Jacobo Morales Guillen
Expediente 267/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jacobo Morales Guillen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, y fue negada la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación intitulado: "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SOLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 267/2022. R E S U L T A N D O : PRIMERO. En proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por Jacobo Morales Guillén, contra los actos reclamados al Agente Municipal -autoridad inexistente-, al Síndico Procurador encargado del Área de Mandamientos y a la Policía Municipal, todos del Municipio de San Pablo Huitzo, Oaxaca, consistentes en la orden de detención librada en su contra y el cumplimiento que se pretende darle, actos que estimó violatorios de los artículos 11, 14, 16 y 22, Constitucionales. Por consiguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. SEGUNDO.- En auto de doce de abril de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de marzo actual y se dejó de tener como autoridad responsable en el presente incidente de suspensión, al Agente Municipal de San Pablo Huitzo, Oaxaca, en virtud de su inexistencia. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el juicio de amparo consisten en: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución, a cargo del Síndico Procurador encargado del Área de Mandamientos y a la Policía Municipal, ambos del Municipio de San Pablo Huitzo, Oaxaca. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Síndico Procurador encargado del Área de Mandamientos y la Policía Municipal, ambos del Municipio de San Pablo Huitzo, Oaxaca, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado con prueba alguna tal negativa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre la cual deba recaer dicha medida cautelar. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, visible en la página 237, intitulada: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rinda prueba en contrario" . Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se niega la suspensión definitiva solicitada por Jacobo Morales Guillén, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando primero, en términos de los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando segundo, ambos de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 267/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal -al ser remitida el nueve siguiente-, Jacobo Morales Guillen, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente Municipal, el Síndico Procurador, encargado del Área de Mandamientos y Policía Municipal, todos del Municipio de San Pablo Huitzo, Oaxaca, consistentes en: La orden de aprehensión dictada en su contra y el cumplimiento que pretenden dar a la misma. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 11, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. En proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. SEGUNDO.- En auto de doce de abril de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se dejó de tener como autoridad responsable al Agente Municipal del Municipio de San Pablo Huitzo, Oaxaca, en el presente juicio de amparo, a la Agencia Estatal de Investigaciones, en virtud de su inexistencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo se precisa las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Síndico Procurador, encargado del Área de Mandamientos y Policía Municipal, ambos del Municipio de San Pablo Huitzo, Oaxaca, la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso y su cumplimiento, respectivamente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Síndico Procurador, encargado del Área de Mandamientos y Policía Municipal, ambos del Municipio de San Pablo Huitzo, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". CUARTO. Autorizacio´n mediante Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 267/2022 promovido por Jacobo Morales Guillén, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de este fallo, en términos de las razones y fundamentos del diverso penúltimo. NOTIFÍQUESE.
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