J. Refugio Razo Rodríguez

Expediente 393/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
393/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • J. Refugio Razo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de catorce de los actuales por el que se desechó la demanda promovida por **********, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    A) Recepción de demanda y desechamiento. Vista la demanda firmada por ******, en contra de actos del magistrado propietario que integra la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 393/2018-B. Debe de precisarse que, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El referido ordinal establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de título y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes : "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la que se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: ? La resolución de alzada dictada en ejecución de sentencia de amparo dictada por el magistrado propietario de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dentro del toca número ****, formado con motivo de la apelación interpuesta por el quejoso en contra del auto de vinculación a proceso en la causa penal ******, del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en esta ciudad. Ahora, de los hechos o abstenciones que constituyen antecedente de los actos reclamados, expuestos por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se desprende el siguiente historial: 1. En audiencia de seis de diciembre de dos mil diecisiete, el juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad, dictó auto de vinculación a proceso en contra de ****** y de diversa persona, dentro de la cual penal ****. 2. Inconforme con dicha resolución, el imputado interpuso el recurso de apelación, que correspondió substanciar al responsable magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el toca de apelación número ****, quien lo resolvió mediante su determinación de veinticinco de enero inmediato anterior, en el sentido de confirmar el auto de vinculación impugnado. 3. Contra la resolución de la alzada, el hoy quejoso promovió juicio de amparo, que por razón de turno correspondió substanciarlo a esta propia potestad federal, bajo el expediente judicial 112/2018, y en trece de marzo de dos mil dieciocho, se resolvió, en el sentido de conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que el magistrado dejara insubsistente su resolución de veinticinco de enero inmediato anterior, y ordenara al Juez de Control reponer el procedimiento a partir de la audiencia inicial. 4. En dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el magistrado responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de antecedentes, dictó una resolución en la que ordenó la reposición del procedimiento a partir de la audiencia inicial, por cuanto al quejoso ***** (lo que constituye el acto reclamado). 5. Finalmente, que en audiencia datada en treinta de abril inmediato anterior, el juez de control repuso la audiencia inicial única y exclusivamente por cuanto al imputado *****, quedando intocada por cuanto a diverso co-imputado. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado es dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo; por lo que, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" De la interpretación del precepto y fracción transcritos, se coligen dos supuestos en que puede operar la improcedencia del juicio de amparo: a) Contra resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y b) En aquéllos en que el amparo se promueve contra actos que se emiten en ejecución de un juicio de amparo. Por cuanto hace al primer supuesto, es patente que esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de la base, de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia Ley de Amparo prevé en su capítulo XI y no mediante un nuevo y autónomo juicio de amparo. Respecto a la segunda hipótesis, tenemos que el amparo es improcedente también cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; sobre este tópico, se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no sólo se refiere al caso de una sentencia protectora, también lo serán aquellos supuestos en los cuales, al negar el amparo o decretar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir. Por consiguiente, si el acto que se reclama fue objeto de una decisión definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, en razón de que tales cuestiones ya fueron motivo de controversia y decisión; lo examinado y resuelto adquiere firmeza procesal y tiene como consecuencia la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, ya que contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla, dado que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XXI.1o. J/15 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que reza: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Lo anterior, pone de manifiesto que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, que ordenó reponer el procedimiento en la causa penal 1P0617-923 a partir de la audiencia inicial, exclusivamente por cuanto al quejoso, fue en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo 112/2018 del propio índice de este juzgado federal, máxime que así se indica dentro de la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada por la autoridad responsable. Es así, pues al tratarse el juicio de antecedentes de un asunto tramitado en este órgano jurisdiccional, constituye un hecho notorio para quien resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y se encuentra vinculado a la materia de esta resolución. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia número VI.1o.P. J/25 , cuyo rubro y contenido siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Ahora bien, la concesión del juicio de amparo 112/2018, interpuesto por el quejoso ******, fue para el siguiente efecto: ? "El Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, únicamente por lo que ve al aquí quejoso ******, deje insubsistente el fallo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, emitido en el toca penal 7/2008 y dicte uno nuevo en el que luego de puntualizar las transgresiones a derechos fundamentales (aquí destacadas) por parte del Juez de Control, revoque el auto de vinculación a proceso decretado en audiencia de seis de diciembre de dos mil diecisiete, por el Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato de esta localidad, en el proceso penal 1P061-923 y ordene la reposición de la audiencia inicial." En la inteligencia que deberá instruir al Juez de primer grado para que: 1. Propicie que la fiscalía se abstenga de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto, debiendo tomar en cuenta que sólo podrá leer registros de la investigación para apoyo de memoria, previa solicitud de autorización para ello, teniendo en cuenta además, que conforme a lo dispuesto en el ordinal 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación a proceso del imputado, exponiendo y no leyendo los datos de prueba con los que considere se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, 2. Para que cuestione al inculpado sobre cuándo es su deseo de que se resuelva su situación jurídica, una vez que la Fiscalía solicite la vinculación a proceso, previa exposición de los datos de prueba, así como las razones concretas por las cuales estima que estos acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y no antes. Además deberá de instruirle que la reposición ordenada, no permite que la fiscalía modifique los hechos y datos de prueba que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. Asimismo, deberá dejar expeditas las facultades del Juez de Control que presida la audiencia, para decidir lo que en derecho corresponda." En cumplimiento a dicho ejecutoria de amparo, la sala responsable emitió la resolución que ahora se reclama, en la que se estableció: "SEGUNDO.- Por los razonamientos expuestos en la presente resolución, REVOCA la determinación asumida por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Tercera sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, la determinación de vincular a proceso, únicamente por lo que ve al imputado J. Refugio Razo Rodríguez por el hecho previsto en la ley como delito de Fraude, en agravio de Salvador Zavala Palmerín decretada dentro de la audiencia de fecha seis de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 1P0617-923, y se ordena la reposición de la audiencia inicial. Para efecto de que el Juez de Primer Grado: 1.- Propicie que la Fiscalía se abstenga de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimientos del asunto, debiendo tomar en cuenta que sólo podrá leer registros de la investigación para apoyo de memoria, previa solicitud de autorización para ello, teniendo en cuenta además, que conforme a lo dispuesto en el ordinal 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación a proceso del imputado exponiendo y no leyendo los datos de prueba con los que se considere se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 2.- Para que cuestione al inculpado sobre cuándo es su deseo de que se resuelva su situación jurídica, una vez que la fiscalía solicite la vinculación a proceso, previa exposición de sus datos de prueba, así como las razones concretas por las cuales estima estos acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y no antes." De lo que se advierte que la resolución reclamada fue dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que la Sala dictó la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, ordenando al juzgado de control reponer la audiencia inicial única y exclusivamente para el quejoso, ciñéndose exclusivamente a realizar determinadas y precisas acciones fijadas en dicho fallo ejecutorio, esto es, se le fijaron lineamientos para cumplir con el fallo protector y por ende, el Magistrado no tuvo libertad de jurisdicción, sino que su resolución, constitutiva del acto reclamado ahora en esta nueva petición de derechos fundamentales, se emitió conforme a los efectos precisados por esta potestad federal, en el amparo de antecedentes. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ******. Sin perjuicio de lo anterior, el aquí quejoso puede acudir al juicio de amparo primigenio y, en su caso, controvertir la actuación del juez de origen, pero únicamente en torno al exceso o defecto en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, empero no a través de la tutela de derechos fundamentales que demanda a través de su escrito de cuenta. Apoya lo anterior, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." B) Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle **** sur número ****, zona centro, de esta ciudad, y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, ***** y ***** por haber proporcionado su número de cédula profesional, en tanto que a ***** solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, acorde con lo establecido por el diverso ordinal 24 de la invocada legislación, por así haberlo señalado expresamente en su demanda de amparo. C) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que de ser necesario proceda a llevar las notificaciones del presente auto y de los subsecuentes en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la ley de la materia. D) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso lleguen a dictarse, su nombre, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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