2012, que sobre preferencia de derechos agrarios promovió en su contra Pascuala Gallardo de la Cruz, no se ejecute la respectiva sentencia hasta en tanto sea resuelto en definitiva el referido juicio agrario 87/2016. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresa la promovente en la demanda de amparo, así como en el escrito de aclaración de la misma. 1. Ante el Tribunal Unitario Agrario número 52, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, se tramita el juicio 87/2016, que sobre declaración de sucesores de derechos agrarios promovió la quejosa Jacoba Gallardo de la Cruz, en contra de Pascuala Gallardo de la Cruz; juicio dentro del cual se ordenó la suspensión del procedimiento hasta en tanto fuese resuelto en definitiva el juicio de amparo 782/2016, del consecutivo del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, promovido por la aquí quejosa, a efecto de que no se llevara a cabo la ejecución de la sentencia dictada dentro del diverso juicio agrario 84/2012, que sobre preferencia de derechos agrarios promovió en su contra Pascuala Gallardo de la Cruz. 2. Derivado de la resolución del citado juicio de amparo 872/2016, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, levantó la suspensión del procedimiento en el juicio 87/2016 y a efecto de continuar con la secuela procesal ordenó el emplazamiento al mismo de la demandada Pascuala Gallardo de la Cruz; sin embargo, ante su fallecimiento acontecido durante el lapso de la suspensión del procedimiento, por proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, reiteró lo determinado en auto de seis de febrero del presente año e impuso a la actora, aquí quejosa Jacoba Gallardo de la Cruz, la carga procesal de proporcionar el nombre del sucesor de la de cujus y lo acreditara con documento idóneo para ordenar su llamamiento a dicho juicio agrario. Asimismo, denegó a la actora Jacoba Gallardo de la Cruz, la medida cautelar solicitada en el sentido de que dentro del diverso juicio agrario 84/2012, que sobre preferencia de derechos agrarios promovió en su contra Pascuala Gallardo de la Cruz, no se ejecute la sentencia correspondiente hasta en tanto sea resuelto en definitiva tal juicio agrario 87/2016, bajo el argumento de que ello implicaría que el propio Tribunal revocara sus propias determinaciones y además, dejar sub judice la ejecutoriedad del fallo; proveído que constituye la materia del acto reclamado en la presente instancia constitucional. Antecedentes que, como se expuso con antelación, la promovente los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Bajo ese contexto, el acto de autoridad reclamado en la presente instancia constitucional, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no le reviste el carácter de definitivo, en razón de que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal, que de momento no tiene sobre la persona de la quejosa una ejecución que se considere irreparable, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. Luego entonces, ese acto de molestia se traduce en una violación a las leyes del procedimiento que, en su caso, afecta las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado de la respectiva resolución que en su momento se llegue a dictar en definitiva dentro del juicio agrario 87/2016; lo que implica que se esté en presencia de actos intraprocesales, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo; de ahí que, se determine desechar la demanda de amparo, en los términos anotados. A más de que, la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el negocio principal, de ser contraria a los intereses de la quejosa, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante el medio de defensa que en su momento, en su caso, ésta haga valer. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis de jurisprudencia siguiente. Tesis: IX.1o. J/10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 185612 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVI, Octubre de 2002 Pag. 1303 Jurisprudencia (Común) VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio. De esta forma, es manifiesto que es improcedente la demanda de amparo, toda vez que en el caso, el acto de autoridad que se combate no es de aquéllos que de manera inmediata cause un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos, como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jacoba Gallardo de la Cruz, por su propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    II.-POR INCUMPLIMIENTO AL AVISO DE FECHA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO C),DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA y/o TERCEROS INTERESADOS) Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: .RECEPCIÓN DE ESCRITO DE ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Agréguese el escrito de cuenta, signado por la promovente Jacoba Gallardo de la Cruz, por medio del cual desahoga la prevención de la demanda de amparo, realizada en proveído de seis de mayo del presente año; esto es, bajo protesta de decir verdad, redacta de manera concreta y cronológica los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, asimismo, exhibe dos copias más del libelo constitucional requeridas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.AVISO

  4. Principal

    II-RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la cuenta que antecede, téngase a JACOBA GALLARDO DE LA CRUZ, promoviendo demanda de amparo, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 232/2019-II; se comisiona al Secretario la revisión de integración del expediente electrónico. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. A fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento del libelo constitucional, con fundamento en los artículos 110 y 114, fracciones I y V de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar el incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite se realiza por cuerda separada y duplicado, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda, respecto de lo siguiente: I) Redacte de manera clara, precisa, concreta y cronológica los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, correlacionados con los conceptos de violación, pues precisamente éstos son la base para analizar la acción constitucional que intenta; entendiéndose como tal, la relación sucinta y completa de todas y cada una de las actuaciones de la autoridad designada como responsable, previas al acto reclamado, hasta llegar a la emisión de éste; de ahí que, deberá indicar el estado procesal que guarda el juicio 87/2016, que sobre declaración de sucesores de derechos agrarios promovió ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, frente a Pascuala Gallardo de la Cruz; dentro del cual, es reclamado el proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, que impuso a la quejosa la carga procesal de proporcionar el nombre del sucesor de la referida Gallardo de la Cruz y lo acreditara con documento idóneo, entre otra consideración; pues los antecedentes a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, son sustento de los conceptos de violación, los que como se especifica, deben realizarse acorde con el acto que se tilda de inconstitucional. Lo anterior, tomando en consideración que en el apartado segundo del capítulo que constituyen los antecedentes del acto reclamado, la promovente indica que una vez radicada la demanda, se ordenó que el juicio quedara suspenso hasta en tanto fuese resuelto en definitiva el amparo promovido dentro del diverso juicio agrario 84/2012, del índice del Tribunal agrario responsable; lo que crea confusión respecto del estado procesal en que actualmente se encuentra el referido juicio 87/2016. Pues aun cuando de su contexto se desprenden algunos de sus antecedentes, éstos resultan vagos, insuficientes e imprecisos, puesto que no se expresan de manera completa y cronológica; habida cuenta que básicamente los mismos se concretan en reproducir un escrito petitorio presentado por la quejosa ante el Tribunal Agrario responsable, así como el proveído recaído al mismo (acto reclamado); de ahí que dichas manifestaciones no pueden equipararse al requisito de forma previsto en la fracción V del invocado artículo 108; por ende, deberá subsanar tal deficiencia del libelo constitucional. Sustenta lo anterior las tesis del epígrafe siguiente: Tesis: I.7o.A.100 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175345 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 990 Tesis Aislada(Común) "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Tesis: I.7o.A.100 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175345 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 990 Tesis Aislada(Común) "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." II) Exhiba dos copias más de la demanda de amparo, toda vez que únicamente presentó el escrito original y tres copias, como se desprende de la primera foja de tal escrito inicial y papeleta de turno; sin embargo, son necesarias cinco para distribuirse de la siguiente manera: una para la autoridades precisada como responsable; otra para correr traslado a la tercera interesada, una más para hacer entrega a la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Tribunal, y las dos restantes para integrar los cuadernos del incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite se realiza por cuerda separada y duplicado. Apercibida que de no dar cumplimiento con lo requerido en el inciso I), o bien, de no exhibir las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de La Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda; y de no atender lo requerido en el inciso II), de conformidad con el último párrafo del invocado numeral, se postergará la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta en tanto las presente, de resultar procedente la admisión de la demanda. Orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 86/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 245, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." AUTORIZACIÓN DE COPÍAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. AUTORIZADOS Y DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, sito en Pasaje Martínez, número 111, altos, centro de esta ciudad, y como personas autorizadas para tal efecto, con las con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Romero Hernández, Felipe Martínez Paniagua y Álvaro Soria Mendoza, toda vez que en el Sistema Electrónico Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existen registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, bajo los consecutivos 28837, 34414 y 45123. Asimismo, se tienen como personas autorizadas de la promovente para efectos de oír y recibir notificaciones personales e imponerse de constancias de autos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del invocado numeral, a Durango Arquímedez Soria Granados, Jhonatan Moncada Chávez y Laura Inés Gaona Cardona, toda vez que no se acredita dicho requisito. Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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