Jacobo Romano Zaga
Expediente 944/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 34 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jacobo Romano Zaga
- JACOBO ROMANO ZAGA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se negó la medida cautelar. Como lo dispone el artículo 19 del ordenamiento mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible dentro del plazo de seis meses, pues es un cuaderno duplicado del incidente de suspensión. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EXPEDIENTILLO Vista la certificación que antecede, se advierte que a las diez horas del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 944/2022 y el asunto se encuentra en estudio para dictar la resolución correspondiente; en tales condiciones, fórmese el expedientillo correspondiente, y glósese el oficio del Juez responsable, por medio del cual informa el nombre actual de la parte actora, de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 944/2022, promovido por ..., contra actos de la Séptima Sala y Juez Vigésimo Cuarto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió el informe justificado; y, se reservó señalar parte tercera interesada. El nueve de noviembre de dos mil veintidós, se designó a quien le correspondía el carácter de tercero. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal residente en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma. Sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca ... del índice de la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, que revocó la interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de esta Ciudad, donde aprobaba el remate fincado a favor de la actora, para en su lugar, no aprobarlo. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados. I. El veintitrés de abril de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en el juicio especial hipotecario promovido por ..., contra ... y .... II. El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se aprobó y elevó a categoría de sentencia ejecutoriada el convenio de transacción celebrado por las partes. III. El catorce de marzo de dos mil veintidós, se sacó a remate el inmueble litigioso y se ordenó la publicación de los edictos correspondientes. IV. El trece de junio de dos mil diecisiete, se tuvo como acreedores de la demandada a ... y ., ..., Banco Santander (México), sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero Santander México y Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, a quienes se les notificó en el domicilios proporcionados por la actora. V. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, se dictó una interlocutoria, donde se aprobó el remate con todas sus consecuencias legales a favor de la actora. VI. Inconforme, la acreedora ... interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el quince de agosto de dos mil veintidós, por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, quien revocó la interlocutoria impugnada, para en su lugar, no aprobar el remate. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se vulneraron en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en razón de que: a. Se debió atender a las disposiciones que regulan el remate, en específico, a lo establecido en los artículos 486, 568 y 569 del Código de Procesos Civiles de la Ciudad de México, de las que se advierte que la regla general es que se exhiba el avalúo de la finca a rematar en diez días, por lo que los acreedores cuentan con el mismo plazo, contado a partir de que se les notificara el procedimiento de remate. a.1. Luego, si la acreedora ... ... le fue notificado el estado de ejecución en diligencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, esa data es la que se debe contemplar para computar el término aludido, pues incluso se apersonó el cuatro de septiembre de esa anualidad, por lo que ya no tenía derecho a designar perito ni exhibir avaluó. a.2. Lo determinado por la responsable no se encuentra debidamente fundado ni motivado, porque la legislación aplicable no refiere, como lo dice la autoridad, que el juez deba otorgar otro plazo diverso al establecido en el 486 de la codificación en comento. b. No se realizó un estudio exhaustivo, del asunto sometido a su causa, ya que, contrario a lo que indica, de autos del juicio se advierte quedó debidamente precisado e identificado, con el certificado de libertad de gravámenes ..., auxiliar 6, donde se advierte la anotación de la hipoteca correspondiente. b.1. Además de que en el edicto se precisó el bien de forma que los posibles postores que decidieran participar contaran con los datos necesarios. Los conceptos de violación son infundados, por los motivos que se expondrán a continuación. Del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se desprende lo siguiente: 1. En el procedimiento de remate cada parte tendrá derecho de exhibir, dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia, avalúo de la finca hipotecada. 2. La vigencia del valor que se obtenga por los avalúos es de seis meses, dentro de estos seis meses deberá realizarse la primera almoneda. 3. Si entre la primera y la segunda o tercera almonedas existiere un término mayor a seis meses, el valor de los bienes deberá actualizarse. Sobre el tema de los avalúos presentados en la etapa de ejecución, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó que su notificación constituía un principio de oportunidad por igual entre las partes, en virtud de la trascendencia que tendría, en tanto que pudieran haber preclusiones procesales que les perjudiquen al hacerles perder la oportunidad de objetar o hacer observaciones a los dictámenes rendidos por los expertos. Para ello, sostuvo que era menester indicar las finalidades perseguidas por dicha notificación que, en aras de los intereses de las partes, se centraría en lo siguiente: 1. Para que enteradas de la existencia de avalúos rendidos por los peritos y que obraran en las constancias procesales, si lo consideraran conveniente, concurrieran al Juzgado; y, 2. Que al apersonarse, en su caso, en el local del órgano jurisdiccional, se impusieran del contenido de los dictámenes rendidos por los expertos. Respecto a la primer hipótesis es clara su comprensión gramatical, sin embargo, respecto a la segunda, la Primera Sala evidenció la necesidad de conocer la acepción "imponerse", que utilizó el legislador, en cuanto a otorgar a las partes la posibilidad de conocer el contenido de los avalúos y actuar en la forma que estimaran conveniente a sus intereses. Por tanto, determinó que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo imponer significa poner una carga u obligación, un gravamen o una voluntad. Así pues, el contexto de la acepción precisada permite advertir que el legislador tuvo el afán de otorgar a las partes la posibilidad de conocer el contenido de los avalúos rendidos por los expertos, ello por medio de una notificación, y que, realizado lo anterior, estuvieran en aptitud de apersonarse al local del Juzgado, consultar el expediente y enterarse del contenido de los dictámenes glosados a las constancias. Lo anterior con la finalidad de que, dada la trascendencia de la posterior decisión, las partes tengan la posibilidad del cabal conocimiento de que se han actualizado los presupuestos necesarios y de que cuenten con la oportunidad de impugnar, en su caso, todo aquello por lo que no estén de acuerdo respecto a los dictámenes que obren en autos. Precisado lo anterior, la Primera Sala también estableció que no bastaba la notificación por estrados o por boletín judicial, sino que surgía la obligación del juzgador de ordenar la notificación personal a las partes para que, enteradas de la existencia de la presentación de los avalúos de los expertos, en caso de que lo estimaran conveniente, concurrieran al juzgado y se impusieran del contenido de los respectivos dictámenes para que, partiendo de ello, dentro de los términos y con las formalidades requeridas legalmente, realizaran las observaciones y objeciones que estimaran convenientes, a efecto de evitar la preclusión procesal, con la consecuente pérdida del derecho de objeción o aclaración ante alguna irregularidad que advirtieran. Lo anterior, se advierte de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 15/98, que dice: "AVALÚO, COMO REQUISITO PARA EL LEGAL ANUNCIO DE VENTA JUDICIAL, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS PARTES LA RENDICIÓN DEL. Como puede advertirse de la redacción del artículo 1411 del Código de Comercio, se establecen los presupuestos necesarios para el anuncio legal de la venta de los bienes embargados que serán materia del procedimiento de remate en el juicio mercantil. Tales requisitos son: 1. La presentación de todos los dictámenes de avalúo; y 2. La notificación a las partes para que concurran al juzgado a imponerse del contenido de los avalúos plasmados en los dictámenes, entonces ya agregados en autos. Las finalidades perseguidas por tal notificación, en aras de los intereses comunes a las partes, se centran en lo siguiente: a) Para que enteradas de la existencia de los avalúos rendidos por los peritos y que obren en autos, si lo consideran conveniente, concurran al juzgado; y b) Que al apersonarse, en su caso, en el local del juzgado, se impongan del contenido de los dictámenes. La trascendencia de la posterior decisión de venta judicial, en concordancia con lo que establece el artículo 1069 del Código de Comercio, en cuanto a la "... práctica de diligencias que sean necesarias..." determinan la obligación del juzgador de ordenar la notificación personal a las partes, acerca de la existencia de los avalúos, como presupuesto para el inicio de una legal venta judicial." En el caso, en la sentencia que constituye el acto reclamado, donde se revocó la interlocutoria que inicialmente aprobaba la adjudicación, para en su lugar no hacerlo, se realizaron las consideraciones siguientes: - No resultaba factible que se tuviera por acusada la rebeldía de la apelante, y como consecuencia de ello por conforme con el dictamen presentado por la parte actora, en atención a que, tratándose del remate en un procedimiento especial hipotecario, no puede pretenderse que los acreedores exhiban sus respectivos avalúos antes que las partes, como establece el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que de acuerdo con la fracción I del artículo 486 de esa legislación, las partes tienen derecho a exhibirlo, dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. - No obstante, cuando se le notificó a la disidente del estado de ejecución que guardaban los autos, la actora ya había presentado el avalúo del inmueble, por tanto para que los acreedores tuvieran oportunidad de intervenir en éste, para no dejarlos en estado de indefensión es que el juez del conocimiento les debió de otorgar un término prudente para que exhibieran sus respectivos avalúos, con el apercibimiento de tener por precluido su derecho en caso de no hacerlo; ya que no es posible que se tuviera por acusada la rebeldía a los acreedores y por conformes con el dictamen presentado, cuando no existió en autos apercibimiento en ese sentido. - Existe una diferencia en el nombre de la calle en la que se encuentra el inmueble materia de remate, pues en la escritura pública ... de fecha quince de agosto de dos mil trece, en el contrato de cesión onerosa de los derechos hipotecarios de veintiocho de agosto de dos mil catorce y en el convenio de transacción, se indica que el bien se encuentra en ..., y en el certificado de gravámenes y avalúo se omite la palabra Bosques, y se refiere a la calle como de ..., sin que se hubiera precisado en el expediente que el inmueble era identificado como "... del edificio en condominio, inmueble ubicado en ..., número ..., Ciudad de México", también conocido como "departamento 60, del edificio marcado con el número 88 de la ..., colonia Bosques de las Lomas, delegación Cuajimalpa, en esta Ciudad" como se precisó. - Además debe puntualizarse que así no fueron realizadas las publicaciones de edictos a través de las que se convocarían postores, pues en esas publicaciones únicamente aparece como "... del edificio en condominio, inmueble ubicado en ..., número ..., Ciudad de México". - Por lo que, ante la diferencia de los datos de identificación del inmueble materia del remate sobre el nombre de la calle en que se localiza que se advierte en las constancias era necesario que la parte actora aportara medios de prueba con los que justificara su coincidencia, pues existen diferencias en los datos en los que se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, y la información contenida en los documentos en los que la actora sustentó su acción. Lo anterior es apegado a la Constitución, en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, fue correcto que no se aprobara la adjudicación, porque la actualización del avalúo presentado en la etapa de ejecución debió de notificarse de forma personal a las partes. Lo anterior, no obstante que en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se indicara que ya se había hecho saber a los acreedores la etapa en la que se encontraba el juicio, en razón de que el Máximo Tribunal del País ya estableció que la notificación del avalúo presentado en el proceso de ejecución constituye un principio de oportunidad por igual entre las partes, en virtud de la trascendencia que tendrá, en tanto que pudieran haber preclusiones procesales que les perjudiquen al hacerles perder la oportunidad de objetar o hacer observaciones a los dictámenes rendidos por los expertos. Lo cual cobra relevancia, si se considera que en autos se advierten domicilios de las partes para lograr hacerles de su conocimiento la actualización del avalúo presentado por la ejecutante, de modo que lo procedente era que el a quo ordenara notificar de forma personal a las partes la determinación donde recibió el dictamen correspondiente, a fin de que éstas se impusieran de su contenido y a su vez, de considerar necesario, presentar uno conforme a sus interés. Y es que, ese requisito no se colma con la notificación por estrados o por boletín judicial, puesto que el juzgador tiene la obligación de ordenarla de forma personal a las partes para que, una vez enteradas de la existencia de la presentación de la actualización del avalúo, estuvieran en condiciones de concurrir al Juzgado y dentro de los términos y con las formalidades requeridas legalmente, realizaran las observaciones y objeciones que estimaran convenientes. También es ineficaz lo alegado por la quejosa, en el sentido de que las partes únicamente tienen diez días para presentar su dictamen y que la autoridad no debió de otorgar un diverso plazo para hacerlo, en razón de que de la sentencia cuya constitucionalidad se analiza, se advierte que si bien la autoridad utilizó la expresión "debió de otorgar un término prudente", lo cierto es que ya había hecho alusión a los días que establece la fracción I del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de modo que lo argumentado en ese sentido tampoco evidencian alguna violación a sus derechos que amerite la protección federal. En diverso aspecto, también son infundados los conceptos de violación descritos en los incisos b. y b.1., en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, sí existe discrepancia entre el inmueble litigioso y el que se ordenó sacar a remate. Ello, porque las constancias del juicio de origen revelan que en la sentencia definitiva se estableció que el inmueble se identificaba como "...", asimismo, en el convenio de transacción que celebraron las partes en el proceso se indicó que era "...". Mientras que en el certificado de libertad de gravámenes del folio real ..., se advierte que el inmueble se ubica en "..." y en el edicto que se publicó en los medios de difusión y el avalúo correspondiente se precisó que era el localizado en "...". Lo anterior revela que, como lo indicó la autoridad en el acto reclamado, existe diferencia en el nombre de la calle en la que se encuentra el inmueble materia de remate, por lo que esa cuestión impactó incluso de forma directa en el anuncio de la venta judicial, pues se publicó como "..." cuando en la sentencia y en el convenio se estableció como "...". De modo que, la falta de identidad en el inmueble afectó de forma directa los principios de seguridad y certeza, que en todo procedimiento se deben de satisfacer, por lo que fue correcto que la autoridad determinara que se debía de dilucidar esa situación, previo a la aprobación de la adjudicación del inmueble litigioso, pues solo de esa forma sería eficaz el remate. Orienta lo anterior, la tesis I.3o.C.871 C del Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "EDICTOS. ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER PARA QUE TAL ANUNCIO SEA EFICAZ EN LA ETAPA DE REMATE. El edicto debe contener tanto la suma que servirá de base para la subasta, como la descripción y ubicación del inmueble objeto de la misma y tales datos deben aparecer suficientemente visibles para que puedan atraer la atención de posibles licitadores; sin esas características, los posibles postores carecerán de los datos mínimos para decidir si intervienen o no en la venta judicial, ponderando las ventajas que les representaría el precio del bien contrastado con la ubicación y características del mismo y los avalúos que obran en autos, para hacer eficaz uno de lo derechos que tienen, tal y como se desprende del artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y que les permite arribar a una convicción particular sobre los beneficios que representa el bien en atención a su conservación, estructura, ubicación, precio y plusvalía. Entonces, debe establecerse que la publicación de los edictos es una garantía concedida al deudor, para que por virtud del anuncio, concurran postores al remate, porque la puja por adquirir el bien garantiza la posibilidad de que ofrezcan un mejor precio al propuesto como base de aquél, ya que puede ser superior a las dos terceras partes del avalúo o precio fijado al bien. Consecuentemente, el anuncio de la venta judicial requiere satisfacer los principios de seguridad y certeza en cuanto a: la periodicidad en la publicación de los edictos; la fijación del precio que servirá de base para la subasta; la determinación del bien sujeto a la venta pública, que implica precisar su ubicación y características generales más importantes como calle, colonia, delegación, y si es un departamento o una casa; la fecha de celebración de la almoneda; y, los datos de identificación del juicio y tribunal que ordena la subasta. Esos datos deben estar concatenados con los demás obrantes en el proceso, es decir, que debe existir correspondencia entre el precio que será base de la subasta y ubicación del inmueble objeto de la misma y los documentos correspondientes a la propiedad registral, porque de no ser así, existiría vaguedad o confusión según el caso y no se cumpliría con la finalidad de que los posibles postores reúnan los datos necesarios para decidir si participan o no en la referida venta judicial. Lo que se protege es la publicidad cierta que debe darse al remate, a fin de que extraños al juicio resulten enterados de la diligencia y lleguen a interesarse en la adquisición del bien, y que tenga el suficiente tiempo para prepararse adecuadamente para tal efecto y hacer las investigaciones del caso." En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sin que pasen inadvertidos los alegatos vertidos por la quejosa; sin embargo, no se aborda el estudio de sus aseveraciones, ya que no forman parte de la litis en el amparo. Orienta lo expuesto la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., contra actos de la Séptima Sala y Juez Vigésimo Cuarto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de .., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 944/2022, promovido por ..., contra actos de la Séptima Sala y Juez Vigésimo Cuarto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió el informe justificado; y, se reservó señalar parte tercera interesada. El nueve de noviembre de dos mil veintidós, se designó a quien le correspondía el carácter de tercero. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal residente en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma. Sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca ... del índice de la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, que revocó la interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de esta Ciudad, donde aprobaba el remate fincado a favor de la actora, para en su lugar, no aprobarlo. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados. I. El veintitrés de abril de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en el juicio especial hipotecario promovido por ..., contra ... y .... II. El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se aprobó y elevó a categoría de sentencia ejecutoriada el convenio de transacción celebrado por las partes. III. El catorce de marzo de dos mil veintidós, se sacó a remate el inmueble litigioso y se ordenó la publicación de los edictos correspondientes. IV. El trece de junio de dos mil diecisiete, se tuvo como acreedores de la demandada a ... y ., ..., Banco Santander (México), sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero Santander México y Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, a quienes se les notificó en el domicilios proporcionados por la actora. V. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, se dictó una interlocutoria, donde se aprobó el remate con todas sus consecuencias legales a favor de la actora. VI. Inconforme, la acreedora ... interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el quince de agosto de dos mil veintidós, por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, quien revocó la interlocutoria impugnada, para en su lugar, no aprobar el remate. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se vulneraron en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en razón de que: a. Se debió atender a las disposiciones que regulan el remate, en específico, a lo establecido en los artículos 486, 568 y 569 del Código de Procesos Civiles de la Ciudad de México, de las que se advierte que la regla general es que se exhiba el avalúo de la finca a rematar en diez días, por lo que los acreedores cuentan con el mismo plazo, contado a partir de que se les notificara el procedimiento de remate. a.1. Luego, si la acreedora ... ... le fue notificado el estado de ejecución en diligencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, esa data es la que se debe contemplar para computar el término aludido, pues incluso se apersonó el cuatro de septiembre de esa anualidad, por lo que ya no tenía derecho a designar perito ni exhibir avaluó. a.2. Lo determinado por la responsable no se encuentra debidamente fundado ni motivado, porque la legislación aplicable no refiere, como lo dice la autoridad, que el juez deba otorgar otro plazo diverso al establecido en el 486 de la codificación en comento. b. No se realizó un estudio exhaustivo, del asunto sometido a su causa, ya que, contrario a lo que indica, de autos del juicio se advierte quedó debidamente precisado e identificado, con el certificado de libertad de gravámenes ..., auxiliar 6, donde se advierte la anotación de la hipoteca correspondiente. b.1. Además de que en el edicto se precisó el bien de forma que los posibles postores que decidieran participar contaran con los datos necesarios. Los conceptos de violación son infundados, por los motivos que se expondrán a continuación. Del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se desprende lo siguiente: 1. En el procedimiento de remate cada parte tendrá derecho de exhibir, dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia, avalúo de la finca hipotecada. 2. La vigencia del valor que se obtenga por los avalúos es de seis meses, dentro de estos seis meses deberá realizarse la primera almoneda. 3. Si entre la primera y la segunda o tercera almonedas existiere un término mayor a seis meses, el valor de los bienes deberá actualizarse. Sobre el tema de los avalúos presentados en la etapa de ejecución, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó que su notificación constituía un principio de oportunidad por igual entre las partes, en virtud de la trascendencia que tendría, en tanto que pudieran haber preclusiones procesales que les perjudiquen al hacerles perder la oportunidad de objetar o hacer observaciones a los dictámenes rendidos por los expertos. Para ello, sostuvo que era menester indicar las finalidades perseguidas por dicha notificación que, en aras de los intereses de las partes, se centraría en lo siguiente: 1. Para que enteradas de la existencia de avalúos rendidos por los peritos y que obraran en las constancias procesales, si lo consideraran conveniente, concurrieran al Juzgado; y, 2. Que al apersonarse, en su caso, en el local del órgano jurisdiccional, se impusieran del contenido de los dictámenes rendidos por los expertos. Respecto a la primer hipótesis es clara su comprensión gramatical, sin embargo, respecto a la segunda, la Primera Sala evidenció la necesidad de conocer la acepción "imponerse", que utilizó el legislador, en cuanto a otorgar a las partes la posibilidad de conocer el contenido de los avalúos y actuar en la forma que estimaran conveniente a sus intereses. Por tanto, determinó que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo imponer significa poner una carga u obligación, un gravamen o una voluntad. Así pues, el contexto de la acepción precisada permite advertir que el legislador tuvo el afán de otorgar a las partes la posibilidad de conocer el contenido de los avalúos rendidos por los expertos, ello por medio de una notificación, y que, realizado lo anterior, estuvieran en aptitud de apersonarse al local del Juzgado, consultar el expediente y enterarse del contenido de los dictámenes glosados a las constancias. Lo anterior con la finalidad de que, dada la trascendencia de la posterior decisión, las partes tengan la posibilidad del cabal conocimiento de que se han actualizado los presupuestos necesarios y de que cuenten con la oportunidad de impugnar, en su caso, todo aquello por lo que no estén de acuerdo respecto a los dictámenes que obren en autos. Precisado lo anterior, la Primera Sala también estableció que no bastaba la notificación por estrados o por boletín judicial, sino que surgía la obligación del juzgador de ordenar la notificación personal a las partes para que, enteradas de la existencia de la presentación de los avalúos de los expertos, en caso de que lo estimaran conveniente, concurrieran al juzgado y se impusieran del contenido de los respectivos dictámenes para que, partiendo de ello, dentro de los términos y con las formalidades requeridas legalmente, realizaran las observaciones y objeciones que estimaran convenientes, a efecto de evitar la preclusión procesal, con la consecuente pérdida del derecho de objeción o aclaración ante alguna irregularidad que advirtieran. Lo anterior, se advierte de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 15/98, que dice: "AVALÚO, COMO REQUISITO PARA EL LEGAL ANUNCIO DE VENTA JUDICIAL, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS PARTES LA RENDICIÓN DEL. Como puede advertirse de la redacción del artículo 1411 del Código de Comercio, se establecen los presupuestos necesarios para el anuncio legal de la venta de los bienes embargados que serán materia del procedimiento de remate en el juicio mercantil. Tales requisitos son: 1. La presentación de todos los dictámenes de avalúo; y 2. La notificación a las partes para que concurran al juzgado a imponerse del contenido de los avalúos plasmados en los dictámenes, entonces ya agregados en autos. Las finalidades perseguidas por tal notificación, en aras de los intereses comunes a las partes, se centran en lo siguiente: a) Para que enteradas de la existencia de los avalúos rendidos por los peritos y que obren en autos, si lo consideran conveniente, concurran al juzgado; y b) Que al apersonarse, en su caso, en el local del juzgado, se impongan del contenido de los dictámenes. La trascendencia de la posterior decisión de venta judicial, en concordancia con lo que establece el artículo 1069 del Código de Comercio, en cuanto a la "... práctica de diligencias que sean necesarias..." determinan la obligación del juzgador de ordenar la notificación personal a las partes, acerca de la existencia de los avalúos, como presupuesto para el inicio de una legal venta judicial." En el caso, en la sentencia que constituye el acto reclamado, donde se revocó la interlocutoria que inicialmente aprobaba la adjudicación, para en su lugar no hacerlo, se realizaron las consideraciones siguientes: - No resultaba factible que se tuviera por acusada la rebeldía de la apelante, y como consecuencia de ello por conforme con el dictamen presentado por la parte actora, en atención a que, tratándose del remate en un procedimiento especial hipotecario, no puede pretenderse que los acreedores exhiban sus respectivos avalúos antes que las partes, como establece el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que de acuerdo con la fracción I del artículo 486 de esa legislación, las partes tienen derecho a exhibirlo, dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. - No obstante, cuando se le notificó a la disidente del estado de ejecución que guardaban los autos, la actora ya había presentado el avalúo del inmueble, por tanto para que los acreedores tuvieran oportunidad de intervenir en éste, para no dejarlos en estado de indefensión es que el juez del conocimiento les debió de otorgar un término prudente para que exhibieran sus respectivos avalúos, con el apercibimiento de tener por precluido su derecho en caso de no hacerlo; ya que no es posible que se tuviera por acusada la rebeldía a los acreedores y por conformes con el dictamen presentado, cuando no existió en autos apercibimiento en ese sentido. - Existe una diferencia en el nombre de la calle en la que se encuentra el inmueble materia de remate, pues en la escritura pública ... de fecha quince de agosto de dos mil trece, en el contrato de cesión onerosa de los derechos hipotecarios de veintiocho de agosto de dos mil catorce y en el convenio de transacción, se indica que el bien se encuentra en ..., y en el certificado de gravámenes y avalúo se omite la palabra Bosques, y se refiere a la calle como de ..., sin que se hubiera precisado en el expediente que el inmueble era identificado como "... del edificio en condominio, inmueble ubicado en ..., número ..., Ciudad de México", también conocido como "departamento 60, del edificio marcado con el número 88 de la ..., colonia Bosques de las Lomas, delegación Cuajimalpa, en esta Ciudad" como se precisó. - Además debe puntualizarse que así no fueron realizadas las publicaciones de edictos a través de las que se convocarían postores, pues en esas publicaciones únicamente aparece como "... del edificio en condominio, inmueble ubicado en ..., número ..., Ciudad de México". - Por lo que, ante la diferencia de los datos de identificación del inmueble materia del remate sobre el nombre de la calle en que se localiza que se advierte en las constancias era necesario que la parte actora aportara medios de prueba con los que justificara su coincidencia, pues existen diferencias en los datos en los que se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, y la información contenida en los documentos en los que la actora sustentó su acción. Lo anterior es apegado a la Constitución, en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, fue correcto que no se aprobara la adjudicación, porque la actualización del avalúo presentado en la etapa de ejecución debió de notificarse de forma personal a las partes. Lo anterior, no obstante que en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se indicara que ya se había hecho saber a los acreedores la etapa en la que se encontraba el juicio, en razón de que el Máximo Tribunal del País ya estableció que la notificación del avalúo presentado en el proceso de ejecución constituye un principio de oportunidad por igual entre las partes, en virtud de la trascendencia que tendrá, en tanto que pudieran haber preclusiones procesales que les perjudiquen al hacerles perder la oportunidad de objetar o hacer observaciones a los dictámenes rendidos por los expertos. Lo cual cobra relevancia, si se considera que en autos se advierten domicilios de las partes para lograr hacerles de su conocimiento la actualización del avalúo presentado por la ejecutante, de modo que lo procedente era que el a quo ordenara notificar de forma personal a las partes la determinación donde recibió el dictamen correspondiente, a fin de que éstas se impusieran de su contenido y a su vez, de considerar necesario, presentar uno conforme a sus interés. Y es que, ese requisito no se colma con la notificación por estrados o por boletín judicial, puesto que el juzgador tiene la obligación de ordenarla de forma personal a las partes para que, una vez enteradas de la existencia de la presentación de la actualización del avalúo, estuvieran en condiciones de concurrir al Juzgado y dentro de los términos y con las formalidades requeridas legalmente, realizaran las observaciones y objeciones que estimaran convenientes. También es ineficaz lo alegado por la quejosa, en el sentido de que las partes únicamente tienen diez días para presentar su dictamen y que la autoridad no debió de otorgar un diverso plazo para hacerlo, en razón de que de la sentencia cuya constitucionalidad se analiza, se advierte que si bien la autoridad utilizó la expresión "debió de otorgar un término prudente", lo cierto es que ya había hecho alusión a los días que establece la fracción I del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de modo que lo argumentado en ese sentido tampoco evidencian alguna violación a sus derechos que amerite la protección federal. En diverso aspecto, también son infundados los conceptos de violación descritos en los incisos b. y b.1., en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, sí existe discrepancia entre el inmueble litigioso y el que se ordenó sacar a remate. Ello, porque las constancias del juicio de origen revelan que en la sentencia definitiva se estableció que el inmueble se identificaba como "...", asimismo, en el convenio de transacción que celebraron las partes en el proceso se indicó que era "...". Mientras que en el certificado de libertad de gravámenes del folio real ..., se advierte que el inmueble se ubica en "..." y en el edicto que se publicó en los medios de difusión y el avalúo correspondiente se precisó que era el localizado en "...". Lo anterior revela que, como lo indicó la autoridad en el acto reclamado, existe diferencia en el nombre de la calle en la que se encuentra el inmueble materia de remate, por lo que esa cuestión impactó incluso de forma directa en el anuncio de la venta judicial, pues se publicó como "..." cuando en la sentencia y en el convenio se estableció como "...". De modo que, la falta de identidad en el inmueble afectó de forma directa los principios de seguridad y certeza, que en todo procedimiento se deben de satisfacer, por lo que fue correcto que la autoridad determinara que se debía de dilucidar esa situación, previo a la aprobación de la adjudicación del inmueble litigioso, pues solo de esa forma sería eficaz el remate. Orienta lo anterior, la tesis I.3o.C.871 C del Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "EDICTOS. ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER PARA QUE TAL ANUNCIO SEA EFICAZ EN LA ETAPA DE REMATE. El edicto debe contener tanto la suma que servirá de base para la subasta, como la descripción y ubicación del inmueble objeto de la misma y tales datos deben aparecer suficientemente visibles para que puedan atraer la atención de posibles licitadores; sin esas características, los posibles postores carecerán de los datos mínimos para decidir si intervienen o no en la venta judicial, ponderando las ventajas que les representaría el precio del bien contrastado con la ubicación y características del mismo y los avalúos que obran en autos, para hacer eficaz uno de lo derechos que tienen, tal y como se desprende del artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y que les permite arribar a una convicción particular sobre los beneficios que representa el bien en atención a su conservación, estructura, ubicación, precio y plusvalía. Entonces, debe establecerse que la publicación de los edictos es una garantía concedida al deudor, para que por virtud del anuncio, concurran postores al remate, porque la puja por adquirir el bien garantiza la posibilidad de que ofrezcan un mejor precio al propuesto como base de aquél, ya que puede ser superior a las dos terceras partes del avalúo o precio fijado al bien. Consecuentemente, el anuncio de la venta judicial requiere satisfacer los principios de seguridad y certeza en cuanto a: la periodicidad en la publicación de los edictos; la fijación del precio que servirá de base para la subasta; la determinación del bien sujeto a la venta pública, que implica precisar su ubicación y características generales más importantes como calle, colonia, delegación, y si es un departamento o una casa; la fecha de celebración de la almoneda; y, los datos de identificación del juicio y tribunal que ordena la subasta. Esos datos deben estar concatenados con los demás obrantes en el proceso, es decir, que debe existir correspondencia entre el precio que será base de la subasta y ubicación del inmueble objeto de la misma y los documentos correspondientes a la propiedad registral, porque de no ser así, existiría vaguedad o confusión según el caso y no se cumpliría con la finalidad de que los posibles postores reúnan los datos necesarios para decidir si participan o no en la referida venta judicial. Lo que se protege es la publicidad cierta que debe darse al remate, a fin de que extraños al juicio resulten enterados de la diligencia y lleguen a interesarse en la adquisición del bien, y que tenga el suficiente tiempo para prepararse adecuadamente para tal efecto y hacer las investigaciones del caso." En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sin que pasen inadvertidos los alegatos vertidos por la quejosa; sin embargo, no se aborda el estudio de sus aseveraciones, ya que no forman parte de la litis en el amparo. Orienta lo expuesto la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., contra actos de la Séptima Sala y Juez Vigésimo Cuarto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de .., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Jacobo Hanono Askenazi221/2022
- Jacobo Hanono Askenazi403/2019
- JACOBO LOBATO SANTOS y Otros.432/2016
- Jacobo Olvera Pérez250/2019
- Jacobo Olvera Pérez100/2019
- Jacobo Romano Zaga498/2016
- Jacobo Saadia Amkie698/2022
- Jacqueline Frias Cañas861/2022
- Jacqueline Gómez López1091/2019
- Jacqueline Guerrero Vasquez351/2017
- Jacqueline López Mosqueda954/2023
- Jacqueline Osnaya López186/2015