Jacobo Hanono Askenazi
Expediente 221/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jacobo Hanono Askenazi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Agréguese el oficio del Juez responsable; atento a su contenido, devuélvanse los tomos remitidos en justificación de sus actos, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió legajos de constancias; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, se tiene por señalado nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere y por revocado el anterior+. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de imposibilidad para enterar personalmente a la parte tercera interesada la sentencia con fecha de engrose de veinte de febrero de la presente anualidad, pues fue emplazada por medio de edictos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de septiembre de dos mil veintidós y con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTE DE FEBRERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 221/2022, promovido por..., contra actos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quince de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El dieciséis de marzo posterior, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló parte tercera interesada; y, se requirió el informe justificado. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal residente en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma. La sentencia de quince de febrero de dos mil veintidós, dictada en los tocas..., y ..., por la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México, que revocó el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial hipotecario..., del índice del Juzgado Septuagésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, donde se había adjudicado de forma directa el inmueble a favor de la parte quejosa, para en su lugar, no aprobarlo. TERCERO. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados. I. El siete de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en el juicio especial hipotecario de origen. II. Dicho fallo fue modificado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, para en su lugar, declarar procedente la vía, el vencimiento anticipado del plazo del pago, condenar al pago de la suerte principal, intereses moratorios y ordinarios, así como a gastos y costas. III. En etapa de ejecución las partes presentaron diversos avalúos para el remate del inmueble, sin embargo, ante la discrepancia entre éstos, el juez designó perito tercero en discordia. IV. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda, por la cantidad de ..., precio que otorgó el perito tercero en discordia en su dictamen correspondiente-. V. El treinta de junio de dos mil veintiuno, se señaló nuevamente fecha para la subasta del bien, en los términos previamente ordenados. VI. El dos de septiembre de ese año, la quejosa presentó la actualización del avaluó, ratificado que fue, se ordenó dar vista a su contraria para que se pronunciara al respecto. VII. El cinco de agosto de dos mil veintidós, se hizo constar la incomparecencia de las partes a la audiencia y la falta de postores para la subasta del inmueble litigioso. VIII. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la parte actora solicitó la adjudicación directa del bien, lo cual se acordó favorable el quince de ese mes y año, por la cantidad de..., IX. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el quince de febrero de dos mil veintidós, por la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México, quien revocó el auto y no aprobó la adjudicación directa del bien litigioso. Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque: a. No se tomó en cuenta las reglas que establece el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ni las relativas a fijar el precio del inmueble al momento de la presentación de los avalúos, como es la vigencia y la prelación con que deben entenderse. a.1. Una de las reglas básicas que rigen los avalúos es su vigencia, la cual corresponde a seis meses, es decir, una vez transcurrido ese plazo, computado a partir de que se presentó el anterior, debe actualizarse, siempre y cuando no se haya adjudicado de manera directa o en audiencia de remate. a.2. La vigencia del avalúo y del certificado de libertad de gravamen -que no es materia de estudio pero está estrictamente vinculado con el avalúo- se extinguen al cabo de seis meses, por lo que es necesaria su actualización, por lo que incluso debe renovarse el procedimiento de ejecución como si no hubiera existido avalúo o certificado anterior. a.3. Si bien el auto que fue modificado en su momento causó estado, lo cierto es que la situación en la que se dictó cambio, porque el segundo avalúo exhibido perdió vigencia, al haber transcurrido seis meses de su realización y por tanto las determinaciones tomadas respecto del mismo, en específico, la revocación de la responsable. a.4. Se indicó que el motivo por el cual no se actualizó el avalúo fue porque el precio del inmueble no aumentó, lo cual es falso, ya que no es necesario tener conocimiento jurídico para entender que la expresión "actualizar avalúo" no significa forzosamente que el inmueble haya incrementado su precio, sino que es necesario para establecer su valor actual. a.5. Aunado a que no puede desconocerse que el costo de los inmuebles va en aumento por el transcurso del tiempo de acuerdo a la plusvalía de los bienes raíces, como consecuencia de los procesos inflacionarios, además de que no es necesario que el perito tenga que determinar un precio mayor. a.6. Los expertos en valuación de inmuebles son los auxiliares de justicia, pues el juzgador ni la responsable tienen los conocimientos necesarios para emitirlo, por lo que no cuenta con facultades para determinar si el avalúo exhibido se encuentra correcto en cuanto al precio asignado. b. Aunado a que el procedimiento de ejecución se debió de iniciar nuevamente, como si no se hubiera presentado, por lo que la autoridad no puede justificar ni basar su acto reclamado en una determinación tomada con anterioridad y referente a un documento que ya no tiene vigencia. c. El precepto aludido también contempla que después de que sea ejecutable la sentencia, deberá exhibirse el avalúo en el plazo de diez días, de manera que, en el caso, cuando el presentado con anterioridad perdió vigencia, se debe computar el término indicado y en caso de que ninguna de las partes lo exhiba, el primero que sea presentado será el que tomara como base para fijar el precio, lo cual se actualizó con el presentado por el que adjuntó la parte actora. Los conceptos de violación precisados son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por integrar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se desprende lo siguiente: 1. En el procedimiento de remate la vigencia del valor que se obtenga por los avalúos es de seis meses, dentro de estos seis meses deberá realizarse la primera almoneda. 2. Si entre la primera y la segunda o tercera almonedas existiere un término mayor a seis meses, el valor de los bienes deberá actualizarse. Conforme la Real Academia Española el "actualizar" como vocablo es entendido como darle actualidad o poner al día algo; en el procedimiento de remate debe asociarse a "obtener el valor actual de un bien", pues su finalidad es establecer el precio más aproximado del bien a adjudicar. Cabe precisar que el artículo 486, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se refiere a dos lapsos de seis meses en dos circunstancias diversas. En primer término, el precepto en estudio establece que entre la emisión del dictamen de avalúo de los bienes sujetos a remate y la primera almoneda debe mediar un lapso de seis meses. Posteriormente, la disposición en cita señala que si entre la primera y las subsecuentes almonedas mediaran un término mayor a seis meses se deberán actualizar los valores de los bienes. Por lo cual, se concluyen dos situaciones: 1ª.- Que el valor de los bienes sujetos a remate tiene vigencia de seis meses contados a partir de que se realiza el avalúo correspondiente hasta que se lleva a cabo, en su caso, la primera almoneda, por lo que excedido dicho lapso, procederá la actualización del avalúo, y, 2ª.- Que aun cuando la primera almoneda se realice dentro del lapso de seis meses a partir de la emisión del dictamen de avalúo, si entre ésta y las subsecuentes almonedas medió un lapso mayor a seis meses el valor de los bienes deberá actualizarse. Sin que dichos lapsos de tiempo se contradigan entre sí, puesto que ambos claramente precisan sus límites; el primero de ellos corre desde que se realiza el avalúo hasta que se lleva a cabo la primera almoneda y, el segundo, corre a partir de la celebración de la primera almoneda hasta que se realiza la última. Lo anterior se afirma, pues así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 140/2008-PS, que dice: "REMATE. LA VIGENCIA DEL VALOR DE LOS BIENES OBTENIDO EN EL AVALÚO CORRESPONDIENTE ABARCA DOS LAPSOS DE SEIS MESES CADA UNO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 486, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación del citado precepto se concluye que tratándose del procedimiento de remate, la vigencia del valor de los bienes obtenido en el avalúo correspondiente abarca dos lapsos de seis meses cada uno, el primero precisa que dicha vigencia se cuenta a partir de la realización del avalúo y hasta que se lleva a cabo la primera almoneda (por lo que excedido ese lapso procederá la actualización del avalúo) y, el segundo, se refiere a que, aun cuando la primera almoneda ocurra dentro del término de seis meses contados a partir de la emisión del avalúo, si entre ésta y las subsecuentes almonedas median más de seis meses, el valor de los bienes deberá actualizarse." En el caso, la autoridad responsable determinó procedente revocar la adjudicación directa del inmueble litigioso, por los motivos siguientes: Fue desacertado que en la determinación combatida se ordenara la adjudicación directa del inmueble litigioso a favor de la parte actora en la cantidad de...,ya que en el auto dictado por el juez de origen el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, fue modificado mediante fallo dictado el diecisiete de junio de ese año, en los tocas de apelación números..., y ..., donde se revocó la determinación del a quo que había decretado la adjudicación directa del inmueble controvertido en..., con base en el avalúo exhibido por la parte actora, de acuerdo a las consideraciones jurídicas vertidas en el fallo dictado en los tocas aludidos. La razón ahí dada para no aprobar aquella adjudicación directa del inmueble litigioso que solicitó la parte actora en..., fue que para estimar actualizado el avalúo de la finca controvertida no podrían desconocerse entre otras actuaciones el escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve, por el perito valuador tercero en discordia donde presentó avalúo respecto del inmueble materia del remate en la cantidad de ..., además del auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, que ordenó entre otras cosas que la audiencia de remate en primera almoneda respecto del inmueble otorgado en garantía hipotecaria propiedad de la codemandada..., se fijaba la cantidad de..., precio del avalúo, la cual no se llevó a cabo debido a la falta de comparecencia de las partes. De lo que se colige que si la cantidad que sirvió para la adjudicación directa materia del auto que se controvierte fue a razón de..., pone en evidencia que en este caso, el avalúo del perito de la parte actora del cual se obtuvo dicho valor tampoco se encontraba actualizado, porque al igual que como se dijo en el fallo dictado en los tocas..., y ..., el avalúo que exhibió la parte actora resto valor al bien inmueble hipotecado. Ello, considerando que el costo de los inmuebles va en aumento con el transcurso del tiempo dada la plusvalía que tienen los bienes raíces, aunado a que la parte actora nada señaló ni expuso motivo alguno que avale que el inmueble tenga un precio menor al que ya le había atribuido el perito tercero en discordia con base en el cual se preparó con antelación diversa audiencia de remate en auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve. De ahí que al no poder considerar actualizado el avalúo del inmueble controvertido, independientemente que el mismo se haya rendido, por perito de las partes o tercero en discordia, se concluye que no había condiciones para aprobar la adjudicación directa. Lo señalado, es apegado a la Constitución, en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, fue correcto que no se aprobara la adjudicación, porque no estaba actualizado el dictamen del perito tercero en discordia. Lo anterior, no obstante que la actora presentó la actualización del avalúo donde se indicó que el valor del bien ascendía a..., pues lo cierto es que en el proceso ya se había designado perito tercero en discordia mismo que emitió su dictamen y que fue la base para que el a quo aprobara que saliera a remate en primera almoneda por...; por lo que lo procedente era que también se actualizara, ya que, de no hacerlo, no puede considerase que se tuvo el precio actual del inmueble, lo cual era necesario en razón de que ya transcurrieron los seis meses de vigencia que establece el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Es así, ya que el dictamen del perito aludido fue elaborado el ocho de febrero de dos mil diecinueve (ratificado ante presencia judicial el diecinueve de ese mes y año), mientras que la solicitud de adjudicación directa fue realizada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (acordada favorable el diecisiete de marzo de esta última anualidad), esto es, dos años después de que se emitió el mismo, de modo que es viable afirmar que fue correcta la no aprobación de la adjudicación, debido a que el avalúo del inmueble emitido por el experto tercero en discordia no estaba actualizado y por el transcurso del tiempo (más de seis meses) ya había perdido vigencia. Se afirma que es necesaria esa actualización, porque transcurrida esa temporalidad (más de dos años), el perito tercero en discordia tenía que poner al día las especificaciones técnicas para fijar el valor comercial del inmueble, pues es su finalidad, además de que pudieron existir variaciones que pudo sufrir el bien en relación con el mercado a cotizar, por lo que era primordial darle actualidad, ya que solo de esta forma se puede establecer el precio más aproximado del bien a adjudicar. Por otra parte, es ineficaz lo manifestado en el sentido de que, transcurridos los seis meses de vigencia del peritaje presentado se debió de iniciar nuevamente la etapa de ejecución, como si no se hubiera presentado dictamen alguno, pues no hay precepto que así lo establezca, además de que ello va en contra del principio de congruencia establecido en la Constitución Federal y al procedimiento de remate previsto en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. En diverso aspecto, también es infundado lo indicado por el accionante de amparo en el sentido de que su dictamen fue el único que se presentó dentro de los primeros diez días posteriores a que dejó de tener vigencia por lo que debió de regir el precio a rematar; lo anterior, porque parte de la premisa errónea de que el procedimiento de remate se inició nuevamente, cuando conforme al procedimiento aplicable era necesario que el juez ordenara la actualización del avalúo previamente presentado por el perito tercero en discordia, pues también perdió vigencia por haber transcurrido en exceso el plazo de seis meses que dispone la codificación en cita. No es impedimento para el dictado de esta sentencia el hecho de que la parte quejosa citara en su demanda los criterios de rubros: "REMATE. LA VIGENCIA DEL AVALÚO DE LOS BIENES SUJETOS AL MISMO ES DE SEIS MESES." "CERTIFICADO DE GRAVÁMENES. IGUAL QUE EL AVALÚO, DEBE ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES." "AVALÚOS DE INMUEBLES EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. PARA ESTABLECER EL PLAZO DE SU VIGENCIA DEBE APLICARSE LA LEY PROCESAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE." Pues no se contradice su contenido, en razón de que se advierte que la autoridad está respetando el plazo de seis meses de vigencia de los peritajes, aunado a que no son de aplicación obligatoria para el suscrito conforme lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, por tratarse de tesis aisladas. Sin que pasen inadvertidos los alegatos vertidos por la parte quejosa; sin embargo, no se aborda el estudio de sus aseveraciones, ya que no forman parte de la litis en el amparo. Sirve para apoyar lo anterior la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo LXXX, agosto de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a..., contra actos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Así lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinte de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
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