Jacobo Gómez Pacheco

Expediente 926/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
926/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Jacobo Gómez Pacheco
  • Jacobo Gómez Pacheco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención a su contenido, se desprende que la juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, devuelve sin diligenciar el despacho de orden 227/2022 y de origen 127/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se tiene por recibida la comunicación oficial señalada y se ordena dar de baja de los libros de gobierno de este Juzgado, como no diligenciada, sin hacer mayor pronunciamiento en atención a que ya se ordenó el archivo del presente expediente como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo Asimismo, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de diez de agosto del año en curso e interlocutoria de diecisiete de agosto de ese mismo año, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 926/2022, promovido por Jacobo Gómez Pacheco, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso Jacobo Gómez Pacheco, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de la libertad personal, pues refiere que existe una orden de aprehensión dictada en su contra. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, del informe justificado que rindió el juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se desprende que en la causa penal 077/2022, de su estadística, se libró orden de aprehensión en contra de Jacobo Gómez Pacheco, como probable responsable en la comisión del delito de robo específico. Misma que fue ejecutada el veinte de septiembre del año en curso. Asimismo, en la audiencia de ampliación de término constitucional celebrada el día veintisiete de septiembre de la presente anualidad, dentro de la causa penal 077/2022, se vinculó a proceso al quejoso Jacobo Gómez Pacheco, por su probable comisión en el delito de robo especifico, en perjuicio patrimonial de Javier Gómez Carreño y por ende se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el ocho de agosto de dos mil veintidós. El quejoso señaló como autoridades responsables a las siguientes: Juez de Control de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Juez de Control de Ejutla de Crespo, Oaxaca. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República. Fiscal General del Estado de Oaxaca. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Como acto reclamado: la orden de aprehensión, presentación, o comparecencia dictada en su contra, así como la ejecución de dichos mandamientos de captura. La demanda fue remitida al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; sin embargo, se declaró incompetente para conocer de la misma y la remitió a este órgano jurisdiccional para que se avocara al conocimiento, donde quedó registrada con el número 926/2022 y fue admitida el once de agosto de la presente anualidad; asimismo, se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La orden de aprehensión, presentación, o comparecencia dictada en su contra. La ejecución de dichos mandamientos de captura.. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables, negaron la existencia del acto reclamado, como se advierte del cuadro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME JUSTIFICADO Juez de Control de Ejutla de Crespo, Oaxaca. Negó el acto reclamado Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Negó el acto reclamado Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Negó el acto reclamado Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Negó el acto reclamado Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Negó el acto reclamado Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Negó el acto reclamado Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Negó el acto reclamado Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca. Negó el acto reclamado Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Negó el acto reclamado Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Negó el acto reclamado Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República. Negó el acto reclamado Fiscal General del Estado de Oaxaca. Negó el acto reclamado Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Negó el acto reclamado En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó la negativa que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto dichas responsables. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por su parte, la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, en virtud que refirió que en la causa penal 077/2022, de su estadística, se libró orden de aprehensión en contra de Jacobo Gómez Pacheco, como probable responsable en la comisión del delito de robo específico, cometido en perjuicio patrimonial de Javier López Carreño. Misma que fue ejecutada el veinte de septiembre del año en curso. Asimismo, en la audiencia de ampliación de término constitucional celebrada el día veintisiete de septiembre de la presente anualidad, dentro de la causa penal 077/2022, se vinculó a proceso al quejoso Jacobo Gómez Pacheco, por su probable comisión en el delito de robo especifico, en perjuicio patrimonial de Javier Gómez Carreño y por ende se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. VII. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, es procedente estudiar las causales de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la orden de aprehensión atribuida al Juez de Control de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que de las constancias existentes en este juicio de amparo, se advierte que: ? El siete de junio de dos mil veintidós se emitió la medida de cautelar consistente en orden de aprehensión contra el quejoso, en la causa penal 077/2022, por su probable participación en la comisión del delito de robo específico, cometido en perjuicio patrimonial de Javier López Carreño. ? En audiencia de ampliación de término constitucional celebrada el día veintisiete de septiembre de la presente anualidad, dentro de la causa penal 077/2022, se vinculó a proceso al quejoso Jacobo Gómez Pacheco, por su probable comisión en el delito de robo especifico, en perjuicio patrimonial de Javier Gómez Carreño y por ende se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por lo tanto, en la especie, se actualizó un cambio de situación jurídica, que hace improcedente este juicio de amparo, por lo siguiente: Al dictarse auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito y por el cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen al acto reclamado, orden de aprehensión y su ejecución, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución, por no reclamarse por vicios propios, atento a la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 163-168 Primera Parte, Séptima época, visible en la página 134, con registro 232437, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS". VIII. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. No obsta arribar a la anterior decisión, el hecho que no se tengan las constancias de emplazamiento del tercero interesado Javier Gómez Carreño, ya que el sentido del fallo no le irroga perjuicio. Es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, registro 196912, que a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jacobo Gómez Pacheco, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en los apartados V y VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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