Jacobo Ramírez García

Expediente 1610/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1610/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2016

Partes del expediente

  • Jacobo Ramírez García

Actuaciones

  1. Principal

    PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado por este Tribunal el cuatro de octubre de dos mil dieciséis; con fundamento en el artículo 2º de la Ley antes invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mencionado acuerdo por el que se tuvo por desechada la demanda HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado por este Tribunal el cuatro de octubre de dos mil dieciséis; con fundamento en el artículo 2º de la Ley antes invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mencionado acuerdo por el que se tuvo por desechada la demanda HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO CITATORIO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda que suscribe Jacobo Ramírez García, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; anótese su ingreso con el número de expediente 1610/2016, y atento su contenido, se provee: Debe desecharse la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, este órgano jurisdiccional estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En el caso, de la demanda se evidencia, el promovente del amparo reclama el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, pronunciado por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, en el expediente laboral número 114/2013, por el que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el impetrante, admitió la prueba confesional a cargo del demandado por escrito, y desecha la prueba testimonial ofrecida. En esas condiciones, es evidente que el citado acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional, aun cuando pueda considerarse una violación procesal relevante; sin embargo, no ocasiona un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales del inconforme (propiedades, posesiones o derechos); pues no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que limita la procedencia del juicio de amparo indirecto sólo a aquellos actos que afecte derechos sustantivos; criterio que se sustenta con base en la tesis que a continuación se transcribe, y este resolutor comparte, por ser acorde a lo establecido en la nueva Ley de Amparo. Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada el 14 de marzo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El siete de febrero de dos mil trece, previo a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió dicha legislación, la Cámara de Diputados adujo, entre otras cosas, que incorporaba en forma puntual criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaban el entendimiento del juicio de amparo, y que trataban de explicar en forma clara y precisa los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Sobre esa base, como en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, debe entenderse que ante esa limitación, los citados en segundo plano no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata, no obstante la existencia de esos dos criterios orientadores que antaño interpretaban lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. De ahí, entonces, que aun cuando la resolución que desestime la excepción de falta de personalidad pueda considerarse una violación procesal relevante, finalmente no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos y, por ende, debe reclamarse en la vía directa. De esta forma, este Tribunal Colegiado, en una nueva reflexión, se aparta del que venía sosteniendo desde el tres de abril de dos mil trece, en relación con el tema ahora analizado, y donde se había pronunciado en sentido diverso." Desechamiento que abarca con respecto a las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por el promovente del amparo, en la medida que tal acto encuadra en la fracción XII, del artículo 172 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del citado numeral, pues se trata de un tema vinculado con el ofrecimiento, admisión o desechamiento de pruebas, que, en su caso, sólo afecta derechos adjetivos, que por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado de la resolución que llegue a dictar la Junta responsable, pues esa circunstancia dependerá del sentido favorable o desfavorable en que se dicte la misma. En el primer supuesto, puede ser remediada, si tal resolución es favorable a los intereses del promovente; de lo contrario, para el caso de que la resolución del mismo le sea desfavorable, se está en posibilidad de invocarla como violación procesal en el juicio de amparo directo, que en su momento promueva en su contra. De ahí, que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, transcritos en líneas precedentes. Por su parte, los artículos 172, fracciones III y XII, y 174, primer párrafo, de la ley de la materia, disponen: "ARTÍCULO 172. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales llevan a considerar que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación, y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo, que el Tribunal Colegiado conocerá del juicio de amparo directo que en su caso se llegue a promover, el que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, a saber, cuando se confirme una resolución por la que se admitan o se desechen pruebas respecto de cuestiones que afecten el procedimiento y produzcan indefensión a la parte quejosa, toda vez que, se trata de violaciones al procedimiento que pueden trascender al resultado del fallo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página trece de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Por ello, la infracción intraprocesal de la que se duele el impetrante de garantías, no puede catalogarse como de carácter irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; pues no presenta, desde luego y por sí, un menoscabo directo en los derechos sustantivos del promovente del amparo; de ahí que el acto reclamado no sea impugnable a través del juicio de garantías indirecto. Ahora bien, tratándose de actos dentro del juicio que importen violaciones de carácter adjetivo, formal o intraprocesal, el amparo indirecto es procedente sólo cuando afecten a las partes en grado predominante o superior, que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar la sentencia definitiva; lo que no ocurre en el caso a examen. En esa tesitura, al reclamarse en la especie un acto que constituye, en su caso, una violación cometida durante el procedimiento, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los diversos preceptos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis número LVII/2004, localizable en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así también, la jurisprudencia 3a.43, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y textos siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Y la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, Materia Común, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sirve de apoyo también, la tesis VI.2°.J/258, visible en la página cincuenta y tres, del tomo II, mayo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente a Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento comprendida en la fracción III del artículo 159 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio." En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, respectivamente; lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados para esos efectos a las personas que señala. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano