J. Roberto López Ruiz
Expediente 1083/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Roberto López Ruiz
- Laura Piña Ruiz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por ********** quienes se ostentaron como representantes de la menor de edad de iniciales **********; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo. Finamente, con fundamento el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se dejan a disposición de la parte quejosa, los documentos que en copia certificada allegó al presente asunto, así como los discos compactos respectivos, previa razón de recibo que se deje en autos.
- Principal
Previo a realizar cualquier pronunciamiento, se estima necesario destacar que el presente juicio de amparo, es promovido por una menor de edad a través de quienes se ostentan como sus representes, **********; por tanto, con fundamento en los artículos 17 apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 4 párrafo noveno, 6 apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que se debe omitir mencionar su nombre, haciéndose alusión únicamente "a sus iniciales", lo anterior, para garantizar y proteger los derechos fundamentales correspondientes a su vida privada, identidad y dignidad, así como su bienestar físico y psicológico, para que sea tratado con humanidad, respeto y evitar así su discriminación. Registro de demanda. Vista la demanda presentada por ********** quienes se ostentan como representantes de la menor de edad de iniciales ********** en contra de actos del juez Único Especializado en Materia Familiar de Salvatierra, Guanajuato, fórmese el expediente físico y digital bajo el número 1083/2019-IV-A. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En principio, es necesario destacar que los promoventes del amparo acuden a esta instancia a reclamar la determinación asumida por la juez responsable el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve en el cual negó las convivencias solicitadas por **********, con la menor de iniciales ********** En tal virtud, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo y de las constancias que se anexaron, de los cuales se desprenden los siguientes antecedentes: El dos de septiembre de dos mil diecinueve, ********** presentaron ante el Juzgado de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato, demanda de convivencias con su nieta menor de edad de iniciales **********, en contra de su progenitora **********, por lo que se radicó el expediente *** de la estadística del citado órgano jurisdiccional. En fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dentro del citado juicio familiar, se llevó a cabo la audiencia de medidas, en donde se negaron las convivencias solicitadas por ********** con la menor de edad de iniciales ********** (acto reclamado). Ahora bien, los promoventes anexaron al escrito de demanda copia certificada de las constancias del procedimiento de origen, de las cuales se desprende que los promoventes del juicio familiar de origen, quienes se ostentan como representantes de la menor de edad quejosa, no interpusieron recurso alguno en contra de la determinación reclamada en esta instancia constitucional. En ese tenor, previo a la promoción del juicio de amparo, se estima que deben agotar los medios legales que estimen convenientes, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, el cual establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través de los recursos que ahí se prevén, en específico el recurso de apelación previsto en el artículo 236, en concordancia con el diverso 815 del citado código. Dichos preceptos señala lo siguiente: "Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados." "Artículo 815. Contra la resolución en que se otorgue alguna medida, no cabrá recurso alguno, pero se aplicará lo dispuesto en el artículo 839 de este Código. La resolución que niegue la medida será apelable. En la medida de separación de cónyuges, tratándose de la acción de divorcio, no procederá la inconformidad a que se refiere el artículo 410-B de este Código, pero su otorgamiento podrá ser revisado en la audiencia preliminar a petición de la parte que no la hubiere promovido." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se evidencia que la legislación que rige el acto reclamado otorga al gobernado un medio de defensa ordinario, a través del cual puede confirmarse, modificarse o revocarse la resolución tildada de inconstitucional y sus consecuencias. En tales condiciones, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Por tanto, previo a la interposición de la presente instancia constitucional, la parte promovente del amparo debió interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Medio de defensa en virtud del cual, el acto reclamado puede ser modificado o revocado, sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad; sin embargo, evidente resulta que al no haberse interpuesto tal recurso dentro del término legal concedido para ello, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata y, por ende, resulta procedente desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Se arriba a la conclusión que antecede, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al sumario constitucional como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acudiera a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando la violación reclamada produjera una violación de las referidas garantías individuales y se afectaran los derechos fundamentales del gobernado. En tal virtud, en el caso, el acto reclamado proviene de un tribunal judicial -Juzgado de Oralidad Especializado en Materia Familiar de Salvatierra, Guanajuato- y de manera expresa, el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través del recurso de apelación que ahí se prevé, medio de defensa que puede modificar o revocar la resolución judicial combatida; por lo cual el citado medio de defensa debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió dicha actuación; máxime que no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la página 350, libro 1, diciembre de 2013, tomo I del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." Bajo ese contexto, y toda vez que el acto reclamado no genera un riesgo para la menor de edad de iniciales **********, es necesario que se agote el medio ordinario de defensa respectivo. En conclusión, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados. La parte promovente señala para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, por tanto, se ordena notificar el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que indica en su escrito tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tienen como autorizadas en términos restringidos del citado numeral, lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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