Jaime Alfredo García Santiago
Expediente 331/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- LICENCIADO ARMANDO PLÁCIDO GONZÁLEZ BLANCO, en calidad de Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales en Paraje Colonia Vista Hermosa, Ejutla de Crespo, Oaxaca
- Jaime Alfredo García Santiago
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la Jueza del Juzgado Primero Mixto De Primera Instancia De Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, devuelve diligenciado el despacho con número de orden 135/2022 y de origen 65/2022, pues de la diligencia de notificación efectuada el catorce de junio de esta anualidad, se advierte que notificó al quejoso Jaime Alfredo García Santiago, el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que motivó este expediente; en consecuencia, regístrese la baja de tal comunicación. Ahora bien, toda vez que el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo para que interpusiera el recurso de queja contra dicha determinación judicial, transcurrió del dieciséis al veintidós de junio del año en curso, sin que hubiera impugnado dicha determinación; en consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y en el caso se desechó la demanda de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a fin de notificar al quejoso ***, el auto por el que se desechó la demanda de amparo que motivó este expediente, se giró el despacho 135/2022 con número de orden 65/2022. Ahora bien, toda vez que acorde al acuse de recibo de dicha comunicación oficial, le correspondió conocer de la misma al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca; en consecuencia, a efecto de darle celeridad al presente asunto, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por mandato expreso de su artículo 2°, requiérase al titular de dicho órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de tres días siguiente a la notificación de este proveído, devuelva debidamente diligenciado el despacho de que se trata. Apercíbasele que no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa consistente en la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización , de conformidad a los artículos 259 y 237, fracción I, de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y los anexos señalados en la cuenta, por medio de los cuales, la Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, devuelve sin diligenciar el despacho 102/202 (número de origen 49/2022), por los motivos expuestos; en consecuencia, regístrese la baja de la referida comunicación oficial. Atento a lo anterior, a fin de notificar al quejoso***, el auto dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 27 fracción II de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese nuevo despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, en turno, para que tenga a bien ordenar a quien corresponda, se constituya en el Centro de Reinserción Social Número Tres, en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y notifique personalmente al quejoso ***, el contenido de este proveído, así como el diverso de veinticinco de marzo de esta anualidad; para lo anterior, a la comunicación que se ordena remitir, anéxese copia del referido auto. En el entendido que, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles con la finalidad de llevar a cabo dicha diligencia; y una vez efectuado lo anterior, deberá remitir a este juzgado las constancias que acrediten su debido cumplimiento, por lo que se pone a su disposición el correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Para una mayor celeridad, se autoriza la firma de la comunicación oficial enviada únicamente por la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
" . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 331/20221. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Ahora bien, debe precisarse que el quejoso Jaime Alfredo García Santiago, señala como autoridad responsable al Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales en Paraje Colonia Vista Hermosa, Ejutla de Crespo, Oaxaca, de quien específicamente reclama lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 31 de ENERO de 2022, dictado en la causa penal número 60/2019/MIAHUATLAN". Ahora bien de la lectura correspondiente al capítulo de los antecedentes del acto reclamado, el peticionario manifiesta: ".Mediante auto de fecha 31 de enero de 2022, el C. LIC. ARMANDO PLÁCIDO GONZÁLEZ BLANCO, en calidad de Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales en Paraje Colonia Vista Hermosa, Ejutla de Crespo, Oaxaca, determinó señalar las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE, PARA DESARROLLARSE EN LA SEDE DE EJUTLA DE CRESPO, EN EL CENTRO DE JUSTICIA MANUEL SABINO CRESPO, acto reclamado que me fue notificado el día 2 de marzo del año en curso". Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). En ese contexto, la quejosa previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Enseguida, debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad. La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis, dado que la omisión reclamada aun cuando emana de un procedimiento penal tiene una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección federal sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que la solicitante del amparo no se ubica en esos supuestos, dado que en la carpeta de investigación de origen tiene la calidad de parte ofendida y compareció a esa indagatoria a hacer valer sus derechos, lo que revela que tuvo conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto. La cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubica el acto reclamado en tanto que éste no tiene como finalidad causar una afectación a la libertad personal de la justiciable. En ese sentido, es necesario destacar que la parte quejosa no se encuentra dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que la faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece. En ese orden de ideas, se reitera que el quejoso reclama del Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales en Paraje Colonia Vista Hermosa, Ejutla de Crespo, Oaxaca: El auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal número 60/2019/MIAHUATLAN, a través del cual fueron señaladas las diez horas del día treinta de agosto del año dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de debate. De ahí que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar por exclusión el recurso de revocación a que se refiere el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. III. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Como se ve, en lo que aquí interesa, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales en Paraje Colonia Vista Hermosa, Ejutla de Crespo, Oaxaca, dentro de la causa penal número 60/2019/MIAHUATLAN que se le instruye, señaló las diez horas del treinta de agosto del año dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de debate, lo cual constituye el acto reclamado en este juicio. El referido acuerdo indefectiblemente debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, puesto que solamente se refiere al señalamiento de la audiencia de juicio oral, lo cual califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, ya que ese auto no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 85/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Por lo anterior, era necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo. En tales condiciones, la parte quejosa, previamente a la interposición del juicio de derechos fundamentales, debió interponer contra el acto reclamado el recurso de revocación previsto en el invocado numeral del código adjetivo penal, por considerar que el acto que reclama le causa agravios y con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo; recurso mediante el cual puede obtener la confirmación, revocación o modificación del acto que por esta vía reclama. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, del acto reclamado por la quejosa, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Domicilio y notificación al quejoso. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Número Tres, en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, gírese atento despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia en turno de Miahuatlán, Oaxaca, para que ordene a quien corresponda se presente en el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPSOAXACA" y notifique personalmente al quejoso Jaime Alfredo García Santiago, el contenido de este proveído. Con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles con la finalidad de llevar a cabo dicha diligencia. En el entendido que una vez efectuado lo anterior, deberá remitir a este juzgado las constancias que acrediten su debido cumplimiento, por lo que se pone a su disposición el correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Para una mayor celeridad, se autoriza la firma de la comunicación oficial enviada únicamente por la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito. En cuanto al correo electrónico y número de celular que proporciona, téngase su autorización para ser utilizados como medios de contacto, conforme a lo dispuesto por el numeral 2°, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de la Judicatura Federal. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autorice, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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