Jaime Alberto Castellanos Del Campo
Expediente 684/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jaime Alberto Castellanos Del Campo
- Jaime Alberto Castellanos Del Campo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó y concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva); por lo que, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Archivo y valoración. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción III (El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; c) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por otra parte téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el treintay uno de agosto de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, y remitiendo copia certificada del acuerdo dictado el treinta de junio del año en curso, en el incidente de modificación de guarda y custodia y disminución de pensión alimenticia del menor de iniciales J.A.C.S., así como de la diligencia de escucha del menor, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, mediante demanda de amparo presentada por el quejoso Jaime Alberto Castellanos del Campo, reclamó del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, lo siguiente: * La falta de respuesta a su escrito que presentó el nueve de junio de dos mil veintitrés, en que solicitó se verificara el desahogo de una audiencia de carácter familiar. * La falta de respuesta al escrito de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en que promovió incidente de modificación de guarda y custodia y disminución de la pensión alimenticia de su menor hijo. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. En efecto, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se afirma que en el caso en estudio se actualiza la referida causa de improcedencia, ya que de las copias certificadas del expediente familiar 580/2013, que remitió el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, a las que se les concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; se advierte que: 1. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Jaime Alberto Castellanos del Campo solicitó se señalara fecha y hora para que se verificara el desahogo de una audiencia de carácter familiar (fojas 156 - 159 del tomo de pruebas). 2. A dicho escrito recayó el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, en que el juez responsable, señaló las diez horas con treinta minutos del trece de julio del año que transcurre, para que tuviera verificativo la audiencia de carácter familiar (fojas 155 y 167 ídem), mismo que fue notificado electrónicamente al quejoso el once de julio del año que transcurre (fojas 171 - 172 del cuaderno de pruebas). 3. Por escrito de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso Jaime Alberto Castellanos del Campo promovió incidente de modificación de guarda y custodia y disminución de la pensión alimenticia de su menor hijo (fojas 10 - 21 del juicio de amparo). 4. En atención a la referida petición, el juez responsable dictó el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el incidente de modificación de guarda y custodia y disminución de la pensión alimenticia, en que otras cosas, tuvo al ocursante demandando en la vía incidental a Suzette Soto Pinacho el referido incidente, ordenó emplazar a la demandada, declaró la minoría del niño de iniciales J.A.C.S., y le nombró una tutora y una curadora (fojas 94 - 97). 5. El referido auto le fue notificado al actor incidentista el once de julio de dos mil veintitrés (foja 98). Luego, es inconcuso que al haberse dado respuesta a las peticiones del quejoso Jaime Alberto Castellanos del Campo, en que solicitó se señalara fecha y hora para que se verificara el desahogo de una audiencia de carácter familiar y promovió incidente de modificación de guarda y custodia y disminución de la pensión alimenticia de su menor hijo, mediante autos de treinta de junio de dos mil veintitrés, notificados el once de julio siguiente; esto último que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diez de julio de dos mil veintitrés), han cesado los efectos del acto reclamado; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo; y como consecuencia se restableció a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir los actos reclamados y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, con número de registro digital 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las once horas del once de septiembre del año en curso, ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Requerimiento de constancias. Visto el estado que guardan los autos, específicamente las copias certificadas del expediente familiar 580/2023, que remitió como justificación a su informe la Secretaria de acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de las que se advierte que mediante auto de siete de agosto del año en curso, se ordenó hacer del conocimiento de este órgano jurisdiccional que por cuerda separada, en diverso proveído de treinta de junio pasado, se dio trámite al incidente de modificación de guarda y custodia y disminución de pensión alimenticia del menor de iniciales reservadas J.A.C.S.; sin que haya remitido copia certificada de dicho acuerdo y su notificación. Por tanto, toda vez que dichas constancias resultan necesarias para emitir una resolución apegada a derecho, con apoyo en lo dispuesto 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, tenga a bien remitir copia certificada del acuerdo dictado el treinta de junio del año en curso, en que se dio trámite al incidente de modificación de guarda y custodia y disminución de pensión alimenticia del menor de iniciales reservadas J.A.C.S., así como de su notificación; bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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