Jadiel López Coheto
Expediente 464/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jadiel López Coheto
Actuaciones
- Principal
MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de siete de abril de este año, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Jadiel López Coheto, se le hizo por medio de lista el trece de abril de este año, notificación que surtió efectos el catorce siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja transcurrió del quince al veintiuno del mes en curso, en términos de la certificación que antecede, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo, ya que que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Número de expediente: 464/2015 Acuerdo: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de abril de dos mil quince. Demanda. Vista la demanda de cuenta, promovida por Jadiel López Coheto, contra actos de los magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 464/2015 que le corresponde. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 172, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: - - - III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". De lo anterior, se pone de manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando se combata una determinación cuya ejecución no sea de imposible reparación. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino, producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues, en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto, que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. También, debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. En efecto, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos o de manera excepcional, cuando se afectan en grado predominante o superior los derechos adjetivos de las partes, como se puso de manifiesto, pero no cuando se reclamen violaciones a cuestiones procesales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino, constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada I 11º C 8 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, del tomo XVI, octubre de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO". En el caso, se advierte que Jadiel López Coheto, tiene el carácter de parte actora en el juicio de nulidad 2045/14-15-01-5 de donde deriva el acto reclamado. Con ese carácter, comparece a esta instancia constitucional y señala como acto violatorio de sus derechos fundamentales la sentencia interlocutoria pronunciada por mayoría de votos el seis de marzo de dos mil quince en el juicio contencioso administrativo federal 2045/14-15-01-5, relativa al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en dicho juicio, en donde los magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, revocan el auto de diecinueve de enero de dos mil quince, que no admitió la prueba MIEPS2S10I106710002/1, de treinta de noviembre de dos mil once, exhibida en el oficio anterior, porque la demanda se promovió en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal Procedimiento Contencioso Administrativo y por tanto la autoridad demandada debió exhibir las constancias de los actos impugnados y su notificación sólo en la contestación de la demanda, sin que sea admisible su requerimiento posterior o su exhibición en alcance, y en su lugar ordenan devolver los autos a la magistrada instructora para que en términos de la citada interlocutoria, provea lo conducente en relación a las pruebas ofrecidas por la demandada. Ahora, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que los actos procesales tienen esa ejecución irreparable si afectan de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, no reparable en la sentencia definitiva; y en el caso concreto, la interlocutoria que ordena proveer lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas por la autoridad demandada en el juicio de nulidad 2045/14-15-01-5 afecta una parte del procedimiento, por ello, es un acto procesal que no impide la prosecución del juicio, ni causa a alguna de las partes en el juicio de origen, un agravio no reparable en la sentencia definitiva, toda vez que ésta puede ser favorable a los intereses del actor-quejoso-, fallo, que podrá ser susceptible de ser impugnado a través del medio de defensa ordinario y del juicio de amparo directo. En esa medida, como se adelantó, el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues, en todo caso sólo constituye una afectación a los derechos adjetivos o procesales, por tanto, el presente juicio de garantías resulta improcedente en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ilustra lo anterior, jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, tomo VI, materia común, del Apéndice 2000, octava época, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así es, con la sentencia interlocutoria de seis de marzo de dos mil quince, dictada en el juicio contencioso administrativo federal 2045/14-15-01-5, en donde los magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, revocan el auto de diecinueve de enero de dos mil quince, que no admitió la prueba MIEPS2S10I106710002/1, de treinta de noviembre de dos mil once, exhibida en el oficio anterior, porque la demanda se promovió en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal Procedimiento Contencioso Administrativo y por tanto la autoridad demandada debió exhibir las constancias de los actos impugnados y su notificación sólo en la contestación de la demanda, sin que sea admisible su requerimiento posterior o su exhibición en alcance, y en su lugar ordenaron que se devolvieran los autos a la magistrada instructora para que proveyera lo conducente, sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Luego, será en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia del juicio de origen, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, pues es hasta ese momento en que el juez puede ponderar equilibradamente todas las pretensiones a través de sus autos, interlocutorias y resoluciones, culminando con la sentencia; por ello, hasta el dictado de la sentencia, de ser adversa a los intereses del ahora quejoso, se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar, así, a una afectación de derechos sustantivos, sólo, se reitera, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que tal precepto dispone lo siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: - - - III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos ni que constituya una afectación exorbitante, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia apuntada, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 113 de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizada únicamente para tal efecto a la persona que señala, toda vez que no acredita ser licenciado en derecho ni se encuentra registra su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.mesa amparo I-B (Se notificó por lista en términos del art. 27, fracc. I, inciso b) de la Ley de Amparo.)
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