J. Rosario Valadez Tovar
Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Rosario Valadez Tovar
- J. ROSARIO VALADEZ TOVAR y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de cinco de septiembre del año en curso en la que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ********************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no existen documentos originales por devolver; entretanto, resguárdese en el "Archivo de Trámite" de este juzgado.
- Principal
Registro de demanda Vista la demanda presentada por propio derecho por 3333333, en contra de actos del director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, que considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); regístrese con el número 742/2023-III. Integración de expediente En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se provee la demanda de amparo, respecto del acto que preliminarmente, hace consistir en: Autoridades responsables: Actos reclamados: Director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. La omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud presentada el tres de marzo de dos mil veintitrés, sobre modificaciones técnicas de títulos de concesión y permiso de descarga de aguas residuales, registrada bajo el número ******. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Se estudia primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de que se trata. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto legal señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Del análisis integral del escrito inicial de demanda con sus anexos, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, emerge que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de emitir respuesta a la solicitud presentada el tres de marzo de dos mil veintitrés, bajo el número de expediente 2S.3.10/00282-2023. Establecido lo anterior, es dable advertir que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1° y 5° fracciones I y II de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda por las siguientes consideraciones: En atención a lo dispuesto por el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere el dispositivo antes invocado en cuanto al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. Por su parte, el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales estatuye que "la Autoridad del Agua" debe contestar las solicitudes dentro de un plazo que no exceda de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Y el diverso 35 del Reglamento de dicha ley, prevé que se considerara integrado el expediente si una vez presentada la solicitud, dentro de los veinte días hábiles siguientes la autoridad no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que pudieran existir. De los citados preceptos se advierte que para computar el plazo de sesenta días a que se refiere el numeral 22 en cita para que la autoridad del agua dé contestación a las solicitudes debe estar integrado el expediente respectivo, lo que -por ministerio de ley- ocurre una vez trascurridos veinte días hábiles posteriores a la presentación de la petición sin que medie requerimiento a los interesados. Precisado lo anterior, se destaca que de la demanda de amparo y las documentales adjuntas, se obtiene que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que el tres de marzo de dos mil veintitrés elevó su petición ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. Mientras que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Celaya, Guanajuato, el uno de septiembre actual. Por tanto, han transcurrido setenta y tres días hábiles desde que se presentó la petición ante la responsable hasta la promoción del juicio de amparo que nos ocupa (computados del seis de marzo al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés), sin tomar en consideración: 1. Del mes de marzo de dos mil veintitrés, el día veinte; 2. Del mes de abril de dos mil veintitrés, los días cinco, seis y siete de abril; 3. Del doce de abril al veintitrés de junio del presente año. La exclusión de dicho periodo encuentra justificación en el oficio remitido por el titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad (recibido en auto de dieciocho de abril pasado en el cuaderno de varios 1/2023 de este tribunal), por el cual informó la imposibilidad que tenía dicha dependencia para laborar, debido al ataque cibernético de que fue objeto y, el diecinueve siguiente, con fundamento en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, se suspendieron, únicamente por el lapso que durara la imposibilidad informada, los términos legales en los juicios que se tramitaron en este órgano jurisdiccional, para la autoridad local del agua -a partir del doce de abril de dos mil veintitrés- hasta en tanto reanudara sus labores con normalidad. Además, en atención a que el doce de junio del presente año, se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el que se prorroga por cuarta ocasión el diverso por el que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleve a cabo la Comisión Nacional del Agua, por existir causas de fuerza mayor originadas por el incidente de seguridad informática ocurrido el 13 de abril de 2023", mediante el cual la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó que la suspensión de referencia se prorrogaría hasta el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, fecha en la que concluyó la suspensión los términos y plazos de los procedimientos que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua. Circunstancias que constituyen un hecho notorio para esta potestad, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 4. Así como los sábados y domingos que median entre dicho cómputo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, resulta evidente que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del lapso indicado para dar respuesta al ahora solicitante de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, octava época, cuyo rubro y texto es: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Se invoca, por contenido substancial, el criterio de la Décima Época, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1861 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Tesis: VI.1o.A.21 A (10a.), Registro: 2000772, que indica: "DERECHO HUMANO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN SU PRIMER PÁRRAFO EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEN RESPUESTA A LAS INSTANCIAS O PETICIONES QUE LES FORMULEN LOS CONTRIBUYENTES, Y ESTABLECER COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO DE LA AUTORIDAD LA FIGURA DE LA NEGATIVA FICTA, NO VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. De los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXIX/2011(9a.) y P. LXVII/2011(9a.), de rubros: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", se desprende, en lo conducente, que a fin de adecuar el control de convencionalidad ex officio al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, debe procederse en primer orden a realizar una interpretación conforme de la norma que se señala violatoria de derechos humanos, teniendo además en consideración lo establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental. Por tanto, al efectuar el control de constitucionalidad a fin de determinar si el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del derecho humano de petición, es necesario tomarse en cuenta que el artículo 8o. de la Constitución Federal, que reconoce este último, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término, y debe concluirse en primer orden que no existe sustento jurídico para determinar que la sola existencia de un plazo en particular en una norma secundaria, pueda considerarse por sí misma como violatoria del derecho humano en cuestión. De igual modo, del citado primer párrafo del artículo 37 del Código Tributario Federal, se advierte que dicha porción normativa no se limita a establecer el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, sino que además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta, lo que implica que el silencio de la autoridad fiscal ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido ininterrumpidamente durante el mencionado término de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió en contra de los intereses del peticionario, circunstancia que da lugar al derecho procesal de interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva. Así, el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al vincularse con la figura de la negativa ficta en caso de silencio de la autoridad, permite garantizar una definición al particular sobre la petición formulada, ya sea mediante una respuesta en forma expresa, o bien implícitamente, lo que se traduce además en brindarle certeza sobre la existencia de un límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación con el fondo de lo solicitado, pues con tal figura ficta se determina también la litis sobre la que, eventualmente, versará el medio de defensa que, de estimarlo conveniente, haga valer el particular. Consecuentemente, atendiendo a las dos consideraciones destacadas, y en ejercicio del control de constitucionalidad inicialmente referido, debe concluirse que con el contenido de la porción normativa de mérito no se genera afectación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, y que el correspondiente problema jurídico se solventa con el examen efectuado con base en la interpretación conforme de aquélla." Es importante destacar que, si bien, la anterior determinación, bajo una diversa interpretación podría incorporar cuestiones de fondo; sin embargo, se invoca la causal relacionada con la falta de afectación, en concordancia con los principios que rigen el artículo 17 de la Constitución Federal, a fin de evitar trámites y retrasos innecesarios para el promovente, en tanto que a nada práctico conduciría verificar un juicio que concluiría con la misma determinación aquí asumida. Así, se acude a la interpretación que privilegia la posibilidad de que el peticionario inste de nuevo la protección federal una vez transcurrido el plazo. Determinación judicial En mérito de lo expuesto, si no ha transcurrido el breve término con que la autoridad cuenta para dar respuesta a la solicitud presentada por la aquí parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 1°, 5 fracciones I y II de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 113 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por J. Rosario Valadez Tovar. Lo que encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***** y *******, quienes como se advierte de la certificación de cuenta tienen inscrita su cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********* en esta ciudad. Se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona para el caso de que este Juzgado lo estime necesario. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte Quejosa el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, cuya síntesis es: "Vista la demanda presentada por propio derecho por **********, en contra de actos del director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, que considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); regístrese con el número 742/2023-III. En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se provee la demanda de amparo, respecto del acto que preliminarmente, hace consistir en: Autoridades responsables: Actos reclamados: Director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. La omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud presentada el tres de marzo de dos mil veintitrés, sobre modificaciones técnicas de títulos de concesión y permiso de descarga de aguas residuales, registrada bajo el número ******. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Se estudia primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de que se trata. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto legal señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Del análisis integral del escrito inicial de demanda con sus anexos, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, emerge que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de emitir respuesta a la solicitud presentada el tres de marzo de dos mil veintitrés, bajo el número de expediente 2S.3.10/00282-2023. Establecido lo anterior, es dable advertir que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1° y 5° fracciones I y II de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda por las siguientes consideraciones: En atención a lo dispuesto por el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere el dispositivo antes invocado en cuanto al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. Por su parte, el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales estatuye que "la Autoridad del Agua" debe contestar las solicitudes dentro de un plazo que no exceda de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Y el diverso 35 del Reglamento de dicha ley, prevé que se considerara integrado el expediente si una vez presentada la solicitud, dentro de los veinte días hábiles siguientes la autoridad no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que pudieran existir. De los citados preceptos se advierte que para computar el plazo de sesenta días a que se refiere el numeral 22 en cita para que la autoridad del agua dé contestación a las solicitudes debe estar integrado el expediente respectivo, lo que -por ministerio de ley- ocurre una vez trascurridos veinte días hábiles posteriores a la presentación de la petición sin que medie requerimiento a los interesados. Precisado lo anterior, se destaca que de la demanda de amparo y las documentales adjuntas, se obtiene que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que el tres de marzo de dos mil veintitrés elevó su petición ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. Mientras que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Celaya, Guanajuato, el uno de septiembre actual. Por tanto, han transcurrido setenta y tres días hábiles desde que se presentó la petición ante la responsable hasta la promoción del juicio de amparo que nos ocupa (computados del seis de marzo al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés), sin tomar en consideración: 1. Del mes de marzo de dos mil veintitrés, el día veinte; 2. Del mes de abril de dos mil veintitrés, los días cinco, seis y siete de abril; 3. Del doce de abril al veintitrés de junio del presente año. La exclusión de dicho periodo encuentra justificación en el oficio remitido por el titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad (recibido en auto de dieciocho de abril pasado en el cuaderno de varios 1/2023 de este tribunal), por el cual informó la imposibilidad que tenía dicha dependencia para laborar, debido al ataque cibernético de que fue objeto y, el diecinueve siguiente, con fundamento en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, se suspendieron, únicamente por el lapso que durara la imposibilidad informada, los términos legales en los juicios que se tramitaron en este órgano jurisdiccional, para la autoridad local del agua -a partir del doce de abril de dos mil veintitrés- hasta en tanto reanudara sus labores con normalidad. Además, en atención a que el doce de junio del presente año, se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el que se prorroga por cuarta ocasión el diverso por el que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleve a cabo la Comisión Nacional del Agua, por existir causas de fuerza mayor originadas por el incidente de seguridad informática ocurrido el 13 de abril de 2023", mediante el cual la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó que la suspensión de referencia se prorrogaría hasta el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, fecha en la que concluyó la suspensión los términos y plazos de los procedimientos que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua. Circunstancias que constituyen un hecho notorio para esta potestad, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 4. Así como los sábados y domingos que median entre dicho cómputo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, resulta evidente que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del lapso indicado para dar respuesta al ahora solicitante de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, octava época, cuyo rubro y texto es: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Se invoca, por contenido substancial, el criterio de la Décima Época, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1861 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Tesis: VI.1o.A.21 A (10a.), Registro: 2000772, que indica: "DERECHO HUMANO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN SU PRIMER PÁRRAFO EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEN RESPUESTA A LAS INSTANCIAS O PETICIONES QUE LES FORMULEN LOS CONTRIBUYENTES, Y ESTABLECER COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO DE LA AUTORIDAD LA FIGURA DE LA NEGATIVA FICTA, NO VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. De los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXIX/2011(9a.) y P. LXVII/2011(9a.), de rubros: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", se desprende, en lo conducente, que a fin de adecuar el control de convencionalidad ex officio al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, debe procederse en primer orden a realizar una interpretación conforme de la norma que se señala violatoria de derechos humanos, teniendo además en consideración lo establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental. Por tanto, al efectuar el control de constitucionalidad a fin de determinar si el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del derecho humano de petición, es necesario tomarse en cuenta que el artículo 8o. de la Constitución Federal, que reconoce este último, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término, y debe concluirse en primer orden que no existe sustento jurídico para determinar que la sola existencia de un plazo en particular en una norma secundaria, pueda considerarse por sí misma como violatoria del derecho humano en cuestión. De igual modo, del citado primer párrafo del artículo 37 del Código Tributario Federal, se advierte que dicha porción normativa no se limita a establecer el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, sino que además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta, lo que implica que el silencio de la autoridad fiscal ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido ininterrumpidamente durante el mencionado término de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió en contra de los intereses del peticionario, circunstancia que da lugar al derecho procesal de interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva. Así, el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al vincularse con la figura de la negativa ficta en caso de silencio de la autoridad, permite garantizar una definición al particular sobre la petición formulada, ya sea mediante una respuesta en forma expresa, o bien implícitamente, lo que se traduce además en brindarle certeza sobre la existencia de un límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación con el fondo de lo solicitado, pues con tal figura ficta se determina también la litis sobre la que, eventualmente, versará el medio de defensa que, de estimarlo conveniente, haga valer el particular. Consecuentemente, atendiendo a las dos consideraciones destacadas, y en ejercicio del control de constitucionalidad inicialmente referido, debe concluirse que con el contenido de la porción normativa de mérito no se genera afectación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, y que el correspondiente problema jurídico se solventa con el examen efectuado con base en la interpretación conforme de aquélla." Es importante destacar que, si bien, la anterior determinación, bajo una diversa interpretación podría incorporar cuestiones de fondo; sin embargo, se invoca la causal relacionada con la falta de afectación, en concordancia con los principios que rigen el artículo 17 de la Constitución Federal, a fin de evitar trámites y retrasos innecesarios para el promovente, en tanto que a nada práctico conduciría verificar un juicio que concluiría con la misma determinación aquí asumida. Así, se acude a la interpretación que privilegia la posibilidad de que el peticionario inste de nuevo la protección federal una vez transcurrido el plazo. Determinación judicial En mérito de lo expuesto, si no ha transcurrido el breve término con que la autoridad cuenta para dar respuesta a la solicitud presentada por la aquí parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 1°, 5 fracciones I y II de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 113 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por J. Rosario Valadez Tovar. Lo que encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***** y *******, quienes como se advierte de la certificación de cuenta tienen inscrita su cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********* en esta ciudad. Se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona para el caso de que este Juzgado lo estime necesario. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente".
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