Jacobo Saadia Amkie
Expediente 698/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jacobo Saadia Amkie
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó el amparo, sin que se haya interpuesto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el fallo causó ejecutoria. Devuélvanse las constancias allegadas con el informe justificado, y se instruye al actuario de la adscripción verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del asunto, ..., el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, pues se negó el amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 698/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 698/2022, promovido por ...; contra actos del Juez Décimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El primero de julio posterior, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió el informe justificado; y, se indicó que no se señalaba parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe justificado, y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma. El auto de seis de junio de dos mil veintidós por el que el Juez Décimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México desechó el incidente de providencias precautorias promovido dentro del juicio oral civil ... . TERCERO. Existencia. El juez responsable, aceptó haber dictado el proveído de seis de junio de dos mil veintidós. Certeza que se corrobora con la copia certificada del incidente de providencias precautorias, de valor probatorio pleno, acorde a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. I. El uno de junio de dos mil veintidós, ... promovió incidente de providencias precautorias de retención de bienes respecto de ... y ... Refirió que los demandados le adeudan el monto de $******, derivado de la celebración de un convenio de reconocimiento de adeudo exhibido como documento base en el juicio principal. II. El seis de junio de dos mil veintidós se desechó el incidente de providencias precautorias bajo el argumento que no se acreditó la necesidad de dichas medidas cautelares pues no se demostró el temor de que la parte deudora oculte, o enajene los bienes respecto de los cuales se pretende la retención. Este es el acto reclamado en este juicio. III. El trece de junio posterior, el quejoso interpuso recurso de revocación en contra del referido auto de seis de junio pasado, el cual se desechó en proveído de diecisiete de junio siguiente en virtud de que existe disposición legal expresa de que no procede recurso contra las resoluciones dictadas por los jueces de proceso oral civil. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. El quejoso manifiesta que es incorrecto que el juez considere que debe acreditarse con documento idóneo o dos testigos el temor de que la parte deudora oculte o enajene los bienes respecto de los cuales pretende la providencia. Aduce que sí probó con documento idóneo (convenio de reconocimiento) el derecho a solicitar las providencias precautorias, que ahí se desprende que le adeudan al quejoso como suerte principal la suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que dicho monto es cierto, líquido y exigible. Refiere que el temor que se debe demostrar en las providencias precautorias se acredita simplemente con la demora que implica la falta de pago por parte de los deudores, es decir, con la mera falta de cumplimiento al convenio, sin que sea preciso acreditar ese temor de que los deudores no cumplirán con sus obligaciones de pago con algún documento. Es decir, considera que contrario a lo sostenido por el juez responsable, es innecesario que se aporten documentos para acreditar el temor de que los deudores se coloquen en estado de insolvencia, ya que basta con su falta de pago para que se considere demostrado ese temor, y por consiguiente, suficiente para la admisión de las providencias precautorias. Indica que en la especie basta probar la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor y expresar el valor de las prestaciones que se reclaman; manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene mas bienes que aquellos sobre los que se practica la medida y garantizar los daños y perjuicios que la medida pueda ocasionar al deudor en caso de que se absuelva a los demandados en el juicio; lo que estima acreditado con el convenio de reconocimiento de adeudo y lo señalado en el incidente de providencias precautorias. Reitera que la falta de pago de la cantidad reclamada es suficiente para acreditar el temor que fundamenta la necesidad de las providencias derivadas del hecho de que los demandados pueden dilapidar sus bienes y que en el incidente dijo que los demandados presentan adeudos con terceros. Dijo que en su caso, se le debió prevenir para que acreditara con el certificado registral si los demandados carecen o no de bienes en lugar de desechar el incidente. Cita en apoyo las tesis de rubros siguientes: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PARA QUE SE SURTAN LOS PRINCIPIOS DE VEROSIMILITUD DEL DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA EN LA FALTA DE PAGO, QUIEN LAS SOLICITA DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO LÍQUIDO Y EXIGIBLE A SU FAVOR, AUNQUE NO CON LA MISMA CONTUNDENCIA QUE SE REQUIERE PARA LA ACCIÓN." "MEDIDAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SE PRESUME ACREDITADO EL TEMOR FUNDADO CUANDO SU OBJETO RADICA EN LA RETENCIÓN DE BIENES CONSISTENTES EN DINERO EN EFECTIVO O EN DEPÓSITO EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO." Alega que el acto reclamado es violatorio de derechos, en específico al previsto en el diecisiete constitucional de que se le administre justicia pues el deber de un juez es garantizar que la sentencia que llegue a dictarse podrá ser concretada, que de nada serviría dictarla si no podrá ejecutarse; por eso que las medidas precautorias sean instrumentos indispensables para salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia a fin de que ésta sea plena y efectiva y que a través de ellas se llegue a evitar un daño grave a las partes o al interés social. Es infundado lo manifestado por el quejoso, como se explica. El principio de legalidad está reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas para justificar el sentido de la decisión. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." Ahora bien, los artículos 969, 235 y 237 a 239 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establecen: "ARTICULO 969 Se tramitarán en este juicio todas las contiendas sobre la propiedad o demás derechos reales, cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el artículo 691 establece para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, así como las contiendas sobre derechos personales cuya suerte principal sea inferior a dicha cantidad. La cantidad referida en el párrafo anterior se actualizará en la forma prevista en el artículo 62 de este Código. El Consejo de la Judicatura tendrá la obligación de hacer saber a los juzgados, tribunales y publicar en el Boletín Judicial para conocimiento general, los montos que se obtengan de la indexación para los efectos del párrafo anterior, así como de todas aquellas cantidades que en este código deban actualizarse en los términos referidos. No se sustanciarán en este juicio las controversias relativas a las materias familiar y de arrendamiento inmobiliario. Contra las resoluciones pronunciadas por los jueces de proceso oral civil no se dará recurso alguno. Tratándose de acciones personales en donde no se reclame una prestación económica, se estará al segundo párrafo del artículo 157. Los medios preparatorios a juicio y las providencias precautorias se tramitarán en términos de los capítulos I y VI, respectivamente, del título quinto de este código. "ARTICULO 235 Las providencias precautorias podrán dictarse: I.- Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; II.- Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real; III.- Cuando la acción sea personal siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene. ARTICULO 237 Las providencias precautorias establecidas por este Código, podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado el juicio respectivo; en este segundo caso, la providencia se substanciará en incidente por cuerda separada, y conocerá de ella el juez que, al ser presentada la solicitud, esté conociendo del negocio. ARTICULO 238 No pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en este Código y que exclusivamente consistirán en el arraigo de la persona en el caso de la fracción primera del artículo 245 y en secuestro de bienes en los casos de las fracciones segunda y tercera del mismo artículo. ARTICULO 239 El que pida la providencia precautoria deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita. La prueba puede consistir en documento o en testigos idóneos, que serán por lo menos tres." Como se advierte de los preceptos invocados, en el ordinario civil existe una regla de remisión expresa a las disposiciones generales sobre las providencias precautorias, en términos de los Capítulos I y VI del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; y de acuerdo a dichas normas, las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar la efectividad de un fallo condenatorio y lograr que dicha resolución tenga eficacia práctica; asimismo, establecen los requisitos que deben satisfacerse para su solicitud. Además, expresamente se señala que hay dos vías para su tramitación, a saber: como actos prejudiciales; y después de iniciado el juicio. En el primer caso, la providencia se decreta de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en el ordenamiento mercantil. En el segundo, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio. Incluso, el precepto 238 citado establece la condicionante de que, para otorgar audiencia a la persona que se dirija la medida, debe haberse iniciado el juicio. En el caso, el quejoso reclama el auto de seis de junio de dos mil veintidós, donde se desecharon las providencias precautorias solicitadas, consistentes en la retención de bienes. Dicha determinación está apegada a la ley, según se advierte. Al determinar la improcedencia de la medida cautelar solicitada, la autoridad responsable debe desarrollar lo elementos que conduzcan a su concesión o denegación, pues no es viable únicamente afirmar hechos y circunstancias sin indicar cómo se acreditaba la causa de pedir, lo cual no satisface la garantía de legalidad. Esto es, en primer lugar la autoridad debe calificar si las medidas solicitadas por la parte actora para mantener una situación de hecho existente, son acordes con el derecho que se va a dilucidar (eficacia práctica) y, por ende, decidir su procedencia, conforme a los principios derivados del derecho de acceso efectivo a la jurisdicción tutelado por el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Fundamental. Lo anterior, porque en el acto reclamado, la autoridad responsable refirió que del estudio preliminar realizado bajo la figura jurídica de la apariencia del buen derecho, estimó que no se cumple con los requisitos legales. Ello, pues considera que no se acreditó el segundo requisito consistente en demostrar la necesidad de la medida, ya que el precepto 239 transcrito refiere que dicha necesidad debe quedar acreditada con documento o testigos (por lo menos tres) idóneos; es decir, que se pruebe el temor de que la parte deudora enajene, oculte o dilapide los bienes sobre los que se pretenda la providencia. Refiere que del convenio basal se observa que la obligada solidaria se comprometió a responder del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, incluyendo un inmueble ubicado en ... . Narra el quejoso que ese inmueble no constituye parte del patrimonio de la codemandada y que para acreditarlo exhibió copia de la escritura pública de propiedad en la que se aprecia como vendedor a ... y ... y comprador a ...; es decir personas diversa a la obligada solidaria (...). A lo cual se le restó valor probatorio por parte del juez responsable al determinar que trata de copias simples y que dicha escritura aparece como protocolizada en veintidós de febrero de dos mil uno. Que dadas las características de tales copias no se puede tener por acreditado que el actual titular registral del inmueble y por ende, no se justifica que la fracción III del precepto 235 del código procesal local que establece la procedencia de las providencias precautorias de retención de bienes cuando se trate de una acción personal y siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que han de practicarse las diligencias, pues no exhibió documento idóneo con el cual se acredite que realizó búsqueda en registros públicos oficiales para sustentar ese dicho. De ahí concluyó el responsable que las manifestaciones y las pruebas aportadas eran insuficientes para demostrar el temor de que la parte deudora oculte o enajene los bienes respecto de los cuales se pretende la providencia, por lo que las desechó. Lo anterior deviene acertado y apegado a derecho, porque en las medidas precautorias debe exponerse de forma plenamente justificada, el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. En segundo término, la autoridad debe calificar si la pretensión de la parte actora se ajusta a los requisitos de procedencia afines a tales medidas, consistentes en: 1. El derecho para solicitarla (aun aparente), y 2. La necesidad de la medida (peligro en la demora), puesto que la previsión de las medidas cautelares sólo obedece a la urgencia de suspender esos actos para evitar una violencia entre partes, de forma previa al sometimiento del asunto ante la jurisdicción estatal o arbitral. Por lo que es necesario valorar si el solicitante de las mismas expresó no sólo los motivos que generan el temor fundado de resentir el daño a un derecho si no se mantiene la circunstancia fáctica imperante, misma que, debe también describirse, sino también debe acreditar el derecho para solicitarlas (aun aparente), así como la necesidad de la medida (peligro en la demora), a fin de que el juzgador aprecie si existe el riesgo de afectación al derecho controvertido. Hecho ese análisis de la procedencia de la medida, la autoridad examinará la adecuación de sus posibles efectos conforme a los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, con el objeto de evitar la frustración de su finalidad, con actos del afectado o de terceros, que pudieran hacerlas inocuas. Con relación a la proporcionalidad, la autoridad ha de considerar que el sacrificio debe ser el mínimo posible, tanto en su extensión como en el tiempo de duración. Por lo que ve la idoneidad y necesidad, la primera implica determinar la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito buscado; y la segunda, analizar si la restricción o intervención en el derecho, es necesaria; o si por el contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental. Se cita al respecto, la tesis I.4o.C.6 K (10a.), de la Décima Época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES SIN AUDIENCIA PREVIA. LÍMITES MATERIALES Y TEMPORALES A LA RESTRICCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL. En muchos casos existe necesidad de adoptar las providencias cautelares a la mayor brevedad posible, con el objeto de evitar la frustración de su finalidad, con actos del afectado o de terceros, que pudieran hacerlas inocuas, lo que justifica plenamente que las determinaciones no se tomen con audiencia previa de la contraparte, sino con audiencia posterior; sin embargo, como dicha actuación implica una necesaria restricción al derecho fundamental de audiencia y al principio de contradicción, inmersos en el derecho humano al debido proceso, el sacrificio debe ser el mínimo posible, tanto en su extensión como en el tiempo de duración, lo cual se debe medir con el principio de proporcionalidad y sus subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, cuya aplicación se traduce en que, una vez garantizada la finalidad perseguida con la medida cautelar, debe respetarse la garantía de audiencia, y esto implica que si al momento de decidir su otorgamiento o negación, el Juez tiene en su poder elementos allegados al expediente o argumentos producidos por el demandado, sin que esto conlleve alguna dilación para la decisión, por la complejidad o volumen de dicho material, o por dificultades semejantes, se deben valorar en la resolución correspondiente. Por ejemplo, si la medida se va a tomar durante el curso del proceso, en el cual por emplazamiento o espontáneamente se presentó el demandado y aportó medios de prueba y/o alegaciones sobre el tema, el Juez no debe soslayarlas, so pretexto de que la determinación se debe seguir sin audiencia previa de la parte, pues si la finalidad perseguida con la secrecía quedó superada, porque el afectado se enteró de la pretensión, no encuentra justificación que siga la limitación a un derecho fundamental." En efecto, la aplicación de las medidas precautorias no es automática en el sentido de que solicitadas por el demandante el juez tenga necesariamente que otorgarlas. Por regla general, para poder concederlas se requiere de la concurrencia de determinados presupuestos que tradicionalmente, han sido recogidos en las expresiones latinas periculum in mora y fumus boni iuris. A ellos se suele agregar por la doctrina un tercer requisito constituido por la caución o contracautela, que debe otorgar quien solicitó la medida precautoria, a efecto de responder por los eventuales perjuicios que se causen a la persona del demandado. Esta construcción doctrinal ha sido recogida expresamente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde determinó que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho. 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho -fumus boni iuris- apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El peligro en la demora -periculum in mora- consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Cabe precisar que las normas de la legislación adjetiva civil mencionadas no pueden entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de asegurar la ejecución material de la sentencia y con ello que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales y evitar que se defrauden derechos de terceros durante la secuela procesal del juicio natural. Así en función de los principios que rigen a las medidas cautelares, cuando quien acredite tener interés legítimo para solicitarlas formule la petición atinente, el juzgador en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la medida cautelar es apta o no para evitar que se defrauden derechos de terceros, se ocasionen perjuicios a las partes o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a emitirse en el juicio ordinario civil. Aunado a que la aplicación de una legislación que tenga relación con la materia del litigio, posibilita implementar medidas de aseguramiento conducentes, lo que está en función de cada caso concreto, y será de acuerdo al mismo que se determinará su pertinencia o impertinencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que dice: "MEDIDAS CAUTELARES DIRIGIDAS A MANTENER UNA SITUACIÓN DE HECHO. ES POSIBLE DECRETARLAS EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL, A PETICIÓN DEL INTERESADO, SIEMPRE QUE ACREDITE TENER INTERÉS LEGÍTIMO PARA SOLICITARLAS Y EL JUEZ HAGA UN EXAMEN PRELIMINAR DEL DERECHO ALEGADO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. De la interpretación conforme de los artículos 235, 238 y 239 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo con los artículos 18 y 19 del Código Civil para esta ciudad, se infiere que el juzgador cuenta con amplias facultades para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del juicio, así como para evitar que se defrauden derechos de terceros y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas de la legislación adjetiva civil mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de asegurar la ejecución material de la sentencia y con ello que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales y evitar que se defrauden derechos de terceros durante la secuela procesal del juicio natural. Ahora bien, para la consecución de dichos objetivos, el juzgador puede adoptar las medidas que estime pertinentes, sin que el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, lo autorice para dejar de resolver lo solicitado. En ese sentido, cuando las medidas cautelares dirigidas a mantener una situación de hecho resulten acordes con el derecho que se va a dilucidar en la sentencia definitiva, el juzgador puede impedir que se defrauden derechos de terceros o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que, en función de los principios que rigen a aquéllas, cuando quien acredite tener interés legítimo para solicitarlas formule la petición atinente, el juzgador en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la medida cautelar dirigida a mantener una situación de hecho, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de terceros, se ocasionen perjuicios a las partes o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a emitirse en el juicio ordinario civil. Por lo anterior resulta menester que el solicitante de las mismas exprese los motivos que generan el temor fundado de resentir el daño a un derecho si no se mantiene la circunstancia fáctica imperante, misma que debe también describirse, a fin de que el juzgador aprecie si existe el riesgo de afectación al derecho controvertido. Así, será la trascendencia de la situación de hecho existente a la afectación del derecho discutido la que determine la pertinencia de conceder o negar la medida, y en tal sentido, la información proporcionada al juzgador resulta esencial. Estimar lo contrario, significaría que la mera solicitud de las medidas de aseguramiento entrañara su concesión, desnaturalizándose con ello el loable propósito a que sirven tales providencias cautelares. De ahí que, al no realizarse en esos términos, se coarta el arbitrio judicial de apreciar el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la idoneidad de la medida para lograr la finalidad de hacer efectiva la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que dice: "MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. PUEDEN SOLICITARSE ANTES O DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO, Y PARA QUE PUEDAN OTORGARSE, EL SOLICITANTE DEBE DESCRIBIR LA SITUACIÓN DE HECHO EXISTENTE Y EXPRESAR LOS MOTIVOS PARA MANTENERLA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Este Tribunal Colegiado modifica la tesis número I.3o.C.631 C, publicada en la página 1723 del Tomo XXVI de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, con el rubro: "MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. PARA QUE PUEDAN OTORGARSE, EL SOLICITANTE DEBE DESCRIBIR LA SITUACIÓN DE HECHO EXISTENTE Y EXPRESAR LOS MOTIVOS PARA MANTENERLA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", en la que sostuvo que la clase a la que pertenecen las medidas de aseguramiento establecidas en los artículos 384, 385 y 386 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esto es, a las medidas cautelares de las denominadas conservativas, que tienden a mantener el estado de cosas anterior al proceso principal, determina que solamente consistan en mantener la situación de hecho existente, aunque pueden entrañar, entre otras, la suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato pero, en estos casos, dado su carácter equivalente a una modificación, se requiere la presentación de la demanda dentro de un plazo perentorio a partir de que se haya decretado la suspensión, lo que significa que se trata de medidas prejudiciales que, por consiguiente, no pueden ser solicitadas una vez iniciado el procedimiento. Una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que, dado su carácter de medida de aseguramiento, puede ser solicitada antes o durante el desarrollo del procedimiento, ya que por tratarse de una medida cautelar, su previsión obedece a la urgencia de suspender esos actos para evitar una violencia inter partes lo que, desde luego, puede ser de forma previa al sometimiento del asunto ante la jurisdicción estatal, pero no hay obstáculo para que se haga después de iniciado el juicio, porque no hay norma que lo prohíba. Al igual que la generalidad de las medidas cautelares, las de aseguramiento se basan en el peligro en la demora (periculum in mora), y en la apariencia o verosimilitud del derecho (fumus boni iuris). Esos elementos deben concurrir para el otorgamiento de las medidas de aseguramiento consistentes en el mantenimiento de la situación de hecho existente con antelación al proceso, por lo que es menester que el solicitante de las mismas exprese los motivos que generan el temor fundado de resentir el daño a un derecho si no se mantiene la circunstancia fáctica imperante, misma que debe también describirse, a fin de que el juzgador aprecie si existe el riesgo de afectación al derecho controvertido. No puede ser de otra manera, porque las medidas de aseguramiento, en tanto especie del género cautelar, tienden a evitar que la sentencia pierda su efectividad, en caso de ser favorable a la pretensión formulada, por lo que será en función de esta última que el órgano jurisdiccional debe ponderarla. Así, será la trascendencia de la situación de hecho existente a la afectación del derecho discutido la que determine la pertinencia de conceder o negar la medida, y en tal sentido, la información proporcionada al juzgador resulta esencial. Estimar lo contrario, significaría que la mera solicitud de las medidas de aseguramiento entrañara su concesión, desnaturalizándose con ello el loable propósito a que sirven tales providencias cautelares, y coartando el arbitrio judicial de apreciar el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la idoneidad de la medida para lograr la finalidad de hacer efectiva la sentencia que, en su caso, resuelva favorablemente la pretensión del solicitante de la medida. Ante tal panorama, se considera que la actuación de la autoridad cumplió con los requisitos legales. En efecto, del desglose el numeral 239 del código procesal local se observa que prevé dos requisitos a cubrir por parte de quien las solicita: El derecho del peticionario de la providencia precautoria. La necesidad de dicha medida. De ahí que respecto al inciso A), se considera que el quejoso demostró contar con el derecho a solicitar la providencia con el convenio de reconocimiento de adeudo pues justificó una obligación a su favor líquida, cierta y exigible. Sin embargo, el segundo requisito es el de demostrar la necesidad de que se otorgue tal medida, la que pretende justificar con la falta de pago de los demandados; lo que resulta insuficiente. Es así, pues pretende justificar esta necesidad en el referido convenio, sustentando su necesidad en la falta de pago de éste. El quejoso señaló que solicita la retención sobre las cuentas bancarias de los deudores pues si bien en el aludido convenio de reconocimiento se ofreció un inmueble como garantía de cumplimiento, aduce que se encuentra a nombre de una persona diversa a la obligada solidaria. Sin embargo, como destacó el juez responsable, fue omiso en ofrecer la prueba idónea para sustentar su dicho, es decir, que dicho inmueble en efecto se encuentra fuera del patrimonio de la obligada y que por consiguiente, no existen bienes diversos a aquellos sobre los que se solicitaron las medidas, (dinero en cuentas bancarias). Es así, pues del propio convenio basal se observa que la obligada solidaria sí se comprometió a responder con un bien inmueble del que no se acreditó que a la fecha tenga un titular registral diverso a la demandada, dado que tal documental con la que se pretendió justificar la necesidad de la medida, se presentó en copia simple como señaló la responsable. Por esto que esas copias únicamente se consideren un mero indicio que por sí mismas son insuficientes para probar los hechos que se les atribuyen sino que deben ser corroborados con algún otro medio de prueba como sería en la especie, la búsqueda en el Registro Público correspondiente del que se obtenga la certeza de la titularidad registral del predio, o incluso si hubiera algún otro inmueble a nombre de los deudores. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, con registro digital 172557, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Mayo de 2007, página 1759, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. En tal virtud, al no contar con prueba alguna que justifique la necesidad de las providencias precautorias solicitadas por el quejoso se considera correcto el desechamiento de las mismas por parte del Juez responsable. Aunado a que no era dable que previo al desechamiento del incidente, se le previniera para que acreditara con el certificado registral si los demandados carecen o no de bienes, pues de los numerales transcritos se observa que la legislación procesal únicamente establece los requisitos a cubrir para tramitar las providencias, pero no dispone que en caso de que esto no ocurra se otorgue término alguno para que subsane. Además, ello implicaría requerir al quejoso para perfecciona su petición en un aspecto sustantivo, lo cual podría fomentar un desequilibrio procesal. Máxime que la única limitante temporal para su presentación en que el procedimiento principal no tenga sentencia; pues el numeral 237 del código en consulta dispone que pueden solicitarse tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado el juicio respectivo. Por lo que nada impide que una vez subsanadas las deficiencias advertidas por el juez responsable, pueda promover un nuevo incidente de providencias precautorias. Por último se dice que no le son aplicables los criterios que cita en la demanda: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PARA QUE SE SURTAN LOS PRINCIPIOS DE VEROSIMILITUD DEL DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA EN LA FALTA DE PAGO, QUIEN LAS SOLICITA DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO LÍQUIDO Y EXIGIBLE A SU FAVOR, AUNQUE NO CON LA MISMA CONTUNDENCIA QUE SE REQUIERE PARA LA ACCIÓN." "MEDIDAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SE PRESUME ACREDITADO EL TEMOR FUNDADO CUANDO SU OBJETO RADICA EN LA RETENCIÓN DE BIENES CONSISTENTES EN DINERO EN EFECTIVO O EN DEPÓSITO EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO." La primera porque el desechamiento del incidente de medidas precautorias fue por la falta de acreditación de la necesidad de éstas, no por la ausencia de un crédito cierto, líquido y exigible. Y la segunda, porque si bien el quejoso solicitó se retuviera el dinero que hubiera en las cuentas bancarias de los demandados; también es cierto que en el documento del que deriva el adeudo reclamado se pactó una garantía inmobiliaria para responder del mismo; sobre el cual se omitió exhibir la prueba idónea para justificar que actualmente es propiedad de una diversa persona. Motivos los anteriores que tornan inaplicables las tesis invocadas por el quejoso en apoyo a sus conceptos de violación. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Décimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese conforme a derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, intitulada: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE.
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